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Histórico juicio político, ¡por lluvia de millones!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Después de innumerables tropiezos de su gestión, la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, pasó a formar parte de la historia de Quintana Roo, pero, para su “mala suerte”, como quinta presidenta municipal que enfrenta juicio político en los últimos años, aunque sólo procedió contra uno independiente que militó en el Verde “Ecologista” y en todos los demás partidos, excepto el PRI: Juan Ignacio "El Chacho" García Zalvidea.

En efecto, apenas este martes, el periodista, abogado y activista Antonio Ramos Pérez presentó formalmente ante el Congreso de Quintana Roo, en Chetumal, una demanda de juicio político contra Estefanía Mercado, quien busca la reelección, por una serie de señalamientos, con pruebas sobre presuntas irregularidades financieras en el Ayuntamiento.

Entre ellas se incluyen la contratación de un crédito de 125 millones de pesos con Bancrea sin la aprobación del Cabildo; dos contratos para rentar patrullas y vehículos operativos por más de 48.5 y 18.6 millones de pesos, calificados como innecesarios por su opción de compra directa, y la compra de alimento para el Centro de Control Animal (CENCAS) por más de 2 millones a la empresa Soluciones y Negocios Toro Negro, con sobrecosto superior a 300%.

Frente a las acusaciones, la presidenta municipal señaló que es campaña de “guerra sucia” y “fuego amigo” de miembros de su propio partido, supuestamente Morena, ante los procesos electorales internos, por lo que optaría por ignorarlos para concentrarse en su gestión, aunque el documento quedará sujeto al análisis del Congreso de Quintana Roo para dictaminar su procedencia.

El juicio político es un procedimiento constitucional del Congreso para sancionar a altos funcionarios con destitución e inhabilitación para ocupar puestos públicos.

No se trata de un proceso penal -no impone penas de cárcel ni multas directas-, sino es un mecanismo para fincar responsabilidad política cuando un servidor público incurre en violaciones graves a la Constitución local o en el manejo indebido de fondos y recursos públicos, según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De acuerdo con el Artículo 7º de la ley estatal aplicable, si la XVIII Legislatura determina que existen elementos suficientes y la declara culpable, lo que es muy poco probable, las sanciones del juicio son destitución inmediata e inhabilitación, prohibición legal para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en servicio público por un periodo de 1 a 20 años.

Su procedencia depende de dos filtros: El cumplimiento de los requisitos técnicos en la Comisión de Justicia y la correlación de fuerzas políticas en la XVIII Legislatura, aunque ni la Comisión de Justicia ni los grupos parlamentarios han emitido posicionamiento oficial sobre admitir o desechar la solicitud.

Para aceptarse, según la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia de Quintana Roo, el expediente debe superar etapas iniciales, una de ellas la ratificación obligatoria, por lo que Ramos Pérez deberá acudir personalmente a hacerlo en los tres días hábiles siguientes a su presentación, es decir hasta mañana o el trámite no avanzará.

La Comisión de Justicia revisará si las acusaciones encuadran en causales graves del juicio y si siguen vigentes. Por ejemplo, la falta de registro y divulgación financiera de operaciones crediticias observada previamente habría sido subsanada el 6 de julio, por lo que la Comisión deberá evaluar el alcance real de las pruebas entregadas.

Cualquier dictamen de procedencia o sanción requerirá respaldo parlamentario. Según registros del Congreso y datos de integración de la XVIII Legislatura, sus 25 curules se distribuyen con 21 del bloque mayoritario Morena-Verde-PT y sólo 4 para la oposición PAN (2), PRI (1) y MC (1)

Estefanía Mercado milita en Morena -fue diputada local en la XVII Legislatura antes de asumir la alcaldía-, fuerza que por, sí sola, cuenta con mayoría absoluta de 13 votos, y aunque la oposición carece de votos suficientes para impulsar el juicio, la propia alcaldesa señala que las acusaciones responden a disputas internas, lo que suele influir en tiempos y decisiones de los órganos legislativos.

Determinar si “merece” el juicio depende de posturas enfrentadas entre los que denuncian irregularidades en el manejo de recursos públicos y los que defienden la legalidad de su gestión.

Los primeros, que encabeza Ramos Pérez, sostienen que existen elementos graves que justifican su destitución e inhabilitación, Según denuncia, la alcaldesa contrató el crédito de 125 millones de pesos sin aval previo del Cabildo de Playa del Carmen.

Además, los promoventes señalan irregularidades en adjudicaciones directas y licitaciones, destacando la compra de alimento para el Centro de Control Animal con un sobrecosto superior a 300% y el arrendamiento de patrullas y vehículos por más de 67 millones de pesos, lo que califican como gasto innecesario frente a la compra directa.

