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Otros alcaldes y ex alcaldes… ¡como Lili Campos!


                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Todo mundo sabe la entonces alcaldesa con Carlos Joaquín, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida desde el jueves en la Ciudad de México hasta ahora por el desviar del erario más de 62 millones de pesos, pero existen expedientes abiertos en su contra por otros 400 millones por lo menos en otros 36 expedientes administrativos y observaciones por recursos no comprobados durante su trienio.

Por si fuera poco, prácticamente nadie se refiere a que en Quintana Roo figuran otros alcaldes en funciones y ex alcaldes detenidos recientemente o que mantienen expedientes abiertos por malos manejos, ante autoridades estatales y federales.

Los casos más relevantes de este año son Gilberto Gómez -alcalde de Puerto Aventuras, Solidaridad-, detenido en octubre, entonces como alcalde en funciones, junto con dos colaboradores, acusado de extorsión y cobro de piso a decenas de vendedores ambulantes bajo amenazas.

Otro más es Carlos Canabal Ruiz -ex alcalde interino de Cancún, entre 2004 y 2005-, capturado en Mérida el día 16 por orden de un juez de la Ciudad de México por administración fraudulenta, aunque permanecía prófugo tras evadir la prisión domiciliaria que cumplía en Nuevo León por otros procesos penales.

Aunque inicialmente sólo se sospecha, entre los munícipes en funciones envueltos en serias investigaciones o abiertos señalamientos, se incluye Ana Patricia Peralta, de Benito Juárez, aunque también se habla de la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández, quien aspira a diputada federal.

En el caso de la primera de éstas, en septiembre último, medios nacionales, como Imagen Televisión, reportaron indagatorias en su contra ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos, aunque ella negó acusaciones de corrupción y desmintió versiones sobre el retiro de su visa estadounidense, asegurando que su documentación está en regla.

Otro alcalde más en funciones, que también quiere la diputación, se sabe que para obtener fuero constitucional que lo proteja, es Erik Borges Yam, de José María Morelos, quien enfrenta denuncias públicas y observaciones de fiscalización ante instancias estatales por manejo de recursos en su gestión.

La cosa no para ahí, ya que, sobre ex alcaldes con denuncias previas de la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) entre 2018 y 2021, tienen denuncias penales en la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades no solventadas por más de 200 millones de pesos, Laura Beristain Navarrete (Playa del Carmen), Laura Fernández Piña (Puerto Morelos) y Juan Carrillo Soberanis (Isla Mujeres), procesos que, en su mayoría, se dirimen por amparos y litigios sin órdenes de aprehensión.

En el caso específico de Playa del Carmen tras la captura de Campos Miranda, su sucesora, Estefanía Mercado, dice que más exfuncionarios de primer nivel de ese periodo están incluidos en las carpetas de investigación.

A Campos Miranda, por cierto, se le atribuye directamente vía penal el presunto perjuicio al erario superior a 62 millones de pesos por contratos irregulares de lavado de vehículos, además de observaciones administrativas y auditorías abiertas por los más de 400 millones adicionales.

Según la Fiscalía e informes de auditoría difundidos por medios, como El Imparcial y Ruptura 360, desviaciones e irregularidades financieras incluye el caso penal por el que fue detenida.

La orden de aprehensión por uso indebido de atribuciones y facultades se sustenta en tres licitaciones públicas adjudicadas entre 2022 y 2024 a un mismo prestador de servicios particular para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, principalmente camiones de basura y unidades operativa.

El caso es que esta dependencia contaba con sólo 123 vehículos, pero los reportes cobrados al Ayuntamiento registraban hasta 865 lavados en un sólo mes, alrededor de 28 lavados diarios sin días de descanso, equivalentes a 7 servicios por unidad al mes, y la empresa contratada contaba sólo con 15 empleados registrados para cubrir ese volumen de trabajo diario.

Además, el proveedor carecía de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que respaldaran los primeros contratos y, aun así, los funcionarios municipales continuaron autorizando los desembolsos sin verificar el cumplimiento real del servicio.

Sin embargo, la ex funcionaria, cuenta con otras observaciones y expedientes abiertos por los más de 400 millones, por lo que, de forma paralela a la carpeta penal de los 62 millones, la Contraloría Municipal de Playa del Carmen, la ASEQRO y la Auditoría Superior de la Federación mantienen abiertos al menos 36 expedientes administrativos y observaciones por recursos no comprobados.

