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Renuncia en Comisión de Víctimas, ¡justa y necesaria!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque era justa y necesaria, la renuncia de María Elena García Flores, tras poco más de un año como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, en vigor hasta el próximo día 30, de nada la exime de responsabilidades legales por actos u omisiones durante su gestión al menos vía administrativa, de protección de datos, penal y laboral.

Su salida anticipada -debía concluir su gestión en agosto de 2028- se enmarca de una serie de sonadas, públicas irregularidades, pero, aunque presentó su dimisión directamente a la gobernadora excursionista, la Verde Mara Lezama, debió hacerlo ante el Congreso del Estado, que la eligió unánimemente de cuestionada terna que envió la propia mandataria.  

Con todo, el documento de renuncia lo notificó el jueves al pleno de la XVIII Legislatura el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde la ahora ex funcionario había sido designada en agosto de 2025, para un periodo de tres años que debía concluir en agosto de 2028.

La carta de dimisión, según medios locales como Noticaribe y DRV Noticias, llegó tras diversas controversias internas, entre ellas, quejas laborales en septiembre, cuando trabajadores de la dependencia denunciaron públicamente malos tratos, acoso y hostigamiento laboral.

En manejo administrativo, registros de Transparencia, que citó la prensa, señalaron envidiables aumentos salariales a directivos cercanos mientras se reducía el personal de asesoría jurídica de víctimas, además de un hackeo de datos de la institución.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/09/severas-criticas-sobre-desconocida.html 

Lo cierto es que, según Jorge Sanén, el Congreso está a la espera de que Mara Lezama envíe una terna con perfiles propuestos para ocupar la titularidad, tras lo cual, comisiones legislativas analizarán los perfiles para someter la elección del nuevo comisionado a votación del pleno.

La narrativa de que García Flores llegó a la Comisión por impulso de la gobernadora y que salió por exigencia de ella misma, surge del diseño legal de su sospechoso nombramiento y de interpretaciones de la prensa local ante el desgaste político de la Comisión.

Uno de los principales cuestionamientos contra su “elección” fue que antes de asumir el cargo, se había desempeñado en áreas cercanas a la Fiscalía General del Estado, con el repudiado ex fiscal Oscar Montes de Oca Rosales, por lo que, en el análisis político local, se interpretó como una designación respaldada por el grupo en el poder, más allá de los colectivos de víctimas.

¿Por qué se especula que le exigieron la renuncia? Durante sus 15 meses de gestión se acumularon crisis públicas que afectaron la imagen del gobierno, entre ellas denuncias internas por acoso y terrorismo laboral, los aumentos salariales a directivos y la filtración o hackeo de cerca de 20 mil expedientes confidenciales de víctimas.

Aunque la designación la realiza el Poder Legislativo, García Flores dirigió y entregó su carta de dimisión directamente a Mara Lezama quien, a su vez, la turnó al Congreso para su notificación formal.

En la dinámica política estatal, columnistas y medios locales como Noticaribe interpretan este tipo de salidas anticipadas como “golpe de timón” o solicitud de separación del cargo desde el Poder Ejecutivo para frenar desgaste mediático de éste, aunque oficialmente se presente como renuncia voluntaria.

Aunque no existe confirmación oficial de que el ciberataque haya sido motivo único de su salida, diversos reportes periodísticos y análisis políticos locales señalan la vulneración atribuida a “Alz-157” como uno de los principales factores de desgaste que precipitaron la renuncia de García Flores.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/10/grave-ciberataque-expone-20-mil.html  

En las notas que informaron su dimisión este jueves, medios como DRV Noticias lo vinculan directamente con la acumulación de crisis durante su gestión, explícitamente el hackeo de unos 20 mil expedientes meses atrás.

¿Por qué este ciberataque tuvo tanto peso político e institucional? A principios de junio, el periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor y portales locales, documentaron que “Alz-157” extrajo y publicó en foros clandestinos un archivo SQL sin cifrado con más de 20 mil registros de la Comisión.

Como riesgo directo a víctimas, la base de datos vulnerada contenía nombres, domicilios, teléfonos y coordenadas geográficas de testigos de homicidios, víctimas de secuestro y violencia sexual, así como la ubicación de refugios de emergencia y casas hogar del sistema DIF.

El incidente evidenció doble vulnerabilidad en la dependencia, ya que los registros filtrados confirmaron que gran parte de los expedientes físicos en papel se perdieron durante las inundaciones de junio de 2024, dejando la base digital vulnerada como único respaldo.