En este sentido, argumentan que estas acciones violan la Ley de Disciplina Financiera y la Constitución estatal, por lo que consideran necesario que el Congreso finque responsabilidades, aunque Estefanía Mercado y representantes de la Comuna rechazan las acusaciones y sostienen falta de fundamentos para el juicio político.

La valoración final sobre si las pruebas son suficientes para abrir el proceso recaerá en la Comisión de Justicia del Congreso una vez que se cumpla el plazo de ratificación de la denuncia.

Por si fuera poco, también pesan sobre Estefanía Mercado señalamientos sobre el uso de recursos públicos para controlar la cobertura mediática o pagar “chayos” -sobornos o convenios irregulares- en torno a su administración, que se sustentan en dos tipos de reportes difundidos en medios locales y redes sociales durante noviembre, aunque hasta ayer no existía resolución judicial o de auditoría que lo compruebe.

Según publicaron el día 17 plataformas locales, como Expresión Digital, el Ayuntamiento habría comprometido más de 190.8 millones de pesos en contratos de publicidad, difusión institucional y convenios con medios de comunicación entre 2025 y 2026, monto que críticos y opositores cuestionan frente a otras prioridades de infraestructura.

Así, el día 16, páginas informativas locales, como Periodismo QR, difundieron una captura de pantalla de WhatsApp atribuida a un número no identificado, en la que supuestamente se ofrecían 20 mil pesos por persona -así como promesas de contratos y “pagos por fuera”- a cambio de eliminar publicaciones críticas sobre el “gobierno” de la alcaldesa.

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En paralelo, comunicadores locales denunciaron en la misma plataforma presuntos actos de intimidación desde perfiles anónimos tras haber publicado reportajes sobre gasto corriente y contratos del Ayuntamiento, aunque, frente a la ola de señalamientos en medios y plataformas digitales, Estefanía Mercado niega corrupción y sostiene la postura de deslinde.

Así, en días recientes, a través de sus canales oficiales como su cuenta de Instagram y declaraciones recogidas por La Opinión de Quintana Roo, afirmó que circulan “noticias falsas” que impulsa “fuego amigo”, de grupos internos de Morena, y que, según reportó La Chispa, tiene identificados a los que impulsan las campañas, pero descartó denunciar formalmente para evitar distraerse de su gestión.

         Resta señalar que, en la administración pública mexicana, el pago de convenios de publicidad oficial es una práctica legal cuando está presupuestada y transparentada, pero los pagos informales para silenciar críticas carecen de sustento legal; hasta ahora, las capturas difundidas en redes sociales no las validado ninguna autoridad fiscalizadora.

Respecto al “negro historial”, en la historia reciente de Quintana Roo, varios alcaldes enfrentaron demandas de juicio político, pero en la última década prácticamente ninguna prosperó con destitución, ya que suelen frenarse en comisiones legislativas por falta de ratificación, vencimiento de plazos o falta de acuerdos políticos.

Según registros legislativos y reportes periodísticos, la lista de ex munícipe con antecedentes más relevantes, entre 2016 y 2024, incluyen a Otoniel Segovia Martínez (Othón P. Blanco, 2019), en cuya gestión se presentó una demanda derivada de conflictos internos en el Cabildo y señalamientos administrativos. El expediente se detuvo en análisis legislativo, sin sanción.

Fredy Marrufo Martín (Cozumel, 2017), ya como ex alcalde, enfrentó el proceso en la Comisión Instructora de la XV Legislatura por presuntas irregularidades financieras, etapa en la que, incluso, comparecieron varios ex funcionarios de su tesorería y oficialía mayor. El caso tampoco concluyó en inhabilitación.

Otro más fue Juan Parra López (José María Morelos, 2016). Trabajadores y ciudadanos promovieron juicio político contra el entonces alcalde y su Cabildo, a los que acusaron de reducción ilegal de salarios, falta de pagos puntuales, omisión en el pago de seguridad social (IMSS-ISSSTE) y nepotismo.

García Zalvidea (Benito Juárez, 2004-2005) es el caso más emblemático y único en que el Congreso local llegó hasta sus últimas consecuencias. Tras una solicitud que promovieron regidores de distintos partidos por tráfico de influencias y crisis financiera en Cancún, en 2005 la Legislatura se erigió en Jurado de Sentencia, lo destituyó e inhabilitó 20 años para cargos públicos.

¿Por qué casi no avanzan los juicios? Según el propio Congreso, durante la aprobación de la nueva Ley de Juicio Político en agosto de 2024, Quintana Roo acumulaba al menos 18 solicitudes contra diversos funcionarios -incluidos ex colaboradores de los ex gobernadores Roberto Borge y Carlos Joaquín- que permanecían rezagadas o archivadas.

