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¡A temblar funcionarios corruptos!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En una comprensible muestra de desconfianza de los mexicanos por la “honestidad” de los legisladores y demás funcionarios públicos, sobre todo los de mayor nivel, este lunes se concretó la recolección de 120 mil firmas necesarias para obligar al Congreso de la Unión a votar por una ley que, a su vez, obligue a aquéllos a transparentar públicamente su función, de manera particular en materia de patrimonio.
Conocida como una lucha contra la corrupción en México, organismos de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de la iniciativa privada presentaron el 3 de febrero de este año un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas llamada “Ley tres de tres” para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Conscientes de que la corrupción le cuesta anualmente al país cerca de 347 mil millones de pesos, firmaron ese proyecto organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
La “Ley tres de tres” fungirá como complemento del Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el Congreso desde el año anterior, pero que, irónicamente, sigue sin concretarse. Para la aprobación del singular, pero tan necesario y deseable proyecto, los impulsores convocaron a sumar su firma hasta alcanzar 120 mil, mínimo necesario para presentarlo ante el Legislativo.
Concretamente, la iniciativa ciudadana, parte de la nula participación del pueblo para iniciar leyes -comúnmente sólo los legisladores y el presidente de la República hacen uso de esa facultad constitucional-, propone obligar a diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República a presentar tres documentos: Declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal.
A decir del director general del IMCO, Juan E. Pardinas, el proyecto busca transformar la indignación social causada por la corrupción en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, planteó que la corrupción es uno de los principales problemas públicos en México, ya que el Índice de Percepción en Transparencia Internacional 2015 ubica a México en el lugar número 95 de 165 (en orden descendente) entre los más corruptos.
Y es que, en efecto, el proyecto “Ley tres de tres” es pieza central en la reconstrucción de un sistema de responsabilidades administrativas, toda vez que el actual ha demostrado con creces su ineficacia a lo largo de los años, por lo que los empresarios no han tenido empacho en refrendar su compromiso de respaldo, en busca de que México consolide una estructura institucional que brinde confianza y certeza jurídica.
Ante la convocatoria inicial de la organización civil para apoyar los lineamientos de la “Ley tres de tres”, los que habían respondido desde un principio fueron 7 de los 16 jefes delegacionales de la Ciudad de México, 15 de los 128 senadores de la República, 72 de los 500 diputados federales, 40 de mil 121 diputados locales, 16 de dos mil 454 presidentes municipales, y ninguno de los 19 integrantes del gabinete del gobierno federal.
De ese tamaño es la apatía de los principales “servidores” públicos de todo el país, y eso que, conforme al Banco de México y el Banco Mundial, la corrupción de México equivale al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que le cuesta 347 mil millones de pesos al año, de acuerdo con cifras del INEGI.
En este sentido, es digno de aplauso de 6 senadores adicionales que, pese a no haber competido el año anterior en ninguna elección, hicieron su “tres de tres”, como lo denomina el senador perredista Zoé Robledo Aburto: Se trata de los panistas Laura Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Luis Fernando Salazar Fernández y el yucateco David Ávila Ruiz. No compitieron e hicieron su tres de tres.
Otros dos lo hicieron en competencia electoral, lo que es válido, mientras que cuatro más hicieron su tres de tres ya como candidatas: Las senadoras panistas Luisa María Calderón Hinojosa y Sonia Mendoza Díaz; la priísta Ivonne Álvarez García y la campechana Layda Sansores San Román, de Morena
Otros dos senadores panistas de los que los mexicanos debemos estar orgullosos son ahora gobernadores y cumplieron su compromiso de publicar sus respectivas declaraciones: Se trata de Francisco Domínguez (Querétaro) y Carlos Mendoza David (Baja California)
Ahora bien, de prosperar la mencionada iniciativa ciudadana, para lo cual deberán aprobarla la Cámara de Diputados y el Senado, así como el propio Jefe del Ejecutivo, obligará a funcionarios y legisladores a presentar sus respectivas declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
A distancia se observa empedrado el camino, más no imposible, y menos aun cuando que los ojos de todo México estarán al pendiente de cuanto ocurra en torno a este tema tan importante por lo dañino que implica para todo el país -los otros son la impunidad y la inseguridad-, amén de que Peña Nieto pondrá en riesgo la difícil permanencia del PRI en Los Piños.
Por el momento, según el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, tras certificar el Instituto Nacional Electoral (INE) las más de 120 mil firmas, la propuesta se podrá incluir en las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción.
Debido a la relevancia de este éxito, Robledo Aburto y Laura Rojas informaron que las discusiones sobre el Sistema en las comisiones del Senado se transmitirán en tiempo real a través de redes sociales como “Periscope”, a efecto de que la ciudanía atestigüe el proceso, estén disponibles los documentos base de la negociación y los interesados entiendan la discusión.
Al expedirse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 19 de noviembre de 2015, con lo que desapareció la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el tres de tres aún puede ser respuesta al 73% de los mexicanos que cree que todos o que la mayoría de la clase política es corrupta, así como respuesta al 36% de los que ven la corrupción como el problema más grave del país.
La mayoría de los mexicanos no acepta la condición humana y cultural de la corrupción, ya que la mayoría es honesta, y muchos trabajan para el gobierno, partidos o sindicatos, por lo que será tarea de los legisladores protegerles cuando detecten alguna información reservada de manera incorrecta, ya que la reserva tiene tintes de opacidad para encubrir fraudes, corrupción o violaciones de derechos humanos.
Si estos mexicanos honestos tienen el valor de hacerlo público, por qué no darles las herramientas, garantías y protección necesarias. No es locura, ni ocurrencia. No hay que permitir ninguna negociación, sino investigar y castigar.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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