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El Diablo, ¡tras Borge y CJG!


                                                 Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a la necesidad de una investigación a fondo para poner las cosas en su lugar, la reciente ejecución de Héctor Manuel Casique Fernández “El Diablo” pasó prácticamente inadvertida para la Fiscalía General de Quintana Roo y la PGR, que hasta hoy no dan signos de querer investigar y aclarar ese caso que tanto escandaliza ahora al gobierno de Carlos Joaquín González.
Tras la primera parte de este tema, la pregunta obligada, como tras cualquier asesinato, es quién tendría interés en que la víctima callara para siempre. La respuesta obligada es: Alguno de los 120 implicados a los que la madre del hoy occiso, Yaskade Fernández, denunció como responsables de la detención y permanente tortura de Héctor Manuel.
No olvidemos que entre los principales se incluyen el ex director de Seguridad Pública municipal de Cancún, “Capitán” Arturo Olivares Mendiola; los ex procuradores de Justicia, Gaspar Armando García Torres y Carlos Arturo Álvarez Escalera, y el propio ex director de la Policía Preventiva de OPB, Didier Vázquez Méndez, quien aspiró infructuosamente convertirse en Fiscal Anticorrupción.     
Con todo y que, como publicamos, el propio Tribunal Superior de Justicia ha ordenado proceder contra los 43 acusados iniciales, a los que la Justicia Federal negó Amparo, el titular de la Dirección Jurídica de la Fiscalía, Iceberg Nahum Patiño Arbea, se niega sistemáticamente a ejecutar las órdenes de aprehensión libradas contra aquéllos.
Del asesinato del 8 de junio ningún medio informativo ha dado puntual seguimiento -algunos sólo informaron sobre la ejecución-, pese a una serie de datos que poco han importado a la Fiscalía o PGR -ni siquiera se sabe si ésta atrajo la investigación.
Lo cierto es que Casique y otro sólo identificado como “Javier” fueron atacados a ráfagas de balazos a las 18:28 horas por un comando armado que bajó a un restaurante de un vehículo Swift de Suzuki. Casique huyó al baño, donde fue rematado, mientras su acompañante murió al instante, al parecer por balazos de AR-17 y AK-47 (“Cuerno de chivo”), de los que se recogieron 40 casquillos.
A la misma hora, la policía recibe informe de un “levantón” en la avenida Huayacán, donde la Federal se habría topado con una camioneta en la Supermanzana 312, pero al marcarle el alto recibió disparos, lo que originó una balacera y persecución. El secuestrado era JGB, de 31 años de edad, quien resultó herido en la cabeza. Fue atendido y trasladado a un hospital.
Poco después, en Residencial las Américas, entre Honduras y Ecuador, fueron detenidas seis personas relacionadas con estos hechos, pero sólo se supo que fueron liberadas por portar armas prohibidas.
Lo cierto es que tras la llamada del 911 a la Procuraduría sobre la ejecución ¡a las 18 30 llegaron los policías judiciales!, cuatro de ellos entre los 43 denunciados, uno de ellos Aarón Pérez Olguín. Hasta pareciera que solo esperaban que les confirmaran la muerte de Casique.
Mientras perseguía la Policía Federal a los 6 supuestos secuestradores, la madre del occiso llegó al lugar tras una llamada de su abogada Anita Cortés, quien le dijo que le había pasado algo a su hijo, que hacía dos horas que había salió de la casa. Corrió unos dos kilómetros de donde dejó su camioneta, ya que la policía no la dejaba pasar. La PGR se llevó su vehículo por “sospechoso”. La abogada vio a los secuestradores.
Entrevistada antes de viajar al extranjero, Yaskade Fernández dijo que la muerte de su hijo ocurrió el día 8, pero el 12 la Fiscalía habla del cierre del caso y el “carpetazo” por la muerte del “procesado”, pero ella se niega, sobre todo porque no era procesado tras demostrarse su inocencia.
Tras señalar que quien lleva la carpeta de investigación es uno de los 43 implicados -Pedro Ulises Rivero Gordillo-, cuestionó que, pese a que el asesinato fue en el restaurante, los autores balearon el vehículo del occiso, en un aparente intento de cambiar la escena del crimen, y dos horas después lo meten al corralón, tras desvalijarlo, hasta del estéreo y dos maletas vacías. Se llevaron todas las pertenencias y rompieron todos los cristales.
