¡Nueva “hazaña” de aspirante”: Un helicóptero
Si
bien al principio el nombre de la morenista Estefanía Mercado Asencio llegó a “sonar”
en algún momento como eventual suspirante a la sucesión de la gobernadora Verde,
Mara Lezama, lo cierto es que ella misma, como sucedió con su colega de Othón
P. Blanco, se encargó de auto descartarse, aunque no tuvo la necesidad de hacerlo
verbalmente, como lo hizo Yensunni Martínez Hernández.
El
tiempo y los hechos, fueron suficientes para demostrar que la alcaldesa de
Playa del Carmen -antes Solidaridad- tiene suficientes “méritos” para NO
considerarse digna del futuro de Quintana Roo, recientemente por su millonaria
decisión de cambiarle el nombre a su municipio y por evitar confrontarse con su
antecesora, la ex panista Lily Campos. “Sólo” por el cambio de nombre serían “sólo”
unos 100 millones de pesos.
Lamentablemente,
siguiendo el ejemplo de esta última, sobre todo en lo que se refiere a oscuras
adjudicaciones de contratos, ahora salió con la millonaria, oscura contratación
de un helicóptero, permitida por la propia Mara Lezama, aunque, eso sí, a través
de una empresa cuyos propietarios están vinculados con multimillonario fraude a
Liconsa.
Como
es del dominio público, el Ayuntamiento de Playa del Carmen, con el
pretexto de fortalecer su seguridad pública, aprobó adquirir en arrendamiento
un helicóptero Agusta Westland AW109, un modelo de lujo más parecido a un taxi
aéreo ejecutivo que a una aeronave de vigilancia.
Según
“malas lenguas”, el verdadero propósito de esta aeronave es el uso personal de
Estefanía Mercado y su pareja, el ex basquetbolista Eduardo Nájera, ya que la
alcaldesa gobierna a distancia, con constantes viajes, y este helicóptero
garantizará su movilidad sin mezclarse con la “plebe”.
El
modelo AW109 es una aeronave ejecutiva, con cabina de lujo y comodidades que no
corresponden a un helicóptero diseñado para operativos de seguridad, aunque, curiosamente,
el vehículo tiene matrícula de Estados Unidos, y la empresa que lo alquila está
muy relacionada con familiares de la presidenta municipal, que viven en Miami,
Florida. El costo por su arrendamiento es millonario, mientras las patrullas
escaseaban, y las colonias padecen la falta de alumbrado y vigilancia.
Hasta
donde se sabía el costo del servicio no era nada barato, ya que, con buena vista,
se hablaba de entre 18,500 y 25 mil pesos por hora, lo que significaba que, se
utilizara o no, el pueblo podría estar pagando esa cantidad cada hora en el
aire durante los tres años de contrato.
La
nave permanecía oculta a la vista del público, ya que Raúl Alberto Tassinari González,
el secretario de Seguridad Ciudadana, había prestado la plaza cívica, donde sus
elementos se ejercitan para esconderla.
Lo
único cierto, es que, para variar, el pretextado discurso de “austeridad
republicana” se estrelló contra la realidad: Morena y aliados del Verde “Ecologista”
se permiten lujos desmedidos, mientras el pueblo enfrenta carencias. Por algo
bautizarían a Playa del Carmen como municipio donde la seguridad no despega…,
pero el dinero sí vuela.
¿Y
sabe Usted qué es lo peor del caso? Que el flamante helicóptero contratado ¡ni
puede volar!, Carece de permisos, de seguro y de algún helipuerto funcional, y
se pagará por él ¡más de 3 millones de pesos al mes!
Si
Pitágoras no se equivoca, la cantidad es resultado de gastar 2 mil 800 pesos por
hora y, a pesar de todos sus inconvenientes, será facturado por 50 horas
mensuales, por un aparato que permanece en tierra, lo que, dígase o no, huele a
fraude, por lo que asociaciones civiles exigen una investigación contra Tasinari
González, quien tomó posesión el 4 de octubre 2004, así como contra su jefa
directa, la alcaldesa Estefanía Mercado.
Lo
que realmente permanecía oculto bajo siete candados, es que el helicóptero es
parte de un contrato multimillonario de unos mil 200 millones de pesos con la
empresa Grupo Turbofin Sapi de CV, que rentó a la Comuna playense patrullas que
permanecen estacionadas, lo que es inaudito en un lugar donde, reiteramos, la
seguridad no despega, pero el dinero sí vuela.
El
caso es que ese grupo se anuncia como “Somos una empresa que se dedica al
arrendamiento puro de automóviles, ofreciendo soluciones integrales de
administración de flotillas al Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados y municipios
del país”.
