Regalo a Q. Roo, ¡polvorín en ciernes!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Como último obsequio de López Obrador a Quintana Roo haber liberado finalmente a Calizas Industriales del Carmen (Calica), el caso, sin embargo, parece haberse enturbiado nuevamente, luego de que un juez federal admitió a trámite un amparo contra su creación como Área Natural Protegida decretada por el ex presidente poco antes de concluir su sexenio. 

A fines de septiembre, AMLO decretó la creación del Área, ahora nombrada Felipe Carrillo Puerto, que abarca 53 mil 277 hectáreas de selva, incluidos los terrenos donde la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, poseía terrenos donde extraía materiales pétreos y había generado devastación medioambiental.

No obstante, el cuestionado juez Ciro Carrera Santiago, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo, admitió el amparo a un particular, cuyo nombre está oculto, contra la creación de esa zona de conservación ecológica, aunque, cabe aclarar, negó la suspensión provisional con el argumento de que de conceder la medida cautelar de los actos reclamados, “podría verse afectado el bienestar del orden social, pues la sociedad está interesada en evitar que se altere el equilibrio ecológico de esa localidad”.

Entre los actos que se reclama se incluye la decisión “por el que se pretende declarar área natural protegida Felipe Carrillo Puerto con categoría de área de protección de flora y fauna, 53 mil hectáreas, ubicadas en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum”, acto que deriva del procedimiento administrativo llamado “Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto”.

El togado agendó la audiencia incidental para el próximo día 26, cuando decidirá si otorga o no la suspensión definitiva contra el decreto, en tanto pidió a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes previos en un plazo de 48 horas, cuando se deberán concretar a expresar si son ciertos o no los actos reclamados que atribuye la parte quejosa.

Sobre el particular, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que la minera estadounidense había destruido tres cenotes en Quintana Roo, además de haber dado falsas declaraciones sobre los supuestos permisos de extracción de roca caliza y sus agregados pétreos, principalmente piedra triturada, arena y grava, pero originó un desastre ecológico porque se extraía la roca para exportarla a Estados Unidos, donde era usada para construir carreteras.

Y es que la explotación industrial de roca caliza se realizaba inclusive por debajo del manto freático, en una zona llena de cenotes, donde se habría ocasionado gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos, además de que la empresa señaló que en la zona había siete cenotes, pero en visita internacional sólo se encontraron cuatro, por lo que lo menos tres habrían sido destrozaron.

Calica negó haber sobreexplotado la extracción de piedra caliza, pero se había sobrepasado en esa extracción y en los permisos que recibió en 1986, aunque en 2000 se le otorgó uno nuevo, ahora por 20 años, por lo que desde diciembre de ese año ya no contaba con autorización para sus actividades.

Por si fuera poco, existen evidencias de falsedades de Calica, entre ellos manifestar contar con todos los permisos, negar sobreexplotar la extracción de piedra caliza, explotar 140 hectáreas de extensión de con una profundidad de hasta 12 metros por debajo del manto freático, declarar la existencia de 7 cenotes y encontrarse solo 4.

Asimismo, afirmó contar con todas las concesiones de agua y rebasar los límites de la única concesión del líquido para explotar un predio por debajo del manto freático, simuló ante un tribunal internacional contar con autorizaciones del INAH en las zonas arqueológicas, así como reportar a la autoridad financiera en Estados Unidos el doble de reservas de material pétreo que declaró en México.

Además, con base en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Vulcan/Calica demandó a México por más de mil 500 millones de dólares por no permitirle, durante el gobierno de López Obrador, continuar con la extracción de materiales pétreos en el subsuelo de Playa del Carmen y Cozumel.

Con todo, Bárcena Ibarra refirió que no se estaba expropiando Calica, ya que el terreno seguía siendo de ellos, aunque no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza.

Ahora bien, lo cierto es que Calica ha ocasionado una serie de impactos ambientales en Quintana Roo, según confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre ellos un impacto en el sistema hidrológico subterráneo por la construcción de estanques de agua superficiales en sus predios, ya que disminuyen el nivel de agua subterránea al exponerla a procesos de evaporación y pérdida.

Además, hay deterioro en la calidad del agua atribuible directamente a la empresa, ya que se detectaron valores altos por contaminación industrial, incluso valores que rebasan la norma para descargas de aguas residuales, así como la destrucción de los 3 cenotes al interior del predio y el sistema de cavernas preexistente.

En resumen, el juez Carrera Santiago admitió el amparo de Calica contra el Área Natural Protegida, por lo que es de esperar que los hambrientalistas de Quintana Roo estén ahí haciendo una cadena humana para proteger la zona, pues el próximo día 26 se determinará si procede la suspensión definitiva.

La mala noticia es que podría esperarse que, antes de decir adiós, los cuestionados miembros del Poder Judicial de la Federación podrían dar a los quintanarroenses una sorpresiva, mala noticia que, esperamos no sea así, porque, billetes de por medio, ha sido notoria su costumbre de cometer todo tipo de irregularidades, delitos muchos de ellos contra México.

En este sentido, son calificados de buitres carroñeros que no tienen llenadera, por lo que habría que invocar al Poder Legislativo y reclamar para qué se le dio mayoría calificada si no la puede utilizar en estos casos extremos, en los que le están quitando el patrimonio a Quintana Roo. Esa gente se tiene que ir, pero a la voz de ya.

Lo único cierto es que, dígase lo que se diga ¡qué gran visión y remedio del entrañable López Obrador por acabar con esa mafia judicial!

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.