¡Mara, emboletada con empresas “fantasma”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Si volvemos al antiguo dicho de que, como enferma terminal, por dondequiera que se le toque sale pus, el nuevo caso en el que está involucrada la gobernadora Verde, Mara Lezama, quien, después de su “circo” de supuestas elecciones del domingo último, obliga a pensar justamente en eso, en otra tamaña metida de pata, aunque con toda la malicia del mundo.

Se trata de un tema del que casi nadie habla, muy probablemente por falta de conocimiento: Se trata de las factureras, también conocidas como "empresas fantasmas", que emiten facturas falsas para simular operaciones comerciales inexistentes para defraudar al fisco, con objeto de permitir a otros negocios reducir sus impuestos al generar gastos ficticios.

La pregunta es ¿Cómo funcionan? Simulando operaciones, al emitir facturas por operaciones no realizadas, como compra de bienes o servicios que no se adquieren, para obtener reducción de impuestos, ya que las que adquieren estas facturas falsas pueden deducir esos gastos en su declaración de impuestos, reduciendo así la base imponible y el pago de impuestos.

El uso de factureras es delito fiscal, pues implica evasión de impuestos, con el consecuente daño a la economía, ya que representa una pérdida importante de ingresos para el estado y una competencia desleal para las que operan de manera legal, mientras las que la utilizan se arriesgan a que el SAT las detecte y enfrenten sanciones, como multas y cancelación de registro.

Por otro lado, las factureras pueden utilizarse para “lavado” de dinero y otras actividades ilícitas, por lo que se debe denunciar ante el Servicio de Administración Tributaria en su canal de denuncias contra posibles factureras.

El SAT puede investigar a empresas sospechosas de operaciones simuladas, como el uso de factureras, que carecen de instalaciones físicas, no tienen dirección real, personal, ni capacidad para producir bienes o servicios.

Asimismo, empresas con montos elevados de facturación y pocos gastos, lo que puede indicar que facturan operaciones simuladas y las que no declaran impuestos o carecen de recursos, lo que también puede ser indicio de estar involucradas en operaciones fraudulentas.

En resumen, las factureras emiten facturas falsas para defraudar al fisco, generando un daño a la economía y a las empresas que operan de manera legal, de ahí que habrá que estar atento a estas prácticas y denunciarlas.

La implicación del gobierno de Quintana Roo con empresas factureras es controvertida y preocupante, aunque se han presentado denuncias sobre posible complicidad o connivencia entre funcionarios y empresas dedicadas a emitir facturas falsas para defraudación fiscal. 

Se han presentado denuncias sobre contratos y convenios con factureras, lo que permitiría la generación de facturas falsas para desviar recursos; se han identificado patrones de irregularidades en la contratación de obras y servicios, donde se ha detectado la participación de factureras para obtener recursos indebidos, y presentado pruebas de que funcionarios están vinculados con factureras, lo que podría indicar una relación de connivencia. 

Como consecuencias, la complicidad con factureras puede generar perjuicio económico para las arcas públicas, ya que se desvían recursos que deberían destinarse a inversión en obras y servicios públicos.

Asimismo, se incluye la falta de transparencia en la contratación de obras y servicios puede generar una pérdida de confianza en el gobierno, al desvirtuar la confianza de la gente, mientras que su uso puede tener consecuencias legales para los involucrados, que podrían ser sujetos a procesos legales por defraudación fiscal y corrupción. 

Entre las acciones a tomar, es fundamental la investigación exhaustiva para determinar la participación de funcionarios en uso de factureras; garantizar transparencia en contratación de obras y servicios para evitar la utilización de factureras, y fortalecer la lucha contra la corrupción y la defraudación para proteger los recursos públicos y la confianza pública

         Como se sabe, sin apoyo de la oposición, la Cámara de Diputados avaló en agosto dos reformas constitucionales del “Plan C” de López Obrador para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, además de prohibir la venta y uso de vapeadores y la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas como el fentanilo.

La mayoría, encabezada por Morena y aliados votó por modificar el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que extorsión, narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, como fentanilo; defraudación fiscal y emisión ilícita de comprobantes para combatir “factureras”, formaron parte de la medida.

Empero, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano viola los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, con arraigo y prisión preventiva oficiosa, y pidió eliminar esas medidas cautelares.

No obstante, los diputados no sólo no eliminan la medida, sino la ampliaron con el argumento de que el contexto delictivo lo hace necesario, pero con la promesa de que en un futuro se modificaría.

Asimismo, aprobaron reserva que señala que “para la interpretación y aplicación de las normas, el Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.

