¡Solución a corrupción e impunidad!

                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ante el “monstruo” del inoperante aparato gubernamental que se ha ganado a pulso la imagen de cómplice, tapadera y desprestigio frente a la corrupción e impunidad, que ha ubicado a México entre los 10 países del mundo con mayores gastos en seguridad, la única alternativa, la más viable, resulta equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado.

Para ese efecto, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes presentó un proyecto de reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, turnado a las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.

Y es que el país cuenta con un “breviario” nada envidiable sobre la podredumbre que, sin embargo, tiene algo en común: La interactuación de actores privados y servicios públicos que actúan en acuerdo y en organización.

Así, incluye secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación, pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en interés de grupos, uso indebido de información, proyectos a solicitud de acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados, sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en elecciones, corrupción de jueces, perversión de justicia, fugas, etc.

El Estado está vulnerado: Su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida; no puede retener delincuentes de alta peligrosidad ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos. La seguridad de la gente y las actividades económicas reservadas para la nación están dominadas por grupos delincuenciales.

México está enfermo de corrupción e impunidad, elementos omnipresentes en la vida cotidiana, desde la gestión de recursos básicos o apoyos sociales, contratos multimillonarios de gobiernos, hasta el sistema financiero que ha servido en muchos casos para “lavar” dinero.

La gravedad del fenómeno es tal que, como señala la socióloga María Amparo Casar, alcanza el nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar un cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado.

Estos actos de corrupción no son de actores aislados, se desarrollan en una base de redes que constituyen una industria integrada desde la planeación, operación, manejo financiero y blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional.

Además, se potencializa con la interacción de dos vectores: El empleo del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder, y la apropiación de los bienes públicos para generar condiciones ventajosas para los negocios, redes que vulneran el Estado de Derecho, la democracia y el libre mercado.

La fuerza del Estado está en su capacidad de salvaguardar el interés público y limitar los intereses particulares o de grupo frente a los públicos y estatales, pero el aparato para combatir la corrupción alimenta la impunidad y sólo es funcional únicamente para el corrupto.

De un Estado sin potencia para enfrentar la corrupción sólo podrá resultar la nación de privilegiados y tierras baldías, un Estado de bandoleros. Es necesario pensar una estrategia diferente.

El esfuerzo en combatir el narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar que cuestan vida y dolor, ha elevado los gastos en seguridad, aunque México es el único país en cuya lucha no cuenta con armas nucleares, portaaviones o conflicto exterior inminente.

Para ilustrar el tamaño del problema, todos los recursos del narcotráfico caben en un sólo segmento de la industria de la corrupción, cuyo “combustible que lo alimenta son la complicidad, corrupción e impunidad.

Frente a estas realidades, los esfuerzos son prácticamente inexistentes, mejor prueba de ello es que a principios del 2015, el 60% de los mexicanos percibía aumento en la corrupción, mientras el 36% lo consideraba el principal problema del país.

Las redes de corrupción y prácticas de impunidad generan desconfianza hacia los responsables de sancionarlas. Conforme al barómetro global de la corrupción, el 80% de la gente la asocia a los servidores públicos, pero la respuesta es nula: En los reportes de la Secretaría de la Función Pública, el número de sancionados es ínfimo y se centra en operadores de bajo nivel.

Esto lo propicia la falta de decisión y tolerancia, pero también un enfoque equivocado, ya que es erróneo pensar que la corrupción y crimen organizado son diferentes, cuando, en realidad, se trata de dos caras del mismo problema.

La atrofia es tal, que la Función Pública, que debiera de ser órgano de control, ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Publica. Es decir, es un órgano sin fundamento firme, mientras que el nuevo sistema que diseñó el Congreso no ha empezado a funcionar.

¿Alguien tendría el cinismo de decir que el problema no es de este tamaño? ¿Quién defendería un aparato inoperante que se ha ganado a pulso la imagen de cómplice, tapadera y desprestigio? Todo esto conlleva a una sola conclusión: Corrupción.

Lo único cierto es que es más eficiente centrarse en combatirla la corrupción e impunidad, que seguir tirando el dinero en una estrategia de seguridad torpe, fallida, que sólo debilita al Estado frente a un problema tan grande y generalizado, y con tantos fracasos en posturas.

Primero hay que reconocer la gravedad del problema y considerarlo prioridad nacional. El inicio es desmantelar las redes complicidad para que el Estado pueda ser efectivo.

Segundo, reconocer las reformas en materia de combate a la corrupción aprobadas en el 2015. Las reformas en transparencia representan el avance más importante en la historia del país, además de constituir un mandato político y moral de no demorar más en formular las leyes secundarias para hacer operativo el sistema diseñado.

Tercero, la corrupción no opera en individuos, sino en redes, por lo que la propuesta es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado. ¿Por qué? Existen 9 motivos:

1. Porque son grupos que se ponen de acuerdo en delinquir, tal y como la Constitución define el crimen organizado. Son organizaciones criminales, porque no delinquen una vez; su operación es sistemática y permanente.

2. Esta idea es consistente con los planteamientos de convicción de la ONU contra la delincuencia transnacional, que define un grupo delictivo organizado en este sentido.

3. Daría mayor fuerza al Estado, a la nueva Fiscalía, y a todo el Sistema Anticorrupción.

4. Frente al incentivo de la recompensa inmediata se genera el desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible.

5. Permitiría un cambio de estrategia, enfocado en organizaciones criminales enquistadas en el aparato público.

6. Obligaría a las empresas a un mayor control y vigilancia más cercana de sus actos.

7. Es una acción racional para la preservación y crecimiento del Estado.

8. Mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas que fortalezca la democracia y el tejido social.

9. ¿Qué otra alternativa viable existe para atacar las redes de corrupción?

La propuesta del senador Fernández Fuentes es conveniente, pertinente y armoniza con el sistema jurídico, pues al considerar la corrupción como crimen organizado se atacarían las “redes”, no sólo hechos aislados.

La forma es sencilla: Reformar los artículos 164 y 122 del Código Penal Federal, y adicionar una fracción VII al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que potencializaría a las instituciones y desincentivaría la comisión de estos delitos.

Probablemente la medida no resuelva el problema ni la falta de valentía y voluntad política de enfrentarlo, pero ataca una de las aristas más dolorosas.

López Velarde escribió en su sublime “Suave Patria” que ésta era impecable y diamantina; pero hoy está maculada, sucia y oscura por la mugre de la corrupción e impunidad que generan las redes de corrupción…, pero aún se le puede dar lustre a la patria ¿Habrá voluntad política? ¡Ya lo veremos!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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