Peña
Nieto, ¿primer ex presidente en la cárcel?
Poco
comentado o leído, pero lo cierto es que, después de una seria de
especulaciones y, de acuerdo con una información de primera línea, el priísta Enrique
Peña Nieto (2012-2018) podría convertirse en el primer ex Presidente de la
República en la historia del país en estar tras las rejas, acusado por los
delitos graves de “lavado” de
dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Pese
a que sus antecesores del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón han sido múltiples
ocasiones señalados por delitos similares, así como múltiples irregularidades,
al igual que los anteriores priístas jefes del Ejecutivo, sobre todo Carlos
Salinas de Gortari, éste es el primer caso en que un gobierno diferente, Morena, procede
seriamente contra alguno de ellos.
De
acuerdo con información del portal Contralínea del día 15, no solo Peña Nieto iría
a la cárcel, ya que investigaciones autoridades fiscales y de inteligencia
financiera incluyen a otras 18 personas, la mayoría familiares, ex parejas,
padres, hermanos, tíos, sobrinos y socios que aparecen en expedientes de la
Unidad de Inteligencia Financiera por recibir dinero ilícito de cuatro
empresas, donde tenían alguna participación corporativa.
Durante
ese sexenio esas compañías se habrían beneficiado con miles de millones de
pesos en obras públicas, venta de bienes y contratación de servicios, aunque varios
sexenios, los contratos gubernamentales en salud y construcción fluían
impunemente hacia el sector privado para repartir cientos de miles de millones
de pesos públicos entre políticos, servidores públicos y empresarios corruptos,
siempre con la anuencia y complicidad del presidente en turno, por lo que nunca
enfrentaron la justicia ni pisaron la cárcel.
A
partir de 2018, con el gobierno de López Obrador, la historia cambió y, por
primera vez, se podría ver a un ex presidente de la República sentado en el
banquillo de los acusados y enfrentar la justicia: Peña Nieto, contra
quien se abrieron
tres carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República.
Ya
desde julio de 2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, se refirió a esa
investigación, cuando anunció en conferencia de López Obrador que se habían
presentado denuncias penales contra Peña Nieto y miembros de su familia,
algunos “relacionados corporativamente” en al menos dos empresas, a las que llamó
“A y B”: Plasti-Esteril y Desarrolladora Homex.
Otras
dos empresas también revisadas por fiscales y judiciales, por estar
relacionadas con blanqueo de
capitales y evasión fiscal, son Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y
Expectras, SA de CV.
Los
involucrados en las indagatorias, miembros o vinculados con las familias Peña
Nieto y Peña Del Mazo, son: Accionista de Plasti-Esteril; su madre María del
Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; hermanos Arturo, Ana Cecilia y Verónica,
accionistas en Impulsora Agrícola La Laguna; su ex esposa Angélica Rivera
Hurtado; Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos de Peña Nieto; Rocío
Aurora Narváez Lugo, cónyuge de Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis
Arturo Peña Némer, accionista de Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal,
esposa de Arturo Peña Nieto; Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista
de Homex; Felipe Alfredo Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José
Chimal Velasco, accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández,
accionista de Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de
Plasti, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis Arturo Peña
Narváez.
De
estas 19 personas y cuatro empresas, se elaboraron diagnósticos fiscales,
financieros y aduanales que exponen su situación corporativa y cómo fueron
beneficiados con recursos mal habidos, porque facturaron, triangularon recursos
y movimientos en circuitos financieros del país y del extranjero, cuyo dinero,
según la UIF, salió de las cuentas bancarias de las empresas.
En
el caso de Plasti-Esteril, conocida como Baxter Atlacomulco, se constituyó en
1991 con accionistas como el propio Enrique y su hermano Arturo Peña Nieto; su
padre Enrique Peña el Mazo (fallecido en 2005), su tío Arturo Peña Del Mazo y
el ingeniero petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.
Sin
embargo, la empresa, supuestamente se vendió un año después de fundarse, 1992,
a la empresa Esquisflex, absorbida en 1997 por la transnacional farmacéutica
Baxter International, Inc., y lo relevante de las investigaciones es que
revelan triangulaciones de dinero, acciones y derechos, después de que Peña
Nieto asumió la Presidencia, cuando Baxter recibió múltiples contratos del
gobierno federal por más de 10 mil 500 millones de pesos, principalmente de
instituciones como el IMSS, ISSSTE, hospitales dependientes de la Secretaría de
Salud, Pemex, Defensa y otras dependencias.
Sobre
las investigaciones y acusaciones que involucran a su familia,
Peña Nieto dijo -por conducto de una persona cercana a él-, dijo: “no me han
dejado ofrecer una sola prueba en mi defensa ante las imputaciones por lavado
de dinero, enriquecimiento y evasión fiscal”, cuyo expediente penal se integra
en gruesas carpetas en la FGR, previas denuncias de la UIF.
Desde
España, a donde se mudó para evitar confrontaciones con López Obrador y ponerse
a salvo de los procesos, el ex mandatario priísta y representante de lo que
queda del Grupo Atlacomulco, añadió que sus abogados han acudido a la Fiscalía
para presentar documentos que prueban que sus bienes son lícitos, aunque se
queja de que no le han permitido actuar legalmente.
En
redes sociales, escribió en 2022, cuando supo de las acusaciones: “Estoy cierto
que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier
cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar su legalidad, dentro de los
procedimientos legales. Mi confianza en las instituciones de procuración y
administración de justicia”.
Años
antes, en 2019, meses después de dejar la Presidencia de la República, escribió
en Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra,
publicadas en distintos medios y atribuidas a supuesto informante. No es la
primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por
supuesto, mienten.”