         Ahora bien, a pesar de todo, el uso de facturas falsas y robo de identidad fiscal integran la mayor cantidad de quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Quintana Roo, donde a los afectados se imponen requerimientos de pago, multas y, en algunos casos, el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte del SAT.

El delegado estatal de ese organismo autónomo, Gilberto Peña Cruz, reconoce que reciben de 40 a 50 quejas mensuales relacionadas con recibos fiscales emitidos por empresas “factureras”, que carecen de domicilio fiscal, empleados e instalaciones mínimas indispensables para sus actividades, y generan comprobantes por operaciones ficticias, simuladas o inexistentes para eludir el pago de contribuciones de otras compañías.

Según Peña Cruz el uso de las facturas ocurre en hoteles con asesoría de contadores y despachos contables, antes de la pandemia del Covid en 2020, en cuya respuesta revisaron la materialización de la actividad fiscal y endurecieron penas, lo que disminuyó “al mínimo” en los últimos cuatro años, aunque también los contadores responsables huyeron hacia Miami, EE. UU.

No obstante, la misma práctica se orienta a las empresas medianas, “que creen pasar desapercibidas” ante el fisco, aunque otras quejas recurrentes son por robo de identidad, unos 10 a 15 mensuales ante la Prodecon, que recomienda interponer también denuncias penales.

Uno de esos casos fue de un trabajador de la construcción, al que el SAT requirió pagar un adeudo cuantioso por impuestos retenidos. “Un pobre albañil -imagínese Usted-, que le digan que debe 200 mil pesos de impuestos”, aunque lo que pasó es que le robaron su firma electrónica y toda información, se le dio de alta como empresa y se expidieron recibos de nómina en calidad de patrón.

El objeto de este tipo de estafa es reportar actividad de nómina empresarial y retención de impuesto para hacer deducible la “actividad”, y siguen llegando casos, en los que la gente se queja de robo de identidad.

El Código Fiscal responsabiliza a quien realizó el trámite de usar la firma electrónica, lo que aprovechan algunos contadores astutos o estafadores para su uso indebido, aunque estas situaciones generan nerviosismo al notificarse supuesta omisión de declarar, y unos optan, por desconocimiento, desaparecer por temor, y abultan la “cifra negra” de casos no denunciados.

Otro caso fue una empleada que recibió promoción laboral para ser representante legal, sin conocer que se expedían facturas por servicios inexistentes y cuando el fisco lo detectó le fincaron cargos, y aun cuando tuvo asistencia de la compañía dos o tres meses, el apoyo cesó por costoso. Así, se le abandonó legalmente y sigue enfrentando proceso hacendario.

Un tercer caso involucra a quien recibió supuesto requerimiento de pago por escrito, donde le solicitaban pagar un millón de pesos, pero se descubrió que era falso, pese a que se le envió el aviso fraudulento de una cuenta de correo ilegítima, que se descubrió regular, con mención positiva ante el SAT.

Gilberto Peña alertó a evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas, incluso por correos electrónicos que simulan ser de autoridad fiscal para robar identidad, y que la Prodecon brinda asesoría, atención de quejas, consulta, representación, defensa legal, investigación, recepción, quejas y reclamos.

Sus servicios, gratuitos, son por requerimientos de dependencias federales y estatales, de éstas siempre que haya convenio, en ISR e IVA, y también actúa como mediador de acuerdos conclusivos, opción autorizada para resolver controversias de revisiones físicas de gabinete (documentos y contabilidad que se entregan al SAT), visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, de las cuales logran condonar las multas en su totalidad.

Sin embargo, persisten violaciones a garantías laborales, abusos y acoso laboral en el Hotel Reef Coco Beach de Playa del Carmen, donde, con tiempos compartido contratan personal nacional y extranjero sin prestación social.

Coludidos con autoridades corruptas, se niegan a pagarle a sus trabajadores con las mismas mañas de siempre, retrasando los procedimientos jurídicos y recibiendo jugosas ganancias de la explotación laboral.

Así, la ejercen por medio de la facturera Soulic, SA de CV y Néstor Ospina Brehuer, Delia Díaz Clemente, quienes se ostentan propietarios de la fuente de trabajo Leading Vacation Club, aunque los tribunales nunca ubican a los responsables con la presunta impartición de “justicia” pronta y expedita.

Ese es el caso de C. Gabriel V., cuando desde hace 3 años comenzaron a funcionar los Tribunales Laborales que prometían ser claros y transparentes en sus procesos, aunque la realidad de la clase trabajadora es otra, pues la justicia sólo viene como siempre, con un guiño de ojo, y el famoso “por favor regrese usted luego”, o con un clásico “estamos trabajando en eso”.

Pero, “vamos muy bien”, son las frases de la gobernadora “morenista” Mara Lezama- ¡Ya basta!

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.