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¡Por fin “castigan” a una política “chapulín”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ignoramos si sea por venganza de la gobernadora Verde, Mara Lezama, contra quien fuera su contrincante política, pero el caso es que, en definitiva, el Tribunal de Justicia Administrativa de esta última terminó por inhabilitar por 20 años a la dos veces ex alcaldesa de Puerto Morelos y ex diputada federal, la “chapulín” ex priista, ex perredista y finalmente Verde, Laura Fernández Piña.

Tras encontrarla responsable de una falta administrativa grave por abuso de funciones durante su gestión municipal (2016-21), lo que no ha ocurrido con ninguna ex alcalde o alcaldesa, ese organismo también le impuso una multa por 78.9 millones de pesos, una de las sanciones más altas impuestas a una ex funcionaria en la historia reciente del estado, en una resolución que se registró el 9 de mayo de 2024, según la Contraloría estatal.

El Tribunal centró su fallo en el incumplimiento del pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que generó un daño patrimonial cercano a los 79 millones de pesos, aunque, tras conocerse la sanción, la ex funcionaria negó cualquier acto de corrupción, que el retraso en los pagos al IMSS se debió a la crisis por la pandemia y que no se le notificó correctamente el procedimiento.

No obstante, en desesperado intento por frenar la sanción, interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, que lo desechó en febrero último.

Por su parte, la actual alcaldesa, la morenista Blanca Merari Tziu, recordó haber recibido un municipio “en quiebra técnica” con, por lo menos, seis denuncias por presuntas irregularidades de la administración de Laura Fernández, quien militara en el PVEM, fue diputada local, federal, y contendió por la gubernatura de Quintana Roo en 2022, con la alianza PAN-PRD, que perdió.

La inhabilitación en contra de la ex funcionaria, quien es originaria de Torreón Coahuila y creció en Guadalajara, Jalisco -con unos años viviendo en Quintana Roo- se mantendrá hasta 2044, salvo alguna reversión en tribunales superiores.

La incursión política de la mujer se remonta a 1999 con el PRI, aunque ocupó diversos cargos en la administración pública: Encabezó la Dirección de Turismo y Relaciones Públicas en Benito Juárez, Cancún (1999-2002); fue delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer y, de 2005 a 2008, secretaria técnica de gabinete de Benito Juárez.

En su largo “trajín” resultó electa diputada local del Distrito X por el PRI para el periodo 2008-2011 y presidió la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la XII Legislatura del Congreso del Estado, aunque también fue candidata a diputada por el Distrito Federal 03.​

En 2013 fue titular de la Secretaría Estatal de Turismo hasta 2016, con el ex gobernador Roberto Borge, con quien participó en la organización de la edición 39 de Tianguis Turístico de México, Cancún 2014, aunque dos años después, en abril de 2016, renunciaría a Turismo y al PRI para ingresar al Verde como candidata a alcaldesa de Puerto Morelos.

Durante las elecciones locales de 2016 fue electa primera alcaldesa del primer Ayuntamiento del entonces nuevo municipio (2016-2018), cuando presidió la Conferencia Nacional de Municipios de México, que agrupa a más de 2400 Ayuntamientos de diferentes partidos, tras lo cual se convirtió en primera mujer en reelegirse alcaldesa de Quintana Roo, al ganar nuevamente las elecciones de 2018, para un segundo mandato hasta marzo de 2021.

Ese año se postuló candidata a diputada federal del Verde por la coalición "Juntos Hacemos Historia" por el distrito 4, elegida en los comicios del 5 de junio, con 43.60% de los votos, pero solicitó licencia indefinida en marzo de 2022 para competir por la gubernatura contra Mara Lezama, cuando, a falta de suplente, su escaño en la Cámara de Diputados quedó vacante, hasta su posterior reincorporación en junio.

En enero de 2022 renunció al Verde y se hizo precandidata a la gubernatura por el PRD, por lo que el día 21 de enero se registró con la coalición “Va por Quintana Roo”, aunque, en las elecciones del 5 de junio, quedó segunda, con 16.08% de los votos, 41 puntos detrás de la electa Mara Lezama, que alcanzó 57.06%.

         Hasta donde se sabe, la Comuna de Puerto Morelos presentó una batería de denuncias en contra de la ex alcaldesa, entonces candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD-CQ, que incluyó a funcionarios de su administración, por peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder.

Las denuncias se interpusieron lo mismo ante las Fiscalías General de la República y la Especializadas en Delitos contra la Corrupción federal y estatal en su contra, así como contra Ana Luisa Betancourt, quien fuera su encargada de despacho, mientras Laura Fernández hacia campaña para diputada federal.