Aunque el ataque ocurrió en junio de 2026 y la funcionaria permaneció en el cargo cinco meses más, el escándalo nacional que generó la filtración se sumó posteriormente a las protestas laborales de septiembre y a los señalamientos por aumentos salariales a directivos, dejando su permanencia en una situación insostenible ante el Ejecutivo estatal y los colectivos de víctimas.

Para encabezar la Comisión, lo aspirantes deben cumplir criterios del artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado. Además, el Gobierno del Estado publicó una convocatoria pública en el Periódico Oficial desde el día 6, abriendo el periodo de registro desde el 9 hasta hoy para elegir al nuevo titular a partir de diciembre.

De acuerdo con la Ley de Víctimas -con reforma de diciembre de 2025- y las bases de la convocatoria, los que busquen integrar la terna deben acreditar, primero, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y contar con residencia efectiva mínima de cinco años en Quintana Roo antes de la designación.

También deberán tener al menos 30 años de edad, cumplidos el día de la designación y contar con título profesional y haber destacado en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la atención a víctimas y derechos humanos, por lo menos dos años previos al nombramiento.

Finalmente, tener modo honesto de vivir, buena reputación y prestigio profesional, y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor a un año (ni por delitos patrimoniales como robo, fraude o abuso de confianza)

Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanos pueden presentar propuestas en la Secretaría de Gobierno -en Chetumal y Cancún- o vía electrónica hasta hoy.

Con base en los registros validados, la gobernadora integrará una terna de tres aspirantes que enviará al Congreso, donde las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, tienen de plazo hasta 15 días para verificar el cumplimiento de requisitos y someter la terna a votación.

Hasta el cierre de la recepción de documentos, no se ha hecho pública la lista oficial de inscritos en la convocatoria, aunque el perfil esperado responde a claras vertientes.

En el proceso de agosto de 2025, la terna de Mara Lezama se integró sólo por funcionarias de dependencias estatales vinculadas a justicia y género, como Narcisa Pool May -entonces directora Jurídica para Asuntos sobre Violencia de Género en la Secretaría de Gobierno y luego designada en Igualdad de Género del Congreso- y Sandra María Guadalupe Cortés González, entonces secretaria particular en la Secretaría de las Mujeres.

Tras las críticas por la gestión saliente y la vulneración de datos de víctimas, colectivos de búsqueda -como Madres Buscadoras de Quintana Roo- y organizaciones civiles demandan que la nueva terna incluya perfiles con autonomía técnica, experiencia directa en litigio victimal y sensibilidad en derechos humanos, fuera de cuotas burocráticas.

Sin embargo, reiteramos, la renuncia de García Flores no la extingue de responsabilidades legales por actos u omisiones durante su gestión. De acuerdo con la legislación de Quintana Roo, existen al menos cuatro vías jurídicas -administrativa, de protección de datos, penal y laboral- a través de las cuales autoridades o particulares pueden iniciar procedimientos en su contra.

Hasta el momento no se informa públicamente de alguna orden de aprehensión o sanción firme contra la ex funcionaria, pero las investigaciones administrativas y penales pueden iniciar de oficio o por denuncia.

Según la Ley de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo y municipios, el Órgano Interno de Control de la Comisión o la Secretaría “Anticorrupción” pueden investigar faltas graves o no graves.

Esto abarca el manejo presupuestal -como los aumentos salariales superiores a 130% a directivos-, posible nepotismo y la negligencia en el resguardo de archivos físicos y digitales. Las sanciones van desde amonestación hasta inhabilitación temporal y resarcimiento económico.

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado -expedida en noviembre de 2025- obliga a instituciones públicas a implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para proteger datos sensibles.

La filtración de más de 20 mil expedientes sin cifrado constituye una vulneración de seguridad que permite al órgano garante o a la autoridad “Anticorrupción” iniciar procedimientos sancionadores por incumplimiento en el deber de custodia.

Si la Fiscalía General del Estado o la Especializada en el Combate a la Corrupción determinan que hubo desvío de recursos, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad o revelación indebida de información reservada, pueden abrirse carpetas de investigación penal independientemente de que García Flores ya no sea titular.

Personal de la Comisión que denunció públicamente presunto acoso y hostigamiento laboral desde septiembre mantiene su derecho a presentar demandas ante tribunales laborales o quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo.

Ahora bien, ¿Qué sucede tras la renuncia? Al hacerse efectiva su salida el día 30, la ex comisionada está legalmente obligada a un acto de entrega-recepción. Durante los días posteriores, su sucesor y el Órgano Interno de Control tienen un plazo legal para revisar estado financiero, operativo e informático de la dependencia y emitir observaciones o denuncias.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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