Histórico juicio político, ¡por lluvia de millones!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Después de innumerables tropiezos de su gestión, la
alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, pasó a formar parte
de la historia de Quintana Roo, pero, para su “mala suerte”, como quinta
presidenta municipal que enfrenta juicio político en los últimos años, aunque
sólo procedió contra uno independiente que militó en el Verde “Ecologista” y en
todos los demás partidos, excepto el PRI: Juan Ignacio "El Chacho" García Zalvidea.
En efecto, apenas este martes, el periodista,
abogado y activista Antonio Ramos Pérez presentó formalmente ante el Congreso
de Quintana Roo, en Chetumal, una demanda de juicio político contra Estefanía
Mercado, quien busca la reelección, por una serie de señalamientos, con pruebas
sobre presuntas irregularidades financieras en el Ayuntamiento.
Entre ellas se incluyen la contratación de un
crédito de 125 millones de pesos con Bancrea sin la aprobación del Cabildo; dos
contratos para rentar patrullas y vehículos operativos por más de 48.5 y 18.6
millones de pesos, calificados como innecesarios por su opción de compra
directa, y la compra de alimento para el Centro de Control Animal (CENCAS) por
más de 2 millones a la empresa Soluciones y Negocios Toro Negro, con sobrecosto
superior a 300%.
Frente a las acusaciones, la presidenta municipal
señaló que es campaña de “guerra sucia” y “fuego amigo” de miembros de su
propio partido, supuestamente Morena, ante los procesos electorales internos, por
lo que optaría por ignorarlos para concentrarse en su gestión, aunque el
documento quedará sujeto al análisis del Congreso de Quintana Roo para
dictaminar su procedencia.
El juicio político es un procedimiento
constitucional del Congreso para sancionar a altos funcionarios con destitución
e inhabilitación para ocupar puestos públicos.
No se trata de un proceso penal -no impone penas de
cárcel ni multas directas-, sino es un mecanismo para fincar responsabilidad
política cuando un servidor público incurre en violaciones graves a la
Constitución local o en el manejo indebido de fondos y recursos públicos, según
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
De acuerdo con el Artículo 7º de la ley estatal
aplicable, si la XVIII Legislatura determina que existen elementos suficientes
y la declara culpable, lo que es muy poco probable, las sanciones del juicio
son destitución inmediata e inhabilitación, prohibición legal para desempeñar
cualquier otro empleo, cargo o comisión en servicio público por un periodo de 1
a 20 años.
Su procedencia depende de dos filtros: El
cumplimiento de los requisitos técnicos en la Comisión de Justicia y la
correlación de fuerzas políticas en la XVIII Legislatura, aunque ni la Comisión
de Justicia ni los grupos parlamentarios han emitido posicionamiento oficial
sobre admitir o desechar la solicitud.
Para aceptarse, según la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia de Quintana Roo, el expediente
debe superar etapas iniciales, una de ellas la ratificación obligatoria, por lo
que Ramos Pérez deberá acudir personalmente a hacerlo en los tres días hábiles
siguientes a su presentación, es decir hasta mañana o el trámite no avanzará.
La Comisión de Justicia revisará si las acusaciones
encuadran en causales graves del juicio y si siguen vigentes. Por ejemplo, la
falta de registro y divulgación financiera de operaciones crediticias observada
previamente habría sido subsanada el 6 de julio, por lo que la Comisión deberá
evaluar el alcance real de las pruebas entregadas.
Cualquier dictamen de procedencia o sanción requerirá
respaldo parlamentario. Según registros del Congreso y datos de integración de la XVIII Legislatura, sus 25 curules se distribuyen con 21 del bloque mayoritario
Morena-Verde-PT y sólo 4 para la oposición PAN (2), PRI (1) y MC (1)
Estefanía Mercado milita en Morena -fue diputada
local en la XVII Legislatura antes de asumir la alcaldía-, fuerza que por, sí
sola, cuenta con mayoría absoluta de 13 votos, y aunque la oposición carece de
votos suficientes para impulsar el juicio, la propia alcaldesa señala que las
acusaciones responden a disputas internas, lo que suele influir en tiempos y
decisiones de los órganos legislativos.
Determinar si “merece” el juicio depende de
posturas enfrentadas entre los que denuncian irregularidades en el manejo de
recursos públicos y los que defienden la legalidad de su gestión.
Los primeros, que encabeza Ramos Pérez, sostienen
que existen elementos graves que justifican su destitución e inhabilitación,
Según denuncia, la alcaldesa contrató el crédito de 125 millones de pesos sin
aval previo del Cabildo de Playa del Carmen.
Además, los promoventes señalan irregularidades en
adjudicaciones directas y licitaciones, destacando la compra de alimento para
el Centro de Control Animal con un sobrecosto superior a 300% y el
arrendamiento de patrullas y vehículos por más de 67 millones de pesos, lo que califican
como gasto innecesario frente a la compra directa.
