El
Diablo, ¡tras Borge y CJG!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Pese a la necesidad de una
investigación a fondo para poner las cosas en su lugar, la reciente ejecución
de Héctor Manuel Casique Fernández “El Diablo” pasó prácticamente inadvertida
para la Fiscalía General de Quintana Roo y la PGR, que hasta hoy no dan signos
de querer investigar y aclarar ese caso que tanto escandaliza ahora al gobierno
de Carlos Joaquín González.
Tras la primera parte de este tema,
la pregunta obligada, como tras cualquier asesinato, es quién tendría interés
en que la víctima callara para siempre. La respuesta obligada es: Alguno de los
120 implicados a los que la madre del hoy occiso, Yaskade Fernández, denunció
como responsables de la detención y permanente tortura de Héctor Manuel.
No olvidemos que entre los
principales se incluyen el ex director de Seguridad Pública municipal de
Cancún, “Capitán” Arturo Olivares Mendiola; los ex
procuradores de Justicia, Gaspar Armando García Torres y Carlos Arturo Álvarez Escalera,
y el propio ex director de la Policía Preventiva de OPB, Didier Vázquez Méndez,
quien aspiró infructuosamente convertirse en Fiscal Anticorrupción.
Con todo y que, como publicamos, el
propio Tribunal Superior de Justicia ha ordenado proceder contra los 43
acusados iniciales, a los que la Justicia Federal negó Amparo, el titular de la
Dirección Jurídica de la Fiscalía, Iceberg Nahum Patiño Arbea, se niega
sistemáticamente a ejecutar las órdenes de aprehensión libradas contra
aquéllos.
Del asesinato del 8 de junio ningún
medio informativo ha dado puntual seguimiento -algunos sólo informaron sobre la
ejecución-, pese a una serie de datos que poco han importado a la Fiscalía o
PGR -ni siquiera se sabe si ésta atrajo la investigación.
Lo cierto es que Casique y otro
sólo identificado como “Javier” fueron atacados a ráfagas de balazos a las 18:28 horas por un comando armado
que bajó a un restaurante de un vehículo Swift de Suzuki. Casique huyó al baño,
donde fue rematado, mientras su acompañante murió al instante, al parecer por
balazos de AR-17 y AK-47 (“Cuerno de chivo”), de los que se recogieron 40
casquillos.
A la misma hora, la policía recibe informe
de un “levantón” en la avenida Huayacán, donde la Federal se habría topado con una
camioneta en la Supermanzana 312, pero al marcarle el alto recibió disparos, lo
que originó una balacera y persecución. El secuestrado era JGB, de 31 años de
edad, quien resultó herido en la cabeza. Fue atendido y trasladado a un hospital.
Poco después, en Residencial las
Américas, entre Honduras y Ecuador, fueron detenidas seis personas relacionadas
con estos hechos, pero sólo se supo que fueron liberadas por portar armas
prohibidas.
Lo cierto es que tras la llamada del
911 a la Procuraduría sobre la ejecución ¡a
las 18 30 llegaron los policías judiciales!, cuatro de ellos entre los 43 denunciados,
uno de ellos Aarón Pérez Olguín. Hasta pareciera que solo esperaban que les
confirmaran la muerte de Casique.
Mientras perseguía la Policía Federal
a los 6 supuestos secuestradores, la madre del occiso llegó al lugar tras una
llamada de su abogada Anita Cortés, quien le dijo que le había pasado algo a su
hijo, que hacía dos horas que había salió de la casa. Corrió unos dos
kilómetros de donde dejó su camioneta, ya que la policía no la dejaba pasar. La
PGR se llevó su vehículo por “sospechoso”. La abogada vio a los secuestradores.
Entrevistada antes de viajar al
extranjero, Yaskade Fernández dijo que la muerte de su hijo ocurrió el día 8,
pero el 12 la Fiscalía habla del cierre del caso y el “carpetazo” por la muerte
del “procesado”, pero ella se niega, sobre todo porque no era procesado tras
demostrarse su inocencia.
Tras señalar que quien lleva la
carpeta de investigación es uno de los 43 implicados -Pedro Ulises Rivero
Gordillo-, cuestionó que, pese a que el asesinato fue en el restaurante, los autores
balearon el vehículo del occiso, en un aparente intento de cambiar la escena
del crimen, y dos horas después lo meten al corralón, tras desvalijarlo, hasta
del estéreo y dos maletas vacías. Se llevaron todas las pertenencias y rompieron
todos los cristales.