Cinco
años, desesperado por deslindarse de corrupción, su situación legal se complica
al grado de que podría ser el primer ex presidente de la República del periodo
neoliberal (de los últimos 40 años) en sentarse en el banquillo de los acusados
y enfrentar la justicia por los procesos abiertos por tres delitos graves, y de
aquella confianza que decía tener sobre las autoridades, ahora se queja de que
no lo dejan defenderse legalmente.
Según
la FGR, desarrolla la investigación en tres carpetas: El primer caso incluye
denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos
electorales como patrimoniales, cuyos avances permitirán judicializaciones en
los meses próximos.
La
segunda carpeta trata de denuncias de autoridades hacendarias con operaciones
con recursos de procedencia ilícita (lavado de
dinero).
Precisó
que se integra una investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales,
lo que requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales que se han
solicitado, mientras se obtienen pruebas indispensables para judicializar el
caso.
Presidida
por Alejandro Gertz Manero, la FGR explicó que existe una tercera investigación
por enriquecimiento ilícito, cuyos dictámenes fiscales y patrimoniales se
desahogan a través de las instituciones correspondientes y peritos
especializados, aunque, conforme se obtengan resultados procesales, se darán de
inmediato versiones públicas que la ley autorice.
López
Obrador se ha referido a dichas acusaciones, sobre advierte que no ha frenado
ni frenará alguna indagatoria, además de ser autónoma la Fiscalía y puede
informar en cualquier momento el estado de las investigaciones ministeriales.
Pablo
Gómez denunció el caso tras descubrir operaciones con recursos de procedencia
ilícita que podría involucrar a 15 personas, aunque el dato exacto dijo no tenerlo
a la mano, pero hoy se confirma que se trata de 19 miembros de las familias
Peña Nieto y Peña Del Mazo, y cuatro empresas.
Las
indagatorias, que abarcan operaciones financieras desde 2013, documentan
transferencias millonarias al paraíso fiscal de Irlanda -donde hace años
Salinas de Gortari adquirió lujosa residencia-, España y Estados Unidos, aunque
la UIF también encontró depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos,
de los que Pablo Gómez aseguró desconocer su origen.
De
acuerdo con la UIF, las alertas se prendieron a partir de transferencias
financieras que generaron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de
2021, y se “detectó un esquema donde un expresidente de la República (Peña
Nieto) obtuvo beneficios económicos”.
El
economista Pablo Gómez apuntó que, de acuerdo con análisis de la Unidad, el ex mandatario
tiene vínculos corporativos en Plasti-Esteril y Desarrolladora Homex, que
tienen irregularidades fiscales y financieras.
En
el caso de Plasti-Esteril, Peña Nieto comparte calidad de accionista con
familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata
de una empresa familiar existente desde antes de 2012. Así explicó las
operaciones: Particularmente la empresa ‘A’ le deposita a un accionista y
familiar unos 35.9 millones de pesos que, a su vez, retorna a la misma empresa unos
22.8 millones.
Respecto
de la empresa ‘B’, afirmó que la constituyó Peña y familiares antes de asumir
la Presidencia de la República, y tiene una relación simbiótica con una moral
trasnacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante la
administración del ex mandatario, es decir, entre 2013 y 2018.
Aunado
a lo anterior, esta empresa está identificada como proveedor o prestador de
servicios de gobierno durante ese sexenio. En 2013, por 714 millones; en 2014,
por 2 mil 126 millones; en 2015, por 5 mil 505 millones; en 2016, por 948
millones 799 mil; en 2017, por 991 millones y, en 2018, por mil 246 millones,
para un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.
Entre
2015 y 2021, la empresa ‘B’ envió 261 transferencias internacionales a EE.UU.,
Irlanda y Reino Unido por mil 557 millones 822 mil 839 pesos y 4 millones 942
mil 900 dólares. Asimismo, junto con una filial de la trasnacional, tienen una
cuenta en un banco de la Unión Europea, a través de los que enviaron dos
transferencias a Irlanda por 164 mil 326 euros.
Más
adelante, Pablo Gómez señaló que la Fiscalía hará la investigación, la UIF
aportará lo que requiera. Las investigaciones no están a cargo de la UIF, que
hace simple acopio de información, de acuerdo con la ley, y su análisis,
entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de
estados, de municipios, información relevante financiera cuando se requiera o es
preciso, pero no hace las investigaciones en ningún caso.
En
la ruta del dinero, el expediente detalla que, por transferencias
internacionales, Peña Nieto recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente forma:
El 21 de agosto de 2019, 16 millones; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702
mil pesos; y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos.
Estos
recursos los transfirió una consanguínea desde México hacia España. Además,
aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario, al enviarle cheques
por unos 29 millones de pesos. La familiar registró retiros por 189 millones
857 mil 108 pesos, y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos, entre 2013 y
2022.
Contralínea
concluye que, en esa ruta que trazó la UIF, destacan depósitos en efectivo por
36 millones 333 mil 939 pesos, de 2013 a 2022, cuyo origen se desconoce.
Ahora
bien, para que se concrete la prisión para Peña Nieto o sus familiares
seguramente deberá transcurrir algunos meses más para terminar de armar los
expedientes, es decir hasta después del sexenio de López Obrador, aunque puede
estar Usted seguro de que la electa sucesora Claudia Sheinbaum no tendrá ningún
problema en terminar las investigaciones, y más que ha ratificado que seguirán
en su cargo las autoridades hacendarias.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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