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¿Nueva forma de “lucha” campesina?


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En español -con todas sus letras -, dañar, perjudicar, afectar o destruir parcial o totalmente las vías de comunicación de los medios de transporte, servicios auxiliares, bienes o equipos de telefonía, radiodifusión o televisión implican un delito federal en materia de Vías Generales de Comunicación y Correspondencia.
En efecto, los delitos federales son conductas prohibidas y sancionadas por las leyes penales federales, que afectan valores fundamentales de la sociedad, bienes públicos, patrimonio de los mexicanos y seguridad nacional, y la PGR tiene la facultad de perseguir y sancionar esos ilícitos, así como dar seguimiento a toda denuncia relacionada con esas irregularidades.
Conforme al tema que nos ocupa hoy, esos delitos se cometen, entre otros, cuando una o varias personas detienen vehículos en un camino público, y su penalidad es, dependiendo del caso, hasta 30 años de prisión, e incluyen colocar estorbos que impidan el libre tránsito en caminos públicos, o bien dañar señales de tránsito.
El tema aplica perfectamente a los recientes bloqueos de carreteras por parte de ejidatarios en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, respectivamente, el último de ellos este jueves, cuando, por espacio de más de 10 horas, a la altura de Reforma, una turba afectó seriamente el tránsito en “Pueblo Mágico” y aisló la capital chetumaleña de Quintana Roo.
Las múltiples molestias a guiadores, que ignoraban lo que ocurría, aunque ya lo imaginaban -nos están “acostumbrando” a ello-, fueron latentes a lo largo de varios kilómetros, donde las filas eran interminables frente a las docenas de trabajadores del campo que bloquearon ambos sentidos de esas vías generales de comunicación a las que se refiere la ley.
Al igual que en el caso de Carrillo Puerto y Morelos, los que bloquearon la carretera e-xi-gían a la aseguradora Agroasemex el pago de afectaciones a sus cosechas, pero sin haber cubierto algún requisito que, vaya Usted a saber cuál, pero que la Sedaru intentó infructuosamente de solventar a través de una negociación que resultó estéril.
Para no entrar en detalles de números, lo cierto es que sus presiones obligaron la intervención del jefe de la Oficina del Gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, quien había resuelto el problema similar de Morelos y Carrillo, no obstante, sólo en muestra de voluntad política del gobernador Carlos Joaquín González, ya que el asunto competía a la Federación, Agroasemex, Sedaru o póngale el nombre que Usted quiera.
En efecto, el problema principal correspondía principalmente a la PGR, ya que la sociedad es la directamente afectada en se nivel, sobre todo por los graves perjuicios que implica para los guiadores de vehículos el cierre de una importante vía de acceso federal, sean automovilistas, transportistas, o bien autobuses de pasaje o lo que fuere.
Lo cierto es que se trata de una propiedad federal de uso común, que no propiedad de los ejidatarios que, como si se tratara de un juego de niños –que las autoridades han tolerado-, equiparan a aquél “te quito el balón si no juego”, sin importarles en lo más mínimo la urgencia de algunos por trasladar a sus enfermos, la mercancía perecedera que se dañó, o bien los compromisos o empleos que se perdieron por no llegar a tiempo, incluso a clases.
¿A quién reclamarle? ¿A Carlos Joaquín, como se ha vuelto costumbre? O bien habría que interponer formalmente una denuncia ante la PGR. Y conste que esta dependencia no ha dicho ni “pío” en ninguno de los casos, como tampoco con las denuncias contra el ex gobernador Roberto Borge y demás corifeos de su negra, sucia administración.  
Ante el cuestionable resultado de la medida, lo cierto es que el bloqueo de carreteras se ha vuelto un verdadero negocio para cualquier inconforme que, con o sin razón, obtiene resultados favorables, aunque convierte en rehenes a miles de inocentes guiadores que nada tienen que ver con el problema.
         Lamentablemente, las cosas empeoraron en el caso de Bacalar, ya que los manifestantes llegaron al extremo de hacer uso de la violencia física, hágame Usted el favor, contra las propias autoridades que acudieron al lugar de los hechos para dialogar, por ejemplo, el alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien tuvo que correr.
         Como buena periodista, interesada por cuanto acontece en su municipio, nuestra amiga Ofelia Casamadrid también fue objeto de algunos golpes y empujones que la obligaron a huir.
         Miguel Ramón no corrió mejor suerte, como tampoco sus colaboradores o la gente de la Sedaru, ya que, cercados por la multitud, fueron cobardemente agredidos y muestran huellas de golpes, aunque, por fortuna, lograron escapar, ya que pretendían retenerlos -en términos legaloides se dice secuestrar-, tal y como ocurrió en el caso de Morelos.
         En un mensaje que se volvió viral el viernes, “Ramon Valdez” publicó en Facebook que, en una criticable entrevista por Radio Turquesa, el titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco López Mena, manifestó que los ejidatarios habrían recibido ayer dos mil pesos cada uno por cambiar su postura, pero que no los merecían “porque tienen como destino las cantinas”.
         Y es que, en parte, sólo en parte, el funcionario tendría razón, ya que, nos consta -como probablemente le informó su director de Gobernación, Géner Corona-, no pocos de los agresivos ejidatarios de ayer ¡estaban visiblemente alcoholizados o con aliento alcohólico!           
         Ahora bien, por otra parte, no es posible que no procediera el pago de las indemnizaciones por haber omitido algún requisito, ya que vigilar el cumplimiento de formalidades es precisamente papel de sus mismas autoridades internas, a las que deberían realmente reclamarles, o bien a sus asesores de la Confederación Nacional Campesina.
         No obstante, ahora vemos, esto es lo que menos importa a estos últimos, ya que son una cédula del PRI que, créanos Usted, no existe nada más importante para ellos que crearle problemas al gobierno de Carlos Joaquín, ya que, en efecto, el problema campesino de Quintana Roo se ha politizado en todos los sentidos.
         Y vaya que, “curiosamente”, dos apellidos que ayer circularon en forma insistente entre los “ejidatarios” -algunos llevaban ropa y calzados caros- son los de Peña Xicum, mismos que de un ex alcalde de Carrillo Puerto (Ramón) y ex secretario de Salud, plenamente identificado con el PRI, aunque, hasta donde sabíamos, radicaba en Playa del Carmen.
           Para no aburrirle tanto con el tema, casi, casi podemos anticipar -sin ser adivinos- que, ante la complacencia de las autoridades federales, no tarda mucho en presentarse un nuevo problema ejidal, no necesariamente contra Agroasemex, que muy probablemente culmine igual que los de Carrillo Puerto, Morelos y Bacalar: Nuevo bloqueo carretero. Ya la vieron fácil… y seguro.
         Pese a la existencia de las instancias legales adecuadas para plantear sus derechos, ahora exigen “justicia” con violencia física y cierran carreteras ¿Tardarán mucho en usar armas? ¿Y la PGR? ¡Bien gracias!
         No cabe duda que, como sugieren algunos colegas, “A río revuelto…” 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

*Luis Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.


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