Aclaró que se presentó ante los
medios de información el mismo día porque no le querían entregar el cadáver de
su hijo, lo que sólo fue posible por presiones de la prensa, supuestamente porque
lo analizarían y podía servir en la sentencia. Hasta 24 horas después le
permitieron reconocer el cadáver, mientras que el carro no pasó ni por
balística, pues sólo querrán cambiar toda la escena, y dos horas después ya
tenía los casquillos.
La afligida madre tomó 12 mil pesos
antes de acudir al lugar de los hechos para la eventual necesidad de un
hospital, ya que creyó que su hijo pudo sufrir un accidente -se los robaron
junto con un celular-, aunque entre quienes llegaron inmediatamente por su
camioneta -por “sospechosa” junto con su hija por llegar corriendo-, estaba Pablo
Huerta Soto, otro de los 43 implicados.
El vehículo estaba bien estacionado,
no tenían por qué llevárselo, pero se abrió otra carpeta de investigación por
si el carro, junto con el de su hijo, era robado. De ahí sustrajeron la bolsa con
el dinero y el teléfono
Al acudir a la Vicefiscalía General
con su hija a reclamar la camioneta, la titular de la dependencia, Rosaura
Villanueva Arzápalo, a quien apenas ayer se nombró Fiscal Anticorrupción -ya
hablaremos del tema- estaba “haciendo tiempo”, no se sabe si para que las
mataran, pero no le entregaba el vehículo, y cuando su hija fue a reclamar las
pertenencias de Casique la dejó mucho tiempo sola con los policías e hizo dar
muchas vueltas.
Al día siguiente del crimen, donde
sustrajeron la tarjeta de débito de Casique Fernández, se hicieron 20
movimientos bancarios con el documento, el carro de aquél lo abrieron a balazos
y rafaguearon por dentro pese a que no había nadie en su interior. Al infortunado
hombre le destrozaron el cráneo a balazos, y sabrá Dios qué más le querían
hacer con saña, pero no pudieron por la llegada de los federales.
El otro asesinado era un amigo, de
Tabasco, un muchacho humilde que a veces servía de chofer, pero también lo embarraron,
mientras los federales hacían su rondín. A lo mejor querían ponerle un arma a
Casique Fernández para decir que estaba armado, pero no les dio tiempo.
Lo cierto es que en el informe del
Ministerio Público volvieron a poner el
nombre de “La Sirenita”, en tanto Aarón Pérez Olguín, otro de los 43
implicados, fue quien puso el carro en la grúa. Irónicamente ¡Parecía que
estaban investigando a Casique Fernández en lugar de investigar su muerte!
¡Vaya Fiscalía que encabeza Miguel Ángel Pech!
Ya que mencionamos a Olivares
Mendiola y “La Sirenita”, vale la pena recordar el origen de los hechos sobre
esa familia que, dicho sea de paso, ya no vivía 100% en el Estado porque era
víctima de persecución y amenazas de secuestro, el niño, sobre todo, aunque muchas
veces su hija, quien no pudo ni seguir su carrera preparatoria, excepto en
línea, mientras que a ella le han roto la boca por la judicial, y lastimado y tirado
a su abogada.
La historia
de Casique, a quien apodaban “El diablo”, inició el 17 de marzo de 2013, cuando
lo presentaron como capo del Cártel del Golfo y uno de los responsables de la
masacre de siete personas en el bar “La Sirenita” de Cancún, entre ellas el subsecretario
de conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach
Castro, sobrino de la ex alcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Casique,
cuya madre ha sido su principal “sostén”, era
experto en artes marciales, con una escuela en Isla Mujeres, además de impartir
cursos y ofrecer servicios de guardaespaldas. Fue escolta del ex alcalde de
Cancún, Jaime Hernández Zaragoza, y apoyó al Estado Mayor Presidencial y
Federal con el resguardo de diplomáticos y extranjeros.
Así,
entrenó judiciales del Estado y se relacionó con
diversos mandos, incluso el entonces subprocurador de Justicia, Juan
Ignacio Hernández Mora, aunque su vida tuvo un giro de 180 grados con Olivares
Mendiola, ex colaborador de inteligencia militar, entonces director de la
Judicial que le ofreció en venta una plaza por 150 mil pesos con facilidades.
