En
primera fila
¿Candidato depredador?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El
oscuro pasado del yucateco-playense Carlos Joaquín González no sólo involucra
el aspecto monetario, sino también, contra lo que se supone, el de atentados
contra la ecología de Playa del Carmen, el municipio que gobernó antes de
convertirse en diputado federal, aspirar infructuosamente a la gubernatura y anclar
en la Subsecretaría de Turismo federal con miras al cambio sexenal en Quintana
Roo.
Su
mal disimulado rencor contra el gobernador Roberto Borge ha sido invariable en los
últimos años, tras que su ahora principal impulsor, el ex gobernador Félix
González, prefiriera a aquél como el candidato del PRI a sucederle, aunque
persiste la negra huella de su paso por el hoy municipio de Solidaridad.
Así,
aunque el funcionario insiste en presumir su supuesto impulso por la actividad
turística, lo cierto es que jamás quedó suficientemente aclarado su manejo de
recursos como munícipe, donde, como señalamos en colaboración anterior, la
mayor opacidad surgió de los donativos “condicionados” de empresarios que, una
vez ingresados a las arcas municipales, pasaba a ser de la Comuna.
A
través de ese mecanismo sería como se detectó la inexistencia de documentos que
comprobaran 141 millones 741 mil pesos, en una grotesca irregularidad de la que
la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado no pudo dar cuenta en su
momento, y puso en evidencia prácticas corruptas de quien nuevamente pretende
gobernar Quintana Roo.
Para
ese efecto, siete convenios detallan que seis empresas “donaron” a la Comuna
recursos para construir 18 escuelas, guarderías, primarias y secundarias, así
como pavimentar dos avenidas y construir las oficinas del sindicato de
trabajadores del Ayuntamiento y el auditorio de la Casa de la Cultura.
En
algunos casos, como el de Cabi Centros Comerciales de México, del empresario
Daniel Abraham Cababie, fue explícito el motivo de su donativo por 5.5 millones
de pesos: El cambio de uso de suelo habitacional y mixto barrial al de mixto
central, esto para la construcción de la plaza “La Isla” de Playa del Carmen.
Un
asunto similar fue el del Grupo Promotora Residencial, que donó 5.6 millones de
pesos a cambio de la autorización de licencias de construcción del centro
comercial, tiendas y locales.
En
otros casos, los convenios aluden a la licencia de construcción de manera
indistinta, tanto para la obra de interés de la empresa como para la obra
donada, como fue el caso de 6 mil viviendas del Consorcio de Ingeniería
Integral y 2 mil 670 del Conjunto Parnelli, aunque en otros casos no se
establece contraprestación alguna ni se declara que las donaciones fueran a
título gratuito.
Con
todo, ninguno de los convenios correspondían al de la figura legal de donación,
sino a “Convenios de colaboración y apoyo”, “de reconocimiento de obligación de
donación”, “de aportación voluntaria” y “para la autorización de cambio de uso
de suelo”.
Respecto
a los atentados contra la ecología y medio ambiente, el periodista Carlos
Cantón Zetina documentó el 22 de noviembre de 2010 que Carlos Joaquín, quien se
ostentaba como “El gran gestor de hoteleros”, era realmente un depredador que
había permitido el daño de manglares con el otorgamiento de permisos para
construcción a cambio de “favores”.
Conforme
a su columna, el medio hermano del secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, pisoteó como alcalde la Ley de Vida Silvestre y que si algo lo caracterizó
fue su connivencia con empresarios hoteleros -sobre todo españoles- para causar
daños severos e irreversibles al medio ambiente, para lo cual se convirtió en
su eficiente gestor, aunque están documentados muchos casos que confirman su
depredación, por ejemplo, de vastas zonas de mangle.
Entre
las normas que pisoteó como presidente municipal se incluyen las leyes
generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de
Asentamientos Humanos, así como la Ley Forestal de Quintana Roo, aunque la que
con mayor fervor habría transgredido fue la Ley General de Vida Silvestre, que
protege las zonas de manglares.
Sin
respeto a los entonces electores, particularmente de Cancún, que lo hicieron
legislador el 4 de julio de 2010, no se dignó ofrecer al menos una explicación
acerca de los términos y condiciones en que otorgó permisos y licencias de
construcción del hotel de capital ibérico Grand Princess Riviera Maya,
colapsado ese mismo año, aunque existían fundadas sospechas de que los
propietarios de éste no acataron la normatividad.
Entre
1995 y 1996 aprobó o convalidó un buen número de desarrollos hoteleros porque
el Congreso federal aún no aprobaba las leyes que establecen severas
restricciones para el aprovechamiento de manglares, y de ahí que en junio de
2008, en un artículo sobre la acción depredadora de los inversionistas
españoles, el diario El Universal publicara: “Algunos permisos de construcción
fueron autorizados sin restricción alguna por el Ayuntamiento de Solidaridad
que presidió Carlos Joaquín González”.
Así
las cosas, el Periódico Oficial de la Federación publicó el 1 de febrero de
2007 la reforma a la Ley de Vida Silvestre, que incluyó la adición del Artículo
60 TER, que determinaba que toda construcción de playa debe respetar intacta
una importante franja de manglar.
Como
coincidencia, recuerda Cantón Zetina, ese mismo día, Carlos Joaquín, quien se
encontraba en Madrid, anunciaba que la cadena Princess construiría en la
Riviera Maya un hotel para gran turismo -el mismo donde ocurrió la explosión
más de 3 años después- y que contaría con mil 700 habitaciones, lo que presumía
como “logro” de la delegación de Quintana Roo presente en la Feria
Internacional de Turismo (FIT) en España.
Una
vez vigente la nueva ley protectora del ecosistema, sin embargo, autorizó o
toleró construir varios desarrollos hoteleros a costa de la destrucción de
manglares y selvas, entre ellos el Gran Princess, que empezó a funcionar
aparentemente el 10 de diciembre de 2007, aunque no estaba concluido totalmente.
Otros
proyectos que, en vigor la modificación a la Ley de Vida Silvestre, se
encontraban en proceso de evaluación o en trámites iniciales de permisos
ambientales, también concluyeron durante la administración joaquinista: “Hotel
Las Velas y Casas Velas”, “Paradisus Playa del Carmen -de la cadena española
Sol Meliá-, “Costa Turquesa” y “Hotel Petit Lafitte”, que arrasaron con muchos
miles de metros cuadrados de manglar.
Crítico
por excelencia, el mismo día en que se promulgó la reforma legal en defensa de
los manglares, Carlos Joaquín ratificó ser “Gestor Número Uno de los Españoles”
y cuestionó veladamente la nueva ley desde Madrid, donde el primer día de
febrero de 2007 diría no creer que una ley prohíba de manera total y completa
“una forma de economía tan importante como es el turismo”.
Asimismo,
diría que esa medida del Congreso de la Unión generaba incertidumbre entre los
inversionistas, y llegó al extremo de animar a los capitalistas, en el sentido
de que, pese a la modificación legal, podrían concluir sus proyectos, toda vez
que “no concebimos una Ley que venga exclusivamente a prohibir cosas; entonces,
lo que nosotros vemos es la posibilidad de que se realicen y logren algunas de
estas inversiones”.
En
lo que sólo podría calificarse como inaudito, el funcionario, en vez de
defenderla, censuró una ley que garantizaba la supervivencia de la acosada
franja de manglar en Quintana Roo, que durante la última década había sido
implacablemente castigada con la proliferación de una enorme cantidad de
proyectos hoteleros y de condominios.
(Permitida la copia,
publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre
de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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