¡Siete grandes “parásitos” menos en gobierno!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Dos cosas eran prácticamente “bola cantada” ayer, principalmente la reforma o desaparición de siete organismos autónomos, puesta en marcha por López Obrador, y el reemplazo de sus funciones por otras dependencias, aunque también se adivinaba el rotundo rechazo e “indignación” de los partidos de oposición que, ahora se sabe, están contra todo y a favor de nada.

En efecto, tras prolongada sesión, y un receso que se prolongó hasta hoy en la Cámara de Diputados, los organismos involucrados fueron: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

También desaparecieron órganos reguladores coordinados en materia energética: La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y, adicionalmente, el organismo público descentralizado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

El primero, el más controvertido, pasará a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno sin necesitar grandes gastos; el segundo, se integrará a la Secretaría de Energía (Sener), con independencia técnica, mientras que la tercera y cuarto se convertirán en organismos descentralizados en la Secretaría de Economía, aunque con funciones de antimonopolio.

Como era de esperarse, en tardía desesperación para evitar su extinción, los siete órganos autónomos se “autocastigaron” al solicitar a los legisladores de 10 a 40 por ciento de presupuesto menos para 2025.

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, entregado por la Secretaría de Hacienda, dichos organismos habían solicitado en total 4,422.2 millones de pesos para 2025, que representaba 386.6 millones menos de los que recibieron este año.

Uno de los más cuestionados, el INAI, pidió 993.9 millones de pesos, casi 10 menos de lo que obtuvo en 2024. Con su desaparición, sus funciones, acceso a la información y protección de datos personales, se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión y pretende replicarse a nivel estatal.

Y es que, en realidad, lo que se aprobó representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto, disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales, como es el caso de todos los órganos autónomos involucrados.

Ojo, y debieron poner atención la oposición, PAN, PRI y MC de los privilegios y corrupción en esos órganos, por lo que se buscó poner fin a los abusos, no a las funciones que deberían cumplir, que cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública del país.

Para ese efecto, valdría la pena un ejercicio, ¿A quiénes estaba o están defendiendo realmente los de la oposición, ¿ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez por supuesto mantenimiento de instalaciones? Esos contratos que, saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzada!

Acaso ¿se olvidaron los titulares del INAI que saltaban de ahí a una diputación plurinominal del PAN o del PRI? Por ejemplo, la priísta Ximena Puente de la Mora, titular del INAI de 2014 a 2017, un año después muy bien premiada como candidata del PRI.

O por qué no hablar de María Elena Pérez-Jaén, comisionada y después diputada federal del PAN. Ahí está su autonomía. Pura simulación, eso es lo que son. Quizás también se les olvidó el millón 460 mil pesos que ex comisionados gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platinum a nombre del Instituto.

Por si fuera poco, también habría que “recordarles” que la Auditoría Superior de la Federación detectó en su informe de 2022 gastos en cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y hasta consumos en un centro de entretenimiento nocturno, de los conocidos como table dance, en tanto reveló que entre 2018 y 2023, empleados del INAI entregaban quincenalmente de 10 a 60 por ciento de su sueldo.

Sí, esto es lo que la oposición defiende, queda clarísimo, se conoce perfectamente bien.

A la oposición se le acabaron los privilegios y creemos que le duele muchísimo. No entiende que no entiende. Vuelve a mentir, injuriar, calumniar, trata de engañar llenándose la boca, ahora que, supuestamente, la información va a desaparecer y no habrá “transparencia”, ahora resulta que, según dicen, gracias a ellos teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo. Nadie les cree.

Por cierto, a esos “contras” les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, pese a que sólo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los tres Poderes de las Naciones.

Al menos lo que se ha visto durante el arranque de gobierno de Claudia Sheinbaum, México tendrá mejor esquema público de transparencia, regulación en materia de competencia económica, gestión en telecomunicaciones, regulación energética y evaluación de políticas públicas. Por segundo sexenio consecutivo, la oposición aprenderá a hacer las cosas bien si busca mejor suerte en futuros comicios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.