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Presidenta del IEQROO, ¡en barril de pólvora!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque el Congreso del Estado ya aprobó oficialmente el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), su cuestionada consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, no está eximida de responsabilidad ni se han cerrado las investigaciones por millonarios contratos y pagos irregulares durante el proceso electoral de 2024,

En efecto, aunque se aprobaron sus cuentas públicas apenas el 27 de octubre, aún es legalmente posible proceder en su contra, ya que siguen vigentes los plazos legales de prescripción, tanto vía administrativa como penal, por lo que se ha solicitado su separación y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mientras se desarrollan las indagatorias.

Aunque no sería el único caso, el último difundido este mes por Caribe Peninsular -citando una investigación de Milenio- durante el proceso electoral de 2024 la funcionaria pagó a la empresa Litho Formas 4,144 pesos por cada sobre destinado a resguardar votos, mientras, en contraste en la Ciudad de México, con precios de referencia, se pagaron máximo 40 pesos.

A raíz de estos señalamientos y de contratos con proveedores de material electoral, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó intervenir a la ASF y separar de su cargo a Rubí Pacheco.

Dado que esas compras fueron en 2024, las autoridades fiscalizadoras, administrativas y ministeriales cuentan con margen legal para investigar y sancionar su responsabilidad administrativa (faltas graves o no) y vía penal (por hechos de corrupción), o bien removerla o promoverle un juicio político.

Según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, las facultades para imponer sanciones prescriben en 3 años para faltas no graves (lo cual vencería hasta 2027) y en 7 años para faltas administrativas graves, como desvío de recursos públicos o abuso de funciones (vigente hasta 2031)

Las denuncias o auditorías pueden impulsarlas el Órgano Interno de Control del propio Instituto, la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) o la Auditoría Superior de la Federación, dependiendo del origen federal o estatal de los recursos.

Si las auditorías determinan daño al erario o conductas tipificadas como delitos por hechos de corrupción -como peculado o uso ilícito de atribuciones y facultades-, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado o la Fiscalía General de la República -si involucra recursos federales- pueden iniciar carpetas de investigación, cuya prescripción se calcula en base a la media aritmética de la pena del delito, dos años después de 2024.

Al tratarse de la consejera presidenta de un Organismo Público Local Electoral (OPLE), cualquier persona o partido político puede presentar una denuncia de remoción ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) si se acredita negligencia grave, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras.

Además, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante el Congreso del Estado mientras Rubí Pacheco desempeñe su cargo y hasta al año siguiente de concluir sus funciones.

Todo lo anterior es independiente de que, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Congreso -decreto 266-, el 27 de octubre el Pleno de la XVIII Legislatura aprobó el Informe del Análisis relativo a la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 que presentó la ASEQROO.

Sin embargo, como documentó Grupo Animal, el aval del Legislativo ocurrió con más de 388 millones de pesos pendientes por aclarar entre distintos entes fiscalizados, y el propio dictamen estableció que los montos no solventados pasan directamente a la Unidad de Investigación del órgano fiscalizador para determinar responsabilidades.

Ahora bien ¿Por qué aún procede la vía legal a pesar de la aprobación? En el sistema anticorrupción y de fiscalización mexicano, el aval del Congreso a un informe de cuenta pública sólo es un acto de revisión presupuestal y política que no otorga inmunidad ni “borrón y cuenta nueva”.

La legislación de fiscalización establece que la aprobación del informe anual no suspende ni extingue el trámite de las acciones de la ASEQROO ni los procedimientos sancionadores por faltas administrativas o daños al erario.

La revisión del Congreso y la ASEQROO abarca sólo recursos de origen estatal, pero si los contratos de la elección 2024 involucraron recursos federales -convenios o participaciones federales-, la ASF conserva plena facultad para auditar esos expedientes de manera independiente. De hecho, El Punto Sobre la I reportó que la propia Rubí Pacheco confirmó requerimientos de expedientes sobre contrataciones del Instituto.

