Consejo de la Judicatura, ¡al banquillo de acusados!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque el juez de control Oscar Luis Lozada Hernández giró orden de aprehensión contra el senador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, nadie de imaginaba que la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, le otorgara la suspensión.

Así, Yunes Márquez, acusado de falsedad ante la autoridad, fraude procesal y falsificación de documentos para acreditar su residencia durante su registro hace más de tres años, cuando era candidato a la alcaldía de Veracruz, podría rendir protesta en su Cámara y tomar posesión como legislador

Y conste que la acusación de la Fiscalía General de Veracruz se respaldaba con más de 40 pruebas de irregularidades del ex alcalde de Boca del Río, por lo que podía ser detenido por la Interpol, aunque confirmó que viajó a Estados Unidos en carta a Lozada Hernández. ¡Qué cosas!

En Veracruz, por cierto, hay un claro augurio porque los tres Poderes los encabezarán esta ocasión tres mujeres, en el Ejecutivo, Judicial y Legislativo, algo histórico, sin precedentes en la historia del país.

Más histórico aun porque la reforma del Poder Judicial prevé transformar el Consejo de la Judicatura, encargada de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial federal y sus facultades y tienen que ver con la designación, adscripción y promoción de magistrados y jueces.

Empero, con todo y sus facultades disciplinarias y sancionadoras, pocas veces se ha investigado o sancionado al personal judicial que incumple con sus deberes e incurre en conductas impedidas, creemos, a causa de un vicio de origen: Lo encabeza el titular del Poder Judicial, es decir, la presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo que concentra las funciones jurisdiccional y administrativa, cuyas naturalezas son incompatibles.

Además, el Consejo cuenta con la institución de defensoría pública, que proporciona asistencia a quienes carecen de recursos para contratar un abogado particular. Con todo, adolece de deficiencias.

En efecto, se trata de un órgano opaco e ineficiente, con un sistema lento y burocrático, a pesar de que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos: De 2010 a 2023, se le aumentaron 45 mil millones de pesos al año, sin mejora significativa en impartir justicia.

Por ello, el pueblo exige administrar justicia más eficiente para todos, un sistema de justicia pronta y expedita, gratuita, como dice la Constitución, amén de que el Consejo enfrenta serios problemas de gestión de denuncias de los propios trabajadores del Poder contra sus superiores jerárquicos.

Así, ha recibido denuncias en forma creciente por faltas administrativas, acoso y abuso que, casi siempre, concluyen con responsabilidades también administrativas, sin trascendencia.

Derivado de ello, se ha sancionado a 106 servidores públicos, cifra baja, empañada con que 0.6% corresponde a sanciones económicas y el 99.4% a sanciones administrativas. Más del 30% fueron tan sólo amonestaciones.

Ante estos y otros datos relevantes por falta de rigor en la eficiencia, actúa sólo como barrera y protege a infractores, con lo que desincentiva la denuncia de conductas irregulares, al igual que falta de transparencia y rendición de cuentas; los exámenes de oposición son amañados y hay dudas de la imparcialidad objetiva, inclusión y participación equitativa en los concursos, pues la mayoría es por exclusión y favoritismo.

Además, la metodología de exámenes no es transparente, la evolución inadecuada, ni se verifican plagios en los trabajos escritos que se presentan. La judicatura, juez y parte en procesos disciplinarios y administrativos, tiene minada la legitimidad de sus decisiones.

La corrupción y nepotismo en los circuitos es enorme, con opacidad, complicidad, tráfico de influencias y rendición de cuentas. Estas redes de intereses clientelares entre servidores públicos y despachos generan una discrecionalidad en la toma de decisiones, se minan los cimientos de un estado constitucional democrático y los juzgadores no inspiran confianza.

La ONU se pronuncia por la independencia de poderes y pide “ningún motivo más allá de lo judicial”. La guía sobre principios internacionales de dependencia de abogados, de independencia de abogados y fiscales, señala que todos los Estados deben salvaguardar que los jueces puedan establecer causas de manera independiente y generar un entorno libre de influencias, redes, nepotismo y chantajes.

Un ejemplo de gran circuito del Poder Judicial, es que el 66% de su personal es de parientes. La corrupción asociada al soborno, al peculado de altos funcionarios con parientes es de alto porcentaje.

Estudio del consejero Felipe Borrego en 2017, ya advertía del grave problema de la judicatura con el nombramiento de jueces y magistrados y redes clientelares de corrupción, pero nada se hizo, se dejó dormir.

La Corte, claro, se queja ahora de que la afectarán, pero eso es lo que la gente quiere, limpieza, una sacudida al sistema de justicia.

