En primera fila
Desprecio a la salud
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En injusta e ilógica omisión legal que afecta la capacidad
económica de la población, particularmente los contribuyentes que requieren
realizar un gasto imposible de evitar por razones de humanidad, las autoridades
demuestran desprecio por uno de los renglones más prioritarios en la vida de
los mexicanos: La salud.
En efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta autoriza la
deducción de impuestos en el pago de honorarios para médicos y dentistas, así
como los gastos hospitalarios, pero no reconoce los de medicamentos, lo que
constituye una incongruencia en perjuicio de millones de compradores.
En el proceso para recuperar la salud o la de nuestros
dependientes económicos generalmente requerimos los servicios de un médico, y las
medicinas que éstos receten son indispensables para una eficaz y pronta
recuperación, pero estos gastos no los reconoce la ley como deducibles de
impuestos, excepto cuando se amparan como “gastos hospitalarios” que, en su
caso, implicarían una nueva erogación.
Lo ilógico del caso es que, al menos en teoría, el
derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, desde
luego independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus
destinatarios, ya que, además, se trata de un elemento esencial para que el
Estado siente las bases para eliminar la desigualdad de nuestra sociedad.
Como se sabe, el acceso a los servicios de salud en
México está ligado a la situación laboral de las personas en instituciones
públicas como el ISSSTE o el IMSS, así como en organismos similares en cada Estado,
donde quienes no son derechohabientes deben atenderse en instituciones privadas,
o bien a través del Seguro Popular.
Sin embargo, ante la permanente ineficiencia del servicio
de los primeros, en la mayoría de los casos los derechohabientes, inclusive de
las propias comunidades indígenas, se ven en la imperiosa necesidad de recurrir
a hospitales o médicos privados en busca de mejor calidad y garantía de
servicio adecuado.
Así, quienes trabajan por honorarios viven una situación
particularmente difícil, toda vez que carecen de seguridad social, y para
atender sus necesidades en materia de salud requieren de acudir a médicos
particulares, donde, por lo general, gastan cantidades importantes de sus
escasos ingresos en medicamentos, lo que impacta en una fuerte proporción en el
gasto familiar.
Y de ahí la necesidad de que las autoridades hacendarias
reconozcan esta situación y autoricen la deducción, aunque no por cuestiones
políticas o medidas populacheras, sino sobre las bases de justicia y
congruencia, sobre todo ante el incesante encarecimiento de las medicinas.
De esta manera, también se contribuiría a que las
personas dejen de recurrir a medicamentos de dudosa calidad y efectividad.
Por otro lado, su gestión no constituiría algún exceso para
los legisladores, sino un juicio de
razonamiento y justicia con fines de naturaleza extra fiscal en beneficio de
los mexicanos, ya que, en la medida en que se permitan vías para recuperar esos
gastos, se incentiva a la gente a atender sus enfermedades con mayor celeridad e
reintegrarse oportunamente a sus labores en beneficio de la economía del país y
el desarrollo nacional.
Por si fuera poco, sería muy marginal el impacto en la
recaudación fiscal del Estado, toda vez que, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, sería apenas del 0.09
por ciento del PIB.
Estamos ciertos de la necesidad de consolidar un sistema
fiscal justo, eficiente, simplificado y redistributivo, con la suficiente
sensibilidad y flexibilidad en medidas que protejan los mayores aspectos del
bienestar social, y la salud es una de ellas.
Permanentemente criticada por su origen como partido
político (SNTE), y contra todo sentido común, Nueva Alianza fue la que extendió
el acta de “nacimiento”, con una iniciativa que propone reformar el artículo
151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los gastos por medicamentos
puedan deducirse del Impuesto Sobre la Renta con el comprobante fiscal y
original de la receta médica en la que se prescriban.
La presentación estuvo a cargo de la diputada federal María
Sanjuana Cerda Franco, quien pidió apoyo y comprensión para beneficiar a ese
sector de la población, siempre fiel contribuyente fiscal, aunque,
lamentablemente, como se “manejan” las cosas en su Cámara, lo más probable es
que la iniciativa, como otras que NO envía la Presidencia de la República a
través de sus empleados del PRI, duerma “el sueño de los justos”. Nuestro
repudio.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas
Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de
36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de
Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
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