¡Elección de “jueces”, una verdadera porquería!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         No cabe duda es que, pese a las buenas intenciones de la ciudadanía la ya muy próxima elección del Poder Judicial, en la mayoría de los casos, será una pesadilla, por no decir porquería, en la que se verán involucrados aspirantes que, ante cualquier cosa, dejan innumerables “detalles” que desear, ya que lo mismo incluye a protectores de narcotraficantes que a traficantes de poder e involucrados en abusos sexuales, ¡hasta asesinos de periodistas!

         Quintana Roo, por citar un “pequeño” ejemplo, no escapa de la lista de los que, sabemos, son públicamente favorecidos o impulsados por la gobernadora Verde, Mara Lezama, entre los que destaca por su importancia el caso de José Luis Jonathan Yong Mendoza, candidato a Juez Penal de Control con Especialización Adicional en Justicia Penal para Adolescentes en Quintana Roo.

Nuestro personaje, conforme a múltiples publicaciones, tendría cuentas pendientes con la justicia, según expediente 217/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera y en estrados el 7 de mayo de este año, por presunción del delito de “lavado” de dinero de procedencia ilícita, pese a su proselitismo en las redes sociales para votar por él el próximo domingo 1 de junio.

Irónicamente, el aspirante se autodescribe con experiencia, preparación y “vocación de servicio a la justicia”, pues, dice haber procurado justicia y brindado seguridad pública, aunque reconoce abiertamente haber sido propuesto por el Poder Ejecutivo -llámese Mara Lezama- y, aunque usted no lo crea, invita a conocer su “trayectoria”.

Plenamente identificado como militante del Verde “Ecologista”, como la mandataria, su última aparición en un cargo público fue como Oficial Mayor de Puerto Morelos hasta fines del año pasado.

Yong Mendoza también es recordado de fea forma como encargado de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Benito Juárez, en el trienio del también Verde -para variar-, Remberto Estrada Barba (2016-2018), cuando más de 150 policías fueron cesados ¡por denunciar anomalías en la corporación!, sin procedimientos administrativos adecuados ni justificaciones válidas.

Según un expediente de la UIF contra el aspirante, inició en febrero del 2021, como parte de la Operación Caribe, cuando en Cancún, la entonces Procuraduría General de la República, incautó las cajas de seguridad de una empresa financiera en Plaza América, sobre avenida Cobá, entre Brisa y Nube, en la Supermanzana 5 de esa ciudad.

Así, se identificó a una organización criminal integrada principalmente por rumanos y mexicanos con centro de operaciones en Cancún, pero ahora expandido a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta, según comunicado de la Fiscalía de febrero del 2021.

Hacienda federal trabajó de manera coordinada con el FBI en objetivos del operativo, con el que se ubicó a miembros del grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas para el blanqueo de capitales.

Los expedientes señalan que, entre los vinculados con operación de recursos de procedencia ilícita, figura Yong Mendoza, quien impugnó el bloqueo un mes después del incidente ante el Juzgado 4º de Distrito, donde se radicó el caso con expediente 27692890, pero se le negó suspensión provisional y ahora espera el fallo definitivo.

Por ser de relevancia internacional, el Verde, destituyó a varios de sus militantes involucrados en “Operación Caribe”, con lo que “demostró” democracia y transparencia del partido, que se comprometió a reforzar unidad e institucionalidad.

Sin embargo, Operación Caribe se concretó a intercambiar información entre el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el FBI y la UIF, pero Yong Mendoza apareció entre los 79 personajes con investigaciones federales por nexos con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y otras actividades ilícitas en la Riviera Maya.

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Así, el paso de José Luis Jonathan Yong Mendoza por la administración pública, está enmarcado por múltiples escándalos y controversias, desde señalamientos por represalias laborales hasta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

         Bueno, hasta ahí, una de las sonadas aspiraciones de un quintanarroense de “dudosa” calidad, pero apadrinado” por Mara Lezama, pero si volteamos a los demás cientos de nombres, faltaría espacio, por lo que nos limitaremos a la primera lista de candidatos vinculados a narco y crimen organizado postulados en la elección judicial en México y algunas de sus “hazañas”:

Empezamos por Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales (a) El “Z 40”, y Eleazar Medina Rojas (a) “El Chelelo”, relacionados con el crimen organizado y extraditados a Estados Unidos y en proceso a ser juzgados en ese país. El primero fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero, cuando se trasladó 29 narcos, incluido Rafael Caro Quintero, para rendir cuentas ante la justicia.

Además, Escamilla Villarreal carece de experiencia laboral en el Poder Judicial.

Otro aspirante, Francisco Herrera Franco, fue fiscal regional de Michoacán, donde estuvo señalado de vínculos con grupos criminales, así como en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán. 

Diversas organizaciones urgieron al Instituto Nacional Electoral revocar la candidatura del ex colaborador de Silvano Aureole Cornejo -otrora gobernador, hoy prófugo de la justicia-, grabado mientras negociaba con presunto líder criminal de la región de Zitácuaro. 

Otra “figurita” es Silvia Rocío Delgado, abogada que formó parte de la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero también busca convertirse en jueza penal en el distrito judicial que abarca Ciudad Juárez, como parte de la elección directa del Poder Judicial previsto para el 1 de junio.

