Diputados,
¿“maiceados” en elecciones?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un hecho
insólito, indignante que, sin embargo, se convirtió en la gota que derramó el
vaso, la XV Legislatura del Congreso del Estado terminó por nombrar por
unanimidad a la Lic. Aida Leticia León Canto como nueva titular del Órgano
Interno de Control de la Fiscalía de Quintana Roo, con lo que se habría consumado
un evidente “control” de Poderes.
A la nueva,
aparente, muestra de que el Jefe del Ejecutivo, Carlos Joaquín González,
mantiene postrados a los Poderes Ejecutivo y Judicial, por primera ocasión los
quintanarroenses dijeron “esta boca es mía”, cuando la Asociación de
Profesionistas de Quintana Roo y organizaciones similares por fin externaron su
inconformidad.
Como se sabe, en un primer tema
sobre la unanimidad, por influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, el
Tribunal Superior de Justicia del Estado habría “elegido” el 8 de agosto a
quien fuera secretario particular del ex gobernador Félix González, el
magistrado José Antonio León Ruiz, quien sustituyó a Fidel Villanueva Rivero.
Al repetirse la escena de la
unanimidad, el 2 de septiembre último los legisladores aprobaron la imposición
del cuestionado Manuel Palacios Herrera como nuevo titular de la Auditoría
Superior del Estado, pese a que éste mismo reconoció haber estado enterado de
las anomalías en las que habían incurrido sus antecesores, Javier Félix Zetina
González y Emiliano Novelo Rivero.
Tal vez convencidos o “maiceados”
-¿a qué le apuesta Usted-, los diputados locales, incluyendo los de la supuesta
“oposición”, volvieron a repetir la unanimidad a mediados de este septiembre,
con la “elección” de la ex vice fiscal General de la Zona Norte, Rosaura
Antonina Villanueva Arzápalo, como primera Fiscal Anticorrupción de la entidad.
Como consecuencia, arrancó la
designación de los titulares de los órganos de control interno, en particular
en la Fiscalía General del Estado, con lo que iniciaría una lucha jurídica para
contrarrestar la sospechosa actuación legislativa, encabezada por el presidente
de la Gran Comisión de Diputados, el panista Eduardo Martínez Arcila.
En este sentido, los presidentes de
la Asociación de Profesionistas y del Colegio de Contadores, Joaquín Oliva
Alamilla y Luis Alain Matos Argüelles, así como otra de las aspirantes al referido
órgano interno de control, Cruz Virginia Vera Alcázar, expresaron su malestar
con la evidente imposición de Aida Leticia León por no reunir cinco años de
residencia en el Estado, tal y como lo establece la Constitución.
La terna final la integraban Aida
Leticia León, Matos Argüelles y Cruz Virginia Vera, aunque también se registraron
Moisés Iván Celis González, José Octavio Augusto Pérez y Priego, Moisés
Demetrio García Martínez, Lenin Amílcar Correa Chulim Hichel y Atilano
Gorostiola.
Finalmente, con 22 votos a su favor,
resultó “electa” de manera unánime la primera de ellos, por lo que fungirá en
el cargo por un lapso de cuatro años, a partir de anteayer y hasta septiembre
de 2021.
Contra lo que pudiera pensarse, el
reclamo ciudadano y malestar de los profesionistas no sería sólo por la falta
de capacidad y preparación de la nueva funcionaria, sino porque el propio
diputado Martínez Arcila reconoció que aquélla apenas cuenta con dos meses de
residencia en Quintana Roo.
En efecto, Aida Leticia León es
egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán como Licenciatura en Derecho, en
tanto cuenta con una Maestría en Derechos Empresarial por la Universidad Anáhuac-Mayab,
de aquella entidad
Perteneciente a la organización “Abogados
en RAR”, ubicada en la Privada Del Maestro, en Yucatán, la profesionista cuenta
aparentemente “con una larga trayectoria en la Auditoría Superior de Yucatán,
Juzgados de Distrito y Tribunales de Campeche, y desde el 2014 es miembro de la
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.
