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¿Involucrados, protegidos por “alguien”?


                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

                                                       “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”: Benito Juárez
         No cabe duda de que los dichos se hicieron para modificar conforme a los intereses de quien convenga, y así, uno célebre del entonces presidente Benito Juárez, terminaría por ser cambiado, ya que aquél “…a mis enemigos, justicia a secas”, terminaría por parafrasearse como “a los demás, la ley a secas”, tal y como parece estar ocurriendo exactamente en Quintana Roo.
         En efecto, aunque nadie medianamente conocedor de la terminología jurídica ignora que los términos justicia y ley son perfectamente diferentes -el objetivo de la ley es precisamente la justicia-, lo que queda claro en el caso de nuestro Estado es que lo que equiparan con el tema del ex gobernador Roberto Borge son los términos “enemigos” y “los demás”.
         Lo anterior queda perfectamente claro, tan sólo por citar un ejemplo, en el caso de VIP-Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido el 4 de julio último, por una aparente serie de malos manejos que implicaría una multimillonaria pérdida para el patrimonio de Quintana Roo.
         Su captura se veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y comparecido ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno a los malos manejos de esa empresa durante el “gobierno” de Borge, que implicaban, al menos en teoría, a 11 ex funcionarios responsables de la firma de contratos por la renta y compra de aeronaves.
De acuerdo “con la ley”, los involucrados serían los ex titulares de las Secretarías de Gobierno durante el periodos del Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, se incluyen al ex procurador fiscal y el ex tesorero de Finanzas y Planeación, Víctor Hugo Loyola y Roosevelt Erce Barrón Barrera, respectivamente, y al propio Acosta Gutiérrez.
Por lo menos, esa fue la lista original que manos “misteriosas” filtraron a los medios de comunicación, pero sospechosamente omitieron el nombre de uno de los “peces gordos” que, conforme a las actas del Consejo de Administración de VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en los contratos, a los que nos referiremos en su momento.
Aunque Ud. No lo crea, nos referimos a un laureado profesional oriundo de Cozumel ¡Víctor Manuel Alcérreca Sánchez!, un ingeniero químico, publicaría la prensa, cuyo afán por gobernar a un Estado que apenas conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a la que consideraba menos preparada frente a su currículum, “le llevó a falsificar documentos y adulterar su trámite de registro ante el IFE para preparar su camino a la gubernatura”, esto en 2003.
Egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alcérreca Sánchez, a quien 14 años después de aquel desliz durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz -cuando buscaba la diputación federal-, hoy se le pretende postular vía PRI a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, es uno de los principales personajes mencionados en el tema de VIP-Saesa.
También candidato, en su momento, a convertirse en Rector de la Universidad der Quintana Roo, y reconocido por el Colegio de Profesionales de la entidad -miércoles 23 de febrero de 2011- “por su destacada contribución al esfuerzo académico, tecnológico, administrativo y político”, figura como accionista en Actas, cuando fungía como titular de SINTRA ese año.
Ciertamente, el 5 de abril, en asamblea general ordinaria, el consejo directivo que firmó las actas que constituirían los ilícitos, que integró la Fiscalía General del Estado, lo formaban, entre otros, el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera como representante suplente del presidente del Consejo de administración, el gobernador Roberto Borge.
Por cierto, ante la orden de aprehensión en su contra, hace unas semanas Barrón Barrera habría sido despedido como director de la Administración Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa, sin que la Fiscalía de Quintana Roo, sospechosamente, hicieran algo por solicitar su detención.
Otro de los implicados y cuyo nombre se ha omitido en el tema VIP-Saesa, pese a figurar en las Actas, es el de Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la Administración Portuaria Integral, cuya participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.
También aparece el tío del ex gobernador Félix Gonzáles, el ex alcalde y ex diputado González Flores, entonces titular de la Secretaría de gobierno, quien figuraba como secretario del Consejo de Administración de la empresa, donde el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, entonces secretario estatal de Hacienda, era tesorero del Consejo de Administración.
Los últimos nombres REALES son los del entonces procurador Fiscal de Hacienda -actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia-, Juan García Escamilla, quien fungía como segundo vocal del Consejo de Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el único detenido por el tema, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fungía como director general.
Por su parte, Alcérreca Sánchez, tenía como encargo el de primer vocal del Consejo de Administración, mientras que, irónicamente, quien NO figura en ese expediente es Gabriel Mendicuti, a quien Borge nombrara secretario de Gobierno hasta el 5 de marzo de 2013, precisamente en sustitución de Luis González, y nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa, donde su función específica era convocar a sesiones, llevar minutos y elaborar actas.
         En este sentido, todo apunta a que en el expediente relativo EXISTE un “desaparecido”, al menos para la opinión pública, y se incluye a quien nada tiene que ver, por lo que, así las cosas, ante la justicia y la ley, para la Fiscalía General, que dice ser independiente del gobernador Carlos Joaquín González, uno de ellos sería el amigo, y otro, el enemigo. Tan sencillo como eso: Víctor Alcérreca y Gabriel Mendicuti, respectivamente.
         Por si fuera poco -¿nueva “negociación?-, en el expediente que armó la Fiscalía también “desaparece” el nombre de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de actas del Consejo de Administración, aunque, eso sí, interprete Usted las cosas, no sólo es primo hermano del ex gobernador Félix González, sino también del gobernador Carlos Joaquín GONZÁLEZ.
         ¡Y volvemos a recordar la relación del mandatario con Mendicuti Loría! Fue su heredero en la presidencia municipal de Solidaridad (2005), y en dos ocasiones, su rival por la candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo ¿Tendría por qué ser su amigo ahora?
         Otra pregunta obligada es ¿Aplicará Carlos Joaquín la máxima de Juárez sobre la justicia?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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