Topo Chico, para “lavado de manos”
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En honor a la verdad, si no fuera porque no creemos que exista
alguna conexión entre la Santa Sede y el gobierno mexicano, excepto la
diplomática-política, hasta nos atreveríamos a pensar que la inminente visita
del Papa a nuestro país formaría parte de una enorme, gigantesca “cortina de
humo” en torno al presidente Peña Nieto y el reciente estreno de “su” avión.
En efecto, si algo ha causado más que indignación en lo que
va de su cuestionada administración fue la confirmación de la adquisición del
avión presidencial que, a un millonario costo que se comprometió desde el
sexenio de Felipe Calderón, hoy causa una mayor indignación ante la galopante
pobreza nacional y la creciente crisis que obliga a todos a apretarse el
cinturón… excepto al mandatario, claro.
Pero ya abundaremos sobre el tema, ya que el que hoy nos
ocupa es otro que, de mayor actualidad, ocupó desde ayer las primeras planas de
los periódicos de todo el país ante la muerte de 49 internos del penal de Topo
Chico, en Nuevo León, tras un motín del que, para mala fortuna de los presos,
ninguno logró darse a la fuga.
Y conste que al principio referíamos el término “cortina de
humo” por la serie de temas que nos obligó a reflexionar en torno a cuál de
ellos referirse, si a la renuncia de Carlos Joaquín González al PRI tras su
fracaso ante la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo, o bien sobre el
nuevo crimen de una periodista en Veracruz.
Pero lo cierto es que destaca el caso de la penitenciaría
neoleonesa, dada la serie de implicaciones que conlleva, principalmente por
tratarse de una entidad que por primera vez en su historia gobierna un político
independiente que dio mucho de qué hablar desde su campaña, y más ahora que se
encuentra prácticamente solo, a merced de sus enemigos, políticos
principalmente.
El tema, lamentablemente, no sólo involucra a políticos,
sino también a periodistas que, al quedarse sin sus millonarios contratos tras
la salida del gobierno del PRI, se abalanzaron a la yugular de gobernante
independiente mejor conocido como “El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, sobre
todo, ya lo adivinó Usted, del “influyente” Televisa, cuyos reportajes sobre el
motín hacen ver al mandatario como el malo de la “película”.
Los ataques contra “El Bronco” también están a la orden del
día entre todos los partidos políticos que, con representación en las Cámaras
del Congreso de la Unión, han realizado una serie de planteamientos, que casi,
casi, incluyen una solicitud de pena de muerte contra el mandatario, que no
cuenta con algún compañero legislador afín, al igual que otros independientes
como la senadora Martha Tagle Martínez y el diputado Manuel
Jesús Clouthier Carrillo.
En
lo que, por lo menos, coincide la mayoría de detractores es que, en gran
medida, parte de culpa de las muertes durante el motín y del motín mismo, es el
grave hacinamiento que no sólo padece Topo Chico o los penales de Nuevo León,
sino de todo el país, por lo que nadie puede descartar que se produzca algún
hecho similar en cualquiera otra entidad.
¿Y
sabe Usted quien es el responsable de ese hacinamiento y demás problemas de
infraestructura en el sistema penitenciario? Precisamente el Gobierno Federal
que encabeza Peña Nieto, aunque probablemente prefieran ignorarlo sus diputados
y senadores priístas, “ecologistas”, aliancistas o pesistas, que se la pasan
deshaciéndose en halagos a todo cuanto haga o diga su “guía” político, y en
criticar a quienes osen ofenderle o decirle su verdad.
Hasta
hoy la versión más creíble del motín es que la rivalidad entre los grupos
liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, (a) “El Credo”, del Cártel del Golfo,
y Juan Pedro Saldívar Farías (a) “El Z-27”, del Cártel de Los Zetas, fue la que
ocasionó el enfrentamiento y muerte de 49 internos, entre ellos cinco
calcinados y 12 heridos.
Entre
las víctimas mortales del enfrentamiento lo mismo había presos por robo de
autoestéreos, que por trabajar como vigilantes para el crimen organizado (“halcones”),
narcomenudistas, secuestradores y por
estar vinculados con asesinatos múltiples.
