Renuncia en Comisión de Víctimas, ¡justa y necesaria!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque era justa y necesaria, la renuncia de María Elena García Flores,
tras poco más de un año como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, en vigor hasta el próximo día 30, de nada la exime de responsabilidades legales por actos u omisiones durante su
gestión al menos vía administrativa, de protección de datos, penal y laboral.
Su salida anticipada -debía concluir su gestión en
agosto de 2028- se enmarca de una serie de sonadas, públicas irregularidades,
pero, aunque presentó su dimisión directamente a la gobernadora excursionista,
la Verde Mara Lezama, debió hacerlo ante el Congreso del Estado, que la eligió
unánimemente de cuestionada terna que envió la propia mandataria.
Con todo, el documento de renuncia lo notificó el
jueves al pleno de la XVIII Legislatura el diputado Jorge Sanén Cervantes,
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde la ahora ex
funcionario había sido designada en agosto de 2025, para un periodo de tres
años que debía concluir en agosto de 2028.
La carta de dimisión, según medios locales como Noticaribe y DRV Noticias,
llegó tras diversas controversias internas, entre ellas, quejas laborales en
septiembre, cuando trabajadores de la dependencia denunciaron públicamente
malos tratos, acoso y hostigamiento laboral.
En manejo administrativo, registros de Transparencia,
que citó la prensa, señalaron envidiables aumentos salariales a directivos
cercanos mientras se reducía el personal de asesoría jurídica de víctimas,
además de un hackeo de datos de la institución.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/09/severas-criticas-sobre-desconocida.html
Lo cierto es que, según Jorge Sanén, el Congreso
está a la espera de que Mara Lezama envíe una terna con perfiles propuestos
para ocupar la titularidad, tras lo cual, comisiones legislativas analizarán
los perfiles para someter la elección del nuevo comisionado a votación del
pleno.
La narrativa de que García Flores llegó a la
Comisión por impulso de la gobernadora y que salió por exigencia de ella misma,
surge del diseño legal de su sospechoso nombramiento y de interpretaciones de
la prensa local ante el desgaste político de la Comisión.
Uno de los principales cuestionamientos contra su
“elección” fue que antes de asumir el cargo, se había desempeñado en áreas
cercanas a la Fiscalía General del Estado, con el repudiado ex fiscal Oscar Montes
de Oca Rosales, por lo que, en el análisis político local, se interpretó como
una designación respaldada por el grupo en el poder, más allá de los colectivos
de víctimas.
¿Por qué se especula que le exigieron la renuncia? Durante
sus 15 meses de gestión se acumularon crisis públicas que afectaron la imagen
del gobierno, entre ellas denuncias internas por acoso y terrorismo laboral, los
aumentos salariales a directivos y la filtración o hackeo de cerca de 20 mil
expedientes confidenciales de víctimas.
Aunque la designación la realiza el Poder
Legislativo, García Flores dirigió y entregó su carta de dimisión directamente
a Mara Lezama quien, a su vez, la turnó al Congreso para su notificación
formal.
En la dinámica política estatal, columnistas y
medios locales como Noticaribe interpretan este tipo de salidas anticipadas como “golpe de timón” o solicitud
de separación del cargo desde el Poder Ejecutivo para frenar desgaste mediático
de éste, aunque oficialmente se presente como renuncia voluntaria.
Aunque
no existe confirmación oficial de que el ciberataque
haya sido motivo único de su salida, diversos reportes periodísticos y análisis
políticos locales señalan la vulneración atribuida a “Alz-157” como uno de los
principales factores de desgaste que precipitaron la renuncia de García Flores.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/10/grave-ciberataque-expone-20-mil.html
En las notas que informaron su dimisión este jueves,
medios como DRV Noticias
lo vinculan directamente con la acumulación de crisis durante su gestión,
explícitamente el hackeo de unos 20 mil expedientes meses atrás.
¿Por qué este ciberataque tuvo tanto peso político
e institucional? A principios de junio, el periodista especializado en
ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor y portales locales, documentaron que “Alz-157” extrajo y publicó en foros clandestinos un archivo
SQL sin cifrado con más de 20 mil registros de la Comisión.
Como riesgo directo a víctimas, la base de datos
vulnerada contenía nombres, domicilios, teléfonos y coordenadas geográficas de
testigos de homicidios, víctimas de secuestro y violencia sexual, así como la
ubicación de refugios de emergencia y casas hogar del sistema DIF.
El incidente evidenció doble vulnerabilidad en la
dependencia, ya que los registros filtrados confirmaron que gran parte de los
expedientes físicos en papel se perdieron durante las inundaciones de junio de
2024, dejando la base digital vulnerada como único respaldo.
Aunque el ataque ocurrió en junio de 2026 y la
funcionaria permaneció en el cargo cinco meses más, el escándalo nacional que
generó la filtración se sumó posteriormente a las protestas laborales de
septiembre y a los señalamientos por aumentos salariales a directivos, dejando
su permanencia en una situación insostenible ante el Ejecutivo estatal y los
colectivos de víctimas.
