Peña Nieto, ¿primer ex presidente en la cárcel?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Poco comentado o leído, pero lo cierto es que, después de una seria de especulaciones y, de acuerdo con una información de primera línea, el priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018) podría convertirse en el primer ex Presidente de la República en la historia del país en estar tras las rejas, acusado por los delitos graves de “lavado” de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

Pese a que sus antecesores del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón han sido múltiples ocasiones señalados por delitos similares, así como múltiples irregularidades, al igual que los anteriores priístas jefes del Ejecutivo, sobre todo Carlos Salinas de Gortari, éste es el primer caso en que un gobierno diferente, Morena, procede seriamente contra alguno de ellos.

De acuerdo con información del portal Contralínea del día 15, no solo Peña Nieto iría a la cárcel, ya que investigaciones autoridades fiscales y de inteligencia financiera incluyen a otras 18 personas, la mayoría familiares, ex parejas, padres, hermanos, tíos, sobrinos y socios que aparecen en expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera por recibir dinero ilícito de cuatro empresas, donde tenían alguna participación corporativa.

Durante ese sexenio esas compañías se habrían beneficiado con miles de millones de pesos en obras públicas, venta de bienes y contratación de servicios, aunque varios sexenios, los contratos gubernamentales en salud y construcción fluían impunemente hacia el sector privado para repartir cientos de miles de millones de pesos públicos entre políticos, servidores públicos y empresarios corruptos, siempre con la anuencia y complicidad del presidente en turno, por lo que nunca enfrentaron la justicia ni pisaron la cárcel.

A partir de 2018, con el gobierno de López Obrador, la historia cambió y, por primera vez, se podría ver a un ex presidente de la República sentado en el banquillo de los acusados y enfrentar la justicia: Peña Nieto, contra quien se abrieron tres carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República.

Ya desde julio de 2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, se refirió a esa investigación, cuando anunció en conferencia de López Obrador que se habían presentado denuncias penales contra Peña Nieto y miembros de su familia, algunos “relacionados corporativamente” en al menos dos empresas, a las que llamó “A y B”: Plasti-Esteril y Desarrolladora Homex.

Otras dos empresas también revisadas por fiscales y judiciales, por estar relacionadas con blanqueo de capitales y evasión fiscal, son Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, SA de CV.

Los involucrados en las indagatorias, miembros o vinculados con las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo, son: Accionista de Plasti-Esteril; su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica, accionistas en Impulsora Agrícola La Laguna; su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto; Rocío Aurora Narváez Lugo, cónyuge de Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis Arturo Peña Némer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal, esposa de Arturo Peña Nieto; Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José Chimal Velasco, accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández, accionista de Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de Plasti, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis Arturo Peña Narváez.

De estas 19 personas y cuatro empresas, se elaboraron diagnósticos fiscales, financieros y aduanales que exponen su situación corporativa y cómo fueron beneficiados con recursos mal habidos, porque facturaron, triangularon recursos y movimientos en circuitos financieros del país y del extranjero, cuyo dinero, según la UIF, salió de las cuentas bancarias de las empresas.

En el caso de Plasti-Esteril, conocida como Baxter Atlacomulco, se constituyó en 1991 con accionistas como el propio Enrique y su hermano Arturo Peña Nieto; su padre Enrique Peña el Mazo (fallecido en 2005), su tío Arturo Peña Del Mazo y el ingeniero petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Sin embargo, la empresa, supuestamente se vendió un año después de fundarse, 1992, a la empresa Esquisflex, absorbida en 1997 por la transnacional farmacéutica Baxter International, Inc., y lo relevante de las investigaciones es que revelan triangulaciones de dinero, acciones y derechos, después de que Peña Nieto asumió la Presidencia, cuando Baxter recibió múltiples contratos del gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de instituciones como el IMSS, ISSSTE, hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Pemex, Defensa y otras dependencias.

Sobre las investigaciones y acusaciones que involucran a su familia, Peña Nieto dijo -por conducto de una persona cercana a él-, dijo: “no me han dejado ofrecer una sola prueba en mi defensa ante las imputaciones por lavado de dinero, enriquecimiento y evasión fiscal”, cuyo expediente penal se integra en gruesas carpetas en la FGR, previas denuncias de la UIF.

Desde España, a donde se mudó para evitar confrontaciones con López Obrador y ponerse a salvo de los procesos, el ex mandatario priísta y representante de lo que queda del Grupo Atlacomulco, añadió que sus abogados han acudido a la Fiscalía para presentar documentos que prueban que sus bienes son lícitos, aunque se queja de que no le han permitido actuar legalmente.

En redes sociales, escribió en 2022, cuando supo de las acusaciones: “Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar su legalidad, dentro de los procedimientos legales. Mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

Años antes, en 2019, meses después de dejar la Presidencia de la República, escribió en Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas en distintos medios y atribuidas a supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten.”