Su nombre aparece oficialmente como una de las 11 aspirantes al cargo en los Juzgados de Primera Instancia y Menores Bravos Penal (De enjuiciamiento), según sitio del IEE de Chihuahua. Su candidatura generó atención por participar como abogada del ex líder del Cártel de Sinaloa tras su captura en enero de 2016, cuando estuvo preso en Ciudad Juárez.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, por su lado, busca ser juez federal en Durango, dice, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para todos por igual, con imparcialidad, legalidad y compromiso, aunque no menciona haber estado preso 6 años en Texas por tráfico de metanfetaminas, según la asociación Defensorxs AC, encargada de investigar a los candidatos.

No hay quinto malo, y así aparece Jesús Humberto Padilla Briones, a quien el presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, denunció que, como candidato a juez penal de Nuevo León, logró pasar los filtros para participar en la elección, pese a que en 2023 fue detenido con 15 bolsas con cristal y un arma de fuego.

Padilla Briones habría sido detenido por policías locales y agentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, junto con otros dos hombres tras intentarse dar a la fuga después de que les marcaran el alto. Tras revisar una camioneta en la que viajaban, los policías encontraron 40 bolsas de cristal, 15 de ellas a Humberto Padilla, además de portar el arma cargada.

Los tres fueron vinculados a proceso por narcomenudeo de metanfetamina y, con todo, Humberto Padilla es candidato a juez penal por la lista del Poder Legislativo, esa que tanto ha presumido el senador Fernando Noroña en los últimos meses

Otro candidato pintado de rojo es Edgar Rodríguez Beiza, quien, con pretexto de convalecer de supuesto ataque y por eso no ha podido defenderse, solicitó a un colega, que lleva el juicio en su contra, 6 meses para recabar pruebas a su favor.

El juzgador, vinculado a proceso por abusar sexualmente de una alumna en 2017, solicitó amparo y en la audiencia, pidió a su colega, el juez de Control, Israel Pérez Cuevas, extender medio año el plazo para su defensa.

Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 como juez de distrito por acosar sexualmente a una trabajadora, también aparece en la lista de candidatos a magistrado que entregó el Senado al INE para estar su nombre en la boleta de elección judicial. Pasó la selección del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, salió insaculado y llegará a la boleta de los comicios.

No obstante, en 2013, una empleada del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco, del que era titular, lo denunció ante el Consejo de la Judicatura Federal por insinuaciones de carácter sexual, tanto físicas como verbales en el juzgado.

Otra “chulada” de aspirante es José Refugio Rodríguez Núñez, a quien citó Andrés Granados, miembro del equipo de defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán por declaraciones a nombre, de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, en el que se deslindaban del ataque a los militares en Culiacán el 30 de octubre.

“Al señor José refugio le llegó un requerimiento de la SEIDO para que declare sobre ese tema”, dijo Granados, quien señaló: “Quieren que se les diga cuál es la fuente”.

Otro más: Julio Veredín Sena Velázquez. Su historial de juez incluye decisiones significativas que han captado la atención pública, desde suspensiones provisionales hasta anulación de órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto como crimen organizado o corrupción en cargos de secretarías de Estado y de entidades.

Algunas de las polémicas en las que ha estado involucrado, que han desatado debates por proteger a diversas figuras que han lastimado la vida pública del país, en 2019, otorgó una suspensión que impidió extraditar a Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, a Estados Unidos.

El año siguiente, en 2020, otorgó protección judicial a Ramón Sosamontes, ligado al caso de la “Estafa Maestra” junto con Rosario Robles y ex jefe de comunicación de la Sedesol, para no ser detenido por la FGR, mientras en 2021 evitó la aprehensión de Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, acusado de malversación de recursos públicos.

El mismo año concedió suspensión provisional a Laisha Michelle Oseguera, hija de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, para que no se girara orden de aprehensión en su contra, y ya en 2023 otorgó una suspensión definitiva al escritor Andrés Roemer, acusado de violación, acoso sexual y agresión sexual por al menos 61 mujeres, según Periodistas Unidas Mexicanas.

Finalmente, uno de los casos más recientes, fue el amparo que Julio Veredín otorgó a José Rodolfo ‘N’, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León y uno de los 10 hombres más buscados por el FBI de Estados Unidos.

Otro aspirante es Conrado Alcalá Romo, quien favorece delincuentes, por conceder beneficios legales a figuras del crimen organizado, entre ellos, el narcotraficante sinaloense Héctor ‘El Güero’ Palma. Dicho amparo implicaría reiniciar el proceso penal, incluyendo recopilación y análisis de testimonios y evidencia que no se había considerado.

El candidato Enrique Hernández Miranda aparece entre los 42 jueces que favorecieron a 164 egresos de criminales y miembros del crimen organizado y dos de Sonora, como informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre los 42 juzgadores, encabezan la lista Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones, aunque, de octubre del 2024 a abril del 2025, fueron liberadas 26 personas de diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etcétera”.

Como número 12, figura Castro Borbón, a quien García Harfuch, acusó de favorecer con resoluciones a presuntos delincuentes sin mostrar un expediente o algún análisis documental de sus sentencias. 

El mismo juez en funciones, está en la lista de aspirantes a las que el Senado y la Cámara de Diputados solicitaron retirar su candidatura por no cumplir con el requisito de buena reputación, y citaron notas periodísticas basadas en un comunicado de la Fiscalía General para exigir su remoción como candidato. 

Por si esta docena de aspirantes fuera poco, también, además del de Quintana Roo, aparecen candidatos con vínculos con la secta “La Luz del Mundo”: Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez, Cesia Keren León, Cinthia Guadalupe Teniente, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabé Almazán, todos ellos vinculados a la red que lideró Naasón Joaquín García, condenado por abuso infantil.

¡Y a todos ellos se suma Yong Mendoza, “ahijado” político de Mara Lezama… y del Verde!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

        Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.