Gobierno de CJG, ¡cargado de sospechas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
“La sospecha, como el murciélago, no vuela más que en la oscuridad.”: Francis Bacon
Cierto, apenas el mes anterior el
columnista Sergio Sarmiento empleó la misma cita que su servidor en su
excelente columna “Justicia sin luz”, donde, acertadamente, sin embargo, se
refirió al nuevo sistema penal acusatorio de México y sus contras en materia de
principio de publicidad, al que, en su momento, necesariamente habremos de
referirnos en este espacio.
A unas horas
de que el gobernador Carlos Joaquín rinda su I Informe a los quintanarroenses,
en efecto, viene más al caso referirnos a uno de los términos más recurrentes
de esa administración aliancista que tanto ilusionó a la población después de
más de cuatro décadas de lastimoso dominio del PRI en Quintana Roo.
En materia,
dicho término es precisamente el de sospecha que, definida como creencia o
suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir de conjeturas
fundadas en ciertos indicios o señales, sugiere que aquélla “está convencido de
que una investigación confirmará su sospecha”, aunque el (los) interesado (s)
aduzca (n) que la acusación sólo se basa en sospechas infundadas”.
Lo cierto es
que, a raíz de los últimos acontecimientos, el Oficial Mayor de Carlos Joaquín,
Manuel Alamilla Ceballos, se convirtió en el principal exponente de sospechas
en el gobierno de Quintana Roo, tras la cuestionada adquisición de uniformes
escolares que, por más de 104 millones de pesos, benefició a una empresa
sospechosamente poblana.
Que si ofreció
la mejor oferta, que si fue legal la supuesta licitación pública o que las
empresas locales carecían de capacidad para la maquila de esos que resultaron
insuficientes uniformes que más parecen objetos para la publicidad oficial, es
otro cantar. El caso es que de más de 30 entidades de todo el país tuvo que
resultar beneficiado precisamente Puebla, a cuyo ex gobernador se liga la
campaña de Carlos Joaquín.
Y las cosas
no paran ahí, ya que, sumada a otras sospechas a las que haremos referencia más
adelante, ahora resulta que el titular de la Secretaría de Infraestructura y
Transporte (Sintra), el empresario Jorge Portilla Manica, también ha abonado
para que se siga cuestionando el gobierno de Carlos Joaquín sobre el tema.
Beneficiado
por la madre fortuna desde antes de formar parte del gabinete, el funcionario,
quien en las pasadas elecciones aspiró a gobernar el municipio de Tulum de
manera infructuosa, también aspira a seguir haciendo negocios particulares -ojo,
Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del
Estado.
En efecto,
Portilla Manica habría contratado la construcción de 15 cabañas de madera fina
para su racho de Tankah, en el municipio de Tulum, donde las pondría en renta.
Desde luego que es variable el precio de fabricación de cada cabaña, aunque el costo
promedio sería de 150 mil pesos, nos dicen.
Curiosa -o
sospechosamente- el carpintero que se haría cargo de los trabajos es un
conocido chetumaleño –menos mal que no poblano- es padre de un alto ex
funcionario priísta de la administración anterior, priísta, por cierto, del
mismo partido al que renunció Portilla Manica después que se negara a hacerlo
candidato en Tulum, y obligara a postularse por la alianza PAN-PRD.
Las sospechas
del nuevo gobierno del cambio también surgieron a gritos el 8 de agosto último,
luego de que, tras una “reñida” votación, el magistrado José Antonio León Ruiz resultó
electo por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para lo cual recibió los 12 votos de sus homólogos en ese órgano
colegiado.
Pese a
tratarse de un Poder distinto al Ejecutivo, es decir el Judicial, para ese
efecto, se habló de reuniones con altos colaboradores de Carlos Joaquín, de alianzas
y negociaciones de todo tipo, y aunque el propio León Ruiz salió al paso para
desmentir acuerdo alguno, para todo mundo resultó sospechoso que de la anoche a
la mañana TODOS se pusieran de acuerdo.
Lo sospecha
más reciente, ahora en el Poder Legislativo, estuvo a cargo de la XV
Legislatura, donde las huestes del diputado Eduardo Martínez Arcila también
pasaron por encima de las legítimas aspiraciones de una docena de aspirantes
para decidir por unanimidad que Manuel Palacios Herrera era el más “idóneo”
para ocupar titularidad de la cuestionada Auditoría Superior de Quintana Roo.
¡Caramba!,
con el “respeto” que me merecen, esa fue la peor burrada de nuestros
representantes “populares”, ya que el nuevo funcionario había admitido
públicamente –ante ellos mismos- que estuvo enterado de toda la serie de
anomalías en el manejo de las cuentas públicas, a cargo de sus entonces jefes Javier
Zetina González -primo “incómodo” de Carlos Joaquín y del ex gobernador Félix
González- y Emiliano Novelo Rivero.
¿Cuál fue el
costo político y económico, desde luego, de esa negoción Poder
Ejecutivo-Legislativo? ¿Existió realmente? ¿También fue casualidad que, como en
el caso del Poder Judicial, TODOS los votantes se pusieran de acuerdo de última
hora? Sólo Dios y ellos lo saben, pero todos sospechan de algo “raro”, casi
increíble.
Y conste que
los anteriores no son los únicos casos de sospechas en lo que va del primer año
de Carlos Joaquín, de ese gobierno del “cambio” que se sigue esperando, aunque
ahora tan siquiera con el cambio, pero de colaboradores que han mostrado
manifiesta incapacidad para apoyar a quien confió en ellos, o bien los aceptó
para el pago de sus “facturas” de campaña.
Lamentablemente
para Quintana Roo la más onerosa de éstas tiene nombre y apellidos, aunque los
quintanarroenses también se encargarán de él en 2018: El poblano Rafael Moreno
Valle, desde luego si los panistas terminan por postularle candidato para la
Presidencia de la República.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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