Por independencia de las vías penal y electoral, ni la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ni el Consejo General del INE -en materia de remoción de consejeros locales- están sujetos a lo que vote el Congreso. Mientras no venzan los plazos de prescripción, cualquier autoridad investigadora o denunciante puede impulsar procedimientos nuevos o dar seguimiento a los que existen.

Para ese efecto, para proceder legalmente contra Rubí Pacheco y los que hayan participado en autorización, licitación o ejecución de esos contratos -como integrantes del Comité de Adquisiciones, directivos administrativos o representantes de empresas proveedoras-, cualquier ciudadano, organización o actor político puede activar cuatro vías legales independientes.

Las acciones y autoridades competentes en Quintana Roo y a nivel federal para iniciar estas denuncias se desglosan por vía Electoral -solicitud de remoción ante INE- vía administrativa (denuncia por faltas graves, incluso particulares), vía penal (denuncia por corrupción), y vía política (solicitud de juicio político)

Lo cierto es que existe una serie de señalamientos y observaciones de auditoría adicionales contra la gestión de Rubí Pacheco al frente del IEQROO, tanto por adquisiciones en otros procesos electorales como por observaciones financieras de ejercicios fiscales anteriores.

En octubre y noviembre, Grupo Animal y Sol Quintana Roo publicaron que adjudicó contratos millonarios para la elección extraordinaria del Poder Judicial en 2025 a empresas vinculadas en investigaciones nacionales por presunta colusión y sobreprecios -entre ellas Litho Formas por unos 34.7 millones de pesos-, Cajas Graf (por 15.8 millones) y Formas Inteligentes (por 6.8 millones)

Según informó Sipse, la propia funcionaria habría confirmado que la ASF ya le había solicitado los expedientes de contratación para auditar.

En el informe de fiscalización de la ASEQROO, con corte al 30 de septiembre -difundido por medios como Luces del Siglo-, se publicó que Rubí Pacheco mantuvo más de 3.8 millones de pesos pendientes de solventar sobre el ejercicio 2023, tras considerarse insuficiente la documentación justificativa que entregó el Instituto.

En auditorías anteriores reportadas por Sipse, la ASEQROO emitió promociones de responsabilidad administrativa por falta de expedientes unitarios en adjudicaciones directas, discrepancias y omisiones en la retención del impuesto sobre nómina, y el pago irregular de una indemnización laboral disfrazada de “compensación extraordinaria” a una ex trabajadora.

Lo curioso es que, ante estos señalamientos, Rubí Pacheco sostiene que las adquisiciones de alta cuantía en 2024 y 2025 fueron mediante licitaciones públicas nacionales transmitidas por el Comité de Adquisiciones y argumentó que el mercado de documentación electoral en México se concentra en cuatro o cinco empresas especializadas, por lo que el Instituto no puede descalificarlas mientras no exista sanción o inhabilitación firme de autoridad competente.

Ahora bien, vía penal, se podría proceder en su contra por denuncia por hechos de corrupción si se presume daño patrimonial al erario, sobreprecios pactados o simulación de competencia, con lo que cabe investigación ministerial.

Las autoridades competentes para ese efecto son la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para recursos locales, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR si se acreditan fondos federales.

Entre los delitos aplicables se incluyen peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones o coalición de servidores públicos, extendiéndose a coautores o partícipes, como funcionarios subordinados y representantes legales de las empresas.

Para proceder, se presenta denuncia de hechos por escrito o comparecencia ante el Ministerio Público especializado, para lo que no se necesita que el denunciante aporte peritajes contables, ya que es obligación de la Fiscalía solicitar auditorías, contratos originales, bitácoras de entrega y dictámenes de precios de mercado al IEQROO y a las instancias fiscalizadoras.

Lamentablemente, para la funcionaria, esta última es la vía que amerita su caso como “flamante” consejera presidenta del Instituto.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

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