También figuraron en la “lista negra” su entonces tesorero Eligio Sierra, extesorero; contralor, Raymundo Martínez; Oficial Mayor, Héctor Alcaraz; subsecretario de asuntos jurídicos, Josué Arjona; y secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Velázquez.

Bajo las siglas del Verde “Ecologista”, Laura Fernández de 2016 a 2021 -por su reelección en 2018- pero después contendió y fue electa diputada federal, para luego renunciar a esa militancia en enero de 2022, en busca de la candidatura a la gubernatura por el PRD.

Los actos que se le atribuyen, junto con sus colaboradores, se tradujeron en una deuda heredada al nuevo gobierno municipal, subrayó Blanca Merari Tziu, quien fuera postulada por el Verde tras el asesinato de su marido, Ignacio Sánchez Cordero, en febrero del 2021.

Según la hoy alcaldesa el golpe económico se cuantifica en más de 503 millones de pesos, por falta de pagos al Seguro Social, por 89 millones; al Sistema de Administración Tributaria federal y estatal, por 18 y 39 millones, respectivamente, y por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de deuda a proveedores particulares.

         Además, se incluyeron obras públicas por 33 millones de pesos y una nómina “inflada” del Capítulo mil, por 246 millones, por más de mil 200 trabajadores, de los cuales muchos no se presentaban a laborar.

A esa cantidad se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos -presuntamente irregulares- por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada, que comprometen 48% las participaciones federales que Puerto Morelos debía recibir en dos décadas.

Acompañada por funcionarios de su gobierno y de regidores de Cabildo, dijo que el tema de las APPs era la situación “más delicada” porque comprometía 20 años las participaciones federales, un fuerte golpe económico que afectaría a la población y sus servicios.

Ella misma y su tesorera han sido demandadas penalmente por las empresas involucradas, al negarse a pagar facturas que les han presentado, por lo que las compañías interpusieron amparos y juicios contencioso-administrativos como medidas de presión.

Blanca Merari Tziu admitió que habría temor por la reacción y molestia que generaría el tema público, aunque responsabilizó a Fernández Piña y a sus ex funcionarios denunciados de lo que pudiera pasarle a ella, a su familia o a sus colaboradores, pues no dudaba que, “en un acto de desesperación”, la ex munícipe atentara contra ella misma, “para victimizarse”.

Según el asesor externo de la Comuna, Karim de la Rosa, uno de los contratos se firmó con OFN Quintana Roo para el desarrollo integral de eficiencia energética y mejoramiento de la calidad del alumbrado público, con cobertura total en la zona urbana de la cabecera y las principales localidades, incluidas las zonas turísticas.

El contrato para el sistema de alumbrado se firmó el 15 de agosto de 2021, por 42.9 millones de pesos -sin IVA- con garantía de pago 25% de las participaciones federales presentes y futuras, a depositarse en un fideicomiso.

El segundo contrato se firmó con Inocaribe. con inicio de vigencia el 20 de agosto, para construir una unidad de servicios administrativos, consistente en un centro de atención ciudadano y oficinas administrativas para la prestación de los servicios públicos de la demarcación, o sea, un nuevo palacio municipal.

El monto fue por más de 57.9 millones de pesos, con afectación de las participaciones federales en 23%o.

De la Rosa explicó que para el proyecto del alumbrado el Ayuntamiento terminaría pagando en 20 años, 442.6 millones y 389.7 millones de pesos, por el “nuevo” palacio municipal, para un total de 832.4 millones.

Agregó que han interpuesto distintos medios de defensa legal y recurrido a la Secretaría de Hacienda, que señaló que los dos contratos de APP “no están inscritos en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios” lo que significa que ambos instrumentos son legalmente “imperfectos”.

Otra irregularidad detectada es que, pese a que el Congreso del Estado le autorizó a Laura Fernández firmar ambos contratos -cuyas obligaciones excedían su mandato- ninguno había sido inscrito en el Registro que, según la Ley de APPs del estado, administraba la Comisión de Hacienda de la XVI Legislatura.

En este sentido, estaban en vías de promoverse denuncias penales, una por contrato, contra Laura Fernández y ex funcionarios probablemente responsables, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que habría de investigar la SEIDO.

Finalmente, se evaluaba que la Comuna promoviera juicio de lesividad para desactivar ambos contratos, anulándolos, así como los actos derivados de ello, como los decretos autorizados por el Congreso y los acuerdos de Cabildo.

Nueva pregunta obligada es si, además de la inhabilitación y la multa, no cabría la “posibilidad” de denunciar castigar penalmente a la ex funcionaria, o si, como los políticos tienen de moda, renunciar a su anterior partido ¡y afiliarse a Morena!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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