Nuevo “lunar” de controvertida Auditoría
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras el nombramiento de Miguel Zogby Cheluja
Martínez como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de
Quintana Roo (Aseqroo), la controversia volvió a ser característica de esa
dependencia, tras la última que protagonizó el ex gobernador Carlos Joaquín,
con el ahora ex representante de la dependencia, Manuel Palacios Herrera.
Aunque
con su salida de la Auditoría, según crónicas, Palacios Herrera fue abrazado por personal con el que
trabajó en los últimos años, entre vítores, agradecimientos y reconocimientos,
sin embargo, quienes presumen buena memoria seguramente recordarán su gris
arribo a esa dependencia donde, según leemos, “tiene toda una historia de vida
profesional en la Auditoría, se formó desde los cargos más básicos y escaló,
con esfuerzo personal, todo lo que había que subir, hasta lograr la titularidad
de la instancia”.
A
reserva de recordar su paso, si de antecedentes se trata, Cheluja Martínez no
era precisamente el más indicado de la terna para ocupar esa nueva
responsabilidad, aunque, certeramente, se entiende -no se justifica- que hay
sido “amén de su currículo educativo (contador público) y carrera laboral”, ya
que pesó más que el ex tesorero del Ayuntamiento de OPB sea “gente muy cercana
al hoy senador Gino Segura, quizá uno de sus principales operadores en temas
políticos-financieros”.
En
efecto, de la terna que aprobó el
jueves la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, para
la designación de este viernes en sesión extraordinaria, después de analizarse
a seis interesados en el puesto -comenzó el proceso de entrevistas el día
26-, el menos “manchado”, por si se ignoraba, era Carlos Alberto Rodríguez, por
encima de María Luisa del Carmen Alcérreca Manzanero y del propio Cheluja
Martínez.
De acuerdo con una crónica del portal Política y
Poder de diciembre de 2021, cuando el ex diputado del Verde, Gustavo Miranda
García presentó a quienes lo acompañarían al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso, Renán Sánchez Tajonar ocuparía la Secretaría General del
Congreso; y el director de Finanzas sería Cheluja Martínez, con lo que nacía la
“Mafia Verde”, que se mantiene hasta hoy.
Posteriormente,
Cheluja Martínez, hoy sustituido por Josué Leonardo Jiménez Herrera, fue
enviado por esa “mafia” como Tesorero de la presidenta municipal de Othón P.
Blanco, Yensunni Martínez, quien, en cuya toma de protesta se comprometió a
impulsar la prosperidad económica, como establece el Primer Eje Prioritario de
su gobierno, aunque, en la práctica, hasta hoy hace lo contrario, pues Cheluja
Martínez tenía la última palabra.
Cheluja es
viejo conocido de Yensunni Martínez, su secretario particular cuando fungió
como la Síndico Municipal. Fue denunciado por el entonces
regidor Sergio Zapata Vales por extorsionar
a servidores públicos -en complicidad con otros funcionarios de la Comuna-,
para lo cual grabó un video, donde se apreciaba a Cheluja extorsionándolo
con medio millón de pesos para un permiso para explotar una planta de agua
particular.
Según
el ahora nuevo Contralor, la propuesta para ese derecho se incluía en la Ley de
Ingresos que entregaron al Congreso del Estado y que esperaban se aprobara sin
cambios: “Las antenas son un riesgo en caso de mal tiempo y hasta ahora no han
podido ser revisadas”, diría.
Un nuevo “negocio” de Cheluja Martínez sería el que
planeó con los propietarios de la empresa Lumo Financiera, contratada por el
Ayuntamiento para arrendamiento de camiones compactadores de basura, pese a que
ese negocio estaba demandado, curiosamente, ante la Auditoría Superior del
Estado por actos de corrupción en la renta de vehículos.
Miguel
Cheluja confirmó que la Comuna concretó un acuerdo con Lumo Financiera para
arrendar al menos 10 unidades, puestas en funcionamiento un 15 noviembre y hasta
concluir la primera gestión de Yensunni, por lo que el gobierno othonense pagaría
un millón 160 mil pesos mensuales de renta.
Empero, el contrato fue denunciado ante la Auditoría
por el diputado local, Roberto Erales Jiménez, quien demandó a la empresa, con
sede en el Estado de México, por simular arrendamiento de vehículos a
dependencias para uso de servidores públicos por más de 190 millones de pesos,
además de llevar la denuncia ante la Fiscalía General para una indagatoria.
