En primera fila
La PRG, ¿sobre Félix?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En lo que pareciera ser el fin de la impunidad del ex gobernador
de Quintana Roo, Félix González, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) impuso este viernes una multa por 1.1 millones de dólares -más
de 13 millones de pesos- al Dragon Mart Cancún que, cuestionado por ambientalistas
y empresarios, habría dañado al ecosistema.
Construido en terrenos de Puerto Morelos y cerca de
Cancún con capital chino, el gigantesco proyecto, surgido de manera
controvertida bajo el amparo del gobierno priísta de Félix González, había sido
sancionado con más de 500 mil dólares en agosto por carecer de autorización de
impacto ambiental, y ahora la Profepa le impuso otra, de 208 mil dólares, y le
exhortó a pagar 897 mil dólares más para reparar daños.
Conforme a la agencia AFP, la Procuraduría informó que Dragon
Mart “no cuenta con la autorización federal en materia de cambio de uso de
suelo de terrenos forestales”, y que la obra dañó ecosistemas de selva y
vegetación hidrófila de la zona, aunque desde el principio enfrentó una serie
de obstáculos entre autoridades municipales y ambientales en permiso de
edificación, lo que solventó con recursos legales.
Con una inversión promedio de 180 millones de dólares en
418 hectáreas proyectadas en un área catalogada reserva natural de la Riviera
Maya y similar al complejo de Dubai, el proyecto lo impulsa el empresario chino
Hao Feng, aunque, a diferencia del primero, inaugurado de 2004, la apertura de
aquél estaba programada para noviembre, como el segundo complejo comercial nipón
más importante del mundo fuera de su país.
Cabeza
visible del proyecto, el director y socio de Dragon Mart, Juan Carlos López
Rodríguez, siempre dijo confiar en la viabilidad de éste, pues lo habían
verificados y vuelto a verificar muchas veces, pero no le habían podido
demostrar irregularidades en el tema ambiental, por lo que desde noviembre
del 2013 arrancó la primera etapa de construcción.
Entre
sus principales detractores se incluyen la diputada federal perredista por
Quintana Roo, Graciela Saldaña Freyre, y el senador panista yucateco Daniel
Ávila Ruiz, quien, en el mejor de los casos, anticipó en marzo último que la
Profepa podría clausurar el Dragon Mart por carecer de autorización ambiental
federal.
La
lucha contra el megaproyecto, no obstante, se estrellaba una y otra vez ante la
poderosa influencia de su principal impulsor, Félix González, quien, de
controvertido senador federal, donde no se había distinguido precisamente por
su activismo legislativo ni capacidad, saltó hacia la delegación del PRI en
Nuevo León.
La
buena suerte del mandatario pareció comenzar a cambiarle a mediados de año,
cuando, tras la detención del ex gobernador de Tabasco, el también priísta
Andrés Granier Melo, todo hacía suponer que el de Quintana Roo se convertiría
en embajador de Relaciones Exteriores para su inmunidad en otro país y se
olvidara el enorme “hueco” que dejó en las finanzas de su Estado.
La
“jugada”, con la que su suplente Cora Amalia Castilla arribaría al Senado y Judith
Rodríguez Villanueva relevaría a ésta en el Congreso local, no cuajó como se
esperaba y continuó el malestar generalizado contra el ex gobernador, por lo
que el presidente Peña Nieto optó por nueva estrategia ante los malos manejos
de los gobernantes de su partido.
En
este sentido, el mandatario habría optado por demostrar con Félix González que
en su gobierno existe el Estado de Derecho, para lo cual la PGR inició una
investigación por “lavado” de dinero contra un empresario cercano a aquél, Ricardo
Antonio Vega Serrador, conocido como “zar de la gasolina” en el Sureste,
aunque, en realidad, van contra él.
