Reaparece ex funcionaria de Borge “desaparecida”

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

“Esfumada” desde hace 6 años, cuando quedó sin efecto un amparo por no pagar una garantía que le requirió un juez federal, la ex directora del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) durante el gobierno de Roberto Borge, Claudia Romanillos Villanueva, debió recibir ayer una nueva audiencia constitucional.

Según Proceso, tras una impugnación el 2 de mayo, el Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún ordenó reponer el procedimiento, por lo que reinició el juicio de garantías en el Juzgado Primero de Distrito, y podría haber obtenido la protección de la Justicia de la Unión contra su orden de captura

Proceso está más orientado contra el director general de la CFE, Manuel Bartlett, pues la ex funcionaria, que también fuera secretaria particular de Borge, está implicada en traspasos que beneficiaron a Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de aquél, aunque aquélla sigue libre, sin afrontar imputaciones de hace 8 años, cuando se remató el patrimonio público de Quintana Roo a precios irrisorios.

Los actos generaron carpetas de investigación por cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública, aunque la principal imputación fue usar el cargo para vender predios de gran valor a precios de remate para favorecer a allegados políticos y familiares del ex gobernador, en denuncias interpuestas por el sucesor de éste, Carlos Joaquín, hoy embajador de México en Canadá.

Romanillos Villanueva fue titular del IPAE de abril de 2011 a septiembre de 2016, durante casi todo el gobierno de Borge. Se extinguió el organismo en 2017, al considerarse símbolo de la corrupción borgista, ocupando su lugar la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro)

A declaraciones del entonces titular de la Secretaría de Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez durante el trienio de Julián Ricalde, despertó la “novedad” de que las irregularidades del IPAE involucraban al ex gobernador Félix González.

Según Del Pozo Dergal, en el sexenio del cuestionado ex mandatario (2005-2011) también se desincorporaron predios del patrimonio para beneficiar a sus familiares, entre ellos su hermana Patricia Jacqueline, quien pagó 5 mil pesos por mil metros cuadrados en Tulum, pese a que su valor catastral era de 500 mil pesos.

Reproducida por Diario de Yucatán, se señalaba responsables del daño patrimonial a las ex directoras del IPAE, Gina Ortiz y Claudia Romanillos, que el 18 de marzo de 2011, un mes antes de que Félix González dejara el cargo, aquélla aprobó una “indemnización por afectación” a favor de Industria Cozumeleña de la Construcción para cederle gratis 647 metros con valor de 161 mil 932 pesos.

         Los grandes beneficiarios por el “remate” del patrimonio de siete de 11 municipios, incluyó políticos, empresarios, funcionarios, amigos, familiares y hasta empleados de Roberto Borge, a quienes se denunció ante la Fiscalía General del Estado y la PGR

Así, aparecía la madre de Borge, Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien adquirió tres predios de 4 mil 432, 111 mil 763 y 2 mil 498 metros cuadrados, respectivamente, por lo que se preguntaba si procedería el entonces Fiscal, Carlos Arturo Álvarez Escalera, contra la madre de su ex patrón.

El abogado de la familia Borge y socio de “Impulsora Marítima del Caribe”, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también se incluía en las denuncias, así como en la que interpuso la organización Somos tus Ojos contra Borge por enriquecimiento ilícito y peculado por 34 terrenos públicos.

El 3 de marzo de 2014, junto con Franco González y María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador y socia de González Hermosillo y Franco González, constituyeron la empresa “Caracol 65” para compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, beneficiada por el IPAE, según Fabiola Cortés, presidenta de Somos tus Ojos.

         Lamentablemente, para la transacción del patrimonio no se requería autorización del Congreso del Estado, sólo del IPAE, como si fuera un trato entre particulares, lo que agravaría las operaciones, ya que el total de 9 mil 500 hectáreas enajenadas equivalía a 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres.

Entre los temas con los se creó controversia era el volumen de inmuebles involucrados, ya que Del Pozo Dergal habló sólo de 850 hectáreas, entre compradores y familiares del ex mandatario, aunque recalcaría que sólo se trataba “de las primeras”.

Asimismo, se cuestionaba que diría que ninguna operación habría sido delictiva, y diferenciaría el tipo de responsabilidad entre administrativas, resarcitorias y penales, la primera sin constituir delito, sancionado diferente.

Así, el Gobierno del Estado habría presentado las penas por conductas delictivas, ya que existiría un “modus operandi” de delincuencia organizada, sobre la que se ignora aún cuántos compradores o nombres estarían involucrados, unas 20 personas físicas y morales de un círculo muy cercano a Roberto Borge.

Se hablaba de terrenos agrestes sobre los que concluían levantamientos y avalúos de las áreas denunciadas que, desde 2011, habría comenzado a vender el ex mandatario hasta concluir su mandato, por lo que en cada uno de sus 5 años habría vendido el equivalente a una zona hotelera de Cancún.

Con sobrada razón, dos meses antes de concluir su periodo, Borge decretó desaparecer la Unidad de Transparencia de Quintana Roo, donde, al igual que en el sexenio de Félix, existió de todo, ¡excepto transparencia!

         Ahora bien, desde ese entonces hasta hoy, sería interesante conocer los nombres de todos los involucrados en las transacciones del IPAE, pues se coincidía en políticos relacionados con el equipo de Carlos Joaquín, entre ellos “su” ex rector de la Universidad y ex Secretario de Gobierno, el panista Francisco López Mena.