Para encabezar la Comisión, lo aspirantes deben cumplir criterios del
artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado. Además, el Gobierno del Estado
publicó una convocatoria pública en el Periódico Oficial desde el día 6,
abriendo el periodo de registro desde el 9 hasta hoy para elegir al nuevo
titular a partir de diciembre.
De acuerdo con la Ley de Víctimas -con reforma
de diciembre de 2025- y las bases de la convocatoria, los que busquen integrar
la terna deben acreditar, primero, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos y contar con residencia efectiva mínima de cinco años en Quintana
Roo antes de la designación.
También deberán tener al menos 30 años de edad, cumplidos
el día de la designación y contar con título profesional y haber destacado en
actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o
académicas relacionadas con la atención a víctimas y derechos humanos, por lo
menos dos años previos al nombramiento.
Finalmente, tener modo honesto de vivir, buena
reputación y prestigio profesional, y no haber sido condenado por delito doloso
con sanción privativa de libertad mayor a un año (ni por delitos patrimoniales
como robo, fraude o abuso de confianza)
Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones
civiles, instituciones académicas y ciudadanos pueden presentar propuestas en
la Secretaría de Gobierno -en Chetumal y Cancún- o vía electrónica hasta hoy.
Con base en los registros validados, la gobernadora
integrará una terna de tres aspirantes que enviará al Congreso, donde las
comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, tienen de plazo hasta 15 días
para verificar el cumplimiento de requisitos y someter la terna a votación.
Hasta el cierre de la recepción de documentos, no
se ha hecho pública la lista oficial de inscritos en la convocatoria, aunque el
perfil esperado responde a claras vertientes.
En el proceso de agosto de 2025, la terna de Mara
Lezama se integró sólo por funcionarias de dependencias estatales vinculadas a
justicia y género, como Narcisa Pool May -entonces directora Jurídica para
Asuntos sobre Violencia de Género en la Secretaría de Gobierno y luego
designada en Igualdad de Género del Congreso- y Sandra María Guadalupe Cortés
González, entonces secretaria particular en la Secretaría de las Mujeres.
Tras las críticas por la gestión saliente y la
vulneración de datos de víctimas, colectivos de búsqueda -como Madres
Buscadoras de Quintana Roo- y organizaciones civiles demandan que la nueva
terna incluya perfiles con autonomía técnica, experiencia directa en litigio
victimal y sensibilidad en derechos humanos, fuera de cuotas burocráticas.
Sin embargo, reiteramos, la renuncia de García
Flores no la extingue de responsabilidades legales por actos u omisiones
durante su gestión. De acuerdo con la legislación de Quintana Roo, existen al
menos cuatro vías jurídicas -administrativa, de protección de datos, penal y
laboral- a través de las cuales autoridades o particulares pueden iniciar
procedimientos en su contra.
Hasta el momento no se informa públicamente de
alguna orden de aprehensión o sanción firme contra la ex funcionaria, pero las
investigaciones administrativas y penales pueden iniciar de oficio o por denuncia.
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas
de Quintana Roo y municipios, el Órgano Interno de Control de la Comisión o la
Secretaría “Anticorrupción” pueden investigar faltas graves o no graves.
Esto abarca el manejo presupuestal -como los aumentos
salariales superiores a 130% a directivos-, posible nepotismo y la negligencia
en el resguardo de archivos físicos y digitales. Las sanciones van desde
amonestación hasta inhabilitación temporal y resarcimiento económico.
La Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado -expedida en noviembre de 2025- obliga
a instituciones públicas a implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y
administrativas para proteger datos sensibles.
La filtración de más de 20 mil expedientes sin
cifrado constituye una vulneración de seguridad que permite al órgano garante o
a la autoridad “Anticorrupción” iniciar procedimientos sancionadores por
incumplimiento en el deber de custodia.
Si la Fiscalía General del Estado o la Especializada
en el Combate a la Corrupción determinan que hubo desvío de recursos, ejercicio
ilícito del servicio público, abuso de autoridad o revelación indebida de
información reservada, pueden abrirse carpetas de investigación penal
independientemente de que García Flores ya no sea titular.
Personal de la Comisión que denunció públicamente
presunto acoso y hostigamiento laboral desde septiembre mantiene su derecho a
presentar demandas ante tribunales laborales o quejas ante la Comisión de los
Derechos Humanos de Quintana Roo.
Ahora bien, ¿Qué sucede tras la renuncia? Al
hacerse efectiva su salida el día 30, la ex comisionada está legalmente
obligada a un acto de entrega-recepción. Durante los días posteriores, su
sucesor y el Órgano Interno de Control tienen un plazo legal para revisar
estado financiero, operativo e informático de la dependencia y emitir
observaciones o denuncias.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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