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 ¡Nueva “hazaña” de aspirante”: Un helicóptero

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Si bien al principio el nombre de la morenista Estefanía Mercado Asencio llegó a “sonar” en algún momento como eventual suspirante a la sucesión de la gobernadora Verde, Mara Lezama, lo cierto es que ella misma, como sucedió con su colega de Othón P. Blanco, se encargó de auto descartarse, aunque no tuvo la necesidad de hacerlo verbalmente, como lo hizo Yensunni Martínez Hernández.

El tiempo y los hechos, fueron suficientes para demostrar que la alcaldesa de Playa del Carmen -antes Solidaridad- tiene suficientes “méritos” para NO considerarse digna del futuro de Quintana Roo, recientemente por su millonaria decisión de cambiarle el nombre a su municipio y por evitar confrontarse con su antecesora, la ex panista Lily Campos. “Sólo” por el cambio de nombre serían “sólo” unos 100 millones de pesos.

Lamentablemente, siguiendo el ejemplo de esta última, sobre todo en lo que se refiere a oscuras adjudicaciones de contratos, ahora salió con la millonaria, oscura contratación de un helicóptero, permitida por la propia Mara Lezama, aunque, eso sí, a través de una empresa cuyos propietarios están vinculados con multimillonario fraude a Liconsa.    

         Como es del dominio público, el Ayuntamiento de Playa del Carmen, con el pretexto de fortalecer su seguridad pública, aprobó adquirir en arrendamiento un helicóptero Agusta Westland AW109, un modelo de lujo más parecido a un taxi aéreo ejecutivo que a una aeronave de vigilancia.

Según “malas lenguas”, el verdadero propósito de esta aeronave es el uso personal de Estefanía Mercado y su pareja, el ex basquetbolista Eduardo Nájera, ya que la alcaldesa gobierna a distancia, con constantes viajes, y este helicóptero garantizará su movilidad sin mezclarse con la “plebe”.

El modelo AW109 es una aeronave ejecutiva, con cabina de lujo y comodidades que no corresponden a un helicóptero diseñado para operativos de seguridad, aunque, curiosamente, el vehículo tiene matrícula de Estados Unidos, y la empresa que lo alquila está muy relacionada con familiares de la presidenta municipal, que viven en Miami, Florida. El costo por su arrendamiento es millonario, mientras las patrullas escaseaban, y las colonias padecen la falta de alumbrado y vigilancia.

Hasta donde se sabía el costo del servicio no era nada barato, ya que, con buena vista, se hablaba de entre 18,500 y 25 mil pesos por hora, lo que significaba que, se utilizara o no, el pueblo podría estar pagando esa cantidad cada hora en el aire durante los tres años de contrato.

La nave permanecía oculta a la vista del público, ya que Raúl Alberto Tassinari González, el secretario de Seguridad Ciudadana, había prestado la plaza cívica, donde sus elementos se ejercitan para esconderla.

Lo único cierto, es que, para variar, el pretextado discurso de “austeridad republicana” se estrelló contra la realidad: Morena y aliados del Verde “Ecologista” se permiten lujos desmedidos, mientras el pueblo enfrenta carencias. Por algo bautizarían a Playa del Carmen como municipio donde la seguridad no despega…, pero el dinero sí vuela.

¿Y sabe Usted qué es lo peor del caso? Que el flamante helicóptero contratado ¡ni puede volar!, Carece de permisos, de seguro y de algún helipuerto funcional, y se pagará por él ¡más de 3 millones de pesos al mes!

Si Pitágoras no se equivoca, la cantidad es resultado de gastar 2 mil 800 pesos por hora y, a pesar de todos sus inconvenientes, será facturado por 50 horas mensuales, por un aparato que permanece en tierra, lo que, dígase o no, huele a fraude, por lo que asociaciones civiles exigen una investigación contra Tasinari González, quien tomó posesión el 4 de octubre 2004, así como contra su jefa directa, la alcaldesa Estefanía Mercado.

Lo que realmente permanecía oculto bajo siete candados, es que el helicóptero es parte de un contrato multimillonario de unos mil 200 millones de pesos con la empresa Grupo Turbofin Sapi de CV, que rentó a la Comuna playense patrullas que permanecen estacionadas, lo que es inaudito en un lugar donde, reiteramos, la seguridad no despega, pero el dinero sí vuela.

El caso es que ese grupo se anuncia como “Somos una empresa que se dedica al arrendamiento puro de automóviles, ofreciendo soluciones integrales de administración de flotillas al Gobierno Federal, Gobiernos de los Estados y municipios del país”.

