¡Red de complicidad de priístas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Quienes
aún recuerdan el sonado caso de la francesa Florence Cassez, detenida en
diciembre del 2005 y condenada a 60 años de cárcel en México por secuestro y
cumplir sólo siete por “errores en la integración de su expediente, seguramente
coincidirán en la importancia de los “buenos oficios” y las relaciones
políticas de la diplomacia entre países.
En
ese entonces, Francia estuvo a punto de romper relaciones con nuestro país ante
las aparentes irregularidades de aquella detención, donde una filmación de
Televisa jugó papel determinante. Finalmente, la joven demandó infructuosamente
por daño moral al ex presidente Felipe Calderón, al titular de Seguridad
Pública Nacional, el hoy “desaparecido” Genaro García Luna, así como a Televisa
y otras autoridades como Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas.
Lo
cierto es que hoy, a más de 10 años de los hechos, un nuevo caso
político-criminal viene a enmarcar la participación de las autoridades de
México ante otro país, ahora España, donde defendió hasta con las uñas y contra
viento y marea a quien fuera el presidente nacional del partido en el poder, el
PRI. Nos referimos al ex gobernador Humberto Moreira, cuyo nombre volvió a
“sonar” fuerte en los últimos días.
En
efecto, acusado de “lavado” de dinero, entre otros, el ex mandatario fue
detenido el 15 de enero en España y provocó una crisis similar a la de
Francia-México. Peña Nieto ha negado sistemáticamente que sus colaboradores
hubieran participado de algún modo, excepto, supuestamente, para proteger sus
“derechos” como el de cualquier otro mexicano, pese a que las pruebas demostraron
exactamente lo contrario.
Ante
esa “pesada” defensa política, sin embargo, Moreira obtuvo finalmente su
libertad, y “colorín colorado”: Un episodio más del sistema de proteccionismo a
la corrupción de un funcionario del PRI que endeudó Coahuila y sigue por las
calles como si nada.
No
obstante, ahora creemos que también infructuosamente, el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández interpuso un
punto de acuerdo que, turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores,
Europa, y a la Comisión de Justicia ¡para opinión! -¡Hágame Usted el favor!-, exhorta
a destituir de su encargo a la Embajadora de México en España por el uso
irregular de los recursos de esa representación.
Previamente rechazado como “de urgente resolución”,
como el Senado SI acepta las propuestas del PRI y los afines a éste, el
punto de acuerdo pide destituir a la embajadora de México en España, Roberta
Lajous Vargas, por el uso irregular de los recursos asignados a su cargo para apoyar
al político, a sus familiares y sus representantes.
Asimismo,
se planteó exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República
para cesar de inmediato a la agregaduría legal de la dependencia para Europa,
con sede en Madrid, España, Erica Cervantes Albarrán.
Tras
ser detenido Moreira en el aeropuerto de Barajas, Madrid, acusado de “lavado”
de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal,
entre otros, la cancillería comunicó haber recibido la notificación de las
autoridades, y que, en consecuencia, se le daría asistencia consular en caso de
solicitarse, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a
los requerimientos judiciales en el exterior.
La
labor y responsabilidad de atender a Moreira, “como a cualquier mexicano
detenido en el exterior”, correspondía, entre otros, a la representación
diplomática de México en España y, por lo tanto, a la embajadora Lajous.
Sin
embargo, tras darse a conocer la investigación del diario español El País, la embajadora
actúo en total contravención a esa obligación, ya que, lamentablemente, NO en
todos los casos de mexicanos detenidos en el extranjero se encarga de instruir
y destinar recursos para activar toda su “maquinaria” diplomática y legal, ni
busca que los detenidos sean defendidos por los mejores abogados o atender de
mejor manera a sus familiares.
De
ser así, no existirían los casos de miles de mexicanos que padecen la falta de
asistencia consular por parte de las autoridades de México, por ejemplo el
joven queretano Gonzalo Contreras, quien tiene tres años preso en España, sin
que la Embajadora le brinde la mínima atención que a Moreira.
Tampoco
existirían casos como los de Juan Gabriel de la Rosa, otro joven mexicano
deportado del mismo país sin que la Embajada se diera por enterada, ni tantos
mexicanos que padecen de falta de atención por no ser detenidos “VIP”.
El
que funcionarios como Roberta Lajous se haya volcado de esa manera como nunca
antes para salvar a un político acusado de malversación de fondos, lavado de
dinero y cohecho por las autoridades de otro país, sólo evidencia, una vez más,
la complicidad del gobierno federal con los delitos de los que se acusa a
Moreira, responsable de una deuda de 36 mil millones de pesos.
En
el gobierno de Peña Nieto la impunidad es tal que, incluso, se utilizan las
representaciones diplomáticas para proteger casos que requieren vínculos con el
gobierno federal para que, aun siendo el mayor representante de la corrupción
de Coahuila, se le dedican esfuerzos y recursos, hasta las instituciones del
Servicio Exterior a favor de su protección.
Los
recursos del Estado no se destinan a los problemas que viven millones de
mexicanos, sino a gestionar impunidad para quienes tienen los vínculos más
cercanos con las autoridades del gobierno federal, y no sólo es el caso de Roberta
Lajous.
En
el caso de la PGR, la propuesta, que seguramente dormirá el sueño de los justos
o terminará por ser rechazada por la “mayoría” priísta-aliada, indica que la
misma tarde de la detención de Moreira, los teléfonos de la Unidad de
Delincuencia, Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española, no dejaron de
sonar, pues funcionarios de la agregaduría legal de México en Europa,
dependientes de Erica Cervantes, preguntaban por qué se había detenido a
Moreira
También
cuestionaban qué indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. Los
servidores españoles, a decir del Diario y del periódico Español, no dieron
respuesta, aunque entre las gestiones de la Agregaduría, se asignó una
camioneta Viano plateada de la marca Mercedes Benz, con placas diplomática
CD42003, destinada a Erica Cervantes, para trasladar a la familia de Moreira.
Con
todas estas pruebas ¿Puede Peña Nieto negar su intervención o el favoritismo de
su gobierno hacia un aliado suyo, obviamente corrupto? Obviamente, sólo se puede
hablar de complicidad y, lo que es peor, de dos pesos y dos medidas diferentes.
¿Y
aún cree Usted que algún día se castigue el saqueo del ex gobernador Félix
González en QuintanaRoo?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
Comentarios
Publicar un comentario