¡Deudas pendientes de AMLO en Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Casi termina el sexenio del presidente López Obrador y, entre otros, dos grandes pendientes, promesas ambas, le quedan para con Quintana Roo, ambas, también, solicitadas, casi exigidas por la ciudadanía que, con fundadas dudas, favoreció con su voto a su partido, Morena, y su candidata, Claudia Sheinbaum.

         Lo más probable es que Usted coincida con nosotros: Se trata de los casos de Calizas Industriales del Carmen (Calica) -ahora llamada Sac Tun- y el del ex gobernador del Estado, Mario Villanueva Madrid, a quien se negó la amnistía y seguirá gozando de la prisión domiciliaria, pero sigue esperando su último recurso, ofrecido por el propio AMLO: El indulto presidencial.

         En el primer caso, aunque el segundo sea el de mayor demanda, fuere culpable o no- después de más de 25 años de castigo, se advierte una seria crisis internacional para López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, ya que, según el portal de El Financiero, del 21 de mayo, el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, advirtió que, si el gobierno de México avanza en la expropiación de esos terrenos, de la empresa gringa Vulcan Materiales, estaría enviando un mensaje negativo para los inversionistas.

Según el funcionario, “Hemos planteado el punto de manera genérica al Gobierno de México, incluido al presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones” respondió Blinken, cuestionado por senadores de EE.UU.

Ante la posibilidad de que López Obrador ordene declarar Área Natural Protegida la cantera de Calica, senadores de ese país pidieron a Blinken una postura más enérgica para evitar que la empresa se vea afectada.

“Tenemos una empresa, Vulcan Materials, con sede en EU, con presencia en Virginia, Tennessee y otros Estados. Poseen un puerto y tierra en México. López Obrador ha intentado apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”, dijo el senador demócrata Tim Kaine.

Los reclamos de Blinken y Kaine, se suman a las exigencias de los senadores republicanos Tommy Tuberville, Katie Boyd Britt y Bill Hagerty, quienes enviaron una carta a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, para solucionar el conflicto que desde hace tres años mantiene a Vulcan Materials sin operar en México.

-Si los terrenos y Vulcan son confiscados, nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad, señalaron.

Como se sabe, desde 2022, López Obrador ha señalado que los terrenos de Sac-Tun podrían ser expropiados para construir un parque recreativo, mientras que la terminal marítima de Puerto Venado podría ser utilizada como una terminal para privados de cruceros y ferrys.

Así, desde noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que las 2 mil 400 hectáreas de Vulcan Materials están en proceso de ser declaradas Área Natural Protegida, arrebatando así los terrenos a la empresa dirigida por Thomas Hill.

Para terminar de enlodar el tema, la Semarnat recién divulgó un video en el que señala que la familia del ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell se benefició con la venta de los terrenos de Calica.

Según Pedro Joaquín, la orden de vender mil 200 hectáreas en las costas de la Riviera Maya fue del ex presidente Miguel de la Madrid, a quien informó oportunamente sobre su vínculo con los propietarios. Agrega que el fallecido mandatario descartó conflicto de intereses e insistió en la venta por su deseo de que Vulcan Materials construyera un puerto para mejorar la conectividad con Cozumel.

La entrega de esa franja a Vulcan condensa las casi cuatro décadas de expolio neoliberal en México. Como punto de partida, es inexplicable que la administración delamadridista haya puesto como condición para autorizar el control portuario que adquiriese los terrenos en los que extraería materiales pétreos, pues la Constitución prohíbe el dominio directo sobre tierras y aguas por parte de extranjeros en una faja de 50 kilómetros desde las playas.

Los permisos de De la Madrid, quien “inauguró” el modelo neoliberal en México, consideraban algunas salvaguardas de la soberanía y los intereses nacionales: El Estado en cualquier momento podrá declarar sin efectos la concesión cuando lo exija el interés público y fijar una vigencia de 20 años a la licencia, al término de la cual obras e instalaciones pasarán al dominio de la nación, libres de gravámenes y limitaciones.

Estos límites a la voracidad corporativa los eliminó Salinas de Gortari, quien privó al país del uso de ese puerto que por ley pasaría a pertenecerle, prorrogó la concesión por 30 años (que vencen este 2024) y borró la posibilidad de que el interés público se sobreponga al lucro privado.

Las decisiones de estos priístas convirtieron esa extensión de selva de enorme valor turístico, ecológico y estratégico en un agujero de donde se extraen minerales ni siquiera aprovechados en México, sino enviados directamente a EE.UU., además de causar daños ambientales y culturales por la destrucción de una zona arqueológica.