Como
se sabe, el quintanarroense ha sido señalado una y otra vez de ser socio,
propietario o emplear “prestanombres” para invertir no sólo en gasolineras,
sino también en farmacias y otros negocios, tampoco sólo en Chetumal, sino
también en Cancún y su natal Cozumel, inclusive en Dubai, aunque la cereza del
pastel sería el Dragon Mart.
En
el caso de Vega Serrador, a quien algunas fuentes ligan como socio suyo, éste controla
la tercera parte de las estaciones de combustible en Quintana Roo gracias a las
facilidades que le otorgó el ex gobernador, y que en Chetumal arreciaron
durante el periodo del priísta Andrés Ruiz Morcillo, se prolongaron durante el
del mitómano Carlos Mario Villanueva Tenorio y continúan con Eduardo Espinosa
Abuxapqui.
Inclusive,
no pocos aseguran que Félix González presionó en su momento a Ruiz Morcillo
para la firma del millonario, fraudulento contrato del Ayuntamiento de Othón P.
Blanco para la compra y “mantenimiento” de las onerosas lámparas “Leds”
diseminadas por todo el municipio, en un negocio en el que resultó favorecido
un familiar del ex gobernante.
En
todos los casos, tanto Ruiz Morcillo como el soberbio Villanueva Tenorio y Abuxapqui
han guardado sepulcral silencio, principalmente respecto al origen y propiedad de
las gasolineras, que proliferan por Chetumal y otras comunidades pese a las promesas
de campaña del último.
Conforme
extenso reportaje de Luces del Siglo, hasta el año pasado había 150 estaciones
de servicio en Quintana Roo, 80 de ellas en Cancún y casi la mitad de todas
controladas por Vega Serrador y el yucateco Emilio Loret de Mola Gómory. La
empresa matriz del primero se llama Corpogas pero las franquicias operan a
través de 30 diferentes sociedades anónimas, entre ellas Servicio Mar Caribeño.
Asimismo,
Servicio Kohunlich, Gas Taurus, Servicios Jazmín, Estación de Servicio Los
Avallanos, Inmobiliaria Claveles, Estación de Servicio La Costa, Servicio
Orquídeas, Inmobiliaria Tres Islas, Servicio Delfines, Rimatove y Caimanes e
Inmobiliaria Monosabio, entre otras, la mayoría creadas durante el sexenio de
Félix González y avaladas por el notario José Arjona Iglesias, ex delegado inhabilitado
de la Semarnat.
Como
se sabe, el ex gobernador chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz concluyó su
sexenio en 2005 con una aceptable deuda pública por mil 300 millones de pesos,
pero su sucesor cozumeleño Félix González heredó al gobierno de Roberto Borge la
estratosférica deuda de 10 mil 500 millones, que obligaron a éste a contratar
nuevos empréstitos para el pago de intereses. Al
cierre del 2013, Quintana Roo adeudaba 17 mil 762 mdp.
Por
si fuera poco, el todavía senador creó
12 inútiles e innecesarias dependencias que, con amigos suyos al frente, año
con año representaban una erogación de 500 millones de pesos, lo que también
obligó a Roberto Borge a una política de adelgazamiento de la excesiva
burocracia que tanto se le ha cuestionado.
Como
bien mencionaba el periodista Carlos Cantón Zetina, el 14 de octubre del 2010, la
conductora de CNN en Español, Claudia Palacios, entrevistó al entonces
gobernador y, ante millones de televidentes, sobre todo de Estados Unidos, le
dijo: “En su contra hay algunos procesos por tráfico de influencias, abuso de
funciones y desvío de recursos públicos…
“¿Van
a quedar estos procesos aclarados antes de que usted deje su cargo? ¿De esos
cargos usted se declara inocente… usted va a enfrentar a la justicia cuando le
toque?”. Titubeante, el cozumeleño dijo que sí, que la enfrentaría.
Hoy,
decía el columnista y coincidimos con él ¡parece que ha llegado ese momento!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas
Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de
36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de
Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
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