En práctica reciente, las denuncias por presunto mal manejo de recursos municipales suelen tener mayor recorrido vía auditorías de la ASEQROO, y las denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción -como en 2022, con los expedientes contra los ex alcaldes Laura Beristain (Solidaridad), Laura Fernández (Puerto Morelos) y Juan Carrillo (Isla Mujeres)- que mediante juicio político.

Ahora bien, la Comisión de Justicia del Congreso la integran cinco diputados, encabezados por Paola Elizabeth Moreno Córdova, su presidenta, así como Saulo Aguilar Bernés, Andrea del Rosario González Loria, Silvia Dzul Sánchez. Vocal y Lilia Inés Mis Martínez, todos de Morena, así que imagínese Usted el resultado de su resolución.

De acuerdo con el portal Código Caribe del martes, ​Ramos Pérez entregó extenso expediente que acompañó de pruebas digitales en USB que detallan seis presuntas irregularidades: Por croquetas de lujo, más de 2 millones de pesos, por comprar alimento para el CENCAS a sobreprecio, superior en 300%, comparado con otros costos comerciales, contratado con Soluciones y Negocios Toro Negro.

Sobre renta de patrullas y vehículos, por 48.5 millones, en lugar de adquirir unidades que quedaran como patrimonio de Playa del Carmen, Estefanía Mercado firmó costoso arrendamiento con Arrendadora de Bienes Muebles e Inmuebles por 1.5 millones mensuales durante 31 meses, lo que señala como millonario perjuicio al municipio.

​         Deuda ilegal sin Cabildo, por 125 millones, en la contratación de un crédito con Bancrea el 13 de octubre de 2025 que no se aprobó ni pasó por el Cabildo, lo que violaría de forma grave la Ley de los Municipios.

​         Arrendamiento de motos y pickup para fiscalización 18.6 millones, con la misma empresa que, según análisis, habrían costado hasta 14 millones de más de lo que habría costado su compra.

Insumos con sobrecosto para el retén, por 28 millones, con sobrecostos de 100 a 300% en alimentos para personas privadas de la libertad con Grupo Operador de Alimentos Emo, donde, presuntamente, se facturaron productos como fresas y duraznos.

Por último, incluye regalos por el Día del Policía, que significó una erogación de más de 3.337 millones de pesos, para adquisición de artículos como laptops y motocicletas a Hugo Miguel Bignola Palma con presuntos sobreprecios de hasta 300% en comparación con tiendas en línea.

​         La denuncia recordó que el gobierno municipal repite incansable “no robar, no mentir y no traicionar”, que olvidó de inmediato, pues, en la práctica, ignora los principios de austeridad y transparencia, burlándose del pueblo y tachando de “niños de kínder” a prensa y ciudadanos que exigen cuentas con pruebas y facturas en mano.

A propósito de los festejos a la policía de Estefanía Mercado, recordamos que el turista canadiense Jeffrey Burke, detective de policía jubilado con 20 años de servicio, denunció haber sido golpeado y detenido más de 30 horas por la policía municipal, y pagar 500 dólares canadienses para recuperar su libertad.

Según dijo, el día 3 se sentó en un camastro en la playa, pero ignoraba que costaba 100 pesos, por lo que un trabajador del negocio retiró la silla mientras él estaba sentado, lo que provocó una discusión e intervinieron policías municipales que lo detuvieron sin explicaciones. Luego lo encarcelaron en una celda insalubre con 30 personas, y lo golpearon otros detenidos y un custodio.

Burke sostiene que el pago se hizo vía transferencia en plataforma Wise a un correo de Gmail que parecía no ser cuenta oficial del Ayuntamiento. Presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, donde pidió investigar a los policías y preservar las grabaciones de seguridad.

El 25 de octubre, el colombiano-canadiense Luis Alberto Cabanzo fue detenido arbitrariamente y privado de su libertad por los uniformados, que lo retuvieron a la fuerza sin mediar palabra, en tanto revisaron sus identificaciones sin justificar su arresto.

Como objeto de abuso físico y vejaciones, lo obligaron a bajarse los pantalones en condiciones humillantes para esculcarlo, buscando pertenencias ocultas, en tanto le sustrajeron el dinero en efectivo que llevaba, lo trasladaron bajo amenazas a una celda y lo forzaron a entregar sus tarjetas de crédito/débito junto con contraseñas para vaciar sus cuentas bancarias antes de dejarlo libre.

¡Esa es la policía de Estefanía Mercado en Playa del Carmen! ¡Y pretende ser reelecta alcaldesa!

https://www.facebook.com/reel/1531735985116655   

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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