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En primera fila
                             ¡Sospechosas deudas!
                                               Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
De cara a la elaboración del presupuesto federal 2015 a partir de la propuesta del Jefe del Ejecutivo, el mal manejo de las finanzas públicas conduce al país a un cada vez mayor desastre, y de ahí la necesidad de refrescar la información de la Cámara de Diputados en torno a las deudas de las entidades y Federación para determinar su administración y destino.
La información de las deudas también debiera incluir a municipios y órganos desconcentrados y autónomos de cada Estado, así como las obligaciones derivadas de ellas, aunque, por obviedad, también sería razonable informar sobre los pasivos por los sistemas de pensiones y seguridad social, sobre todo en las dos últimas administraciones.
El elemento fundamental en el “paquete” económico 2015 será la atención de los requerimientos financieros del sector público que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en la administración pública federal ascendía a 6 billones 886 mil 260 millones de pesos.
¿Por qué y para qué seguir comprometiendo los ingresos a las nuevas generaciones de mexicanos? ¿Por qué seguirse endeudando? Tan sólo para cubrir los intereses de la deuda del sector público presupuestario del 2014, se requieren más de 380 mil millones de pesos por el excesivo endeudamiento, pasivos y requerimientos financieros.
Conforme a la información de las entidades que proporciona Hacienda, las obligaciones financieras de los Estados hasta junio sumaban 489 mil 643.4 millones de pesos, de los que Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal concentran casi el 50 por ciento.
Como se sabe, la dificultad para acceder a la información de los estados financieros de gobierno locales y municipales se debe a los altos márgenes de opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas, pese a que en un esquema federalista, tanto Estados como municipios deben asumir su corresponsabilidad en el desarrollo económico y, por consiguiente, rendir cuentas de su Hacienda.
A efecto de contar con la información para evaluar la política del gasto en el desarrollo regional, el estudio de la Ley de Ingresos y gasto público para el ejercicio 2015 requiere conocer en forma objetiva y con certeza el estado de la deuda de cada entidad, plazos y tasa de contratación y destino de la misma, así como de otras obligaciones en su tratamiento.
A estos pasivos se les deben agregar los generados por los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales, así como de las entidades autónomas o desconcentradas de cada entidad.
Lamentablemente, las deficiencias y corrupción en el gasto público han generado un déficit que pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico, y de ahí que no se puedan ordenar las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no se trasparenta y rinde cuentas sobre el déficit generado por deuda.
En este sentido, es necesario cerrar esta forma artificial de desarrollo con deuda, ya que ya no es posible atender el déficit que genera la corrupción, ni seguir simulando estrategias de desarrollo a través de nueva deuda.
Curiosamente, el proyecto de Ley de Ingresos 2015 del gobierno de Enrique Peña Nieto propone un endeudamiento interno neto por hasta 595 mil millones de pesos, y en el externo neto del sector público, por hasta 6 mil millones de dólares.
Así, en atención al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 constitucional, es necesaria la práctica del ejercicio del derecho de la información pública y rendición de cuentas, no sólo fundamentales para combatir la corrupción y tener bases que permitan analizar y evaluar las políticas públicas en la vigilancia y aplicación de los recursos que se transfieran a Estados y municipios.
No es posible soslayar esta evidente necesidad en el 2015, ya que, ante la reforma energética y, sobre todo, la corrupción, la hacienda recibirá menos ingresos por concepto del petróleo, y como tampoco despegará la economía, entre otros por los aumentos de impuestos, no habrá más remedio, de acuerdo a la lógica neoliberal e irresponsable, que pedir prestado para seguir gastando y conseguir un crecimiento artificial y “peregrino” de la economía.
Dichas medidas precautorias no es porque realmente vaya a hacer falta mayor presupuesto, ya que para el próximo año será de 4.4 billones de pesos, sino que se trata de cuidarlo: Sobran los ladrones, no falta presupuesto.
Sin embargo, con un punto de acuerdo que propuso el diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, es posible que los gobiernos estatales y municipales empiecen a abrir su información y que en el próximo presupuesto se piense muy bien si se sigue endeudando a los mexicanos.
La iniciativa era exhortar a los ejecutivos federal y estatales, así como al jefe de Gobierno del Distrito Federal a exponer de manera exacta y detallada el estatus de la deuda de sus dos últimas administraciones, pero la mayoría “votó” supuestamente por la negativa y se turnó a la Comisión de Transparencia y Corrupción para su dictamen.
Ladrón de Guevara reclamó al presidente del Senado, Tomás Torres Mercado, que no estaba claro el resultado de la votación manual y pidió hacerlo a través del tablero electrónico, pero este último reiteró que ya había dado turno a la propuesta, por lo que “para la Secretaría y esta Presidencia la votación fue suficientemente clara”.
“Casualmente”, Torres Mercado milita en el Partido Verde Ecologista, “satélite” e incondicional del PRI, y de ahí que, sabemos, ¡Así se hacen las cosas en México!, pero ¡Viva México!
Para Quintana Roo hubiera sido sana la aprobación de esa medida, ya que hubiera permitido a quienes cuestionan al gobernador Roberto Borge entender que haya tenido que cargar tres años con “el muerto” que le heredó Félix González en las finanzas y endeudarse más para cubrir las obligaciones que generó el multimillonario adeudo.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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