Aclaró que se presentó ante los medios de información el mismo día porque no le querían entregar el cadáver de su hijo, lo que sólo fue posible por presiones de la prensa, supuestamente porque lo analizarían y podía servir en la sentencia. Hasta 24 horas después le permitieron reconocer el cadáver, mientras que el carro no pasó ni por balística, pues sólo querrán cambiar toda la escena, y dos horas después ya tenía los casquillos.
La afligida madre tomó 12 mil pesos antes de acudir al lugar de los hechos para la eventual necesidad de un hospital, ya que creyó que su hijo pudo sufrir un accidente -se los robaron junto con un celular-, aunque entre quienes llegaron inmediatamente por su camioneta -por “sospechosa” junto con su hija por llegar corriendo-, estaba Pablo Huerta Soto, otro de los 43 implicados.
El vehículo estaba bien estacionado, no tenían por qué llevárselo, pero se abrió otra carpeta de investigación por si el carro, junto con el de su hijo, era robado. De ahí sustrajeron la bolsa con el dinero y el teléfono
Al acudir a la Vicefiscalía General con su hija a reclamar la camioneta, la titular de la dependencia, Rosaura Villanueva Arzápalo, a quien apenas ayer se nombró Fiscal Anticorrupción -ya hablaremos del tema- estaba “haciendo tiempo”, no se sabe si para que las mataran, pero no le entregaba el vehículo, y cuando su hija fue a reclamar las pertenencias de Casique la dejó mucho tiempo sola con los policías e hizo dar muchas vueltas.
Al día siguiente del crimen, donde sustrajeron la tarjeta de débito de Casique Fernández, se hicieron 20 movimientos bancarios con el documento, el carro de aquél lo abrieron a balazos y rafaguearon por dentro pese a que no había nadie en su interior. Al infortunado hombre le destrozaron el cráneo a balazos, y sabrá Dios qué más le querían hacer con saña, pero no pudieron por la llegada de los federales.
El otro asesinado era un amigo, de Tabasco, un muchacho humilde que a veces servía de chofer, pero también lo embarraron, mientras los federales hacían su rondín. A lo mejor querían ponerle un arma a Casique Fernández para decir que estaba armado, pero no les dio tiempo.
Lo cierto es que en el informe del Ministerio Público volvieron a  poner el nombre de “La Sirenita”, en tanto Aarón Pérez Olguín, otro de los 43 implicados, fue quien puso el carro en la grúa. Irónicamente ¡Parecía que estaban investigando a Casique Fernández en lugar de investigar su muerte! ¡Vaya Fiscalía que encabeza Miguel Ángel Pech!
Ya que mencionamos a Olivares Mendiola y “La Sirenita”, vale la pena recordar el origen de los hechos sobre esa familia que, dicho sea de paso, ya no vivía 100% en el Estado porque era víctima de persecución y amenazas de secuestro, el niño, sobre todo, aunque muchas veces su hija, quien no pudo ni seguir su carrera preparatoria, excepto en línea, mientras que a ella le han roto la boca por la judicial, y lastimado y tirado a su abogada.
La historia de Casique, a quien apodaban “El diablo”, inició el 17 de marzo de 2013, cuando lo presentaron como capo del Cártel del Golfo y uno de los responsables de la masacre de siete personas en el bar “La Sirenita” de Cancún, entre ellas el subsecretario de conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro, sobrino de la ex alcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Casique, cuya madre ha sido su principal “sostén”, era experto en artes marciales, con una escuela en Isla Mujeres, además de impartir cursos y ofrecer servicios de guardaespaldas. Fue escolta del ex alcalde de Cancún, Jaime Hernández Zaragoza, y apoyó al Estado Mayor Presidencial y Federal con el resguardo de diplomáticos y extranjeros.
Así, entrenó judiciales del Estado y se relacionó con diversos mandos, incluso el entonces subprocurador de Justicia, Juan Ignacio Hernández Mora, aunque su vida tuvo un giro de 180 grados con Olivares Mendiola, ex colaborador de inteligencia militar, entonces director de la Judicial que le ofreció en venta una plaza por 150 mil pesos con facilidades.
