Fiscalía, ¡de nuevo en el ojo del huracán!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En una muestra más de incapacidad por
la procuración de justicia y, sobre todo, de prepotencia, agentes de la ex
policía judicial de la Fiscalía General del Estado, realizaron hace unas horas
una serie de “operativos” -por llamarle de alguna forma- con la que cerraron
arbitrariamente varios restaurantes y minisúper de la capital chetumaleña de
Quintana Roo.
La operación del personal del titular
de la dependencia, Raciel López Salazar, ocurre cuando más cuestionado se
encuentra por involucrar ese funcionario en altos mandos de seguridad ciudadana
en otros municipios, como una muestra más de ser uno de los funcionarios más
consentidos de la no menos cuestionada gobernadora Verde Mara Lezama.
Asimismo, ocurre a escasos días de la visita de la
presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la que entregaron información
sobre una supuesta disminución del índice delictivo en Quintana Roo, particularmente
en Cancún, aunque para ojos de todo mundo, ocurre exactamente lo contrario,
sobre todo en materia de robos y ejecuciones.
Sin embargo, a nadie debería extrañarle la apatía de
la mandataria federal de Morena en torno al “trabajo” de su homóloga estatal,
en imitación al actuar de su antecesor López Obrador, quien tuvo la osadía de
nombrar al ex mandatario Carlos Joaquín como representante de México en Canadá,
pese a ser abiertamente panista y haber dejado a Quintana Roo en lamentables
condiciones políticas y económicas.
Más allá de la reprochable actitud policial de la
Fiscalía destaca la brillante violación al marco legal, en el sentido de actuar
bajo “supuestos”, sin una investigación a fondo que la justifique, con lo que
nuevamente pone en práctica el popular dicho de actuar primero bajo sospecha,
sin ninguna investigación, que se supone que realizará después.
En algunos casos de afectados, como el restaurante “Los
Cebollones”, los agentes colocaron sellos de “aseguramiento” para prohibir el
paso, en los que se agregó la leyenda “narcomenudeo”, sin que existiera evidencia
alguna, por lo que nos preguntamos, en caso de tener éstas ¿por qué no acudió a
las instancias correspondientes para obtener una orden de cateo?
Con todo el gasto de significaría, el propietario
del establecimiento, con muchos años de funcionamiento, está en todo su derecho
de interponer un Amparo y de que el Juzgado de Distrito le otorgue toda la razón,
aunque también está en su derecho de exigir el pago de daños, toda vez que, se
supone, el cierre del lugar demorará algún tiempo.
Este operativo ordenado por Raciel López, suponemos
que con pleno conocimiento de la mandataria Verde que se dice Morena, llega en
momentos en que se muere la economía de Chetumal, en virtud de la pésima
administración de su alcaldesa Yensunni Martínez -también de Morena, para variar-,
por lo que, de plano, no levanta. ¡Dios nos agarre confesados!
Por si fuera poco, declaraciones de empleados y
testigos -en varios casos fue a plena hora de trabajo- señalan que durante los
operativos fueron objeto de amenazas, mientras que los primeros fueron
obligados a firmar supuestas declaraciones ministeriales.
Algunos de ellos fueron privados de su libertad y
trasladados a instalaciones que, por su descripción, podrían corresponder a
dependencias de la propia Fiscalía, donde, presuntamente, fueron obligados a
firmar documentos bajo coacción, cuyo contenido aún se desconoce.
En tanto, clientes que se encontraban dentro de los
locales fueron retenidos contra su voluntad por espacio de una hora, en un
ambiente de incertidumbre y miedo, ya que, de acuerdo con los primeros
testimonios, los “operadores” destruyeron cámaras de videovigilancia y
teléfonos celulares de los trabajadores, además de despojar a los
establecimientos de dinero en efectivo, mercancía y los fondos de las cajas
registradoras.
Según el portal de La Palabra del Carie, el violento
episodio encendió alarmas en Chetumal, donde la gente demanda una respuesta
contundente de las autoridades, mientras los empresarios afectados exigen aclarar
la naturaleza de los operativos, deslindar responsabilidades y garantizar la
seguridad de trabajadores y clientes.
Pregunta obligada es ¿Y ahora de quién
debemos cuidarnos? ¿En manos de quién estamos cuestionan los ciudadanos?
Lo
más curioso del caso es que en uno de los lugares “cateados” lo primero que
hicieron los agentes ministeriales de investigación de la Fiscalía fue
inhabilitar las cámaras de vigilancia. ¿Qué oculta con estos operativos de
impunidad y abuso de autoridad?
Se
hizo bien en cambiarle de nombre de la otrora Procuraduría de Justicia por la
de Fiscalía, ya que, lejos de procurar justicia, como debiera, lo que realmente
hace es fiscalizar la actividad honesta de los comerciantes que, con toda
razón, deben elevar su voz ante sus dirigentes gremiales, de los que parece
estar cada vez más lejana la administración de Mara Lezama.
Lo
cierto es que, lejos de buscar narcomenudistas o delincuentes en los negocios,
lo que este gobierno supuestamente morenista busca es hacerse de lana, ya que
seguramente las sanciones y sospechas contra los restaurantes y minisúper se
levantarán con una tremenda multa… como la que impone Tránsito por estacionarse
mal: ¡1,600 pesos sin derecho a ningún descuento por pago anticipado!
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de
ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios,
Talleres, Cursos y Conferencias.
Información completa sobre el currículum
vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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