Vulcan saboteó el desarrollo nacional al impedir que el embarcadero sirva para la importación del balastro empleado en la construcción del Tren Maya, lo que provocó sobrecostos a la hacienda pública.

Si no fuera suficiente, el entreguismo neoliberal también abrió la puerta a la injerencia de Washington, donde los legisladores presionan a la Casa Blanca a imponer sanciones comerciales a México por su intento de frenar el ecocidio y despojo de Vulcan Materials.

Actualmente está en curso un arbitraje bajo las normas del T-MEC que, de resultar adverso, obligará a pagar 500 millones de dólares de indemnización a una empresa que, bajo cualquier reglamento apegado a justicia, debería resarcir a México por tantos años de extraer riquezas a cambio de contraprestaciones absurdas y con nula responsabilidad ambiental.

Más allá del desenlace, el caso Calica ilustra cómo las políticas neoliberales lesionan al país décadas después de haber sido aplicadas y por qué sería catastrófica una regresión a este modelo de enriquecimiento privado con bienes públicos.

         Según La Jornada del 28 de mayo, los terrenos de Vulcan, donde por décadas extrajo piedra caliza y permanece clausurada, pertenecieron a familiares de Pedro Joaquín, que compraron a precio mínimo y vendieron con gran ganancia, según video divulgado en redes sociales por la Semarnat.

Los familiares del ex mandatario, medio hermano de otro ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, compraron en los 80s entre 8 y mil 346 pesos la hectárea, que vendieron hasta en medio millón de pesos cada una, según el informe.

Además, Joaquín Coldwell permitió el aprovechamiento sin permisos de cambio de uso de suelo forestal, y el 6 de agosto de 1986 los gobiernos federal y de Quintana Roo firmaron un convenio para autorizar la explotación sobre y bajo el nivel freático en Punta Venado y La Rosita.

Los familiares de Joaquín Coldwell vendieron los predios a la empresa Rancho Piedra Caliza, adquirida por Vulcan Materials, también propietaria de los predios La Adelita, La Rosita y Corchalito. En los 80s, La Adelita fue adquirido por mil 346 pesos hectárea y nueve años después se vendió en 18 mil 483 pesos unidad.

La Rosita lo compraron en mil 250 pesos hectárea y cuatro meses después se vendió en medio millón de pesos. El Corchalito fue comprado en menos de 8 pesos hectárea y dos años después lo vendieron en 18 mil pesos.

La Semarnat dice que la explotación de roca caliza se prolongó por más de tres décadas para exportar a Estados Unidos, lo que se considera el desastre ambiental más grande de la península de Yucatán, pues, además de los permisos de los 80s, en 2000, al final del sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Medio Ambiente dio un permiso de aprovechamiento en El Corchalito y La Adelita por 20 años, que vencieron en 2020.

Agrega que esa zona afectó manglares, selvas, fauna y se destruyeron 42 millones m3 de suelo kárstico, que requiere millones de años en formarse, equivalentes a mil 835 pirámides Kukulcán de Chichén Itzá.

Concluye que, además, quedaron devastados al menos tres cenotes, el uso de explosivos contaminó el agua y se retuvieron más de 40 millones m3 de agua subterránea, 20 veces más el volumen autorizado a la empresa, entre otras irregularidades.

Ahora bien, respecto a Mario Villanueva, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal negó el beneficio de la amnistía al ex gobernador, que busca cancelar la condena de 28 años de cárcel por lavado de dinero, asociación delictuosa y daños contra la salud.

Por unanimidad, los magistrados confirmaron la resolución de Diana Monserrat Patrida Arámburo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, quien calificó “no viable la concesión del beneficio de amnistía” solicitado por el ex gobernador de Quintana Roo.

Sin embargo, desde octubre de 2023 Manuel López Obrador reveló que su gobierno está pugnando para darle amnistía a Mario Villanueva, quien desde 2008 fue condenado a 36 años de prisión por el delito de narcotráfico.

Al expresar en su mañanera desde Quintana que “se promovió una amnistía para Mario Villanueva”, el presidente justificó que se busca liberarlo porque el ex gobernador “está enfermo y parece que hay interés en que no se libere porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces, porque es un procedimiento que se tiene que aplicar, se solicita al juez por parte del Ejecutivo la amnistía y en este caso negaron la amnistía”.

Así las cosas, AMLO tendrá hasta el 30 de septiembre, cuando concluya formalmente su sexenio, es decir menos de 3 meses, para cumplir ambas promesas o esperar, en el último de los casos, que su sucesora lo haga, ya que nada su puede esperar de la gobernadora verde-morenista Mara Lezama.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.