En
efecto, recientemente con bombos y platillos, Mara Lezama, y la alcaldesa encabezaron
la ceremonia de entrega de 334 patrullas y el helicóptero a la Secretaría de
este municipio, con una inversión histórica de mil 200 millones de pesos, pese
a que el contrato con Turbofin, que encabeza Eduardo Flegman, permanece en lo
oscurito y sin revelarse públicamente los detalles y alcances.
Según
se dijo, el equipo busca fortalecer la infraestructura policial para consolidar
la estrategia de seguridad en el Ayuntamiento, aunque ni gobernadora ni alcaldesa
informaron el nombre de la empresa adjudicada ni detalles de la contratación.
Además, en revisión de portales de transparencia, tampoco se encontró registro
de la asignación.
Turbofin
es propiedad de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños
de Traxión, y estuvo envuelta en polémica, primero, tras denunciarse en marzo
aparentes irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 27
millones de pesos para la renta de vehículos al municipio de Mineral de la
Reforma, Hidalgo.
En
los últimos años, Turbofin obtuvo contratos públicos por unos 2 mil millones de
pesos, entre otros, con Ensenada y Tijuana en Baja California; la Comisión
Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, Aguascalientes, Ciudad
Juárez, Chihuahua; Tepic, la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, y el Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango.
Adicionalmente,
este año, a nivel federal obtuvo tres asignaciones: Con el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por un contrato restringido, por
2.9 millones de pesos para arrendamiento de transporte vehicular; la Secretaría
de Turismo le entregó una adjudicación directa por 487 mil pesos y el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa un fallo para rentar vehículos
por 8.6 millones.
Además,
aunque Traxión y la arrendadora Grupo Turbofin son propiedad de los Lijtszain, este
último no reportó actividades a la Bolsa Mexicana de Valores, donde el primero cotiza
desde 2017.
Peor
aún, según la Auditoría Superior de la Federación, Turbofin firmó el contrato
CARR/1391/2020 con Liconsa, de la Segalmex, donde el contratante entregó
evidencia documental de servicios por 89.4 millones de pesos y de los pagados,
por 74 millones, aunque la Federación halló inconsistencias: En contratos del
Programa de Abasto Social Campeche y Centro de Acopio Palizada, y no así el de
Candelaria, en contravención de lo establecido en otro contrato.
Además,
en el análisis de información y documentación faltaron: Carta de apoyo de
alcance amplio del fabricante de los equipos en español o con traducción en los
Centros de Acopio Candelaria y Calderón; póliza de seguro con cobertura amplia,
que incluyera daños materiales de equipos por la cobertura amplia de todo
riesgo, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos y robo vigente entre octubre-diciembre
2023; carta de confidencialidad firmada del representante o apoderado de
Turbofin con los Centros de Acopio Candelaria y Granjas Fátima; evidencia documental
de la entrega en Candelaria y Álvaro Obregón de ficha técnica e instructivos de
cada equipo.
Además,
faltó evidencia documental de la aplicación o cobro de Liconsa al proveedor de penalizaciones
y deducciones por 4.3 millones de pesos, por 26 componentes de 8 espectrómetros
de infrarrojo medio o FTIR, ocho crióscopos, cinco parrillas de calentamiento,
tres bancos de laboratorio, un baño maría digital, una balanza analítica y
un refrigerador para muestras y/o reactivos, reportados vía mesa de ayuda de
Turbofin, no reparados o sustituidos en el plazo establecido.
Por
si fuera poco, la Auditoría solicitó a Turbofin información legal y
administrativa, así́ como documentación de la prestación del servicio objeto
del contrato con Liconsa y vigente en 2023, aunque su apoderado atendió́ el
requerimiento y en su análisis no proporcionó: Inventario de componentes base
del servicio; evidencia documental de la entrega de la memoria técnica anual de
2023, y sólo entregó formatos de “Acta entrega recepción de punto de
equipamiento” y “Formato de resguardo”.
Por
esta auditoria forense, la Federación determinó, en lo general, que Liconsa tuvo
pendiente por aclarar 45.4 millones de pesos.
¿Se
aprendería de memoria la alcaldesa suspirante a gobernadora los cursos de “capacitación”
de su antecesora, la ahora morenista Lili Campos? ¿Estará enterada de todo esto
la todavía gobernadora?
Como
obsequio por el Día de la Santa Cruz, le dejamos copia del enlace que, con el
título ¡Cochinero en gastos de nueva "morenista"!, apenas el 2 de
febrero publicamos sobre las “hazañas” de la ex alcaldesa panista Lili Campos, que
hoy pretende imitar Estefanía Mercado. ¡Pobre Playa del Carmen!
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/cochinero-en-gastos-de-nueva-morenista.html
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
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