¡Fuertes sacudidas al gremio de Morena!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En lo que podría ser considerado como divisionismo en las dirigencias legislativas de Morena, el Senado parecería haberse “divorciado” de su homóloga Cámara de Diputados, después de que el primero hubiera decidido incluir en la Constitución los tres delitos que la segunda había aprobado excluir: El narcomenudeo, la defraudación fiscal y la distribución de precursores químicos, como el fentanilo.

Otra grave sacudida al gremio morenista, también en el Senado, que coordina Gerardo Fernández Noroña, corrió a cargo del ex panista zacatecano Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, ahora morenista, que votó en contra de la desaparición de tres organismos autónomos que proponía y finalmente consiguió Morena.

Vamos por partes. El coordinador de diputados de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, había puesto a consideración de su Cámara tres propuestas de cambio al artículo 19 constitucional, donde figura la prisión preventiva oficiosa, que debe solicitar el Ministerio Público, ordenar el juez de la causa y proceder cuando son conductas consideradas graves.

El catálogo de delitos graves o conductas antijurídicas atípicas son, entre otros, violación, abuso sexual contra menores, feminicidio, extorsión, robo en carretera en cualquier modalidad, robo y asalto a casas-habitación; desaparición forzada, trata de personas, uso de armas y explosivos exclusivos del Ejército, expedición de facturas falsas o inexistentes, huachicol o robo de hidrocarburos, corrupción, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.

Son algunas conductas antijurídicas contra las que se intentaba la prisión preventiva oficiosa para proteger a la sociedad.

El clamor social era el asalto en carreteras y casas-habitación, así como en de feminicidios, y de ahí que se hacía eco a esos reclamos, demandas ciudadanas y se retomaba la propuesta de López Obrador, del 5 de febrero.

La primera propuesta del funcionario fue excluir el narcomenudeo, porque le habrían planteado un tratamiento social para generar condiciones de convivencia pacífica y recobrar, restañar el tejido social, sobre todo en jóvenes. Esta es la primera reserva que planteó, excluir del catálogo de delitos graves el narcomenudeo.

La segunda fue excluir la defraudación fiscal como delito grave, sobre lo cual habría sido discutido en procesos de consulta y debate, ya que esa defraudación, como se interpreta y describe en cualquier diccionario jurídico, es el uso de maquinación, engaño o manipulación para dejar de cumplir con obligaciones fiscales de cualquier contribuyente.

Sin embargo, pretextó que en ese momento se necesita unidad nacional, y habrían hablado con los sectores económicos del país, y se actuó con responsabilidad. De ahí que planteara excluir la defraudación fiscal como delito grave con prisión preventiva oficiosa.

La tercera propuesta, que calificó como muy importante porque en la hipótesis jurídica el de distribuidor de precursores químicos está muy acotada y sirve como espacios para la impunidad y para la liberación de delincuentes condenados o de presuntos delincuentes procesados.

En ese sentido, planteó ampliar la hipótesis de los distribuidores, de procesadores y sustancias químicas esenciales que provocan y producen las drogas sintéticas como el fentanilo y derivados, que tanto daño causan al mundo, y México no es la excepción.

Por eso pidió modificar el artículo 19 en sus reservas para que los jueces no interpreten ni liberen indebidamente a presuntos delincuentes o a delincuentes confesos por alguna argucia de carácter técnico-jurídica, con lo que se cerraría la puerta y se observaría la literalidad de la norma que modifican en la Carta Magna.

Concluyó que esas eran las tres reservas, producto de una discusión profunda en Morena, lo que no fue fácil porque muchos creen que México necesitaba una reforma fiscal profunda muy pronto, ante la distribución de la riqueza y porque la sociedad igualitaria a la que aspiran requiere mayor esfuerzo de los que más tienen.

Esa, dijo, es nuestra filosofía, la progresividad fiscal, y vamos a llegar a ella con justicia, con igualdad y con equidad. Por eso, alejándonos de la estridencia que se vale de las acusaciones e insultos, que se valen en cualquier asamblea”.

Así, las 3 propuestas de reserva fueron admitidas a discusión y luego aceptada la propuesta de modificación, con lo que se envió al Senado para una infructuosa ratificación que, finalmente, nunca llegó.

Ahora bien, como único senador oficialista que se pronunció en contra, el chihuahuense Corral Jurado, destacó como su principal descontento la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica.

En el caso del INAI, “aclaró” que las modificaciones propuestas carecen de solidez institucional necesaria para garantizar un mecanismo independiente e imparcial, ágil, expedito, que resuelva las negativas de acceso a la información, no sólo frente a dependencias de la administración pública federal sino frente a entidades, municipios, partidos, sindicatos, Poderes de la unión, fideicomisos y órganos autónomos que prevalecen, aseguró.

En este sentido, explicó que buscaría “trabajar en el futuro inmediato, en un marco que pueda encontrar la instancia y el procedimiento adecuado para dar cauce a la garantía plena (con independencia y objetividad) del derecho de acceso a la información”.

Con todo, condenó la extinción del IFT, pues fue creado para contener los groseros índices de concentración en telecomunicaciones, así como de la televisión y sus mercados relacionados, pues el organismo ha sido efectivo para fomentar la cobertura en zonas marginadas y promover tarifas justas entre consumidores.

Dejamos los hechos para su análisis, estimado lector.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.