         Sólo se supo de 17 supuestas órdenes de aprehensión de un juez de control contra otros tantos funcionarios, entre ellos el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, lo que alivió inconformidades por el desde entonces fallido combate al crimen organizado en la Zona Norte.

Por otra parte, con el único antecedente de un título de Licenciada y consejera política nacional del PRI (2011-14), Claudia Romanillo había relevado a la también desconocida Gina Patricia Ortiz Blanco, funcionaria inepta, ineficiente e ineficaz, que truncó grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura, a lo que se atribuyó problemas en construir el aeropuerto de la Riviera Maya.

         Responsable de que con Félix González no se consiguiera un centímetro de tierra a través de la negociación con dueños, que todo compraron a precios altísimos, Gina Patricia, soberbia y sin escrúpulos, pequeña para el cargo, sin embargo, decía haberlo obtenido por ser “comadre” del cozumeleño, aunque no pocos lo atribuían a “otras” razones.

         Claudia no era diferente, ya que se hablaba de un “noviazgo” con “alto” funcionario estatal que le obsequió casa en Residencial Andara, “visitada” en su momento por amigos de lo ajeno, lo que estuvo a punto de costarle la chamba al ex Procurador, Gaspar Armando García Torres

         El IPAE, cuyo subdirector era Jorge Morales Calzada, y su director de Unidad de Planeación, Víctor Manuel Cámara Novelo, tenía 86 funcionarios y una nómina donde algunos figuraban ¡hasta con cuatro cargos!, como Aníbal Efraín Villanueva Polanco, titular de la Dirección de Productos Inmobiliarios, los Departamentos de Planeación y Financiamiento y Proyectos Estratégicos, y la Coordinación de Desarrollo y Comercialización.

         Más aun, Isidro Góngora Martín era subdelegado Técnico y jefe del Departamento de Obras, mientras Daniel Chi Chiquil aparecía como director de Finanzas y Contabilidad y jefe del Departamento de Contabilidad.

         “Generosa” con subordinados, Romanillo se caracterizó por férreas decisiones, como el violento desalojo de decenas de familias en 42 mil metros de una colonia del ejido Calderitas, al final del Fracc. Caribe de Chetumal. Nunca dio la cara por el exceso de fuerza pública y destrucción de viviendas.

         Otra muestra de opacidad del IPAE, fue la caleta Xel-Ha que, con 110 mil metros, concesionó en 1994 el ex gobernador Mario Villanueva al “Grupo Xcaret”, que encabezaban Miguel Quintana Pali, los hermanos Constandse-Madrazo y Francisco Córdova Lira, éste cuñado de Marcos Constandse.

         Durante casi dos décadas de parque ecoturístico, los empresarios eran acusados de evadir impuestos por ignorarse las condiciones en que, con aval del Congreso, se otorgaron los terrenos, aunque, sorprendentemente, Claudia Romanillos negó la concesión de Caleta Xel-Ha y del Caribe, pese al Decreto de la VII Legislatura que, en 2006, ¡Félix González extendió a otros 30 años!

         También se incluye la sospechosa venta de Villas Deportivas Juveniles (antes CREA) para construir un edificio de 10 pisos, sin licitación pública durante el último año de Félix González, lo que Claudia Romanillos ocultó como “secreto de estado” y permaneció en plena opacidad.

         Esas no eran las únicas cosas ocultas, pues vendería 877 predios que, saber en cuánto cada uno y a quiénes, requeriría miles de horas, pues el IPAE se negó a informar, excepto con un folio del Registro Público de la Propiedad.

         ¿Por qué ocultar montos? Obvio, Félix González vendió a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios eran amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino habría cumplido su promesa de distribuir la riqueza…, pero a favor de unos cuantos.

         Seis años después de concluir su periodo, “Somos tus ojos” diría que uno de sus más grandes negocios fue entregar 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros) a empresarios, prestanombres, además de un personaje vinculado a su homólogo yucateco Emilio Gamboa Patrón, de estrecha amistad con el ex titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade: Emilio Díaz Castellanos.

Según Fabiola Cortés, el ex gobernador cedió a yucatecos 352 hectáreas de las 500 bajo tutela del ex INVIQROO (Instituto de Vivienda de Quintana Roo), entre las primeras, 31 hectáreas con casi un kilómetro de playa, de la Universidad de Quintana Roo.

Sobre las 352 hectáreas habría un gran desarrollo turístico inmobiliario, “Mayazama”, que vendió a precio subvaluado y en cómodas mensualidades. Su primera fase, vendida y habitada, era uno de los desarrollos más controvertidos, llamado inicialmente “Down Town Tulum”, que cambió nombre por la oposición de ecologistas.

Además de Romanillos Villanueva que, en 2016, previo a concluir Borge -compareció en la legislatura local-, del primer círculo del ex, se investigaba a 17 personas -originalmente se hablaba de 23-, una de los más importante el también “desaparecido” yucateco Juan Pablo Guillermo Molina, acusado de enriquecimiento ilícito, que estimado en más de mil 464 millones.

Amparado ante el Juez Tercero, que negó la suspensión definitiva del juicio político que le promovió el Congreso a ese que fue uno de los “peces gordos de Borge, seguía en pie la provisional para evitar que la comisión instructora encargada de la solicitud pudiera entregar su dictamen al pleno, toda vez que ingresó un recurso de revisión de sobreseimiento.

Hasta ahí, dos grandes “peces”: Ella, reaparecida -se dice que ahora vive en Mérida-, y el otro… a salto de mata- Veremos qué pasa.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.