¡Influencia del Poder Judicial en caso Calica!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Después
de más de 20 años de escándalos, en los que se han interpuesto 20 demandas de
Amparo y más de 200 expedientes judiciales, el Vigesimotercer Tribunal
Colegiado podría resolver en torno a una supuesta restauración autorizada que omite
la sobreexplotación de Calica, que implica el doble de lo autorizado y que no
habría notificado a la Semarnat.
De esta manera, el Poder Judicial de la Federación propicia
nuevo escándalo, sumado al de anteayer, cuando el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Omar García
Harfuch, dio a conocer que 42 jueces favorecieron 164 egresos de
criminales y miembros del crimen organizado de México.
A
tres años de ser clausurada por cometer graves daños ambientales en Playa del
Carmen, Quintana Roo, la empresa estadounidense Calica interpuso en enero último
un amparo para continuar por 22 años la extracción de piedra caliza. y el juez
federal Martín Adolfo Santos Pérez, quien lleva el caso, no notificó a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre este juicio.
Como
parte de sus “estrategias” en este caso de la filial de la estadunidense Vulcan
material, esta omisión, cuya demanda data de 2023, impidió a la dependencia tener
acceso a la información sobre el juicio y a ejercer su derecho para apelar la
prórroga de explotación minera en la zona, que comprende el puerto de Punta
Venado y los predios La Rosita, La Adelita y El Corchalito.
El
juez Santos Pérez habría enterado del juicio a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) y no a la Semarnat. Ese Amparo derivó del
juicio de nulidad, por lo que el juez autorizó a Calica sólo la restauración
parcial, sin la sobreexplotación de material pétreo.
Ante
esta exclusión, la Secretaría impugnó que nunca fue notificada y la
restauración autorizada omite la sobreexplotación, que implica el doble de lo
autorizado, aunque el Amparo muy probablemente se resuelva este viernes en el 23er.
Tribunal Colegiado.
De
resultar beneficiada, Calica podría evadir su obligación de actualizar y
cumplir con el Programa de Restauración Ambiental, lo que equivaldría a dar por
cumplidas labores de restauración que nunca realizó.
En
los últimos años la minera ha interpuesto más de 50 demandas de amparo y de
nulidad, ante las que autoridades ambientales se han defendido legalmente en
cada caso. En cada demanda, las partes en juicio han presentado recursos de
queja, revisión o incidentes, esto es, más de 200 expedientes judiciales.
Durante
más de dos décadas, Calica habría mentido en sus autoevaluaciones al afirmar
contar con permisos forestales y que restauraba una tercera parte de lo que
explotaba, lo que se ha probado como falso. Sus predios fueron clausurados
entre 2018 y 2024 y expuso un acuífero en una superficie mucho mayor a la
autorizada, reforestó más de mil hectáreas y extrajo el doble del volumen
permitido.
No
obstante, sus terrenos están restringidos actualmente bajo la declaratoria de
Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que impide la
explotación de calizas, a través de un decreto del ex presidente López Obrador,
en septiembre de 2024.
Aunado
a ello, personal de seguridad privada de Calica recién intimidó, tomó
fotografías y corrió a un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a César Gutiérrez Priego, un abogado especialista en derecho
penal, militar y seguridad nacional, con el pretexto de ser propiedad privada
el inmueble.
El
aspirante a ministro de la Corte exhibió a empresa que ha ocasionado daños
irreversibles al suelo, flora y fauna en la Riviera Maya: “Fuimos amenazados
por la seguridad privada de Calica mientras grabábamos con medios presentes. No
les bastó con destruir el medio ambiente, y ahora buscan intimidar.
Sin
embargo, afirmó que “lo digo fuerte y claro: No nos van a callar. Nunca más la
corte será cómplice de oscuros intereses como los de Calica”.
Los
hechos ocurrieron cuando el abogado, acompañado de algunos medios de
comunicación, caminaba por la zona para grabar un mensaje dirigido al pueblo de
México y dar a conocer su campaña.
La
visita había sido comunicada a la prensa con anterioridad, pues pretendía
posicionarse sobre el caso de Calica, empresa señalada por su daño irreversible
al medioambiente en la península de Yucatán, específicamente en la región de
Playa del Carmen.
Como
se sabe, la empresa estadounidense ha impuesto recursos legales en instancias
internacionales alegando una “expropiación” de su terreno. Sin embargo, sería
mentira, pues el terreno sigue siendo de su propiedad, y mejor prueba es que
aún tienen seguridad privada vigilándolo, aunque ya no pueden extraer recursos
de suelo mexicano.
Por
lo anterior, Gutiérrez Priego hizo un llamado urgente al Poder Judicial para
actuar con independencia y firmeza para evitar convertirse en cómplice de
empresas extranjeras que, bajo trucos leguleyos, buscan prolongar actividades
que dañan a México.
Este
incidente en las inmediaciones de Calica, sería una muestra del aspirante con
la defensa del Estado de Derecho, soberanía, sustentabilidad ambiental y protección
de los recursos naturales como elementos esenciales para el desarrollo de
México y legar un país digno a las futuras generaciones.
Por
su parte, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, expuso el caso de Calica
y la declaración del Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto,
donde recordó que, por más de dos décadas, explotó mil 200 hectáreas, afectando
de manera irreversible la biodiversidad de la zona y rebasando el límite en los
contratos, pues comprobaron daños generados por la filial al sistema
hidrológico subterráneo, que derivó en la destrucción de 3 cenotes de 17 en la
zona.
Asimismo,
reiteró que la declaración de Área Natural Protegida no es una expropiación a
Calica, el terreno sigue siendo de ellos, aunque no pueden extraer ni un gramo
más de piedra caliza.
Enfatizó
que, con el decreto se lograron preservar 50 mil hectáreas para la protección
de flora y fauna, y que ahora les corresponde tratar de restaurar 2 mil
hectáreas dañadas para crear un corredor biológico que conectaría el Mar Caribe
con Los Petenes de Campeche.
En
ese sentido, compartió que el 28 de febrero se publicó un plan de manejo enmarcado
en el Programa Nacional de Restauración, implementado por la presidenta Claudia
Sheinbaum, para dar continuidad a la política humanista que prioriza la
justicia ambiental y social.
Por
último, recordó que, durante el sexenio de López Obrador, se decretaron 50
áreas naturales adicionales para un total de 232 en todo el país, que suman cerca
de 99 millones de hectáreas, por lo que la presidenta espera cumplir el
compromiso 30-30-30 para lograr 153 millones de hectáreas de conservación: 30%
terrestres y 30% marítimas para 2030.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
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