En efecto, recientemente con bombos y platillos, Mara Lezama, y la alcaldesa encabezaron la ceremonia de entrega de 334 patrullas y el helicóptero a la Secretaría de este municipio, con una inversión histórica de mil 200 millones de pesos, pese a que el contrato con Turbofin, que encabeza Eduardo Flegman, permanece en lo oscurito y sin revelarse públicamente los detalles y alcances.

Según se dijo, el equipo busca fortalecer la infraestructura policial para consolidar la estrategia de seguridad en el Ayuntamiento, aunque ni gobernadora ni alcaldesa informaron el nombre de la empresa adjudicada ni detalles de la contratación. Además, en revisión de portales de transparencia, tampoco se encontró registro de la asignación.

Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, también dueños de Traxión, y estuvo envuelta en polémica, primero, tras denunciarse en marzo aparentes irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 27 millones de pesos para la renta de vehículos al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

En los últimos años, Turbofin obtuvo contratos públicos por unos 2 mil millones de pesos, entre otros, con Ensenada y Tijuana en Baja California; la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua; Tepic, la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Durango.

Adicionalmente, este año, a nivel federal obtuvo tres asignaciones: Con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por un contrato restringido, por 2.9 millones de pesos para arrendamiento de transporte vehicular; la Secretaría de Turismo le entregó una adjudicación directa por 487 mil pesos y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa un fallo para rentar vehículos por 8.6 millones.

Además, aunque Traxión y la arrendadora Grupo Turbofin son propiedad de los Lijtszain, este último no reportó actividades a la Bolsa Mexicana de Valores, donde el primero cotiza desde 2017.

Peor aún, según la Auditoría Superior de la Federación, Turbofin firmó el contrato CARR/1391/2020 con Liconsa, de la Segalmex, donde el contratante entregó evidencia documental de servicios por 89.4 millones de pesos y de los pagados, por 74 millones, aunque la Federación halló inconsistencias: En contratos del Programa de Abasto Social Campeche y Centro de Acopio Palizada, y no así el de Candelaria, en contravención de lo establecido en otro contrato.

Además, en el análisis de información y documentación faltaron: Carta de apoyo de alcance amplio del fabricante de los equipos en español o con traducción en los Centros de Acopio Candelaria y Calderón; póliza de seguro con cobertura amplia, que incluyera daños materiales de equipos por la cobertura amplia de todo riesgo, fenómenos hidrometeorológicos, terremotos y robo vigente entre octubre-diciembre 2023; carta de confidencialidad firmada del representante o apoderado de Turbofin con los Centros de Acopio Candelaria y Granjas Fátima; evidencia documental de la entrega en Candelaria y Álvaro Obregón de ficha técnica e instructivos de cada equipo.

Además, faltó evidencia documental de la aplicación o cobro de Liconsa al proveedor de penalizaciones y deducciones por 4.3 millones de pesos, por 26 componentes de 8 espectrómetros de infrarrojo medio o FTIR, ocho crióscopos, cinco parrillas de calentamiento, tres bancos de laboratorio, un baño maría digital, una balanza analítica y un refrigerador para muestras y/o reactivos, reportados vía mesa de ayuda de Turbofin, no reparados o sustituidos en el plazo establecido.

Por si fuera poco, la Auditoría solicitó a Turbofin información legal y administrativa, así́ como documentación de la prestación del servicio objeto del contrato con Liconsa y vigente en 2023, aunque su apoderado atendió́ el requerimiento y en su análisis no proporcionó: Inventario de componentes base del servicio; evidencia documental de la entrega de la memoria técnica anual de 2023, y sólo entregó formatos de “Acta entrega recepción de punto de equipamiento” y “Formato de resguardo”.

Por esta auditoria forense, la Federación determinó, en lo general, que Liconsa tuvo pendiente por aclarar 45.4 millones de pesos.

¿Se aprendería de memoria la alcaldesa suspirante a gobernadora los cursos de “capacitación” de su antecesora, la ahora morenista Lili Campos? ¿Estará enterada de todo esto la todavía gobernadora?

Como obsequio por el Día de la Santa Cruz, le dejamos copia del enlace que, con el título ¡Cochinero en gastos de nueva "morenista"!, apenas el 2 de febrero publicamos sobre las “hazañas” de la ex alcaldesa panista Lili Campos, que hoy pretende imitar Estefanía Mercado. ¡Pobre Playa del Carmen!

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/cochinero-en-gastos-de-nueva-morenista.html

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

        Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.  

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