En este sentido, argumentan que estas acciones
violan la Ley de Disciplina Financiera y la Constitución estatal, por lo que
consideran necesario que el Congreso finque responsabilidades, aunque Estefanía
Mercado y representantes de la Comuna rechazan las acusaciones y sostienen falta
de fundamentos para el juicio político.
La valoración final sobre si las pruebas son
suficientes para abrir el proceso recaerá en la Comisión de Justicia del
Congreso una vez que se cumpla el plazo de ratificación de la denuncia.
Por si fuera poco, también pesan sobre Estefanía
Mercado señalamientos sobre el uso de recursos públicos para controlar la
cobertura mediática o pagar “chayos” -sobornos o convenios irregulares- en
torno a su administración, que se sustentan en dos tipos de reportes difundidos
en medios locales y redes sociales durante noviembre, aunque hasta ayer no
existía resolución judicial o de auditoría que lo compruebe.
Según publicaron el día 17 plataformas locales,
como Expresión Digital, el Ayuntamiento habría comprometido más de 190.8 millones de pesos en
contratos de publicidad, difusión institucional y convenios con medios de
comunicación entre 2025 y 2026, monto que críticos y opositores cuestionan
frente a otras prioridades de infraestructura.
Así, el día 16, páginas informativas locales, como Periodismo QR,
difundieron una captura de pantalla de WhatsApp atribuida a un número no
identificado, en la que supuestamente se ofrecían 20 mil pesos por persona -así
como promesas de contratos y “pagos por fuera”- a cambio de eliminar
publicaciones críticas sobre el “gobierno” de la alcaldesa.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1168450832351782&set=pcb.1168426592354206
En paralelo, comunicadores locales denunciaron en
la misma plataforma presuntos actos de intimidación desde perfiles anónimos
tras haber publicado reportajes sobre gasto corriente y contratos del
Ayuntamiento, aunque, frente a la ola de señalamientos en medios y plataformas
digitales, Estefanía Mercado niega corrupción y sostiene la postura de deslinde.
Así, en días recientes, a través de sus canales
oficiales como su cuenta de Instagram y
declaraciones recogidas por La Opinión de Quintana Roo, afirmó que circulan “noticias falsas” que impulsa
“fuego amigo”, de grupos internos de Morena, y que, según reportó La Chispa,
tiene identificados a los que impulsan las campañas, pero descartó denunciar
formalmente para evitar distraerse de su gestión.
Resta señalar que, en la administración
pública mexicana, el pago de convenios de publicidad oficial es una práctica
legal cuando está presupuestada y transparentada, pero los pagos informales
para silenciar críticas carecen de sustento legal; hasta ahora, las capturas
difundidas en redes sociales no las validado ninguna autoridad fiscalizadora.
Respecto al “negro historial”, en la historia
reciente de Quintana Roo, varios alcaldes
enfrentaron demandas de juicio político, pero en la última década prácticamente
ninguna prosperó con destitución, ya que suelen frenarse en comisiones legislativas
por falta de ratificación, vencimiento de plazos o falta de acuerdos políticos.
Según registros legislativos y reportes
periodísticos, la lista de ex munícipe con antecedentes más relevantes, entre 2016
y 2024, incluyen a Otoniel Segovia Martínez (Othón P. Blanco, 2019), en cuya
gestión se presentó una demanda derivada de conflictos internos en el Cabildo y
señalamientos administrativos. El expediente se detuvo en análisis legislativo,
sin sanción.
Fredy Marrufo Martín (Cozumel, 2017), ya como ex
alcalde, enfrentó el proceso en la Comisión Instructora de la XV Legislatura
por presuntas irregularidades financieras, etapa en la que, incluso, comparecieron
varios ex funcionarios de su tesorería y oficialía mayor. El caso tampoco
concluyó en inhabilitación.
Otro más fue Juan Parra López (José María Morelos,
2016). Trabajadores y ciudadanos promovieron juicio político contra el entonces
alcalde y su Cabildo, a los que acusaron de reducción ilegal de salarios, falta
de pagos puntuales, omisión en el pago de seguridad social (IMSS-ISSSTE) y
nepotismo.
García Zalvidea (Benito Juárez, 2004-2005) es el
caso más emblemático y único en que el Congreso local llegó hasta sus últimas
consecuencias. Tras una solicitud que promovieron regidores de distintos
partidos por tráfico de influencias y crisis financiera en Cancún, en 2005 la
Legislatura se erigió en Jurado de Sentencia, lo destituyó e inhabilitó 20 años
para cargos públicos.
¿Por qué casi no avanzan los juicios? Según el
propio Congreso, durante la aprobación de la nueva Ley de Juicio Político en
agosto de 2024, Quintana Roo acumulaba al menos 18 solicitudes contra diversos
funcionarios -incluidos ex colaboradores de los ex gobernadores Roberto Borge y
Carlos Joaquín- que permanecían rezagadas o archivadas.
