¡Frenada sospechosa “fuga” de
millones!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Calificado
como herramienta que, a través de estudios específicos, permite conocer e
identificar riesgos, grado de exposición y vulnerabilidad frente a fenómenos
meteorológicos, el llamado “Atlas de Riesgo”, que busca mitiguen efectos a la
población, infraestructura y entorno, se convirtió en las últimas horas en un nuevo
escándalo para Quintana Roo.
Con el título “Gobierno mandó a hacer Atlas de riesgo, por
más de 58 mdp y no se ha entregado”, nuestra colega Joana Maldonado publicó en
el portal de La Jornada Maya una denuncia que se ha convertido en nueva “bomba”
para el gobernador saliente Roberto Borge, ya que involucra lo que parecía ser
un “despilfarro” por 58.4 millones de pesos.
Pero además, la cuestionada operación del Gobierno del Estado, con la empresa Gusluher Enviromental Service Providers, también habría
provocado que el Secretario de Gobierno, Román Quián Alcocer, despidiera a Luis
Carlos Rodríguez Hoy como coordinador estatal de Protección Civil, donde habría
nombrado como relevo a Juan Granados Ontiveros.
Discutido tema que hoy abordó nuestro amigo Julián
Santiesteban en un programa radiofónico como “una verdadera sinvergüenzada”, el
Atlas, que el año anterior tendría un avance del 80%, según el entonces subsecretario
de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Gustavo Guerrero
Ortiz, habría sido cotizado en 2.9 millones de pesos por la Universidad de
Quintana Roo.
Con
el objetivo de consolidarse como medida de planeación y prevención en caso de
que cualquiera de los 10 municipios del Estado se viera amenazado con el
impacto de fenómenos naturales, decía el funcionario, los trabajos del
proyecto, “que inició en marzo de 2014”, supuestamente, estaban en su primera
fase.
Ésta
consistiría en Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo, ejecutada por el Gobierno del
Estado, en coordinación con el Gobierno de la República, a través del Sistema
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
Ahora
titular de la Comisión de Agua Potable -desde noviembre del 2015-, Guerrero
Ortiz, dijo en aquél entonces que el gobierno de Roberto Borge, a través de la
Secretaría de Finanzas, coordinaba y daba seguimiento a la integración del
proyecto, que contemplaba un periodo de ejecución 24 meses, conforme a un
programa autorizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, Joana Maldonado refuta hoy que el Atlas de
Quintana Roo ¡no contó con el aval de la coordinación estatal de Protección
Civil!
La
nota abunda que la adquisición del Atlas se realizó bajo el contrato OM/DGA/DRM/DP/IR-IF/01/2014
que, con un costo de 58 millones 418 mil 63 pesos, se adjudicó mediante una
“invitación restringida” -es decir que el contratista hizo la invitación- a
“Gusluher Enviromental Service Providers, una empresa que generalmente opera
para proyectos mineros.
No
obstante, aparentemente, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales de la
Secretaría de Gobernación no habría liberado el 70% de los recursos que le
correspondería aportar porque los trabajos no han concluido y porque éstos
requerirían la firma y aval del entonces coordinador estatal de Protección
Civil, Rodríguez Hoy, quien se negó a autorizarlos.
A
su salida, según comunicado de prensa, Granados Ontiveros fue nombrado titular
por el cuestionado Quián Alcocer, aunque, hasta días después, en documentos y
actos oficiales se le mantenía como “encargado de despacho”.
Para
tener una idea de la exageración de los recursos, que autorizó el titular de
Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, quien renunció al cargo “por algunas
semanas” para buscar infructuosamente suplir al diputado federal José Luis
Toledo Medina, entre 2004 y 2005 la Universidad de Quintana Roo, facultada para
elaborar el Atlas de Quintana Roo, elaboró un proyecto con un costo 19 veces
menor al de “Gusluher Enviromental Service Providers.
Según
la empresa, son “especialistas comprometidos con el medio ambiente y
dispuestos a colaborar para que su
organización o institución cumpla con los requerimientos que exigen las
autoridades gubernamentales en materia de medio ambiente, con soluciones para
el desempeño ecológico, económico y social encaminado hacia la sustentabilidad”..
Sin
embargo, los trabajos de la UQROO, que encabezarían en siete meses los
académicos Antonio Iturbe Posadas, Elías Montes Peña, Gabriel Reyes y José May,
planteaba un costo de dos millones 957 mil pesos, 70% de ellos provenientes del
Fondo Nacional para Prevención de Desastres.
Así
las cosas, en plena temporada de huracanes, Quintana Roo carece de un Atlas de
Riesgo que permita a sus habitantes estar prevenidos ante una eventual
contingencia, lo que es más grave para el caso de Othón P Blanco, en frontera
con dos países, el riego permanente de inundaciones y, como consecuencia, el aislamiento
del resto del país.
Ante esta circunstancia, la Dirección de Protección
Civil Municipal indica que el Atlas del municipio capitalino se encuentra en proceso
de “actualización” ¡desde hace cuatro años, desde el 2012!, por lo que se
trabaja con información del 2011, incluida en el Plan de Desarrollo Municipal
2013-2016, donde se establecen los riesgos y la vulnerabilidad del municipio y
la población.
Nuevo
pendiente para el gobernador electo, Carlos Joaquín González, y el presidente municipal
de OPB, Luis Torres Llanes.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe
de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de
dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.
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