Q. Roo, ¡una herencia criminal de Mara!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Cuestionado por todo mundo por su sospechoso
nombramiento como representante del país en Canadá, el ex gobernador Carlos
Joaquín dejó el poder el 25 de septiembre de 2022 y lo tomó la verde-morenista Mara
Lezama que, de ser investigada por “lavado” de dinero pasó a ser, con la venia
de López Obrador, su amigo, candidata de Morena y ganar la gubernatura.
Gracias a Santiago Nieto se abandonó la
investigación a la entonces alcaldesa de Benito Juárez y la Fiscalía General de
la República guardó el expediente, por lo que terminó ungida candidata del
partido oficial, según nos
recuerda el portal informativo Sin embargo con la herencia criminal del
cozumeleño.
La cuestionada Mara heredó un estado caótico.
Carlos Joaquín, con larga historia familiar como cacique, legó un Estado
plagado de crimen organizado: Capos internacionales se afincaron en la entidad
operando con toda impunidad, sin ningún dique de contención. Quintana Roo estaba
y sigue en sus manos… y el gobierno los tolera. Así, es un paraíso criminal.
No obstante, sobre todo con las investigaciones que
previamente habían realizado la Fiscalía General de la República y autoridades
de corte internacional, no se sabe que la mandataria hubiera actuando o dado
algún golpe verdaderamente importante contra grandes capos o mafias -de vez en vez
algún supuesto narcomenudista-, por lo que parece tener sólo “pintado” a un
Fiscal General en la persona del chiapaneco Racial Salazar.
Y es que, desde hace más de una década, grupos
delictivos internacionales se afianzaron en el Caribe, particularmente en Cancún
-sobre todo en Alfredo V. Bonfil- y Playa del Carmen, entre otros, y extendieron
sus tentáculos en todo el Estado con protección de gobernadores, empresarios,
líderes partidistas y jefes policiacos, siempre bajo la lupa de la justicia
nacional e internacional.
El escándalo de sus operaciones salió a flote luego
de que la DEA inició una investigación que desnudó a personajes de la mafia de
Rumania en el Caribe. La indagación establece que estos grupos se afincaron en
Quintana Roo y adquirieron propiedades para lavar dinero de sus actividades
ilícitas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera,
a cargo de Santiago Nieto, presentó en su momento una denuncia ante la FGR,
donde apareció el empresario rumano Florián Tudor como cabeza visible de amplia
red de personajes relacionados con clonación de tarjetas, fraudes y lavado de
dinero con protección de empresarios y políticos. Fue detenido finalmente en
2021, y se “acabó” todo el relajo, pues de nada sirvió tanto escándalo. Todo
mundo calló, sobre todo Mara Lezama.
Estas actividades se realizaban al menos desde
hacía una década en Quintana Roo con la complacencia del poder político en
turno, y aparecían implicados los ex gobernadores priistas de Cozumel, Félix
González y Roberto Borge, señalados de haber brindado protección a esa mafia y
otras organizaciones.
Tan pronto como la UIF concluyó sus indagaciones y
las presentó a la FGR, se filtró una lista de implicados en la red mafiosa
rumana. Por ejemplo, en febrero de 2022, el Partido Verde “Ecologista” destituyó
a José de la Peña Ruiz Chávez, su dirigente estatal, cuyo nombre apareció en la
lista de funcionarios a los que se les embargaron sospechosas cuentas
bancarias.
Sin embargo, no entendemos cómo, luego sería fue
jefe del Gabinete de Seguridad de Mara Lezama y después en jefe de la Oficina
de la Gobernadora, en sustitución de Artemio Santos Santos, ¡con todo y que se
le relacionó con Tudor! El Verde, recordará Usted, lo reemplazó con el entonces
regidor de Solidaridad, Pablo Bustamante Beltrán.
En documento de la UIF, como parte de una carpeta
de investigación de la FGR, también ligó a Ricardo Vega Serrador, propietario
de múltiples distribuidoras de combustibles e inmobiliarias, con auge tan
fulgurante, que en Quintana Roo le dicen “Zar de las gasolineras”, con una red
de distribución de gasolinas a través de “La Gas”, además de dueño de las
tiendas “Go-Mart” y socio de los consorcios Full Gas y Gulf. según la FGR,
desde 2014 se le investigaba por lavado de dinero.
En la red de Tudor también figuran el notario Naín
Díaz Medina, el “periodista”-promotor de box José Alberto Gómez Álvarez y el ex
secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza, y
su padre, José Luis Yong Cruz, aunque también se seguían los pasos a Francisco
Garibay Osorio, ex titular del IPAE con Félix González, y su hijo Eliud Garibay
Pulido.
En el andamiaje del fraude construido por Tudor, la
FGR y la UIF tenían información suficiente para relacionar a Leticia Rodríguez (a)
“Doña Lety”, cabeza del Cártel de Cancún, dedicado a la distribución de drogas
con apoyo oficial, detenida en agosto de 2017 y recluida en un penal de Puebla.