Pero
lo cierto es que esto es tan sólo parte de lo ocurrido, ya que detrás de todo
ello está el hacinamiento del que los legisladores se lavan las manos y se les
hace más fácil inculpar a quien le quitó a sus partidos la posibilidad de
gobernar Nuevo León.
Hace
casi dos años, en julio del 2014, la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara
de Diputados demandó a la Permanente del Congreso de la Unión exigir al
gobierno federal atender de inmediato el problema de la sobrepoblación y
hacinamiento en penales locales y federales, ya que en tan sólo 27 de los 387
existentes se concentraba más de la mitad de la población carcelaria nacional.
Para
ese efecto, presentó un estudio en el que se alerta que México tenía 254 mil
reclusos en algún centro de readaptación, pero en espacios diseñados para 199
mil, según estimaba la International Centre for Prision Studies (ICPS), lo que
planteaba la vulneración de sus derechos y se extendía a áreas de trabajo,
educación, alimentación, salud, familiar y recreación, debido a esas
condiciones de sobrepoblación.
Presentado
como “Punto de Acuerdo” ¡por el diputado “Ecologista” Enrique Aubry de Castro
Palomino! el documento del Congreso pidió
a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de
Readaptación Social estatales y federales establecer mecanismos de control que
permitan el respeto irrestricto del derecho al no hacinamiento, la salubridad y
a otras condiciones materiales de reclusión óptimas.
El
legislador planteaba que lograr efectividad en los programas de reinserción
social radica en solucionar la sobrepoblación que afecta al sistema
penitenciario y advertía que, aunque la población penitenciaria se había
duplicado, “los mexicanos no se sienten más seguros, debido a que el sistema
penitenciario no cumple con sus objetivos sociales y legales”.
Asimismo,
dijo que se debían generar las políticas públicas que posibiliten una profunda
renovación del sistema penitenciario mediante la atención y solución de
sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura, insuficiencia de recursos y
personal no capacitado ni sensibilizado en el respeto de garantías individuales,
ya que “carece de estabilidad laboral y recibe bajas remuneraciones, lo que
propicia corrupción, además de que su formación profesional no es idónea, pues
la capacitación es corta, y la actualización, escasa y poco formativa, lo que
confirma la falta de auténtica carrera penitenciaria”.
En
efecto, una de las causas principales del incremento de la población
penitenciaria en los últimos años se debe en gran medida a un mal diseño de la
política criminal, estrechamente relacionada con la ampliación del catálogo de
delitos graves, y la falta de criterios para imponer medidas cautelares,
distintas a la prisión preventiva.
Así,
es momento de implementar medidas para que las penitenciarías dejen de ser un
motivo de vergüenza para gobiernos y sociedad, y se conviertan en desafío
prioritario y urgente exigencia de labor compartida e integral de las
instituciones públicas.
¿Pero
sabe Usted qué pasó con esa iniciativa y demás similares? ¡Sigue durmiendo el
sueño de los justos, “congelada” en algún escritorio burocrático que,
casualmente, está dedicado a proteger al sistema político priísta! No es nada
raro en tratándose de una iniciativa de cómplices “ecologistas”, pero el caso
es que ocurre lo mismo en todas las iniciativas NO priístas, o bien NO pactadas
con el tricolor y sus corifeos legislativos.
Ah,
pero eso sí, es más fácil acusar a los gobiernos estatales NO afines, y más en
el caso del independiente Rodríguez Calderón, quien no tiene quién lo defienda,
vaya si siquiera la supuesta “oposición”, dado que también a ésta le arrebató
la gubernatura de Nuevo León, donde el motín de Topo Chico ha resultado un
verdadero caldo de cultivo para engordar las albóndigas.
Finalmente,
es tan grave el deslinde del gobierno federal en las penitenciarías, que tan
sólo aporta prácticamente el 15% del costo de cada preso federal que, al menos
en teoría, debiera depender totalmente de él, sobre todo en alimentación.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información
de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.
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