En primera fila
¡Sospechosas deudas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
De
cara a la elaboración del presupuesto federal 2015 a partir de la propuesta del
Jefe del Ejecutivo, el mal manejo de las finanzas públicas conduce al país a un
cada vez mayor desastre, y de ahí la necesidad de refrescar la información de la
Cámara de Diputados en torno a las deudas de las entidades y Federación para
determinar su administración y destino.
La
información de las deudas también debiera incluir a municipios y órganos
desconcentrados y autónomos de cada Estado, así como las obligaciones derivadas
de ellas, aunque, por obviedad, también sería razonable informar sobre los
pasivos por los sistemas de pensiones y seguridad social, sobre todo en las dos
últimas administraciones.
El
elemento fundamental en el “paquete” económico 2015 será la atención de los
requerimientos financieros del sector público que, de acuerdo con la Secretaría
de Hacienda, en la administración pública federal ascendía a 6 billones 886 mil
260 millones de pesos.
¿Por
qué y para qué seguir comprometiendo los ingresos a las nuevas generaciones de
mexicanos? ¿Por qué seguirse endeudando? Tan sólo para cubrir los intereses de
la deuda del sector público presupuestario del 2014, se requieren más de 380
mil millones de pesos por el excesivo endeudamiento, pasivos y requerimientos
financieros.
Conforme
a la información de las entidades que proporciona Hacienda, las obligaciones
financieras de los Estados hasta junio sumaban 489 mil 643.4 millones de pesos,
de los que Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal
concentran casi el 50 por ciento.
Como
se sabe, la dificultad para acceder a la información de los estados financieros
de gobierno locales y municipales se debe a los altos márgenes de opacidad,
discrecionalidad y falta de rendición de cuentas, pese a que en un esquema
federalista, tanto Estados como municipios deben asumir su corresponsabilidad
en el desarrollo económico y, por consiguiente, rendir cuentas de su Hacienda.
A
efecto de contar con la información para evaluar la política del gasto en el
desarrollo regional, el estudio de la Ley de Ingresos y gasto público para el
ejercicio 2015 requiere conocer en forma objetiva y con certeza el estado de la
deuda de cada entidad, plazos y tasa de contratación y destino de la misma, así
como de otras obligaciones en su tratamiento.
A
estos pasivos se les deben agregar los generados por los sistemas de pensiones
de los gobiernos estatales y municipales, así como de las entidades autónomas o
desconcentradas de cada entidad.
Lamentablemente,
las deficiencias y corrupción en el gasto público han generado un déficit que
pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico, y de ahí que no se
puedan ordenar las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no
se trasparenta y rinde cuentas sobre el déficit generado por deuda.
En
este sentido, es necesario cerrar esta forma artificial de desarrollo con deuda,
ya que ya no es posible atender el déficit que genera la corrupción, ni seguir
simulando estrategias de desarrollo a través de nueva deuda.
Curiosamente,
el proyecto de Ley de Ingresos 2015 del gobierno de Enrique Peña Nieto propone
un endeudamiento interno neto por hasta 595 mil millones de pesos, y en el externo
neto del sector público, por hasta 6 mil millones de dólares.
Así,
en atención al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6
constitucional, es necesaria la práctica del ejercicio del derecho de la información
pública y rendición de cuentas, no sólo fundamentales para combatir la
corrupción y tener bases que permitan analizar y evaluar las políticas públicas
en la vigilancia y aplicación de los recursos que se transfieran a Estados y
municipios.
No
es posible soslayar esta evidente necesidad en el 2015, ya que, ante la reforma
energética y, sobre todo, la corrupción, la hacienda recibirá menos ingresos por
concepto del petróleo, y como tampoco despegará la economía, entre otros por
los aumentos de impuestos, no habrá más remedio, de acuerdo a la lógica
neoliberal e irresponsable, que pedir prestado para seguir gastando y conseguir
un crecimiento artificial y “peregrino” de la economía.
Dichas
medidas precautorias no es porque realmente vaya a hacer falta mayor presupuesto,
ya que para el próximo año será de 4.4 billones de pesos, sino que se trata de cuidarlo:
Sobran los ladrones, no falta presupuesto.
Sin
embargo, con un punto de acuerdo que propuso el diputado petista Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, es posible que los gobiernos estatales y municipales empiecen
a abrir su información y que en el próximo presupuesto se piense muy bien si se
sigue endeudando a los mexicanos.
La
iniciativa era exhortar a los ejecutivos federal y estatales, así como al jefe
de Gobierno del Distrito Federal a exponer de manera exacta y detallada el
estatus de la deuda de sus dos últimas administraciones, pero la mayoría “votó”
supuestamente por la negativa y se turnó a la Comisión de Transparencia y
Corrupción para su dictamen.
Ladrón
de Guevara reclamó al presidente del Senado, Tomás Torres Mercado, que no estaba
claro el resultado de la votación manual y pidió hacerlo a través del tablero
electrónico, pero este último reiteró que ya había dado turno a la propuesta,
por lo que “para la Secretaría y esta Presidencia la votación fue
suficientemente clara”.
“Casualmente”,
Torres Mercado milita en el Partido Verde Ecologista, “satélite” e
incondicional del PRI, y de ahí que, sabemos, ¡Así se hacen las cosas en México!,
pero ¡Viva México!
Para
Quintana Roo hubiera sido sana la aprobación de esa medida, ya que hubiera
permitido a quienes cuestionan al gobernador Roberto Borge entender que haya
tenido que cargar tres años con “el muerto” que le heredó Félix González en las
finanzas y endeudarse más para cubrir las obligaciones que generó el
multimillonario adeudo.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas Basulto,
periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de
trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de
diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de
dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.
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