Entregó la mitad, el resto sería en
dos meses, aunque reunió todo con préstamos familiares, pero pasaron semanas y
no lo llamaba, por lo que exigió plaza o dinero, a lo que Olivares se negó, por
lo que Casique dijo que lo acusaría con García Torres. Desde entonces no supo más
de él.
El
16 de marzo de 2013 invitó a su novia a la discoteca “Mandala” de la zona
hotelera, donde tuvo una riña que obligó a seguridad privada a llamar a la
Policía Turística, que lo consignó al Ministerio Público por “ultrajes a la
autoridad”. En los separos de la Judicial volvió a ver a Olivares Mendiola.
Horas después
¡ya era uno de los “culpables” del multi homicidio de La Sirenita! Antes,
Olivares lo sometió a severa golpiza y patadas en la cabeza para obligarlo a aceptar ser líder de
Los Zetas de Cancún y haber participado en los hechos. Salió
libre del penal de Chetumal, pero fue recapturado el mismo día por el mismo
delito, y enviado a Cancún.
Su
madre y hermana sostenían que era víctima del entonces director de la Judicial -nombrado
por el alcalde Paul Carrillo secretario municipal de Seguridad Pública el 6 de
febrero de 2014- por lo que advertían que peligraba su vida en Cancún, donde
sufrió atentados en su primera etapa de encierro.
Su
abogada denunció que lo reaprehendieron en base a los mismos hechos, por lo que
un juez federal le revocó la formal prisión y ordenó su libertad por haber sido
inculpado con su propia confesión, obtenida a partir de torturas, y en mayo de
ese año denunció tortura (Expediente 42/2013), pero nunca “caminó”, pese a que
ya le habían puesto precio a su “cabeza”.
Paul Carrillo siempre fue acusado de solapar a Olivares Mendiola, y de
colocar en un puesto de alta jerarquía a su propio tío, Leonel Federico
Carrillo Castilla, coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de
Carga, donde ordenó extorsionar conductores y entregar mayor porcentaje del
dinero.
Olivares Mendiola fue tema nacional
tras ofrecer una fiesta a familiares y amigos con personal y armamento del
Ayuntamiento, pues proporcionó armas oficiales y de alto poder a un menor de
edad, a parientes y amigos para disparar como actividad recreativa.
Ex titular de
Averiguaciones Previas y Subprocurador de Justicia con García Torres desde mayo
del 2013, Álvarez Escalera siempre estuvo enterado del tema Casique, pero nunca
acató instrucción superior alguna, ni tan siquiera cuando se agudizó el
problema del narcotráfico en Quintana Roo, que, se asegura, propició su ascenso
a Procurador.
En septiembre de 2015, a una semana
de su nombramiento, incurrió en desacato al Tribunal Superior de Justicia en
una sentencia en favor de Casique, considerado víctima de tortura por organizaciones
internacionales, ante la aparente incapacidad de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
La Sala Constitucional y
Administrativa del Tribunal ordenó ejercer acción penal contra Olivares -entonces
subsecretario de Coordinación de las Policías Municipales- por el delito de
tortura, en resolutivo que incluía a otros 35 funcionarios y ex funcionarios de
la Procuraduría, ministerios públicos, secretarios y policías judiciales.
La resolución surgió a partir de un
recurso de queja ante la negativa del MP, Julio César Bonilla, así como del
entonces procurador García Torres, en el sentido de dar cauce a la denuncia de
Casique Fernández por tortura.
El resto de la historia era de
permanente acoso, amenazas y demás “linduras” contra la familia de Casique, quien
no podía abandonar el país porque Pech Cen apeló su absolución y se negó a
levantarla.
Nos
disculpará Usted por el espacio, pero es de esperarse que Carlos Joaquín
conozca ahora esta historia para evitar que le cuenten cuentos, ya que, como es
lógico, nadie sería capaz de investigar un caso del que está siendo
investigado, o se convertiría en juez y parte, como ocurre en Quintana Roo.
PD: El director general de la
Comisión de Agua Potable, Gerardo Mora Vallejo, y su gerente en Othón P.
Blanco, Luis Miguel Aguilar Amar, siguen
con mostrando su incapacidad en resolver el problema de la falta de presión del
líquido en esta ciudad, capital el Estado más turístico del país, ¡pero siguen
abriendo nuevos módulos de COBRO y “atención”!
¿Tampoco querrá o podrá intervenir
de una vez por todas el recién “cumpleañero” de Informe Carlos Joaquín?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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