¿Nueva forma de “lucha” campesina?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En español -con todas sus letras -,
dañar, perjudicar, afectar o destruir parcial o totalmente las vías de
comunicación de los medios de transporte, servicios auxiliares, bienes o
equipos de telefonía, radiodifusión o televisión implican un delito federal en
materia de Vías Generales de Comunicación y Correspondencia.
En efecto, los delitos federales
son conductas prohibidas y sancionadas por las leyes penales federales, que
afectan valores fundamentales de la sociedad, bienes públicos, patrimonio de
los mexicanos y seguridad nacional, y la PGR tiene la facultad de perseguir y
sancionar esos ilícitos, así como dar seguimiento a toda denuncia relacionada
con esas irregularidades.
Conforme al tema que nos ocupa hoy,
esos delitos se cometen, entre otros, cuando una o varias personas detienen
vehículos en un camino público, y su penalidad es, dependiendo del caso, hasta
30 años de prisión, e incluyen colocar estorbos que impidan el libre tránsito
en caminos públicos, o bien dañar señales de tránsito.
El tema aplica perfectamente a los
recientes bloqueos de carreteras por parte de ejidatarios en José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, respectivamente, el último de ellos
este jueves, cuando, por espacio de más de 10 horas, a la altura de Reforma, una turba afectó
seriamente el tránsito en “Pueblo Mágico” y aisló la capital chetumaleña de
Quintana Roo.
Las múltiples molestias a
guiadores, que ignoraban lo que ocurría, aunque ya lo imaginaban -nos están
“acostumbrando” a ello-, fueron latentes a lo largo de varios kilómetros, donde
las filas eran interminables frente a las docenas de trabajadores del campo que
bloquearon ambos sentidos de esas vías generales de comunicación a las que se
refiere la ley.
Al igual que en el caso de Carrillo
Puerto y Morelos, los que bloquearon la carretera e-xi-gían a la aseguradora
Agroasemex el pago de afectaciones a sus cosechas, pero sin haber cubierto algún
requisito que, vaya Usted a saber cuál, pero que la Sedaru intentó
infructuosamente de solventar a través de una negociación que resultó estéril.
Para no entrar en detalles de
números, lo cierto es que sus presiones obligaron la intervención del jefe de
la Oficina del Gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, quien había resuelto el
problema similar de Morelos y Carrillo, no obstante, sólo en muestra de
voluntad política del gobernador Carlos Joaquín González, ya que el asunto
competía a la Federación, Agroasemex, Sedaru o póngale el nombre que Usted quiera.
En efecto, el problema principal
correspondía principalmente a la PGR, ya que la sociedad es la directamente
afectada en se nivel, sobre todo por los graves perjuicios que implica para los
guiadores de vehículos el cierre de una importante vía de acceso federal, sean
automovilistas, transportistas, o bien autobuses de pasaje o lo que fuere.
Lo cierto es que se trata de una
propiedad federal de uso común, que no propiedad de los ejidatarios que, como
si se tratara de un juego de niños –que las autoridades han tolerado-,
equiparan a aquél “te quito el balón si no juego”, sin importarles en lo más
mínimo la urgencia de algunos por trasladar a sus enfermos, la mercancía
perecedera que se dañó, o bien los compromisos o empleos que se perdieron por
no llegar a tiempo, incluso a clases.
¿A quién reclamarle? ¿A Carlos
Joaquín, como se ha vuelto costumbre? O bien habría que interponer formalmente
una denuncia ante la PGR. Y conste que esta dependencia no ha dicho ni “pío” en
ninguno de los casos, como tampoco con las denuncias contra el ex gobernador
Roberto Borge y demás corifeos de su negra, sucia administración.
Ante el cuestionable resultado de
la medida, lo cierto es que el bloqueo de carreteras se ha vuelto un verdadero
negocio para cualquier inconforme que, con o sin razón, obtiene resultados favorables,
aunque convierte en rehenes a miles de inocentes guiadores que nada tienen que
ver con el problema.
Lamentablemente,
las cosas empeoraron en el caso de Bacalar, ya que los manifestantes llegaron
al extremo de hacer uso de la violencia física, hágame Usted el favor, contra
las propias autoridades que acudieron al lugar de los hechos para dialogar, por
ejemplo, el alcalde de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, quien tuvo que
correr.
Como buena
periodista, interesada por cuanto acontece en su municipio, nuestra amiga
Ofelia Casamadrid también fue objeto de algunos golpes y empujones que la
obligaron a huir.
Miguel Ramón
no corrió mejor suerte, como tampoco sus colaboradores o la gente de la Sedaru,
ya que, cercados por la multitud, fueron cobardemente agredidos y muestran
huellas de golpes, aunque, por fortuna, lograron escapar, ya que pretendían
retenerlos -en términos legaloides se dice secuestrar-, tal y como ocurrió en
el caso de Morelos.
En un mensaje
que se volvió viral el viernes, “Ramon Valdez” publicó en Facebook que, en una criticable
entrevista por Radio Turquesa, el titular de la Secretaría de Gobierno, Francisco
López Mena, manifestó que los ejidatarios habrían recibido ayer dos mil pesos
cada uno por cambiar su postura, pero que no los merecían “porque tienen como
destino las cantinas”.
Y es que, en
parte, sólo en parte, el funcionario tendría razón, ya que, nos consta -como
probablemente le informó su director de Gobernación, Géner Corona-, no pocos de
los agresivos ejidatarios de ayer ¡estaban visiblemente alcoholizados o con
aliento alcohólico!
Ahora bien,
por otra parte, no es posible que no procediera el pago de las indemnizaciones
por haber omitido algún requisito, ya que vigilar el cumplimiento de
formalidades es precisamente papel de sus mismas autoridades internas, a las
que deberían realmente reclamarles, o bien a sus asesores de la Confederación
Nacional Campesina.
No obstante,
ahora vemos, esto es lo que menos importa a estos últimos, ya que son una
cédula del PRI que, créanos Usted, no existe nada más importante para ellos que
crearle problemas al gobierno de Carlos Joaquín, ya que, en efecto, el problema
campesino de Quintana Roo se ha politizado en todos los sentidos.
Y vaya que,
“curiosamente”, dos apellidos que ayer circularon en forma insistente entre los
“ejidatarios” -algunos llevaban ropa y calzados caros- son los de Peña Xicum,
mismos que de un ex alcalde de Carrillo Puerto (Ramón) y ex secretario de
Salud, plenamente identificado con el PRI, aunque, hasta donde sabíamos,
radicaba en Playa del Carmen.
Para no
aburrirle tanto con el tema, casi, casi podemos anticipar -sin ser adivinos-
que, ante la complacencia de las autoridades federales, no tarda mucho en
presentarse un nuevo problema ejidal, no necesariamente contra Agroasemex, que muy
probablemente culmine igual que los de Carrillo Puerto, Morelos y Bacalar:
Nuevo bloqueo carretero. Ya la vieron fácil… y seguro.
Pese a la
existencia de las instancias legales adecuadas para plantear sus derechos,
ahora exigen “justicia” con violencia física y cierran carreteras ¿Tardarán
mucho en usar armas? ¿Y la PGR? ¡Bien gracias!
No cabe duda
que, como sugieren algunos colegas, “A río revuelto…”
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad
Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace
30 años, con más de 40 como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de varios medios de información, así como Jefe de Información de dos
gobernadores y tres presidentes municipales. Ha publicado cuatro libros.
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