En práctica reciente, las denuncias por presunto
mal manejo de recursos municipales suelen tener mayor recorrido vía auditorías
de la ASEQROO, y las denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción -como en
2022, con los expedientes contra los ex alcaldes Laura Beristain (Solidaridad),
Laura Fernández (Puerto
Morelos) y Juan Carrillo (Isla Mujeres)-
que mediante juicio político.
Ahora bien, la Comisión de Justicia del Congreso la
integran cinco diputados, encabezados por Paola Elizabeth Moreno Córdova,
su presidenta, así como Saulo Aguilar Bernés, Andrea
del Rosario González Loria, Silvia Dzul Sánchez. Vocal y Lilia Inés Mis
Martínez, todos de Morena, así que imagínese Usted el resultado de su
resolución.
De acuerdo con el portal Código Caribe del martes, Ramos Pérez entregó extenso expediente que
acompañó de pruebas digitales en USB que detallan seis presuntas
irregularidades: Por croquetas de lujo, más de 2 millones de pesos, por comprar
alimento para el CENCAS a sobreprecio, superior en 300%, comparado con otros costos
comerciales, contratado con Soluciones y Negocios Toro Negro.
Sobre
renta de patrullas y vehículos, por 48.5 millones, en lugar de adquirir
unidades que quedaran como patrimonio de Playa del Carmen, Estefanía Mercado
firmó costoso arrendamiento con Arrendadora de Bienes Muebles e Inmuebles por
1.5 millones mensuales durante 31 meses, lo que señala como millonario
perjuicio al municipio.
Deuda ilegal sin Cabildo, por 125 millones, en la contratación
de un crédito con Bancrea el 13 de octubre de 2025 que no se aprobó ni pasó por
el Cabildo, lo que violaría de forma grave la Ley de los Municipios.
Arrendamiento de motos y pickup para fiscalización 18.6
millones, con la misma empresa que, según análisis, habrían costado hasta 14
millones de más de lo que habría costado su compra.
Insumos
con sobrecosto para el retén, por 28 millones, con sobrecostos de 100 a 300% en
alimentos para personas privadas de la libertad con Grupo Operador de Alimentos
Emo, donde, presuntamente, se facturaron productos como fresas y duraznos.
Por
último, incluye regalos por el Día del Policía, que significó una erogación de
más de 3.337 millones de pesos, para adquisición de artículos como laptops y
motocicletas a Hugo Miguel Bignola Palma con presuntos sobreprecios de hasta
300% en comparación con tiendas en línea.
La denuncia recordó que el gobierno municipal repite incansable
“no robar, no mentir y no traicionar”, que olvidó de inmediato, pues, en la
práctica, ignora los principios de austeridad y transparencia, burlándose del
pueblo y tachando de “niños de kínder” a prensa y ciudadanos que exigen cuentas
con pruebas y facturas en mano.
A
propósito de los festejos a la policía de Estefanía Mercado, recordamos que el
turista canadiense Jeffrey Burke, detective de policía jubilado con 20 años de
servicio, denunció haber sido golpeado y detenido más de 30 horas por la
policía municipal, y pagar 500 dólares canadienses para recuperar su libertad.
Según
dijo, el día 3 se sentó en un camastro en la playa, pero ignoraba que costaba
100 pesos, por lo que un trabajador del negocio retiró la silla mientras él estaba
sentado, lo que provocó una discusión e intervinieron policías municipales que lo
detuvieron sin explicaciones. Luego lo encarcelaron en una celda insalubre con
30 personas, y lo golpearon otros detenidos y un custodio.
Burke
sostiene que el pago se hizo vía transferencia en plataforma Wise a un correo
de Gmail que parecía no ser cuenta oficial del Ayuntamiento. Presentó una queja
ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, donde pidió investigar a
los policías y preservar las grabaciones de seguridad.
El
25 de octubre, el colombiano-canadiense Luis Alberto Cabanzo fue detenido arbitrariamente
y privado de su libertad por los uniformados, que lo retuvieron a la fuerza sin
mediar palabra, en tanto revisaron sus identificaciones sin justificar su
arresto.
Como
objeto de abuso físico y vejaciones, lo obligaron a bajarse los pantalones en
condiciones humillantes para esculcarlo, buscando pertenencias ocultas, en
tanto le sustrajeron el dinero en efectivo que llevaba, lo trasladaron bajo
amenazas a una celda y lo forzaron a entregar sus tarjetas de crédito/débito
junto con contraseñas para vaciar sus cuentas bancarias antes de dejarlo libre.
¡Esa
es la policía de Estefanía Mercado en Playa del Carmen! ¡Y pretende ser
reelecta alcaldesa!
https://www.facebook.com/reel/1531735985116655
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con crédito para el autor)
*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista
con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido
como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes
municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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