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En primera fila
                       ¿Candidato depredador?
                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El oscuro pasado del yucateco-playense Carlos Joaquín González no sólo involucra el aspecto monetario, sino también, contra lo que se supone, el de atentados contra la ecología de Playa del Carmen, el municipio que gobernó antes de convertirse en diputado federal, aspirar infructuosamente a la gubernatura y anclar en la Subsecretaría de Turismo federal con miras al cambio sexenal en Quintana Roo.
Su mal disimulado rencor contra el gobernador Roberto Borge ha sido invariable en los últimos años, tras que su ahora principal impulsor, el ex gobernador Félix González, prefiriera a aquél como el candidato del PRI a sucederle, aunque persiste la negra huella de su paso por el hoy municipio de Solidaridad.
Así, aunque el funcionario insiste en presumir su supuesto impulso por la actividad turística, lo cierto es que jamás quedó suficientemente aclarado su manejo de recursos como munícipe, donde, como señalamos en colaboración anterior, la mayor opacidad surgió de los donativos “condicionados” de empresarios que, una vez ingresados a las arcas municipales, pasaba a ser de la Comuna.
A través de ese mecanismo sería como se detectó la inexistencia de documentos que comprobaran 141 millones 741 mil pesos, en una grotesca irregularidad de la que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado no pudo dar cuenta en su momento, y puso en evidencia prácticas corruptas de quien nuevamente pretende gobernar Quintana Roo.
Para ese efecto, siete convenios detallan que seis empresas “donaron” a la Comuna recursos para construir 18 escuelas, guarderías, primarias y secundarias, así como pavimentar dos avenidas y construir las oficinas del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento y el auditorio de la Casa de la Cultura.
En algunos casos, como el de Cabi Centros Comerciales de México, del empresario Daniel Abraham Cababie, fue explícito el motivo de su donativo por 5.5 millones de pesos: El cambio de uso de suelo habitacional y mixto barrial al de mixto central, esto para la construcción de la plaza “La Isla” de Playa del Carmen.
Un asunto similar fue el del Grupo Promotora Residencial, que donó 5.6 millones de pesos a cambio de la autorización de licencias de construcción del centro comercial, tiendas y locales.
En otros casos, los convenios aluden a la licencia de construcción de manera indistinta, tanto para la obra de interés de la empresa como para la obra donada, como fue el caso de 6 mil viviendas del Consorcio de Ingeniería Integral y 2 mil 670 del Conjunto Parnelli, aunque en otros casos no se establece contraprestación alguna ni se declara que las donaciones fueran a título gratuito.
Con todo, ninguno de los convenios correspondían al de la figura legal de donación, sino a “Convenios de colaboración y apoyo”, “de reconocimiento de obligación de donación”, “de aportación voluntaria” y “para la autorización de cambio de uso de suelo”.
Respecto a los atentados contra la ecología y medio ambiente, el periodista Carlos Cantón Zetina documentó el 22 de noviembre de 2010 que Carlos Joaquín, quien se ostentaba como “El gran gestor de hoteleros”, era realmente un depredador que había permitido el daño de manglares con el otorgamiento de permisos para construcción a cambio de “favores”.
Conforme a su columna, el medio hermano del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pisoteó como alcalde la Ley de Vida Silvestre y que si algo lo caracterizó fue su connivencia con empresarios hoteleros -sobre todo españoles- para causar daños severos e irreversibles al medio ambiente, para lo cual se convirtió en su eficiente gestor, aunque están documentados muchos casos que confirman su depredación, por ejemplo, de vastas zonas de mangle.
Entre las normas que pisoteó como presidente municipal se incluyen las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Asentamientos Humanos, así como la Ley Forestal de Quintana Roo, aunque la que con mayor fervor habría transgredido fue la Ley General de Vida Silvestre, que protege las zonas de manglares.
Sin respeto a los entonces electores, particularmente de Cancún, que lo hicieron legislador el 4 de julio de 2010, no se dignó ofrecer al menos una explicación acerca de los términos y condiciones en que otorgó permisos y licencias de construcción del hotel de capital ibérico Grand Princess Riviera Maya, colapsado ese mismo año, aunque existían fundadas sospechas de que los propietarios de éste no acataron la normatividad.
Entre 1995 y 1996 aprobó o convalidó un buen número de desarrollos hoteleros porque el Congreso federal aún no aprobaba las leyes que establecen severas restricciones para el aprovechamiento de manglares, y de ahí que en junio de 2008, en un artículo sobre la acción depredadora de los inversionistas españoles, el diario El Universal publicara: “Algunos permisos de construcción fueron autorizados sin restricción alguna por el Ayuntamiento de Solidaridad que presidió Carlos Joaquín González”.
Así las cosas, el Periódico Oficial de la Federación publicó el 1 de febrero de 2007 la reforma a la Ley de Vida Silvestre, que incluyó la adición del Artículo 60 TER, que determinaba que toda construcción de playa debe respetar intacta una importante franja de manglar.
Como coincidencia, recuerda Cantón Zetina, ese mismo día, Carlos Joaquín, quien se encontraba en Madrid, anunciaba que la cadena Princess construiría en la Riviera Maya un hotel para gran turismo -el mismo donde ocurrió la explosión más de 3 años después- y que contaría con mil 700 habitaciones, lo que presumía como “logro” de la delegación de Quintana Roo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en España.
Una vez vigente la nueva ley protectora del ecosistema, sin embargo, autorizó o toleró construir varios desarrollos hoteleros a costa de la destrucción de manglares y selvas, entre ellos el Gran Princess, que empezó a funcionar aparentemente el 10 de diciembre de 2007, aunque no estaba concluido totalmente.
Otros proyectos que, en vigor la modificación a la Ley de Vida Silvestre, se encontraban en proceso de evaluación o en trámites iniciales de permisos ambientales, también concluyeron durante la administración joaquinista: “Hotel Las Velas y Casas Velas”, “Paradisus Playa del Carmen -de la cadena española Sol Meliá-, “Costa Turquesa” y “Hotel Petit Lafitte”, que arrasaron con muchos miles de metros cuadrados de manglar.
Crítico por excelencia, el mismo día en que se promulgó la reforma legal en defensa de los manglares, Carlos Joaquín ratificó ser “Gestor Número Uno de los Españoles” y cuestionó veladamente la nueva ley desde Madrid, donde el primer día de febrero de 2007 diría no creer que una ley prohíba de manera total y completa “una forma de economía tan importante como es el turismo”.
Asimismo, diría que esa medida del Congreso de la Unión generaba incertidumbre entre los inversionistas, y llegó al extremo de animar a los capitalistas, en el sentido de que, pese a la modificación legal, podrían concluir sus proyectos, toda vez que “no concebimos una Ley que venga exclusivamente a prohibir cosas; entonces, lo que nosotros vemos es la posibilidad de que se realicen y logren algunas de estas inversiones”.
En lo que sólo podría calificarse como inaudito, el funcionario, en vez de defenderla, censuró una ley que garantizaba la supervivencia de la acosada franja de manglar en Quintana Roo, que durante la última década había sido implacablemente castigada con la proliferación de una enorme cantidad de proyectos hoteleros y de condominios.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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