miércoles, 17 de mayo de 2017

 ¡Ahora se "blinda" Carlos Joaquín!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En lo que pareciera ser un reto a la imaginación de los quintanarroenses  -o una verdadera burla-, el gobernador Carlos Joaquín González envió al Congreso del Estado una iniciativa de Decreto para reformar la Constitución de Quintana Roo en torno al cuestionado Sistema Anticorrupción que, al igual que en el caso de su antecesor Roberto Borge, le permitirá “blindarse” durante su sexenio.
         Peor aún que el vilipendiado priísta, el mandatario de la coalición PRD-PAN pretende colocarse prácticamente al mismo nivel que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la modificación del artículo 160, que diría que “el Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, tal y como lo establece la Constitución federal para el caso del Jefe de la Nación.
Alertados, para variar, con una publicación del portal del organismo “Somos tus ojos” -que, al menos hasta hoy, le viene siguiendo los pasos a Carlos Joaquín-, el proyecto explica ciertamente que esa “prerrogativa” del Sistema “Anticorrupción” le permitirá el Jefe del Ejecutivo estatal volverse prácticamente intocable.
Recibido este 3 de mayo por la Oficialía de Partes de la XV Legislatura, la iniciativa de Decreto supera el “blindaje” que buscaba Roberto Borge, ya que, pese a contar con mayoría en el Congreso, éste pretendía que la designación de los miembros del Instituto de Transparencia estuviera a cargo de la sociedad civil, mientras que el gobernador del cambio lo dejaría a manos de los diputados locales.
Por si fuera poco, Carlos Joaquín se “auto-concede” el privilegio de objetar el nombramiento de aquéllos, conforme el artículo 21, y obligar a nueva propuesta, ahora con la aprobación de 3 quintas partes de los legisladores. Serán tres comisionados que durarán siete años en su encargo.
Contenida el 26 “cuartillas”, cinco de ellas con Exposición de Motivos, el “blindaje Carlos Joaquín”, que se suma a la “Ley Carlos Joaquín” en materia de control de medios de comunicación, cuyo “alumbramiento” se pospuso, también permitiría al mandatario evitar el tan mentado juicio político que, para mala fortuna de los quintanarroense, sólo ha servido para lo mismo que la “Carabina de Ambrosio”.
Ah, perdón, el “teatro” también ha servido de marco para lucimiento de políticos como el diputado de Encuentro Social, Carlos Mario Villanueva Tenorio, cuestionado ex alcalde priísta de Othón P. Blanco, quien, tras su oscuro pasado como munícipe, busca por todos los medios “reinventarse”.
Volviendo al tema “anticorrupción”, como bien explica “Somos tus ojos”, el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Federal señala que los Ejecutivos de las entidades federativas serán responsables de violaciones a la Carta Magna y a las leyes federales, así del manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
De esta manera, aprobar el “blindaje” de Carlos Joaquín, como no lo había intentado antes ningún Gobernador, lo dejaría en el mismo supuesto de indefinición del Presidente de la República, que sólo puede ser acusado por “traición a la patria” y delitos graves del orden común, como homicidio doloso, secuestro, violación, etc. 
Pero además, en un nuevo traspié del área jurídica gubernamental, el propio artículo 160 de la Constitución local establece que SÍ procede el juicio político contra el Ejecutivo por actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, así como por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Así, por una parte se busca que Carlos Joaquín sólo pueda ser “acusado” por traición a la patria y delitos graves del orden común, y por otra, sigue siendo sujeto de juicio político, lo que implica que aunque procediera el juicio político no se le podría “acusar” legalmente. Lo que es lo mismo: Yo hago como que te pego, y tú, como que te caes. Y todos felices: Teatro perfecto.
Convocada a emitir observaciones a la propuesta del Jefe del Ejecutivo Estatal, como parte de los trabajos para la puesta en marcha del Sistema Anticorrupción en el Estado, la asociación Somos Tus Ojos, al igual que su servidor y todo buen quintanarroense, expresa su preocupación por la iniciativa, ya que debilita el Sistema Anticorrupción federal e implica un retroceso en aspectos fundamentales como Transparencia, y una pretensión de que algunos funcionarios gocen de privilegios frente al nuevo sistema.
El tema no es nada sencillo ni honesto a simple vista, ya que también implica el debilitamiento de la autonomía económica, transparencia e imparcialidad en la elección de los próximos comisionados, responsables de la apertura u opacidad del gobierno de Carlos Joaquín.
Parte de ese debilitamiento -en el aspecto económico- obliga a pensar en orillarlos en su momento a aceptar algún “trato” para favorecer una eventual opacidad, ya que, mientras el artículo 21 de la Constitución estatal dice que el Presupuesto de Egresos del Instituto no será menor al 0.10% del Presupuesto de Egresos para un ejercicio fiscal ni menor al del año anterior, Carlos Joaquín eliminó ese párrafo, y en su primer presupuesto le dota del 0.1%, para dejarlo con 26.4 millones de pesos, menos que en 2016.
En este link puede Usted consultar el nuevo proyecto de Decreto   http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1520170502003.pdf
Como se sabe, el 18 de agosto del año anterior, el entonces mandatario electo presentó un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cancelar el paquete de impunidad del todavía gobernador Roberto Borge, y que aprobó la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
El documento especificó que en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso aprobó reformas a la Constitución local, modificó el Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos contrarios al orden constitucional, que invaden facultades del Ejecutivo, “crean privilegios y  afectan la investigación, procuración y administración de justicia, por lo que vulneran los principios del sistema nacional anticorrupción”.
Según diría Carlos Joaquín en ese entonces el combate a la corrupción y la impunidad son uno de los ejes de su gobierno y también compromiso de campaña, indispensables para lograr un gobierno que garantice mejores oportunidades en favor de la gente.
En este sentido, concluiría que las modificaciones del Congreso local buscaban impunidad y representaban la corrupción “que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo”.
¿Qué se puede decir de la iniciativa de Decreto que elaboró la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Roxana Lili Campos Miranda, quien aspiró infructuosamente a la Fiscal General?
¿Trampa? ¿Resbalón? ¡O prepotencia!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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