Sin embargo...nada sobre Quintana
Roo hasta hace dos meses, y ahora por obra “del Espíritu Santo”, pasa por
encima de la trayectoria y residencia de otros ocho profesionistas que, como
reclamara públicamente Oliva Alamilla, por lo menos cuentan con una residencia
más evidente o de cinco años, en su caso, con una envidiable quintanarroísmo.
No se trata de volver nuevamente al
controvertido y cuestionable tema del nativismo como patente de corso para
ocupar cargos públicos, dado que, en todo caso, ningún quintanarroense pidió
nacer en esta tierra -mientras que los residentes la elegimos para contribuir a
su desarrollo-, pero sí resulta un verdadero insulto pasar por encima de los
legítimos derechos de los demás.
Estamos ciertos de que, ante la
falta de algún profesional que pudiera desempeñar un cargo en Quintana Roo, es
perfectamente válido y justa la contratación de personas provenientes de otros
Estados, pero, caray, en igualdad de circunstancias y sin pasar por encima de
la ley, necesariamente se debería preferir a un quintanarroense. Claro, si se
presume tener moral.
Cuanto más no, entonces, se debería
elegir a un profesionista quintanarroense por encima de un perfecto
desconocido que tal vez sólo conozca Cancún, Cozumel o Playa del Carmen…, pero
en vacaciones.
Así las cosas, perfecta razón tiene
el representante del Comité de Defensa de Quintana Roo, José Alberto España
Novelo, en considerar que existen elementos para solicitar juicio político
contra los diputados, no sólo por violar la Constitución respecto a la
residencia para ocupar un cargo público, sino por su falta de MORAL, si es que
conocen esa palabra.
Hasta donde sabemos, el único caso
en el que nuestra Constitución exige haber nacido en Quintana Roo es para
aspirar a la gubernatura, y conste que, casualmente, Carlos Joaquín fue
cuestionado en su momento sobre el tema, ya que, recordamos, pese a haber sido
alcalde de Playa del Carmen, no pocos sugerían que nació en Yucatán, donde
estudió y pasó la mayor parte de su juventud.
Por otro lado, estamos de acuerdo
-¿acaso alguien no?-, en que se trató de una simulación de la XV legislatura,
sobre todo en el caso de los diputados plurinominales que, después de exhibir a
los postulantes, como relataría el periodista Rafael Briceño, mostraron que
todo estaba “planchado” y que ya tenían “línea”.
La pegunta necesaria es, por si alguien
tiene dudas, ¿”línea” de quién? ¿Acaso cree Usted que el panista Martínez
Arcila tendría tanto poder de “convocatoria” para convencer a más de una
veintena de homólogos a votar en el mismo sentido? Sería demasiado ingenuo
creerlo, o bien creer que fue obra de la “casualidad”.
¡Caramba” Hubieran pensado al menos
convencer a uno o dos diputados a votar en contra para “legitimar” la
propuesta, y no tratar de vernos la cara de pen…itentes con esa supuesta
unanimidad que seguramente los tendrá muertos de risa, al igual que cuando
optaron por hacerlo con Manuel Palacios Herrera y Rosaura Antonina Villanueva.
Aunque da coraje reconocerlo, por
lo menos los priístas -que también hoy se dejan “maicear”- sabían cuidar las
formas, y una prueba de ello es que cuando el ex gobernador Roberto Borge
registró su candidatura al Poder Ejecutivo tuvo como “opositor” al también
priísta Sergio de la Cruz Osorno, para, por lo menos, dar la impresión de que
existía democracia en el PRI.
Al final de cuentas, lo que está
provocando el Congreso es que los quintanarroenses se vuelquen sobre la XV
Legislatura o se pronuncien en términos similares a los de la anterior, cuando
la participación del Ejecutivo era más que evidente.
¿Hasta cuándo entenderán Carlos
Joaquín o sus colaboradores que no sólo ya basta de señales de corrupción, sino
que ya basta también de poblanos u otros arribistas similares que sólo vienen a
Quintana Roo a contribuir al desempleo?
¿Quién o quiénes son los
principales sospechosos de “importar” gente de otros Estados para suplir a los
nuestros?
¡Recuerden que ya estamos a cerca
de 10 meses del cobro de “facturas”!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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