Presidenta del IEQROO, ¡en barril de pólvora!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque
el Congreso del Estado ya aprobó oficialmente el informe de fiscalización de la
Cuenta Pública 2024 del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), su
cuestionada consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, no está eximida de
responsabilidad ni se han cerrado las investigaciones por millonarios contratos
y pagos irregulares durante el proceso electoral de 2024,
En
efecto, aunque se aprobaron sus cuentas públicas apenas el 27 de octubre, aún es
legalmente posible proceder en su contra, ya que siguen vigentes los plazos
legales de prescripción, tanto vía administrativa como penal, por lo que se ha solicitado
su separación y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
mientras se desarrollan las indagatorias.
Aunque
no sería el único caso, el último difundido este mes por Caribe Peninsular -citando una investigación de
Milenio- durante el proceso electoral de 2024 la funcionaria pagó a la empresa
Litho Formas 4,144 pesos por cada sobre destinado a resguardar votos, mientras,
en contraste en la Ciudad de México, con precios de referencia, se pagaron máximo
40 pesos.
A
raíz de estos señalamientos y de contratos con proveedores de material
electoral, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó
intervenir a la ASF y separar de su cargo a Rubí Pacheco.
Dado
que esas compras fueron en 2024, las autoridades fiscalizadoras,
administrativas y ministeriales cuentan con margen legal para investigar y
sancionar su responsabilidad administrativa (faltas graves o no) y vía penal (por
hechos de corrupción), o bien removerla o promoverle un juicio político.
Según
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado,
las facultades para imponer sanciones prescriben en 3 años para faltas no
graves (lo cual vencería hasta 2027) y en 7 años para faltas administrativas
graves, como desvío de recursos públicos o abuso de funciones (vigente hasta
2031)
Las
denuncias o auditorías pueden impulsarlas el Órgano Interno de Control del
propio Instituto, la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) o la Auditoría
Superior de la Federación, dependiendo del origen federal o estatal de los
recursos.
Si
las auditorías determinan daño al erario o conductas tipificadas como delitos
por hechos de corrupción -como peculado o uso ilícito de atribuciones y
facultades-, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado o
la Fiscalía General de la República -si involucra recursos federales- pueden
iniciar carpetas de investigación, cuya prescripción se calcula en base a la
media aritmética de la pena del delito, dos años después de 2024.
Al
tratarse de la consejera presidenta de un Organismo Público Local Electoral
(OPLE), cualquier persona o partido político puede presentar una denuncia de
remoción ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) si se acredita
negligencia grave, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones
administrativas y financieras.
Además,
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo,
cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante el Congreso del Estado
mientras Rubí Pacheco desempeñe su cargo y hasta al año siguiente de concluir
sus funciones.
Todo
lo anterior es independiente de que, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Congreso -decreto 266-,
el 27 de octubre el Pleno de la XVIII Legislatura aprobó el Informe del
Análisis relativo a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal
2024 que presentó la ASEQROO.
Sin
embargo, como documentó Grupo Animal, el aval del Legislativo ocurrió con más de
388 millones de pesos pendientes por aclarar entre distintos entes
fiscalizados, y el propio dictamen estableció que los montos no solventados
pasan directamente a la Unidad de Investigación del órgano fiscalizador para
determinar responsabilidades.
Ahora
bien ¿Por qué aún procede la vía legal a pesar de la aprobación? En el sistema
anticorrupción y de fiscalización mexicano, el aval del Congreso a un informe
de cuenta pública sólo es un acto de revisión presupuestal y política que no
otorga inmunidad ni “borrón y cuenta nueva”.
La
legislación de fiscalización establece que la aprobación del informe anual no
suspende ni extingue el trámite de las acciones de la ASEQROO ni los
procedimientos sancionadores por faltas administrativas o daños al erario.
La
revisión del Congreso y la ASEQROO abarca sólo recursos de origen estatal, pero
si los contratos de la elección 2024 involucraron recursos federales -convenios
o participaciones federales-, la ASF conserva plena facultad para auditar esos expedientes
de manera independiente. De hecho, El Punto Sobre la I reportó que la propia Rubí Pacheco
confirmó requerimientos de expedientes sobre contrataciones del Instituto.