Cinco años, desesperado por deslindarse de corrupción, su situación legal se complica al grado de que podría ser el primer ex presidente de la República del periodo neoliberal (de los últimos 40 años) en sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar la justicia por los procesos abiertos por tres delitos graves, y de aquella confianza que decía tener sobre las autoridades, ahora se queja de que no lo dejan defenderse legalmente.

Según la FGR, desarrolla la investigación en tres carpetas: El primer caso incluye denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos electorales como patrimoniales, cuyos avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.

La segunda carpeta trata de denuncias de autoridades hacendarias con operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Precisó que se integra una investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, lo que requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales que se han solicitado, mientras se obtienen pruebas indispensables para judicializar el caso.

Presidida por Alejandro Gertz Manero, la FGR explicó que existe una tercera investigación por enriquecimiento ilícito, cuyos dictámenes fiscales y patrimoniales se desahogan a través de las instituciones correspondientes y peritos especializados, aunque, conforme se obtengan resultados procesales, se darán de inmediato versiones públicas que la ley autorice.

López Obrador se ha referido a dichas acusaciones, sobre advierte que no ha frenado ni frenará alguna indagatoria, además de ser autónoma la Fiscalía y puede informar en cualquier momento el estado de las investigaciones ministeriales.

Pablo Gómez denunció el caso tras descubrir operaciones con recursos de procedencia ilícita que podría involucrar a 15 personas, aunque el dato exacto dijo no tenerlo a la mano, pero hoy se confirma que se trata de 19 miembros de las familias Peña Nieto y Peña Del Mazo, y cuatro empresas.

Las indagatorias, que abarcan operaciones financieras desde 2013, documentan transferencias millonarias al paraíso fiscal de Irlanda -donde hace años Salinas de Gortari adquirió lujosa residencia-, España y Estados Unidos, aunque la UIF también encontró depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez aseguró desconocer su origen.

De acuerdo con la UIF, las alertas se prendieron a partir de transferencias financieras que generaron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021, y se “detectó un esquema donde un expresidente de la República (Peña Nieto) obtuvo beneficios económicos”.

El economista Pablo Gómez apuntó que, de acuerdo con análisis de la Unidad, el ex mandatario tiene vínculos corporativos en Plasti-Esteril y Desarrolladora Homex, que tienen irregularidades fiscales y financieras.

En el caso de Plasti-Esteril, Peña Nieto comparte calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012. Así explicó las operaciones: Particularmente la empresa ‘A’ le deposita a un accionista y familiar unos 35.9 millones de pesos que, a su vez, retorna a la misma empresa unos 22.8 millones.

Respecto de la empresa ‘B’, afirmó que la constituyó Peña y familiares antes de asumir la Presidencia de la República, y tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del ex mandatario, es decir, entre 2013 y 2018.

Aunado a lo anterior, esta empresa está identificada como proveedor o prestador de servicios de gobierno durante ese sexenio. En 2013, por 714 millones; en 2014, por 2 mil 126 millones; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948 millones 799 mil; en 2017, por 991 millones y, en 2018, por mil 246 millones, para un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.

Entre 2015 y 2021, la empresa ‘B’ envió 261 transferencias internacionales a EE.UU., Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones 822 mil 839 pesos y 4 millones 942 mil 900 dólares. Asimismo, junto con una filial de la trasnacional, tienen una cuenta en un banco de la Unión Europea, a través de los que enviaron dos transferencias a Irlanda por 164 mil 326 euros.

Más adelante, Pablo Gómez señaló que la Fiscalía hará la investigación, la UIF aportará lo que requiera. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, que hace simple acopio de información, de acuerdo con la ley, y su análisis, entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de estados, de municipios, información relevante financiera cuando se requiera o es preciso, pero no hace las investigaciones en ningún caso.

En la ruta del dinero, el expediente detalla que, por transferencias internacionales, Peña Nieto recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente forma: El 21 de agosto de 2019, 16 millones; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos; y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos.

Estos recursos los transfirió una consanguínea desde México hacia España. Además, aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario, al enviarle cheques por unos 29 millones de pesos. La familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos, y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos, entre 2013 y 2022.

Contralínea concluye que, en esa ruta que trazó la UIF, destacan depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos, de 2013 a 2022, cuyo origen se desconoce.

Ahora bien, para que se concrete la prisión para Peña Nieto o sus familiares seguramente deberá transcurrir algunos meses más para terminar de armar los expedientes, es decir hasta después del sexenio de López Obrador, aunque puede estar Usted seguro de que la electa sucesora Claudia Sheinbaum no tendrá ningún problema en terminar las investigaciones, y más que ha ratificado que seguirán en su cargo las autoridades hacendarias.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.