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En primera fila
                             ¡Baño de sangre!
                                                Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La voz del diputado perredista Catalino Duarte Ortuño sentenció “con mucho respeto” que era una irresponsabilidad de parte del mismito titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, decir que esperaría los dictámenes de caso de Tlatlaya, ya que “usted es un hombre profesional, es inteligente, tiene experiencia, lleva dos meses el asunto en la PGR”, le dijo.
Se trataba de la comparecencia del procurador ante la Cámara de Diputados, cuando le recriminó que ya tenía el dictamen de criminalística, inspección ocular, fe de lesiones, cadáveres y media filiaciones; dictamen de balística forense y autopsia o necropsia, indicios importantes para establecer cómo fue o cuál era más o menos la ubicación de víctimas y victimarios.
Hablaba del supuesto “enfrentamiento” militares-presuntos delincuentes el 30 de junio último en las afueras del poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas resultaron muertas, entre ellas una niña, aunque fundadas pruebas obligan a pensar que fue una ejecución masiva, sobre cuyas “investigaciones” callaban Ejército, PGR y autoridades mexiquenses.
Duarte Ortuño fue primero en acusar una venganza, dado que, anterior al hecho, un grupo delictivo de Apaxtla de Castrejón privó de la vida a un alto mando de la Marina en Arcelia, tras lo cual el Ejército mató a cinco o seis vecinos de ese municipio sin justificación. En respuesta, los pobladores se organizaron, detuvieron a los militares y consignaron al Ministerio Público, y ahora habrían respondido sangrientamente los mílites.

No sólo el perredista cuestionada a Murillo Karam sobre el tema, sino varios legisladores, entre ellos el petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien le criticó que, dada la efectividad de las pesquisas, “alguien no está haciendo bien su trabajo, y que este desorden del Sistema Nacional de Seguridad permite la ilegalidad e impunidad de acciones que se denuncia a través de la prensa internacional, como es el caso Tlatlaya, y que sigue sin encontrar respuestas satisfactorias.
         En su defensa como gato boca arriba, Murillo Karam aceptó que “es un asunto bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea”, aunque se comprometió a hacerlo, para lo cual pidió tiempo para peritajes, ampliación de criminalística, trayectorias de impactos y vehículos; necropsias para establecer tiempo y modo de muertes, posiciones víctima-victimario, reconstrucción de hechos, confrontación de ADN, mecánica de lesiones y más investigaciones,
Sin embargo, su dicho cambió radicalmente los hechos tras testimonios que publicaron la agencia estadunidense AP y la edición mexicana de la revista estadunidense “Esquire”, en el sentido de que los militares ejecutaron a los civiles cuando éstos se habían rendido después de breve enfrentamiento.
Un teniente y 24 soldados que habrían participado en la masacre de Tlatlaya fueron presentados el martes al Juzgado Sexto Militar, donde ocho ingresaron a prisión en el Campo Militar 1, acusados de indisciplina castrense, mientras la Sedena confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial, sin precisar graduación, adscripción ni arma, por desobediencia e infracciones a deberes militares.
Los 17 soldados restantes estaban a la espera de resolver su situación jurídica, aunque, curiosamente, la detención de los soldados sólo ocurrió después que el lunes el presidente Peña Nieto, de visita en Nueva York, dijo a la AP que investigaría la PGR e informaría sobre los avances.
En nuevas investigaciones de la AP, ahora resulta que el  oficial y los siete soldados “detenidos” por la masacre pertenecen al 102º Batallón de Infantería de la 22ª Zona Militar de Edomex, con serio historial de incidentes. El grupo militar se ubica en San Miguel Ixtapan, a una hora del lugar de los hechos, un área bajo control del Cártel “La Familia”, región donde grupos rivales del narcotráfico disputan territorios.
En diciembre último algunos de ellos balearon a cuatro empleados de Arcelia -cerca de Guerrero-, incluidos el director y subdirector de transporte municipal, cuando éstos conducían de vuelta de un campo de tiro, pero el ejército dijo que éstos portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, y los confundieron con delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados.
En febrero de 2012 el periódico Reforma reportó que durante 2010 y hasta principios de 2011 soldados de ese batallón recibieron dinero para informar a “La Familia” de operaciones militares. Seis personas, entre ellos dos oficiales, fueron acusadas formalmente.
En el caso reportado al principio como balacera, la versión oficial fue que los presuntos delincuentes murieron en un tiroteo y un soldado resultó herido, lo que puso en tela de juicio AP tras visitar el sitio días después y no hallar indicios de batalla prolongada, y una testigo le dijo que sólo una persona murió inicialmente y 21 fueron baleadas después de rendirse, entre ellas su hija de 15 años que, herida en una pierna, yacía en el piso cuando la asesinaron.
La Jornada publicó el viernes fotos con cadáveres ensangrentados, presuntamente tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal militar aún en el lugar. Entre los muertos de las fotos de AP está una niña de espaldas, junto a un fusil, con ropa ensangrentada y cubierta de lodo. “Le pusieron el arma y como que se arrastró”, dice su hermano, aunque muchos de los muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega, todos con fusil a su lado o tomados de las manos, la mayoría con lodo en las rodillas, como si estuvieran hincados o con la cara boca abajo.
El sangriento episodio no es la excepción, ya que hace apenas unos meses el relator de Naciones Unidas sobre la Tortura manifestó encontrar casos de tortura en todo México por parte de las instituciones de seguridad, Marina y Ejército, hasta la Policía Federal y policías municipales. Las técnicas de tortura muestran patrones estables y repetitivos para obtener pruebas a cualquier costo.
Crecen los testimonios y quejas, pero las sentencias simplemente no aparecen. La tortura -y ahora la masacre, como la de normalistas de Guerrero- sigue siendo una práctica generalizada y sistemática, lo que obliga a preocuparnos por el futuro del nuevo sistema penal acusatorio, pues fabricar culpables, alterar pruebas, encerrar inocentes, inventar delitos son mecanismos sintomáticos de un sistema de procuración de justicia disfuncional.
Cada víctima de estos abusos representa el rotundo fracaso de una larga lista de funcionarios, aunque también es prioridad resolver el grave problema de las desapariciones especialmente de mujeres, jóvenes, de escasos recursos.
A principios de 2013 se habló de más de 26 mil desaparecidos, lo que corroboró públicamente la subsecretaria Elia Limón, y pese a que hace unos meses, la subprocuradora Mariana Benítez dio la cifra de 22 mil personas, Murillo Karam sostuvo que el número correcto era de 13 mil personas tras un cotejo con las personas localizadas y registros erróneos, coro que imitó el secretario de Gobernación, que habló de 8 mil, y días más tarde aclaró que eran 16 mil. ¡Pobre justicia! ¡Pobre México!

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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