Por
independencia de las vías penal y electoral, ni la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción ni el Consejo General del INE -en materia de remoción
de consejeros locales- están sujetos a lo que vote el Congreso. Mientras no venzan
los plazos de prescripción, cualquier autoridad investigadora o denunciante
puede impulsar procedimientos nuevos o dar seguimiento a los que existen.
Para
ese efecto, para proceder legalmente contra Rubí Pacheco y los que hayan
participado en autorización, licitación o ejecución de esos contratos -como
integrantes del Comité de Adquisiciones, directivos administrativos o
representantes de empresas proveedoras-, cualquier ciudadano, organización o
actor político puede activar cuatro vías legales independientes.
Las
acciones y autoridades competentes en Quintana Roo y a nivel federal para
iniciar estas denuncias se desglosan por vía Electoral -solicitud de remoción
ante INE- vía administrativa (denuncia por faltas graves, incluso particulares),
vía penal (denuncia por corrupción), y vía política (solicitud de juicio político)
Lo
cierto es que existe una serie de señalamientos y observaciones de auditoría adicionales
contra la gestión de Rubí Pacheco al frente del IEQROO, tanto por adquisiciones
en otros procesos electorales como por observaciones financieras de ejercicios
fiscales anteriores.
En
octubre y noviembre, Grupo Animal y Sol Quintana Roo publicaron que adjudicó contratos
millonarios para la elección extraordinaria del Poder Judicial en 2025 a
empresas vinculadas en investigaciones nacionales por presunta colusión y
sobreprecios -entre ellas Litho Formas por unos 34.7 millones de pesos-, Cajas
Graf (por 15.8 millones) y Formas Inteligentes (por 6.8 millones)
Según
informó Sipse, la propia funcionaria habría confirmado
que la ASF ya le había solicitado los expedientes de contratación para auditar.
En
el informe de fiscalización de la ASEQROO, con corte al 30 de septiembre -difundido
por medios como Luces del Siglo-, se publicó que Rubí Pacheco mantuvo más de 3.8
millones de pesos pendientes de solventar sobre el ejercicio 2023, tras
considerarse insuficiente la documentación justificativa que entregó el Instituto.
En
auditorías anteriores reportadas por Sipse, la ASEQROO emitió promociones de
responsabilidad administrativa por falta de expedientes unitarios en
adjudicaciones directas, discrepancias y omisiones en la retención del impuesto
sobre nómina, y el pago irregular de una indemnización laboral disfrazada de “compensación
extraordinaria” a una ex trabajadora.
Lo
curioso es que, ante estos señalamientos, Rubí Pacheco sostiene que las
adquisiciones de alta cuantía en 2024 y 2025 fueron mediante licitaciones
públicas nacionales transmitidas por el Comité de Adquisiciones y argumentó que
el mercado de documentación electoral en México se concentra en cuatro o cinco
empresas especializadas, por lo que el Instituto no puede descalificarlas
mientras no exista sanción o inhabilitación firme de autoridad competente.
Ahora
bien, vía penal, se podría proceder en su contra por denuncia por hechos de
corrupción si se presume daño patrimonial al erario, sobreprecios pactados o
simulación de competencia, con lo que cabe investigación ministerial.
Las
autoridades competentes para ese efecto son la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, con sede en Chetumal,
para recursos locales, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate
a la Corrupción de la FGR si se acreditan fondos federales.
Entre
los delitos aplicables se incluyen peculado, uso ilícito de atribuciones y
facultades, ejercicio abusivo de funciones o coalición de servidores públicos,
extendiéndose a coautores o partícipes, como funcionarios subordinados y
representantes legales de las empresas.
Para
proceder, se presenta denuncia de hechos por escrito o comparecencia ante el
Ministerio Público especializado, para lo que no se necesita que el denunciante
aporte peritajes contables, ya que es obligación de la Fiscalía solicitar
auditorías, contratos originales, bitácoras de entrega y dictámenes de precios
de mercado al IEQROO y a las instancias fiscalizadoras.
Lamentablemente,
para la funcionaria, esta última es la vía que amerita su caso como “flamante”
consejera presidenta del Instituto.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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