De ahí que otro aspecto importante de la reforma sea la inclusión del Instituto de Defensoría Pública, nuevo órgano de administración judicial que garantizará una formación continua y especializada del Poder Judicial y una defensa pública robusta y eficiente.

La propuesta es innovadora para formar un tribunal de disciplina judicial con independencia técnica y amplias facultades para recibir denuncias e investigar, sustanciar, procedimientos de responsabilidades y sancionar, como pidió el mandato popular en las elecciones, por eso no sorprende que se haya decidido votar por reformar el sistema de justicia.

Celebramos los diálogos sobre la reforma porque buscan enriquecer la iniciativa, pero, aunque moleste, existe un mandato popular, por eso el pueblo dio una mayoría calificada, con facultad del poder reformador, y de ahí que haya quienes no estén de acuerdo. Es parte de la democracia, pero así fue la votación y hay que respetarla.

         Por lo anterior, un especial reconocimiento a los 23 magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura de Veracruz por su postura a favor de la reforma, que trascienda en cambios necesarias para los Poderes Judiciales de los Estados.

Hasta el momento ningún otro grupo de magistrados, incluidos todos los consejeros de la Judicatura, se había manifestado a favor del conocido “Plan C”, que publicó La Jornada el 5 de julio, consecuente con el voto abrumador de la gente a favor de reformar el Poder Judicial.

Y es que en Veracruz los diputados federales y senadores electos abiertamente se expresaron a favor tras alcanzar el 60% de las preferencias electorales, contra el escaso 28% de la oposición, por lo que hay legitimidad y mandato popular para la reforma. Quien no lo quiera ver así quedará marginado y desdeñado por la historia.

Adicionalmente, el gobierno de Veracruz dijo imperante transformar el Poder Judicial federal y, en agosto del 2023, en conferencia de prensa en la Ciudad de México levantó la voz para denunciar una escalada de liberaciones de verdaderos delincuentes, vía amparo, concedida por jueces federales de sus distritos judiciales, como hizo ahora con Yunes Márquez.

En ese entonces se dijo que la corrupción se solapaba desde el Poder Judicial Federal, donde precisamente se liberaba delincuentes, esos que asesinan, secuestran y matan, con impunidad de la justicia federal y la Corte.

No se podía entender de otra forma porque, con un documento machote, un formato base, liberó a 33 delincuentes en Veracruz, entre ellos 21 homicidas, violadores, pederastas y secuestradores.

En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo de la autoridad responsable de la seguridad, y la irresponsable, por decir menos, de los jueces federales. El Gobierno del Estado, encargado de la seguridad y procuración de justicia, pone a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan.

Así, grotesco y perverso, los asesinos pudieron estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observan con gusto el salvoconducto, un mensaje de la Corte: “No te preocupes, si te meten a la cárcel, nuestros jueces te sacan”.

Los jueces de Veracruz avalaron la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad, según sostuvo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien denunció que ese Poder concedió libertad inmediata, en diferentes modalidades jurídicas, a 33 delincuentes. No lo escucharon y a los pocos días liberó 11 delincuentes más.

De acuerdo con los principios constitucionales de Derecho, los jueces de distrito se excedieron en sus resoluciones. Se negaron a reconocer la gravísima situación en que pusieron a las víctimas, al saber éstas que sus secuestradores y violadores estaban libres.

En esa ocasión se cuestionó: ¿Qué dirá la niña violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No lo inventó García Jiménez, es el caso penal 586/2023, con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito. ¿Por qué la Corte lo tolera?

El presidente López Obrador acertó: El Poder Judicial no tiene remedio, daña irreparablemente. Estos deleznables hechos provocaron en Veracruz la supuesta justicia federal. Es triste que la corrupción en los máximos tribunales de justicia no deje ver a algunos ministros de la Corte el daño que hicieron.

Otro ejemplo: La Torre Centro del Puerto de Veracruz, un adefesio que mancha la imagen histórica de la heroica ciudad porteña: A un juez federal le tocó defender a su propia familia, que “extrañamente” posee cinco departamentos de lujo en el mismo edificio, ante lo que parece otro cártel inmobiliario -también son dueños de la constructora del edificio sin permisos de construcción para hacer un edificio de ese tamaño-, pero el Poder Judicial, referido en conferencias del presidente, guarda silencio cómplice.

Sin embargo, el pueblo sí supo modificar esta situación y ejerció su otro poder, el de su voto, el que, de la organización y su masiva expresión en las urnas, surgió dejando un claro y contundente mensaje, el Plan C.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

           Titulado Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.