¿Involucrados, protegidos por “alguien”?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
“A mis amigos: justicia y gracia; a mis
enemigos, justicia a secas”: Benito Juárez
No cabe duda
de que los dichos se hicieron para modificar conforme a los intereses de quien
convenga, y así, uno célebre del entonces presidente Benito Juárez, terminaría por
ser cambiado, ya que aquél “…a mis enemigos, justicia a secas”, terminaría por
parafrasearse como “a los demás, la ley a secas”, tal y como parece estar
ocurriendo exactamente en Quintana Roo.
En efecto,
aunque nadie medianamente conocedor de la terminología jurídica ignora que los
términos justicia y ley son perfectamente diferentes -el objetivo de la ley es
precisamente la justicia-, lo que queda claro en el caso de nuestro Estado es
que lo que equiparan con el tema del ex gobernador Roberto Borge son los
términos “enemigos” y “los demás”.
Lo anterior
queda perfectamente claro, tan sólo por citar un ejemplo, en el caso de VIP-Saesa
(Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A.), cuyo director, Carlos Alberto Acosta
Gutiérrez, fue detenido el 4 de julio último, por una aparente serie de malos
manejos que implicaría una multimillonaria pérdida para el patrimonio de
Quintana Roo.
Su captura se
veía venir, pese a que el año anterior habría sido objeto de una auditoría y comparecido
ante el Congreso del Estado para “aclarar” los escándalos en torno a los malos
manejos de esa empresa durante el “gobierno” de Borge, que implicaban, al menos
en teoría, a 11 ex funcionarios responsables de la firma de contratos por la
renta y compra de aeronaves.
De acuerdo “con la ley”, los involucrados
serían los ex titulares de las Secretarías de Gobierno durante el periodos del
Borge: Luis Alberto González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quian
Alcocer; de Finanzas y Planeación, Mauricio Góngora Escalante y Juan Pablo
Guillermo Molina; de la Función Pública, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla; y de
SINTRA, Mario Castro Basto y Fernando Escamilla Carrillo.
Asimismo, se incluyen al ex
procurador fiscal y el ex tesorero de Finanzas y Planeación, Víctor Hugo Loyola
y Roosevelt Erce Barrón Barrera, respectivamente, y al propio Acosta Gutiérrez.
Por lo menos, esa fue la lista original
que manos “misteriosas” filtraron a los medios de comunicación, pero sospechosamente
omitieron el nombre de uno de los “peces gordos” que, conforme a las actas del
Consejo de Administración de VIP-Saesa, SÍ figura con firma de puño y letra en
los contratos, a los que nos referiremos en su momento.
Aunque Ud. No lo crea, nos
referimos a un laureado profesional oriundo de Cozumel ¡Víctor Manuel Alcérreca
Sánchez!, un ingeniero químico, publicaría la prensa, cuyo afán por gobernar a
un Estado que apenas conoció de pequeño y donde desdeña a su clase política, a
la que consideraba menos preparada frente a su currículum, “le llevó a falsificar
documentos y adulterar su trámite de registro ante el IFE para preparar su
camino a la gubernatura”, esto en 2003.
Egresado del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Alcérreca Sánchez, a quien 14 años después de aquel desliz
durante el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz -cuando buscaba la diputación
federal-, hoy se le pretende postular vía PRI a la presidencia municipal de Othón
P. Blanco, es uno de los principales personajes mencionados en el tema de VIP-Saesa.
También candidato, en su momento, a
convertirse en Rector de la Universidad der Quintana Roo, y reconocido por el Colegio
de Profesionales de la entidad -miércoles 23 de febrero de 2011- “por su
destacada contribución al esfuerzo académico, tecnológico, administrativo y
político”, figura como accionista en Actas, cuando fungía como titular de
SINTRA ese año.
Ciertamente, el 5 de abril, en
asamblea general ordinaria, el consejo directivo que firmó las actas que
constituirían los ilícitos, que integró la Fiscalía General del Estado, lo formaban,
entre otros, el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera como representante suplente del
presidente del Consejo de administración, el gobernador Roberto Borge.
Por cierto, ante la orden de
aprehensión en su contra, hace unas semanas Barrón Barrera habría sido
despedido como director de la Administración Portuaria Integral en Mazatlán, Sinaloa,
sin que la Fiscalía de Quintana Roo, sospechosamente, hicieran algo por
solicitar su detención.
Otro de los implicados y cuyo
nombre se ha omitido en el tema VIP-Saesa, pese a figurar en las Actas, es el
de Javier “Javicho” Zetina González, entonces director general de la
Administración Portuaria Integral, cuya participación más cuestionada en el “Caso
Borge” fue su nombramiento como como titular de la Auditoria Superior del
Estado, y cuya renuncia habría sido “negociada”.
También aparece el tío del ex
gobernador Félix Gonzáles, el ex alcalde y ex diputado González Flores, entonces
titular de la Secretaría de gobierno, quien figuraba como secretario del
Consejo de Administración de la empresa, donde el ex candidato del PRI a la
gubernatura, Mauricio Góngora, entonces secretario estatal de Hacienda, era tesorero
del Consejo de Administración.
Los últimos nombres REALES son los
del entonces procurador Fiscal de Hacienda -actual magistrado del Tribunal
Superior de Justicia-, Juan García Escamilla, quien fungía como segundo vocal
del Consejo de Administración, mientras Herrera Castilla era Comisario, y el
único detenido por el tema, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fungía como director
general.
Por su parte, Alcérreca Sánchez,
tenía como encargo el de primer vocal del Consejo de Administración, mientras que,
irónicamente, quien NO figura en ese expediente es Gabriel Mendicuti, a quien Borge
nombrara secretario de Gobierno hasta el 5 de marzo de 2013, precisamente en
sustitución de Luis González, y nunca firmó nada relacionado con recursos con VIP-Saesa,
donde su función específica era convocar a sesiones, llevar minutos y elaborar
actas.
En este
sentido, todo apunta a que en el expediente relativo EXISTE un “desaparecido”,
al menos para la opinión pública, y se incluye a quien nada tiene que ver, por
lo que, así las cosas, ante la justicia y la ley, para la Fiscalía General, que
dice ser independiente del gobernador Carlos Joaquín González, uno de ellos sería
el amigo, y otro, el enemigo. Tan sencillo como eso: Víctor Alcérreca y Gabriel
Mendicuti, respectivamente.
Por si fuera
poco -¿nueva “negociación?-, en el expediente que armó la Fiscalía también “desaparece”
el nombre de Zetina González, quien SÍ figura en los libros de actas del
Consejo de Administración, aunque, eso sí, interprete Usted las cosas, no sólo
es primo hermano del ex gobernador Félix González, sino también del gobernador
Carlos Joaquín GONZÁLEZ.
¡Y volvemos a
recordar la relación del mandatario con Mendicuti Loría! Fue su heredero en la presidencia
municipal de Solidaridad (2005), y en dos ocasiones, su rival por la
candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo ¿Tendría por qué ser su amigo
ahora?
Otra pregunta
obligada es ¿Aplicará Carlos Joaquín la máxima de Juárez sobre la justicia?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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