“Servicio” de CAPA, ¡verdadera asquerosidad!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Dígase
lo que se diga y, aunque posiblemente no se haya percatado o no quiera hacerlo
la gobernadora Verde Mara Lezama, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado,
por todos conocida como CAPA, se ha convertido en una verdadera piedra en su zapato,
que todos los quintanarroenses pagamos diariamente ante su incapacidad e
ineficiencia administrativa.
Otrora “caja chica” del supuesto mejor
gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, la empresa gubernamental, reciente
objeto de polémica por extender su deuda PÚBLICA -la pagamos todos vía elevada facturación
mensual de recibos- por más de 279 millones de pesos hasta por 15 años con
Banorte, no sólo es repudiada públicamente por ese motivo.
Tampoco lo es la posible concesión de
Aguakán a otra empresa privada, la española Acciona, en 4 mil 500 millones de
pesos, como tampoco que la concesión no sea sólo la del servicio a los
municipios del Norte o de todo el Estado.
Hágase lo que se haga, lo peor de CAPA
no es la pésima calidad del producto que distribuye, como tampoco sus tarifas
-las más elevadas de todo el país-, sino el ofensivo servicio que presta a sus
usuarios, entre ellos nosotros y Usted, a los que sus miles de empleados -10
mil 1, para ser precisos- prácticamente ningunean o ignoran cuando los requieren.
Aunque a todo esto habría que sumarle
la “hazaña” de haberse convertido unilateralmente en “dueños” de las calles -en
esto último compiten con los taxistas-, CAPA no rinde cuentas a nadie, ni al
Ayuntamiento ni al Gobierno del Estado, para la destrucción de calles, con el
consabido pretexto de ser por “cuestiones de utilidad”, las cuales repara,
cuando lo hace, cuando le pega la gana, normalmente en meses.
Ah,
pero eso sí, cuenta con un sindicato -nada envidiable para los taxistas-, que
evita que sus trabajadores sean tocados hasta con el pétalo de una rosa, en
defensa de unos supuestos derechos, que nunca contraponen a sus obligaciones,
particularmente los de obra “negra”, los de las calles, constructores -destructores,
mejor diríamos- para supuestas reparaciones que realizan, para variar, también
cuando le da su regalada gana.
Con todo, a esa pésima actuación, con
la que José Enrique Torres López tiene que lidiar día con día su responsable
de CAPA desde hace poco menos de un año, también se suma la del personal
administrativo, al que, lejos de apremiar o castigar, más bien los premia, como
fue el caso de cuatro empleadas implicadas con el manejo de recursos para
invertir en criptomonedas, y que fueron premiadas con mejor puesto, una en
Bacalar.
Por otro lado, aunque se ignora su
número de “verificadores” -cientos, por cierto- éstos son una suerte de inspectores
que realizan visitas para asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos
en materia de agua potable y alcantarillado. Lo único que se sabe de ellos
son parte esencial, entre otros, de programas de vigilancia sanitaria.
Cuando Usted sufre un “corte” de
servicios por falta de pago -generalmente por errores de lectura o del medidor-
normalmente acude a alguna de las oficinas de CAPA, donde le informan que
enviaran a esos “verificadores”, pero ¿sabe usted cuándo llegan? Cuando, en el
mejor de los casos lo hacen, es a la hora que les da la gana, por lo que, si nadie
se percata, significa un nuevo viaje a CAPA.
Los señores, según dicen ellos mismos, ¡no
tienen horario!, y no es por una eventual sobrecarga de trabajo, porque es
fácil verlos amontonados a los lados de la oficina charlando o jugando con su celular,
para después hacerles más complicadas las cosas al usuario.
No de balde la inmensa mayoría de la
población se va en la necesidad de comprar garrafones de agua a precios
incontrolables, inclusive a quienes los venden a través de triciclos.
De ahí que el coraje generalizado de la
población contra CAPA sólo sea comparable con el “servicio” con otra Comisión, el
Federal de Electricidad (CFE) ¿O nos equivocamos?
Con justa razón, aunque por otros
motivos -justificados, por cierto- el diputado panista Ángel
Álvarez Cervera, ante la ausencia de su coordinadora de bancada y presidenta
estatal del partido, Reyna Tamayo Carballo, al igual que el de Movimiento Ciudadano,
José Luis Pech, fue el único que votó contra la autorización de ampliar el
término de la millonaria deuda d CAPA.
Por cierto, aunque nadie lo dijo, esa ampliación también
implicará un millonario costo, ante la extensión del plazo para el pago de
intereses. Pero no le importó a nadie, ya que el gobierno de la propia Mara
Lezama garantizó en pago total a través de participaciones futuras.
Del
resto de los representantes “populares” de la XVIII Legislatura del Congreso de
Quintana Roo, encabezados, por supuesto, por Morena, autorizó que la Comisión
de Agua Potable reestructure su deuda de más de 279 millones de pesos.
Su
presidente en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Renán Sánchez
Tajonar, justificó que la autorización es un refinanciamiento de deuda heredada
de anteriores administraciones, sin adquirir mayor deuda pública, aunque Álvarez
Cervera alegó falta de claridad sobre las condiciones del crédito: No hay
certeza sobre el costo total ni los plazos.
Explicó
que la deuda original, contratada durante el malogrado gobierno de Roberto
Borge, estaba programada para pagarse originalmente hasta 2030, aunque sólo se
ha cubierto la mitad sin informarse públicamente qué sucedió con el resto ni
cómo se cubrirá el nuevo financiamiento, por lo que esa “reestructuración”
podría implicar un sobrecosto de entre 50 y 100 millones de pesos, aunque no se
ha detallado cuánto terminará pagando el gobierno en total.
También
criticó la posibilidad de que los plazos puedan modificarse nuevamente, lo que
incrementaría la incertidumbre financiera, pues los recursos públicos de futuros
gobiernos, queda en riesgo,
Según
los legisladores oficialistas, el nuevo acuerdo establece que, en caso de
incumplimiento de pago, la garantía recaerá sobre 2% de las participaciones
federales que recibe Quintana Roo, lo que, según Álvarez Cervera, compromete
recursos públicos de administraciones futuras, sin una estrategia clara de cómo
se solventará el adeudo.
Además,
cuestionó la capacidad financiera de CAPA para afrontar el nuevo compromiso,
toda vez que carece de solvencia, lo que implicaría que el Gobierno del Estado
absorba los pagos, denuncia que puso sobre la mesa un tema sensible: La gestión
de la deuda pública y transparencia en el uso de los recursos estatales, en un
contexto donde se insiste en que no se contratarán nuevas deudas.
Y
a todo esto, los usuarios seguiremos sufriendo una asquerosidad de servicio,
que ¡nada la importa a Mara Lezama!
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de
ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios,
Talleres, Cursos y Conferencias.
Información completa sobre el
currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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