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Topo Chico, para “lavado de manos”


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         En honor a la verdad, si no fuera porque no creemos que exista alguna conexión entre la Santa Sede y el gobierno mexicano, excepto la diplomática-política, hasta nos atreveríamos a pensar que la inminente visita del Papa a nuestro país formaría parte de una enorme, gigantesca “cortina de humo” en torno al presidente Peña Nieto y el reciente estreno de “su” avión.
         En efecto, si algo ha causado más que indignación en lo que va de su cuestionada administración fue la confirmación de la adquisición del avión presidencial que, a un millonario costo que se comprometió desde el sexenio de Felipe Calderón, hoy causa una mayor indignación ante la galopante pobreza nacional y la creciente crisis que obliga a todos a apretarse el cinturón… excepto al mandatario, claro.
         Pero ya abundaremos sobre el tema, ya que el que hoy nos ocupa es otro que, de mayor actualidad, ocupó desde ayer las primeras planas de los periódicos de todo el país ante la muerte de 49 internos del penal de Topo Chico, en Nuevo León, tras un motín del que, para mala fortuna de los presos, ninguno logró darse a la fuga.
         Y conste que al principio referíamos el término “cortina de humo” por la serie de temas que nos obligó a reflexionar en torno a cuál de ellos referirse, si a la renuncia de Carlos Joaquín González al PRI tras su fracaso ante la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo, o bien sobre el nuevo crimen de una periodista en Veracruz.
         Pero lo cierto es que destaca el caso de la penitenciaría neoleonesa, dada la serie de implicaciones que conlleva, principalmente por tratarse de una entidad que por primera vez en su historia gobierna un político independiente que dio mucho de qué hablar desde su campaña, y más ahora que se encuentra prácticamente solo, a merced de sus enemigos, políticos principalmente.
         El tema, lamentablemente, no sólo involucra a políticos, sino también a periodistas que, al quedarse sin sus millonarios contratos tras la salida del gobierno del PRI, se abalanzaron a la yugular de gobernante independiente mejor conocido como “El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, sobre todo, ya lo adivinó Usted, del “influyente” Televisa, cuyos reportajes sobre el motín hacen ver al mandatario como el malo de la “película”.
         Los ataques contra “El Bronco” también están a la orden del día entre todos los partidos políticos que, con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, han realizado una serie de planteamientos, que casi, casi, incluyen una solicitud de pena de muerte contra el mandatario, que no cuenta con algún compañero legislador afín, al igual que otros independientes como la senadora Martha Tagle Martínez y el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo
En lo que, por lo menos, coincide la mayoría de detractores es que, en gran medida, parte de culpa de las muertes durante el motín y del motín mismo, es el grave hacinamiento que no sólo padece Topo Chico o los penales de Nuevo León, sino de todo el país, por lo que nadie puede descartar que se produzca algún hecho similar en cualquiera otra entidad.
¿Y sabe Usted quien es el responsable de ese hacinamiento y demás problemas de infraestructura en el sistema penitenciario? Precisamente el Gobierno Federal que encabeza Peña Nieto, aunque probablemente prefieran ignorarlo sus diputados y senadores priístas, “ecologistas”, aliancistas o pesistas, que se la pasan deshaciéndose en halagos a todo cuanto haga o diga su “guía” político, y en criticar a quienes osen ofenderle o decirle su verdad.
Hasta hoy la versión más creíble del motín es que la rivalidad entre los grupos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, (a) “El Credo”, del Cártel del Golfo, y Juan Pedro Saldívar Farías (a) “El Z-27”, del Cártel de Los Zetas, fue la que ocasionó el enfrentamiento y muerte de 49 internos, entre ellos cinco calcinados y 12 heridos.
Entre las víctimas mortales del enfrentamiento lo mismo había presos por robo de autoestéreos, que por trabajar como vigilantes para el crimen organizado (“halcones”), narcomenudistas, secuestradores y por  estar vinculados con asesinatos múltiples.
Pero lo cierto es que esto es tan sólo parte de lo ocurrido, ya que detrás de todo ello está el hacinamiento del que los legisladores se lavan las manos y se les hace más fácil inculpar a quien le quitó a sus partidos la posibilidad de gobernar Nuevo León.
Hace casi dos años, en julio del 2014, la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados demandó a la Permanente del Congreso de la Unión exigir al gobierno federal atender de inmediato el problema de la sobrepoblación y hacinamiento en penales locales y federales, ya que en tan sólo 27 de los 387 existentes se concentraba más de la mitad de la población carcelaria nacional.
Para ese efecto, presentó un estudio en el que se alerta que México tenía 254 mil reclusos en algún centro de readaptación, pero en espacios diseñados para 199 mil, según estimaba la International Centre for Prision Studies (ICPS), lo que planteaba la vulneración de sus derechos y se extendía a áreas de trabajo, educación, alimentación, salud, familiar y recreación, debido a esas condiciones de sobrepoblación.
Presentado como “Punto de Acuerdo” ¡por el diputado “Ecologista” Enrique Aubry de Castro Palomino! el documento del Congreso  pidió a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de Readaptación Social estatales y federales establecer mecanismos de control que permitan el respeto irrestricto del derecho al no hacinamiento, la salubridad y a otras condiciones materiales de reclusión óptimas.
El legislador planteaba que lograr efectividad en los programas de reinserción social radica en solucionar la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario y advertía que, aunque la población penitenciaria se había duplicado, “los mexicanos no se sienten más seguros, debido a que el sistema penitenciario no cumple con sus objetivos sociales y legales”.
Asimismo, dijo que se debían generar las políticas públicas que posibiliten una profunda renovación del sistema penitenciario mediante la atención y solución de sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura, insuficiencia de recursos y personal no capacitado ni sensibilizado en el respeto de garantías individuales, ya que “carece de estabilidad laboral y recibe bajas remuneraciones, lo que propicia corrupción, además de que su formación profesional no es idónea, pues la capacitación es corta, y la actualización, escasa y poco formativa, lo que confirma la falta de auténtica carrera penitenciaria”.
En efecto, una de las causas principales del incremento de la población penitenciaria en los últimos años se debe en gran medida a un mal diseño de la política criminal, estrechamente relacionada con la ampliación del catálogo de delitos graves, y la falta de criterios para imponer medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.
Así, es momento de implementar medidas para que las penitenciarías dejen de ser un motivo de vergüenza para gobiernos y sociedad, y se conviertan en desafío prioritario y urgente exigencia de labor compartida e integral de las instituciones públicas.
¿Pero sabe Usted qué pasó con esa iniciativa y demás similares? ¡Sigue durmiendo el sueño de los justos, “congelada” en algún escritorio burocrático que, casualmente, está dedicado a proteger al sistema político priísta! No es nada raro en tratándose de una iniciativa de cómplices “ecologistas”, pero el caso es que ocurre lo mismo en todas las iniciativas NO priístas, o bien NO pactadas con el tricolor y sus corifeos legislativos.
Ah, pero eso sí, es más fácil acusar a los gobiernos estatales NO afines, y más en el caso del independiente Rodríguez Calderón, quien no tiene quién lo defienda, vaya si siquiera la supuesta “oposición”, dado que también a ésta le arrebató la gubernatura de Nuevo León, donde el motín de Topo Chico ha resultado un verdadero caldo de cultivo para engordar las albóndigas.
Finalmente, es tan grave el deslinde del gobierno federal en las penitenciarías, que tan sólo aporta prácticamente el 15% del costo de cada preso federal que, al menos en teoría, debiera depender totalmente de él, sobre todo en alimentación.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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