Supuestamente
la empresa estaba vinculada con el ex presidente Peña Nieto, y había sido denunciada
varias veces por incurrir en contratos de adjudicaciones directas para la renta
de autos de lujo a funcionarios de gobierno y en el cobro a sobreprecio de sus
servicios, como era el caso de la renta de 85 autos de lujo a funcionarios de
la SEP, en julio de 2015.
Incluso,
su propietario, Luis Humberto Montaño García, era investigado por el SAT por
presuntos conflictos de interés al otorgarles créditos a municipios que
simulaban una reestructuración de deuda pública. De ese tamaño los socios de la
“Mafia Verde” en Othón P. Blanco.
Del mejor calificado como nuevo Auditor, Rodríguez
Priego,
sólo se sabe que tuvo a su cargo la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría
de Finanzas, mientras que Alcérreca Manzanero, en sesión de Cabildos de marzo
2018, la entonces tesorera municipal fue nombrada nueva alcaldesa de OPB, en
reemplazo de Luis Torres Llanes, quien pidió licencia indefinida e irrevocable.
Su
nombramiento surgió debido a que el suplente del ex presidente municipal
rechazó el cargo, por lo que, de acuerdo al Artículo 97 de la Ley de los
Municipios, el Cabildo pudo designarla. En la misma sesión se nombró a Fernando
López Gutiérrez secretario general del Ayuntamiento, en lugar de Roger Peraza
Tamayo, quien renunció al cargo como anticipó.
Ese
propio año, pero en octubre, Alcérreca Manzanero fue nombrada Tesorera del
Estado, en sustitución de Edgardo Díaz Aguilar, quien formaría parte de la
administración municipal de Tulum.
Ahora
bien, cambiando de tema, Palacios Herrera siempre estuvo ligado a Carlos
Joaquín y la persecución, política muchos, contra 84 ex funcionarios involucrados
en diversos delitos con el ex gobernador Roberto Borge, aunque a gente como
Víctor Alcérreca Sánchez, el ex gobernador evitó vincularlo con el tema
VIP-SAESA, con el que realizó detenciones e infructuosos procesos, aunque
también se hizo de la vista “gorda” con el propio ahora ex titular de la
Auditoría.
Asimismo,
las investigaciones incluyeron el nombre del antecesor de este último, Javier
Zetina González, primo de Carlos Joaquín y de Félix González.
Zetina
González fue otro de los implicados cuyo nombre se omitió “sospechosamente”
pese a figurar en las Actas -¿lo habría sabido la Fiscal Anticorrupción?-,
entonces como director general de la Administración Portuaria Integral, cuya
participación más cuestionada en el “Caso Borge” fue su nombramiento, precisamente
como titular de la Auditoria y su renuncia aparentemente “negociada”.
Lo
cierto es que, tras su “renuncia” como Auditor se
nombró suplente de la dependencia a Palacios Herrera, quien reconocería ante la
XV Legislatura que durante la gestión de Roberto Borge tuvo conocimiento de
irregularidades por ¡más de 11.8 mil millones de pesos! en dependencias
estatales y Ayuntamientos.
Inclusive,
pese a los “agradecimientos y reconocimientos a su tarea”, el propio Palacios
Herrera aceptó haber estado enterado durante la gestión de Zetina González en
la Auditoría, y no haberlo denunciado “por temor a perder el trabajo”, mientras
que en el caso del “primo privilegiado” la percepción generalizada es que se
“negoció” información a cambio de no pisar la cárcel.
También
diría Palacios Herrera, en comparecencia, que 84 ex funcionarios estaban
involucrados en malos manejos, aunque, él “había estado contra las
irregularidades, toleradas en diversos organismos de gobierno”, pero que no
renunció porque su trabajo representaba su única fuente de ingresos. De su
“confesión” habrían derivado 27 denuncias que se interpondrían ante la Fiscalía
General del Estado. Pero nada pasó
Hermano
de Gildardo Palacios, ex diputado en la X Legislatura (2002-2005), donde
también fue legislador Javier Zetina, Manuel Palacios, pese a estos
antecedentes, sería electo en forma cuestionada como nuevo titular de la
Auditoría Superior, aunque nunca dijo si sus entonces jefes lo presionaran
implícita o explícitamente a hacerse al ciego, sordo o mudo.
En fin, este es el panorama de la cuestionada Auditoría
Superior, donde, al igual que en el Congreso del Estado, por lo que se vio, los
únicos “chicharrones” que truenan son los de la gobernadora verde-morenista
Mara Lezama ¿No lo cree Usted así?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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