         Entregó  la mitad, el resto sería en dos meses, aunque reunió todo con préstamos familiares, pero pasaron semanas y no lo llamaba, por lo que exigió plaza o dinero, a lo que Olivares se negó, por lo que Casique dijo que lo acusaría con García Torres. Desde entonces no supo más de él.
         El 16 de marzo de 2013 invitó a su novia a la discoteca “Mandala” de la zona hotelera, donde tuvo una riña que obligó a seguridad privada a llamar a la Policía Turística, que lo consignó al Ministerio Público por “ultrajes a la autoridad”. En los separos de la Judicial volvió a ver a Olivares Mendiola.
Horas después ¡ya era uno de los “culpables” del multi homicidio de La Sirenita! Antes, Olivares lo sometió a severa golpiza y patadas en la cabeza para obligarlo a aceptar ser líder de Los Zetas de Cancún y haber participado en los hechos. Salió libre del penal de Chetumal, pero fue recapturado el mismo día por el mismo delito, y enviado a Cancún.
Su madre y hermana sostenían que era víctima del entonces director de la Judicial -nombrado por el alcalde Paul Carrillo secretario municipal de Seguridad Pública el 6 de febrero de 2014- por lo que advertían que peligraba su vida en Cancún, donde sufrió atentados en su primera etapa de encierro.
         Su abogada denunció que lo reaprehendieron en base a los mismos hechos, por lo que un juez federal le revocó la formal prisión y ordenó su libertad por haber sido inculpado con su propia confesión, obtenida a partir de torturas, y en mayo de ese año denunció tortura (Expediente 42/2013), pero nunca “caminó”, pese a que ya le habían puesto precio a su “cabeza”.
Paul Carrillo siempre fue  acusado de solapar a Olivares Mendiola, y de colocar en un puesto de alta jerarquía a su propio tío, Leonel Federico Carrillo Castilla, coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de Carga, donde ordenó extorsionar conductores y entregar mayor porcentaje del dinero.
Olivares Mendiola fue tema nacional tras ofrecer una fiesta a familiares y amigos con personal y armamento del Ayuntamiento, pues proporcionó armas oficiales y de alto poder a un menor de edad, a parientes y amigos para disparar como actividad recreativa.
         Ex titular de Averiguaciones Previas y Subprocurador de Justicia con García Torres desde mayo del 2013, Álvarez Escalera siempre estuvo enterado del tema Casique, pero nunca acató instrucción superior alguna, ni tan siquiera cuando se agudizó el problema del narcotráfico en Quintana Roo, que, se asegura, propició su ascenso a Procurador.
En septiembre de 2015, a una semana de su nombramiento, incurrió en desacato al Tribunal Superior de Justicia en una sentencia en favor de Casique, considerado víctima de tortura por organizaciones internacionales, ante la aparente incapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal ordenó ejercer acción penal contra Olivares -entonces subsecretario de Coordinación de las Policías Municipales- por el delito de tortura, en resolutivo que incluía a otros 35 funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría, ministerios públicos, secretarios y policías judiciales.
La resolución surgió a partir de un recurso de queja ante la negativa del MP, Julio César Bonilla, así como del entonces procurador García Torres, en el sentido de dar cauce a la denuncia de Casique Fernández por tortura.
El resto de la historia era de permanente acoso, amenazas y demás “linduras” contra la familia de Casique, quien no podía abandonar el país porque Pech Cen apeló su absolución y se negó a levantarla.
Nos disculpará Usted por el espacio, pero es de esperarse que Carlos Joaquín conozca ahora esta historia para evitar que le cuenten cuentos, ya que, como es lógico, nadie sería capaz de investigar un caso del que está siendo investigado, o se convertiría en juez y parte, como ocurre en Quintana Roo.
PD: El director general de la Comisión de Agua Potable, Gerardo Mora Vallejo, y su gerente en Othón P. Blanco,  Luis Miguel Aguilar Amar, siguen con mostrando su incapacidad en resolver el problema de la falta de presión del líquido en esta ciudad, capital el Estado más turístico del país, ¡pero siguen abriendo nuevos módulos de COBRO y “atención”!
¿Tampoco querrá o podrá intervenir de una vez por todas el recién “cumpleañero” de Informe Carlos Joaquín?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.

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