¡Fuera todos los paristas del Poder Judicial!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante el naciente paro
general del Poder Judicial en todo el país en protesta por su inminente reforma
en el Congreso de la Unión, surge una serie de controversias sobre esa medida
política, que no legal, en la que se cuestiona severamente esa decisión que
promueve la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, contra el
presidente López Obrador.
El pueblo general, principalmente a través de redes sociales
-los medios de comunicación son desfavorables al mandatario-, cuestionan, reclaman
y recuerdan al Poder Judicial cuestionables decisiones que obligan a exigir la
reforma, entre otros ellos los sectores magisterial activo y jubilado
En
este sentido, ante el tema de los jueces, ministros y magistrados, que exigen
incremento de recursos y ahora el respaldo de la sociedad por los supuestos embates
de López Obrador y ante la evidente desaparición de los excesivos y
desproporcionados fideicomisos que, sin lugar a dudas, serán extinguido, les remueven
la conciencia con lo siguiente:
-Esos
“honorables” miembros del Poder Judicial Federal demandan apoyo de la sociedad,
cuando que el ministro Luis María Morales Aguilar otorgó en su momento un
amparo para evitar distribuir libros de texto gratuito.
-La
Corte avaló el proyecto del mismo ministro para negar un amparo para que las
jubilaciones no sean en salarios mínimos por su gran costo en el presupuesto y ahora
piden incrementar sus excesivos y desproporcionados salarios ministros,
magistrados y jueces, súper y sobre pagados con sueldos y prestaciones que
representan un inmenso y dañino costo al país.
¿Cómo
respaldar a una élite de ministros, magistrados y jueces que está muy por
encima de los intereses del pueblo y de la clase trabajadora?
¿Cómo
apoyar a esa elite de insensibles, que demanda prestaciones que nadie tiene en
este México, donde ellos son los mejor pagados, muy por encima de una sociedad
sumida en la pobreza y el hambre?
El
más enérgico rechazo y que el Congreso de la Unión cancele, extinga y
desaparezca esos fideicomisos que no representan más que el despilfarro de los
dineros del pueblo para satisfacer banalidades, caprichos y excesos de una
clase totalmente alejada de la sociedad mexicana.
La
prueba más reciente de los abusos de ese Poder, es un evidente nepotismo que
salió a la luz pública: Más de 6 mil “redes familiares” en los tribunales y
juzgados federales hasta agosto de 2022, con dos y ¡hasta 79 parientes con
cargos en la Judicatura!
Ahora
bien, en lo que constituye una verdadera mina de oro que no quiere perder los
ministros de la Corte, destaca su sueldo: Más de 297 mil pesos mensuales;
aguinaldo, 586 mil; prima vacacional, 95 mil; comida en restaurantes, 723 mil
anuales; pago por riesgo, 649 mil anuales; dos vehículos blindados, 6 millones;
apoyo en gasolina, 22 mil mensuales; apoyo medicamentos, 189 mil anuales; pago
de defunción, un millón de pesos; seguro de vida, 12 millones; seguro de gastos
médicos, 30 millones; seguro de separación, 20 millones; peaje de autopistas,
ilimitado.
En
total, lo que gana un Ministro de la Suprema Corte asciende a ¡792 mil pesos
mensuales! ¿Cómo podrían resignarse a perderlos?
¿Cuál
es la opinión presidencial sobre el paro? Una bofetada con guante blanco: López
Obrador dice que ahora que están en paro, al menos van a ayudar, pues ya no van
a liberar delincuentes, ni a proteger a otros de “cuello blanco”:
“Han
decidido irse a una huelga, pero a la mayoría de los mexicanos no les va a
importar. Con toda franqueza y respeto, hasta va a ayudar a que si no están los
jueces, magistrados, ministros en activos, tenemos, cuanto menos, la garantía
de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van
a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes
de cuello blanco, lo único que me preocupa es que tienen un expediente guardado
de 25 mil millones de pesos y a ese sí quisiera yo que le dieran curso, pero
por lo demás no va a suceder nada, no pasa nada”, dice.
Para
el experto en Derechos Humanos, Gustavo Cázares García, el buen juez por su
casa empieza, aunque sobre el “paro” afirma no ser legal, ya que, según la
Constitución, podrán hacer uso del derecho de huelga previo a cumplir
requisitos de ley, y se violen general y sistemáticamente sus derechos, y el
artículo 100 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado exige
que, antes de suspender labores, presenten pliego petitorio al Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje, con copia del acta de la asamblea en que se haya
acordado la huelga, lo que no se han dado, ni cumplido.