Aunque no se crea, la Fiscalía integró la investigación, solicitó la orden de aprehensión y encabezó la captura de Campos Miranda, aunque existe aparente confusión sobre si intervino o no por su forma de operar en áreas internas y a la forma en que se ejecutó el arresto fuera de Quintana Roo.

Según informó, en comunicados que retomaron El Universal y Línea Directa, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reunió pruebas y pidió al juez de control la orden de captura.

Dado que Campos Miranda trabajaba y residía en la Ciudad de México -en la Fiscalía Antinarcóticos-, la Fiscalía no podía detenerla por ella misma fuera de su territorio, por lo que solicitó colaboración a Seguridad y Protección Ciudadana federal y la puso temporalmente a disposición de la FGR sólo para tramitar el traslado.

El mismo viernes, sus agentes completaron su traslado aéreo a Quintana Roo e ingresaron a Campos Miranda al Cereso de Cancún, a disposición de un juez estatal.

Cabe recordar que desde 2024, durante una campaña de reelección, Lili Campos acusó públicamente a Raciel López de fabricar expedientes en su contra, denuncia que, incluso, llevó ante tribunales electorales, donde alegó violencia política de género.

Oficialmente, por su parte, como era de esperarse, la gobernadora excursionista Mara Lezama negó cualquier intervención, mientras que tanto la ex alcaldesa como sectores de la oposición acusaron en el pasado una persecución política impulsada desde el “gobierno” de la primera.

Así, cuestionada al término del desfile de la Revolución en Chetumal, la mandataria afirmó no tener injerencia en las decisiones de la Fiscalía General - ja, ja, ja-, a la que calificó de organismo autónomo y que le corresponde informar detalles del proceso.

Sin embargo, desde aquel 2024 -cuando Lilí Campos buscó reelegirse en Playa del Carmen con la alianza PAN y PRI frente a Morena- acusó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía de utilizar instituciones de justicia con fines electorales para frenar su candidatura porque, en el ámbito político local, era considerada una de las principales figuras de oposición.

Analistas y medios estatales señalan que la detención ocurre en la antesala para renovar la gubernatura, escenario donde judicialización de ex funcionarios opositores y disputa interna en el grupo gobernante -como las recientes en Playa del Carmen- marcan la agenda política de Quintana Roo.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/11/historico-juicio-politico-por-lluvia-de.html

Irónicamente, según reportes periodísticos, después de que Campos Miranda compitió por la reelección, se le mencionó como una posible carta del PAN para la gubernatura de Quintana Roo en 2027, pero esto sería antes de acercarse al bloque oficialista de Morena en la Ciudad de México.

Así las cosas, su última candidatura formal fue en junio de 2024, cuando buscó la reelección abanderada por el PAN-PRI, contienda que perdió precisamente frente a Estefanía Mercado, aunque, previamente, en 2019 fue diputada local y en 2021 ganó esa alcaldía.

Tras concluir su mandato, desde ese momento la perfilaron, junto con la senadora Mayuli Martínez, como una de las principales cartas de la oposición para competir por la gubernatura en 2027.

No obstante, no había anunciado formalmente ninguna candidatura y tras perder en 2024 se distanció del PAN -este partido aclaró que ella nunca fue militante suya, sino candidata ciudadana- y se acercó a Morena en la Ciudad de México, donde, en septiembre de 2026, asumió un cargo en aquella Fiscalía.

En relación con la postura de Estefanía Mercado, su papel se resume en postura institucional: Tras confirmarse la captura, declaró públicamente que el proceso debe avanzar conforme a la ley y que “hay más funcionarios en el caso” de su antecesora, pero que atendería toda la información que solicitara la Fiscalía sin intervenir.

Aunque en junio declaró que su gobierno no procedería penalmente de forma directa contra Campos Miranda -dejando esa facultad a los auditores-, su Órgano Interno de Control sí integró las carpetas administrativas derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y las turnó a las instancias correspondientes.

El caso por el que se ejecutó la orden de aprehensión -los contratos irregulares por los 62 millones de pesos- abarca sólo el periodo 2022-2024, antes de que Estefanía Mercado asumiera el cargo en septiembre.