En el centro de la red mafiosa de Tudor también se
mencionó a José Antonio de Anda Turati, experto en temas fiscales, ligado al
fraude de la empresa Oceanografía que, al igual que Odebrech, golpeó finanzas
de Pemex.
Además de empresarios y políticos, se seguían
los pasos a dueños de bares y centros nocturnos, particularmente de Cancún y
Ciudad del Carmen, señalados como centros de distribución de drogas y “lavado”,
entre ellos los bares Tobao, Tantra, Rosa Negra, Funky Geischa y Chambao Son.
En la lista se mencionaban a Héctor Ortiz Solares, (a)
“El H1” y/o “Bandido Boss”, presunto jefe de la banda “Bandidos Revolution
Team”, grupo criminal de Guanajuato, y experto en ciberataques a software que enlaza bancos con
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios. Con hackers operadores de fraude, el
grupo tuvo ganancias multimillonarias.
Otros bajo investigación eran Jonathan
López Salazar, representante de Movimiento Nacional por la Esperanza que,
decían, operaba René Bejarano -secretario particular de López Obrador cuando
fue jefe de gobierno- implicado en sobornos al argentino Carlos Ahumada. Tras
estallar el escándalo de la mafia rumana, Santiago Nieto negó que Bejarano fuera
cómplice de la mafia rumana, aunque él admitió haber tenido tratos con algunos.
También figuraba Eddy Pérez Escobar, abogado de
rumanos ligados al fraude con tarjetas, aunque también defensor de intereses de
otros consorcios, entre ellos, Corporativo de Asistencia de Salud Gama, de la
ciudad de México, proveedora del gobierno de Claudia Sheinbaum en ese entonces.
Aunque no formaba parte de la lista criminal, ¡Jesús
Alberto Capella Ibarra!, gris secretario de Seguridad Pública de Carlos Joaquín
destituido en 2021 por frenar a tiros una marcha de mujeres contra la violencia
de género -y eterno aspirante a la presidencia municipal de
Tijuana-, fue acusado por Tudor y otros empresarios de encabezar una red de
extorsión.
Tudor era buscado por las autoridades mexicanas por
encabezar una organización dedicada al fraude. En febrero de 2020, junto con
sus socios Adrián Nicolae y Chakib Naif I. Boustany, firmó un desplegado
periodístico donde acusaron a Capella Ibarra de encabezar una estrategia de
extorsión y persecución contra empresarios y hombres de negocios del Estado.
Desde entonces, Tudor estaba en la mira de
autoridades estadunidenses y mexicanas, vinculado con una empresa criminal dedicada
a clonar tarjetas de crédito mediante cajeros automáticos suyos, conocida como
“Intercash”. Era de empresarios rumanos que operaban en Quintana Roo, Europa,
Asia y Estados Unidos.
Su modus
operandi: Al introducirse la tarjeta de débito o crédito, clonaban datos
y la información se usaba para disponer del dinero de cuentas de turistas, pues
su estrategia era colocar cajeros en zonas turísticas. En Quintana Roo los
cajeros que vendía Tudor a instituciones financieras estaban en Cancún, Playa
del Carmen, Isla Mujeres y Tulum. En Europa, Asia y EEUU la mafia rumana seguía
la misma estrategia.
La persecución de Tudor no era reciente, pero
siempre tuvo protección de la justicia. Por ejemplo, en 2020, cuando ya era
buscado, interpuso dos amparos mediante para frenar las acciones legales en su
contra.
En mayo de 2020, algunas propiedades le fueron
cateadas por la FGR, pero se frenaron por supuestos abusos de autoridad al
ejecutar cateos, entre ellos sustracción de objetos de valor en Cancún, pese a
que el cateo sólo contemplaba asegurar armas de fuego. Incluso, fue detenido,
pero liberado un día después tras considerar que no se cumplieron controles
adecuados.
El cateo fue el en mayo de 2020, en Óvalo 59,
manzana 9, por orden de cateo concedida por una jueza federal de control y solicitada
por el fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra. Se sustentó en que era
investigado por portación de arma de fuego, por la cual se integró carpeta de investigación,
aunque estaba implicado en varias actividades ilícitas.
Sin embargo, según denunció, los agentes que ingresaron
al domicilio, cuatro federales y un fiscal, no sólo buscaron armas, sino
saquearon la casa. Según Tudor, fue obligado a abrir una caja fuerte, donde se
sustrajeron relojes, pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos y 2
millones de dólares. También se llevaron equipos electrónicos.
El rumano también señaló que los agentes amenazaron
a su familia y un hijo menor y que se le “sembró” un arma de fuego. Figuró como
víctima, aunque las autoridades ya disponían de información sobre amplias redes
que había tejido para construir su emporio criminal.
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
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