Peor
aún es el caso de los trabajadores, ya que el primer párrafo del artículo 10º Transitorio
del proyecto de dictamen, dice que la reforma judicial respeta de manera
absoluta sus derechos laborales ¡El Poder Judicial también hace de las suyas!
Magistrada presidenta de Guanajuato autorizó más de 10 millones de pesos a
tablets, computadoras y baterías para sus colegas.
Como
era inevitable la oposición también mete las narices en el caso, y prueba de
ello ese Estado donde, con el pretexto de dotar de equipo en nuevo Palacio de
Justicia, la presidenta del Poder, Mariela Ponce Villa, ordenó pagar ese dinero
a la empresa M.C. Microcomputación.
Empero,
entre 2012 y 2021, la empresa, que reportó contratos por 29.6 millones, ha
recibido mucho más dinero por ser consentida del gobernador Mauricio Kuri y los
panistas, y el Poder Judicial de Querétaro afirma que recibiría máximo 9
millones, y en la factura de venta se observa que recibió casi dos millones de
pesos más.
Y
a todo esto del paro, ¿qué dice el dirigente del Sindicato Nacional del Poder Judicial
de la Federación, Gilberto González Pimentel, quien tiene años de no trabajar y
es puente para chayoteros jueces, ministros, así como para vender plazas de
base? ¡Absolutamente nada!
Como
opción “ajena” al conflicto, López Obrador pidió opinión de las cinco personas
más ricas de México sobre el intento de violar la Constitución al no aceptar las
reformas y sobre la supuesta sobrerrepresentación, por lo que convocó a Ricardo
Salinas Priego, Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota, Familia Bailléres, María
Asunción Arambuzabala Larregui.
Lógico,
desde un principio Salinas Priego y Germán Larrea dijeron estar contra la
decisión presidencial, el primero por su millonario adeudo de impuestos a la
Secretaría de Hacienda, y el segundo por su problema de contaminación tóxica
del Río Sonora, pendiente desde hace 10 años.
Por
otra parte, el Poder Judicial de Quintana Roo, según la abogada-periodista
Fabiola Cortés, tampoco escapa de anomalías, entre otros cuando el Juez Nicolás
Pinzón prohíbe a las partes hacer púbico el contenido de las audiencias, y que,
de hacerlo, se daría vista al Ministerio Público, con lo que echa por tierra el
derecho constitucional al Principio de Publicidad.
¿A
qué le teme?, pregunta, “si para eso es la publicidad, para que la gente vea
cómo se conducen las partes y todavía dice la defensa que eso le iba a pedir”, es decir, le prohíban
publicar la audiencia, lo que no es derecho a la intimidad, ya que son
públicos, viene con el paquete, “y si no les gusta, renuncien”, aduce la
profesional, que asegura conocer jueces de otros Estados a los que les encanta
que hagan públicas sus audiencias ¿por qué los de Quintana Roo amenazan a
litigantes para mantenerlas en la obscuridad?, dice.
Para no hacer larga la historia, damos paso al Artículo 29 constitucional
sobre Suspensión de Derechos y
Garantías y que atañe en forma directa al paro: En casos de invasión,
perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad
en grave peligro o conflicto, solamente el presidente, con la aprobación del
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere
reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo
limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o
suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones
que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si
se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para
que las acuerde.
En
los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio
de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al
nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos;
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena
de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de
la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos.
La
restricción o suspensión de derechos y garantías debe estar fundada y motivada
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al
peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de
legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
Cuando
se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y
garantías, por cumplirse el plazo o porque lo decrete el Congreso, todas las
medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin
efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto
con que el Congreso revoque la restricción o suspensión.
Los
decretos del Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia, la que deberá
pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
Es
decir, el presidente, ante la falta de justicia que prevé el paro, con el apoyo
de la mayoría en el Congreso de la Unión, ¡tiene todo el derecho del mundo a
desaparecer a la Corte, con todos sus ministros, magistrados y jueces y nombrar
funcionarios provisionales!… y colorín colorado al problema.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y
2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos;
y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75
Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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