Corrupto interés de EE.UU. en reforma judicial

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Desde el 2 de junio se ha estado cocinando una estrategia golpista por parte de la derecha del país con apoyo político y financiamiento oscuro y extranjero, este último por parte de Estados Unidos, pero ¿por qué le preocupa tanto a este país la restructuración del Poder Judicial de México?

No hay que estar demasiado documentado para percatarse de que el tibio papel de su embajador en este país, Kent Salazar, es parte de la “línea” estadounidense contra el proyecto presidencial mexicano de reformar el sistema judicial, aunque, después del freno que les puso López Obrador en la “pausa” de relaciones, ahora aclare ser respetuoso de la soberanía de México.

No, la verdadera causa del apoyo de EE.UU. al Poder Judicial -llámese Norma Piña-, es curiosamente porque ha amparado a empresas mineras, a empresarios que comercializan dispositivos de tabaco y vapeadores a pesar de las normas implementadas por el Ejecutivo, entre otros.

Sin embargo, la cosa no para ahí, ya que la Suprema Corte de Justicia, de la que Norma Piña es presidenta, ampara la venta de su maíz transgénico, pese a decretos y normas del jefe del Ejecutivo, así como a mineros y empresas que realizan fracturamiento hidráulico, y a empresas que venden y distribuyen la herbicida “glifosato” en México y no quieren pagar miles de millones de pesos en impuestos.

Pero esas sólo son algunas de las “bellezas” de una Corte que, además, ahora admite una revisión que claramente no se incluye entre sus facultades, pero, resta señalarlo, tengan mucho cuidado en violentar la decisión del pueblo, que se reflejó el 2 de junio, ya que el tigre ya despertó y no lo vamos a soltar. El tigre es un pueblo informado, organizado, movilizado, empoderado, que no dudará en defender su patria.

Otro oscuro interés contra la reforma judicial es el de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que, sin duda, está haciendo una perversidad: Arrastrar, meter a los trabajadores en este litigio, engañarlos, pues su anterior presidente es el magistrado del Tribunal de Circuito en Materia Penal del 11º Circuito de Morelia, Michoacán, Froylán Muñoz Alvarado.

¿Y sabe quién es su hijo? Andrés Muñoz Ochoa, ex secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, pero ahora Juez de Distrito, nombrado este año contra todas las reglas de lo que se llama carrera judicial, pues se le dio una asignación privilegiada, por su cercanía con estos circuitos de poder de esa “carrera judicial”.

Otros intereses donde el cinismo y el maridaje de la Corte con el poder económico raya en lo más podrido, es que ya habían pasado más de 280 días en que los ministros no habían de alguna manera resuelto el tema de Elektra, sobre la evasión fiscal de su propietario, Ricardo Salinas, pasando por alto la legislación, además de aceptar amparos para que su cómplice, esa persona denostable, deleznable, pueda tener el amparo al cobijo, justamente, del Poder.

Lo cierto es que, pese a los ataques contra esa reforma, una encuesta señala que el 75% de las personas está a favor, entre otros, de que los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo, mientras que un 85% aprueba que exista vigilancia, incluso castigo para los jueces que incurran en actos de corrupción.

Finalmente, un 83% se pronunció la reforma total, aunque los altísimos porcentajes son apenas un indicio del enorme consenso social en torno a la elección de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum: Una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en 27 legislaturas estatales, sin distinción de ingreso, escolaridad, género, profesión ni ninguna otra, de casi 36 millones de votos que contienen el mandato para que se conduzca, desde las Cámaras, un cambio de régimen.

Como dijera el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, Morena, a veces el Poder Judicial tiene el poder mediático y a veces el Poder Legislativo, aunque, en Sudamérica, Latinoamérica tiene amargas experiencias con las dos asociaciones para tumbar a presidentes legítimos.

Pareciera que no, pero a México llegó la preocupación hace tiempo sobre asonados intentos, amagos, avances de que, en una mezcla, esos dos poderes intentaran que pasara en nuestro país lo que, en Honduras, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina o en Chile.

Empero, eso ya no es posible porque ese tipo de Golpes de Estado violentos, cruentos, sangrientos, donde las Fuerzas Armadas van y ocupan el poder civil, ya no se da, porque el poder mundial, el económico mundial está organizado ahora de otra manera: Hoy se dan estos golpes mediáticos, que conocemos como el lawfare, donde el Poder Judicial es el actor principal para destituir, inhabilitar, hacer a un lado, quitar candidatos o detener el poder legítimo de un país.

Hace unos días se informó la admisión a trámite de un procedimiento singular, “denuncia de contradicción de criterios” entre la Sala, el Pleno de la Corte, en una resolución de 1998 y una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral más reciente respecto a la sobrerrepresentación.

En México existe un diseño constitucional donde la Corte, a la se propuso como Tribunal Constitucional de la Nación, se reservó una facultad para insistir en ser Tribunal de alzada, de justicia ordinaria, y cada rato que se le ocurre o se lo piden a los ministros va y jala asuntos del interés económico de los grupos de poder fáctico.

La reforma, apenas en un documento preliminar votado en la Comisión de Puntos Constitucionales, es la primera parte de una gran reforma al sistema de justicia en México que debe tocar los aspectos más sensibles que tienen que ver con la impartición de la justicia. Desde luego la que hacen las policías, fiscalías, creemos el Ministerio Público todavía.

Desde luego, también en los tribunales y juzgados de los Estados, hasta las barandillas municipales del país. Desde luego, los asuntos civiles, mercantiles, penales que lastiman al componente social cuando se tarda o resuelve con prácticas que nadie aprueba.

Todo eso tiene que revisarse, sobre todo la conexión entre el sistema que procura justica, que imparte justicia con un resultante importantísimo, de gran interés social, el de la seguridad pública del país.

La verdad es que inventamos mal eso de la seguridad pública, pues la seguridad de México debe ser una sola. Esa gran reforma que le falta al país no debe olvidar tocar en los siguientes meses, años, el tema de la justicia constitucional que regrese y dé equilibrio a la función de los tres poderes.

No pocos creemos que la Corte ha estado empecinada en los últimos años en entrometerse en asuntos que son del poder Legislativo o Ejecutivo.

Lo único cierto es que no debió haberse admitido a contradicción un caso donde no hay contradicción porque es una norma que ya no existe, con un criterio basado en una norma que sí existe, no puede haber contradicción entre una cosa que está y otra que no.

¿Con qué intención se admitió? Nada más darle trámite a la petición del presidente del PAN, Marko Cortés, pero qué bueno que un ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, especializado en resolver de manera sistemática con interés de echar para abajo tantísimos asuntos de soberanía este poder judicial y Ejecutivo, dijo que es un asunto que no puede resolverse de inmediato y menos revocar lo que se vaya a resolver hoy o mañana en el único tribunal del país con competencia en materia electoral.

Si es una recapacitación a la cordura, qué bueno, si es otra cosa, estamos con el mismo criterio, con las mismas tesis para defender la Constitución y la división de poderes del país.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y escribir cuatro libros.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.