En primera fila
¡Baño de sangre!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
voz del diputado perredista Catalino Duarte Ortuño sentenció “con mucho respeto”
que era una irresponsabilidad de parte del mismito titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, decir que esperaría
los dictámenes de caso de Tlatlaya, ya que “usted es un hombre profesional, es
inteligente, tiene experiencia, lleva dos meses el asunto en la PGR”, le dijo.
Se
trataba de la comparecencia del procurador ante la Cámara de Diputados, cuando
le recriminó que ya tenía el dictamen de criminalística, inspección ocular, fe
de lesiones, cadáveres y media filiaciones; dictamen de balística forense y
autopsia o necropsia, indicios importantes para establecer cómo fue o cuál era
más o menos la ubicación de víctimas y victimarios.
Hablaba
del supuesto “enfrentamiento” militares-presuntos delincuentes el 30 de junio
último en las afueras del poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya,
Estado de México, donde 22 personas resultaron muertas, entre ellas una niña,
aunque fundadas pruebas obligan a pensar que fue una ejecución masiva, sobre cuyas
“investigaciones” callaban Ejército, PGR y autoridades mexiquenses.
Duarte
Ortuño fue primero en acusar una venganza, dado que, anterior al hecho, un
grupo delictivo de Apaxtla de Castrejón privó de la vida a un alto mando de la
Marina en Arcelia, tras lo cual el Ejército mató a cinco o seis vecinos de ese
municipio sin justificación. En respuesta, los pobladores se organizaron,
detuvieron a los militares y consignaron al Ministerio Público, y ahora habrían
respondido sangrientamente los mílites.
No
sólo el perredista cuestionada a Murillo Karam sobre el tema, sino varios
legisladores, entre ellos el petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien
le criticó que, dada la efectividad de las pesquisas, “alguien no está haciendo
bien su trabajo, y que este desorden del Sistema Nacional de Seguridad permite
la ilegalidad e impunidad de acciones que se denuncia a través de la prensa
internacional, como es el caso Tlatlaya, y que sigue sin encontrar respuestas
satisfactorias.
En su defensa como gato boca arriba, Murillo Karam aceptó
que “es un asunto bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar
la verdad sea cual sea”, aunque se comprometió a hacerlo, para lo cual pidió
tiempo para peritajes, ampliación de criminalística, trayectorias de impactos y
vehículos; necropsias para establecer tiempo y modo de muertes, posiciones
víctima-victimario, reconstrucción de hechos, confrontación de ADN, mecánica de
lesiones y más investigaciones,
Sin
embargo, su dicho cambió radicalmente los hechos tras testimonios que publicaron
la agencia estadunidense AP y la edición mexicana de la revista estadunidense “Esquire”,
en el sentido de que los militares ejecutaron a los civiles cuando éstos se
habían rendido después de breve enfrentamiento.
Un
teniente y 24 soldados que habrían participado en la masacre de Tlatlaya fueron
presentados el martes al Juzgado Sexto Militar, donde ocho ingresaron a prisión
en el Campo Militar 1, acusados de indisciplina castrense, mientras la Sedena
confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial, sin precisar
graduación, adscripción ni arma, por desobediencia e infracciones a deberes
militares.
Los
17 soldados restantes estaban a la espera de resolver su situación jurídica,
aunque, curiosamente, la detención de los soldados sólo ocurrió después que el
lunes el presidente Peña Nieto, de visita en Nueva York, dijo a la AP que
investigaría la PGR e informaría sobre los avances.
En
nuevas investigaciones de la AP, ahora resulta que el oficial y los siete soldados “detenidos” por la
masacre pertenecen al 102º Batallón de Infantería de la 22ª Zona Militar de
Edomex, con serio historial de incidentes. El grupo militar se ubica en San
Miguel Ixtapan, a una hora del lugar de los hechos, un área bajo control del
Cártel “La Familia”, región donde grupos rivales del narcotráfico disputan
territorios.
En
diciembre último algunos de ellos balearon a cuatro empleados de Arcelia -cerca
de Guerrero-, incluidos el director y subdirector de transporte municipal, cuando
éstos conducían de vuelta de un campo de tiro, pero el ejército dijo que éstos
portaban fusiles y vestían ropa de camuflaje para cazar, y los confundieron con
delincuentes. Un sargento, un cabo y dos soldados fueron arrestados.
En
febrero de 2012 el periódico Reforma reportó que durante 2010 y hasta
principios de 2011 soldados de ese batallón recibieron dinero para informar a “La
Familia” de operaciones militares. Seis personas, entre ellos dos oficiales,
fueron acusadas formalmente.
En
el caso reportado al principio como balacera, la versión oficial fue que los
presuntos delincuentes murieron en un tiroteo y un soldado resultó herido, lo
que puso en tela de juicio AP tras visitar el sitio días después y no hallar
indicios de batalla prolongada, y una testigo le dijo que sólo una persona
murió inicialmente y 21 fueron baleadas después de rendirse, entre ellas su
hija de 15 años que, herida en una pierna, yacía en el piso cuando la asesinaron.
La
Jornada publicó el viernes fotos con cadáveres ensangrentados, presuntamente
tomadas inmediatamente después de la balacera, con investigadores y personal
militar aún en el lugar. Entre los muertos de las fotos de AP está una niña de
espaldas, junto a un fusil, con ropa ensangrentada y cubierta de lodo. “Le
pusieron el arma y como que se arrastró”, dice su hermano, aunque muchos de los
muertos aparecen acostados junto a la pared de la bodega, todos con fusil a su
lado o tomados de las manos, la mayoría con lodo en las rodillas, como si estuvieran
hincados o con la cara boca abajo.
El
sangriento episodio no es la excepción, ya que hace apenas unos meses el
relator de Naciones Unidas sobre la Tortura manifestó encontrar casos de
tortura en todo México por parte de las instituciones de seguridad, Marina y
Ejército, hasta la Policía Federal y policías municipales. Las técnicas de
tortura muestran patrones estables y repetitivos para obtener pruebas a
cualquier costo.
Crecen
los testimonios y quejas, pero las sentencias simplemente no aparecen. La
tortura -y ahora la masacre, como la de normalistas de Guerrero- sigue siendo
una práctica generalizada y sistemática, lo que obliga a preocuparnos por el
futuro del nuevo sistema penal acusatorio, pues fabricar culpables, alterar
pruebas, encerrar inocentes, inventar delitos son mecanismos sintomáticos de un
sistema de procuración de justicia disfuncional.
Cada
víctima de estos abusos representa el rotundo fracaso de una larga lista de
funcionarios, aunque también es prioridad resolver el grave problema de las
desapariciones especialmente de mujeres, jóvenes, de escasos recursos.
A
principios de 2013 se habló de más de 26 mil desaparecidos, lo que corroboró
públicamente la subsecretaria Elia Limón, y pese a que hace unos meses, la
subprocuradora Mariana Benítez dio la cifra de 22 mil personas, Murillo Karam
sostuvo que el número correcto era de 13 mil personas tras un cotejo con las
personas localizadas y registros erróneos, coro que imitó el secretario de
Gobernación, que habló de 8 mil, y días más tarde aclaró que eran 16 mil.
¡Pobre justicia! ¡Pobre México!
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas Basulto,
periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de
trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de
diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de
dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.
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