¡Triunfo de TV-Azteca y Televisa!

                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Como todo cuanto ocurre en el Senado, donde el que decide qué se aprueba o no es la “aplanadora” del PRI y sus “satélites”, entre los que se cuela eventualmente la supuesta “oposición” formal -léase PAN y PRD-, la discusión en torno al apagón analógico terminó en una verdadera merienda de negros, en la que, sin embargo, predominó la manifiesta voluntad del presidente Peña Nieto.

         Cuando el panista Javier Lozano Alarcón presentó el dictamen, para prorrogar el “apagón”, previsto originalmente para este fin de año, había la ligera, distante posibilidad de que se rechazara el planteamiento de esperar hasta fines del 2016, pero no precisamente porque no estuviera debidamente fundamentado el proyecto, sino porque se trataba de la “oposición”.

         Sin embargo, cuando el PRD, salvo algunas honrosas salvedades, se comenzó a pronunciar a favor, y el priísta Omar Fayad Meneses, a atacar a quienes pretendían manifestar su desacuerdo, todos “adivinamos” cuál sería el resultado de la “discusión” y que no habría necesidad de esperar que terminara la sesión pasadas las 8 de la noche.

         En efecto, la canallada se había consumado, los dóciles legisladores de Peña Nieto habían acatado la orden de apoyar los intereses de las televisoras consentidas del mandatario, TV-Azteca y Televisa, a las que se pretendía evitar una multa de 400 millones de pesos por incumplir con el apagón, según denunció el panista Javier Corral Jurado, de los pocos que dan la cara por la prácticamente nula, verdadera oposición.

         Convertida en “coco” de los oficialistas, la independiente Martha Tagle Martínez también hizo ver mal a los defensores del controvertido dictamen, aunque soslayó que a estas alturas no debería sorprenderle que aquellos fueran expertos en encontrar los subterfugios legales en el senado para violar la ley que ellos mismos aprobaron. 

Con documento en mano de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), recordó que ya se había venido advirtiendo desde hace poco sobre las intenciones de las televisoras de retrasar el “apagón”, sobre lo que algunos argumentaban su imposibilidad por estar en la Constitución, aunque, ahora vemos, encontraron la manera de hacerlo.

Y es que, como se denunció desde un principio, la conversión del sistema digital obligó a la distribución gratuita de televisores por parte del Gobierno Federal a través de la Sedesol, aunque, como acostumbra el sistema gubernamental, aprovechó la oportunidad para el “clientelismo” electoral en los comicios de este año, y no dudamos que en 2016 ocurra exactamente lo mismo, ya que, según la SCT, aún no concluye el programa de entregas.

Al igual que en la ocasión anterior, cuando Peña nieto juró y perjuró que no se mezclaría la política con el programa, en esta oportunidad senadores promoventes y corifeos también se dieron golpes de pecho.

De que se había decretado un plazo inicial para el “apagón”, los plazos no preocupan en el Senado, especialista en violentar plazos, pues todos los que se han dado en las diferentes reformas se han violentado uno tras otro, pese a que en este caso no existía ninguna necesidad, ésa que argumentaron voces de “especialistas”.

En efecto, según la AMEDI, cualquier intento de modificación de los legisladores obedece a un interés por congraciarse con las televisoras  privadas, concediéndoles privilegios y un régimen de excepción regulatoria, ya que los concesionarios tuvieron tiempo, ingresos y financiamiento suficientes para transitar a la televisión digital terrestre al 31 de diciembre del 2015.

Sustraer las facultades técnicas y regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, degradar el servicio o suspenderlo por falta de inversiones, constituye una afrenta al derecho a la información y a la libertad de expresión de los mexicanos.

El nuevo dictamen se discutió con el engaño de apoyar a los medios de uso público y social hacia su digitalización a sólo un mes del apagón, pero en lo sustantivo conserva la protección a las televisoras comerciales que no han invertido lo necesarias para el paso a la televisión digital, amén de que las modificaciones que se presentaron como “grandes modificaciones” en la propuesta volvieron a quedar en lo mismo del proyecto original: Proteger a los concesionarios.

Así, los promoventes fuerzan la ley no para proteger a los medios de comunicación públicos y sociales, sino para introducir a los concesionarios privados. Los senadores insisten en engañar a la sociedad y darle un toque de social a lo que realmente es un beneficio privado, aunque fueron demagógicos al señalar que esta modificación es para beneficiar a los más pobres.

¡Por favor! ¿Acaso creen que lo que necesitan los más pobres son televisiones? ¿Deveras estarán conscientes que esa es la mejor manera de beneficiarlos, y de ahí la urgencia y necesidad de esa reforma? ¡Eso es pura demagogia y demagogia pura!

Por otro lado, iniciativa y modificaciones atentan contra la fracción III del artículo 6º constitucional, que señala que “la radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que se preste en condiciones de competencia, calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población”.

Asimismo, es atribución exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones analizar la suspensión del servicio, caso por caso, así como facultad del regulador autónomo imponer sanciones, las características de éstas, su monto y la motivación y fundamentación para revocar un título de concesión o permiso.

Todo ello depende del análisis de las causas y condiciones del Instituto, lo que parece ser el punto sustancial de esta reforma. Quitarle las atribuciones de proceder con multas y revocar la concesión o permiso de permisionarios y concesionarios.

Entre otros argumentos falaces se incluye que quedarían desprotegidos quienes no pudieran tener acceso a la televisión digital, pero la propia ley establecía, en el segundo párrafo del 19º Transitorio que el Instituto establecería un programa para que la población continúe recibiendo el servicio público de interés general.

Si a eso le llaman una gran reforma, en realidad ya estaba considerado este programa, y la parte lesiva, además de esta reforma, es que, como decía Corral Jurado, ahora lo hacen respecto a los titulares de las estaciones que deberán realizar las inversiones, y ya no lo deja como responsabilidad de concesionarios y permisionarios.

Los reguladores de América Latina observan con escándalo cómo el Poder Legislativo de México cedió a las presiones de Televisa y TV-Azteca, y cómo los intereses políticos y de negocios se sobreponen a las políticas regulatorias.

¡Otra mancha más al tigre!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

luancaba@hotmail.com                                                      
leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 
http://luisangelqroo.blogspot.mx