Ahora bien, si en redes sociales o portales circula alguna versión que la involucra, podría tratarse por confrontaciones políticas locales -incluso “fuego amigo” rumbo a la sucesión 2027, como ella misma denunció- pero no tiene relación con la orden de aprehensión ejecutada.

Por cierto, la noticia la confirmaron oficialmente el viernes la Fiscalía de Quintana Roo y el Registro Nacional de Detenciones, tras reportes de medios como La Jornada y El Financiero. Los detalles confirmados del operativo son:

Fue aprehendida a las 19:47 horas en la calle Emiliano Zapata -colonia de la Unión Zapata, alcaldía Venustiano Carranza-, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en un operativo entre la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

De manera formal, se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades en perjuicio de Playa del Carmen durante su gestión (2021-2024)

La investigación señala la desviación de los más de 62 millones por tres licitaciones públicas en lavado especializado de vehículos municipales, pues, según la Fiscalía, la empresa contratada -con sólo 15 empleados- reportó hasta 865 lavados en un sólo mes para apenas 123 vehículos, sin contar con comprobantes fiscales.

Respecto a la carpeta de investigación que derivó en su detención, se integró de oficio y a partir de denuncias institucionales de órganos de fiscalización y el propio Ayuntamiento de Playa del Carmen.

Según autoridades y medios como Milenio, el origen de las denuncias en su contra proviene de dos vías principales: La ASEQROO, cuyo titular, Miguel Zogby Cheluja Martínez, informó en febrero haber turnado un expediente penal ante la Fiscalía Anticorrupción y Buen Gobierno tras detectar inconsistencias millonarias no solventadas en las cuentas públicas de su administración.

La otra vía es el Ayuntamiento de Playa del Carmen, pues, tras la entrega-recepción de administración con Estefanía Mercado, la Contraloría Municipal -que encabeza Cristina Alcérreca- abrió más de 30 expedientes por faltas administrativas graves y presunto daño patrimonial detectado en auditorías internas y de la ASF, dando vista a la Fiscalía de Quintana Roo.

Hasta ayer, la FGE no había hecho público el nombre de una persona en particular como denunciante inicial de la carpeta específica por los contratos de lavado de vehículos, ya que este delito -uso indebido de atribuciones y facultades- se persigue por querella o vista de auditores.

La intervención de la ASEQROO en el caso responde tanto al vencimiento de plazos legales de fiscalización como a señalamientos sobre una actuación selectiva frente a otros gobiernos en Quintana Roo.

Según informes oficiales, reportes periodísticos y análisis críticos del entorno político estatal, la diferencia en la actuación de la Auditoría del Estado se explica desde los ángulos técnico-legal y el político.

Según su titular, Miguel Zogby Cheluja Martínez, las observaciones de las cuentas públicas de Solidaridad agotaron su etapa de aclaración documental sin que se justificaran montos millonarios -más de 170 millones de pesos en 2022 y 84.3 millones en 2023- y por ley el pliego de observaciones pasó a la Unidad Especial de Investigación para integrar la denuncia penal.

El expediente reforzó con hallazgos paralelos de la Auditoría federal y la Contraloría interna de Playa del Carmen tras el relevo de gobierno en 2024, lo que facilitó documentar los contratos específicos por los 62 millones.

No obstante, se critica que la Aseqroo avale o archive observaciones de gobiernos vinculados al bloque oficialista -Morena y Verde-, mientras acelera procesos penales contra figuras de oposición, como Campos Miranda, quien gobernó con las siglas PAN-PRI-PRD.

Otras críticas señalan que, frente a cientos de millones de pesos sin solventar en distintas dependencias y municipios -más de 388 millones sólo en la Cuenta Pública 2024- la recuperación efectiva de recursos es mínima y rara vez deriva en órdenes de aprehensión ejecutadas.

         Observadores políticos locales señalan que judicialización y captura ocurren en la antesala del proceso electoral estatal, cuando los expedientes de fiscalización suelen cobrar impulso mediático y judicial frente a actores políticos relevantes.

¿Usted cree que la detención de Campos Miranda obedece a cuestiones políticas? O se merece todo el peso de la ley

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

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