En primera fila
México, ¡un caos!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sumidos en la glosa del informe y comparecencia de funcionarios,
que tradicionalmente derivan en análisis de cifras, estimaciones y resultados
en un voluminoso documento con el que se pretende cumplir con la obligación
constitucional de rendir cuentas, los legisladores de las Cámaras realizan
abundantes preguntas, tantas que le permiten al funcionario apegarse a un guion
y evitar respuestas puntuales.
A decir del senador
perredista Alejandro Encinas, lo mismo ocurre con algunos legisladores, que se
presentan a cumplir con ese ritual, trayendo, incluso por escrito, las réplicas
a las respuestas de los funcionarios, aunque durante la asistencia del
Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, aquél dio una peligrosa
voz de alerta al papel de esta dependencia y de la Presidencia de la República.
Durante el presidencialismo
autoritario del partido hegemónico, básicamente entre los gobiernos de Lázaro
Cárdenas y Carlos Salinas, el Presidente gozaba, además de las facultades constitucionales,
de facultades metaconstitucionales, como el manejo de una partida “secreta” y,
lo más importante, decidir a su sucesor.
Su fuerza era tal que anulaba
la separación de poderes, subordinaba al Congreso, Poder Judicial y gobernadores,
así como a grupos sociales a través de un fuerte aparato-control, de control
corporativo desde el propio gobierno, esquema donde el Secretario de
Gobernación se consideraba hombre fuerte del gabinete, operador político por
excelencia y enlace con los poderes de la unión con gobernadores y grupos
sociales, además de controlar a la prensa.
Así, hubo secretarios que
concentraron enorme poder político, como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría,
hasta Salinas de Gortari, cuando, en gran medida, la operación política pasó a
las oficinas de la Presidencia.
Con Ernesto Zedillo declinó
el peso de Gobernación y, tras la alternancia con el PAN, se debilitó más: Hasta
la Primera Dama y aliadas tenían más poder que el secretario, lo que se
profundizó con Felipe Calderón, cuando el concepto de gobernabilidad se redujo
a la guerra contra el crimen organizada, lo que obligó a incorporar militares a
tareas civiles.
En Gobernación prevaleció el amiguismo, no hubo
interlocución con el Congreso, y la propia debilidad del Ejecutivo permitió
feudalizar al país, formar un Sindicato de Gobernadores, fortalecer los poderes
fácticos y aumentar la violencia e inseguridad.
En resumen, se abandonó la
política y debilitó más al Estado e instituciones, lo que favoreció al PRI con
apoyo de los poderes fácticos y algunos medios de comunicación, para su
regreso, y que hoy pretenda crear la imagen de un presidencialismo fuerte.
Al inicio de este gobierno,
cuando se debatió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
mayoría priísta argumentó que se buscaba fortalecer a Gobernación, al fusionar las tareas de
política interior con las de seguridad pública para remontar la falta de
conducción política y la ineficacia de la estrategia de combate a la
inseguridad.
Desde entonces, se abandonó
nuevamente la política, y la Secretaría se reduce hoy a atender asuntos de
seguridad pública, anulando, en algunos casos, a la autoridad local, como
acontece con la Policía Federal Preventiva y la nueva Gendarmería Nacional en
Michoacán, Tamaulipas, Valle de Bravo y sur del Estado de México.
La relación con grupos
sociales, es prácticamente inexistente, y si bien 8 mil 500 organizaciones participan
en comités, consejos y comisiones con la Secretaría, son fundamentalmente
organizaciones vinculadas a seguridad pública incorporadas a mesas
institucionales, pero no se abre espacio a la disidencia, sino, por el
contrario, se criminaliza la protesta y se hace brazo represor de la Secretaría
para disuadirla, y no para una relación que permita una gobernabilidad
democrática.
La mayor parte de la operación política ha
vuelto a la Presidencia, desde donde se centraliza el poder, se establece la
relación con el Congreso, elaboran y cabildean reformas, establecen pactos con
un sector de la oposición, atenta contra el federalismo y nombran comisionados
especiales que, cual virreyes, desplazan a las autoridades locales e imponen
dictados del gobierno central, mientras que las Fuerzas Armadas y la nueva
Gendarmería ocupan territorios y asumen facultades que corresponden a Estados y
municipios.
Además, desde la Presidencia
se controlan las participaciones federales y de las haciendas públicas locales.
Se busca, de nueva cuenta, fortalecer la figura presidencial sin recuperar la
fortaleza del Estado.
A través de los medios de comunicación y de los grupos
del poder económico se busca un nuevo presidencialismo, no un Estado fuerte, y
contar con un Presidente fuerte dentro de un Estado débil, lo que permite a los
poderes fácticos detentar el poder real y convertir la Presidencia en su vocera.
Hoy, todos los indicadores de
gobernabilidad continúan a la baja. La expectativa de crecimiento económico
para este año cayó de 3.9% al 2.6.
La violencia supera la del
gobierno anterior. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de diciembre del 2006 a junio del 2008, con Calderón, se
contabilizaron 41,396 homicidios. En los mismos 19 meses, con Peña Nieto se
reportaron 55,325 asesinatos. Aumentaron 34%.
Según el Observatorio
Nacional Ciudadano, México es el país con más secuestros en el mundo, con uno
cada tres horas. De diciembre 2012 a junio 2014, se registraron mil 946, y continúan
al alza las denuncias por extorsión y, lamentablemente, los feminicidios.
La pobreza alcanza a 60 millones
de mexicanos. El desempleo aumentó 5.5% en julio pasado entre, y el subempleo al 8.3%,
mientras que entre 2008 y 2014, se perdieron un millón 983 mil empleos y, de
acuerdo con el informe “México Cómo Vamos”, la población que no puede adquirir
la canasta básica pasó del 48 al 50%.
Además, el 13% de la
población ocupada, siete millones, gana el salario mínimo, que ha perdido el
70% de su poder adquisitivo en cuatro décadas. Según la Organización
Internacional del Trabajo, el mínimo está por debajo de los niveles del
mercado, aun con trabajadores calificados.
México es el único país donde
el valor del salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita. Son
indicadores reales, y el indicador fundamental de la gobernabilidad, es el
bienestar de la población, lo que no se consigue repartiendo despensas.
Por otra parte, las
violaciones a los derechos humanos, de los migrantes y de los menores no
acompañados, son una vergüenza, tales como el desempeño del Instituto Nacional
de Migración, mientras en el Poder Judicial prevalece la corrupción, y los
desastres ambientales quedan en impunidad.
Amnistía Internacional ha
denunciado que persiste la tortura y se tolera en México, y resurgen acciones
de violencia de Estado que generan dudas fundadas y no son aclaradas.
Un ejemplo fue el
enfrentamiento de Fuerzas Armadas con presuntos delincuentes en el municipio de
Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, del que fuentes
periodísticas y observadores de la Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos en México señalan que existen evidencias para presumir, más
que un enfrentamiento, la ejecución de 22 personas, sin que hasta hoy se aclare
o dé alguna respuesta.
En fin, un verdadero caos que
todos vemos y sentimos, desde luego, excepto el PRI y Peña Nieto.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas
Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de
36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de
Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
Comentarios
Publicar un comentario