¡A temblar funcionarios corruptos!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En
una comprensible muestra de desconfianza de los mexicanos por la “honestidad”
de los legisladores y demás funcionarios públicos, sobre todo los de mayor
nivel, este lunes se concretó la recolección de 120 mil firmas necesarias para
obligar al Congreso de la Unión a votar por una ley que, a su vez, obligue a
aquéllos a transparentar públicamente su función, de manera particular en
materia de patrimonio.
Conocida como una lucha contra la corrupción en
México, organismos de la sociedad civil, instituciones
académicas y representantes de la iniciativa privada presentaron el 3 de febrero
de este año un proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas
llamada “Ley tres de tres” para prevenir,
detectar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Conscientes
de que la corrupción le cuesta anualmente al país cerca de 347 mil millones de
pesos, firmaron ese proyecto organizaciones como el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex)
La
“Ley tres de tres” fungirá como
complemento del Sistema Nacional Anticorrupción que aprobó el Congreso desde el
año anterior, pero que, irónicamente, sigue sin concretarse. Para la aprobación
del singular, pero tan necesario y deseable proyecto, los impulsores convocaron
a sumar su firma hasta alcanzar 120 mil, mínimo necesario para presentarlo ante
el Legislativo.
Concretamente,
la iniciativa ciudadana, parte de la nula participación del pueblo para iniciar
leyes -comúnmente sólo los legisladores y el presidente de la República hacen
uso de esa facultad constitucional-, propone obligar a diputados, senadores,
alcaldes, gobernadores y el presidente de la República a presentar tres
documentos: Declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración
fiscal.
A
decir del director general del IMCO, Juan E. Pardinas, el proyecto busca
transformar la indignación social causada por la corrupción en un esfuerzo
constructivo para forjar gobiernos más honestos.
Por
su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro
Salazar Ugarte, planteó que la corrupción es uno de los principales problemas
públicos en México, ya que el Índice de Percepción en Transparencia
Internacional 2015 ubica a México en el lugar número 95 de 165 (en orden
descendente) entre los más corruptos.
Y
es que, en efecto, el proyecto “Ley tres
de tres” es pieza central en la reconstrucción de un sistema de
responsabilidades administrativas, toda vez que el actual ha demostrado con
creces su ineficacia a lo largo de los años, por lo que los empresarios no han
tenido empacho en refrendar su compromiso de respaldo, en busca de que México
consolide una estructura institucional que brinde confianza y certeza jurídica.
Ante la convocatoria inicial de la organización
civil para apoyar los lineamientos de la “Ley tres de tres”, los que habían respondido
desde un principio fueron 7 de los 16 jefes delegacionales de la Ciudad
de México, 15 de los 128 senadores de la República, 72 de los 500 diputados
federales, 40 de mil 121 diputados locales, 16 de dos mil 454 presidentes
municipales, y ninguno de los 19 integrantes del gabinete del gobierno federal.
De ese tamaño es la apatía de los principales
“servidores” públicos de todo el país, y eso que, conforme al Banco
de México y el Banco Mundial, la corrupción de México equivale al 9% del
Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que le cuesta 347 mil millones de
pesos al año, de acuerdo con cifras del INEGI.
En
este sentido, es digno de aplauso de 6 senadores adicionales que, pese a no haber
competido el año anterior en ninguna elección, hicieron su “tres de tres”, como
lo denomina el senador perredista Zoé Robledo Aburto: Se trata de los panistas Laura
Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Luis
Fernando Salazar Fernández y el yucateco David Ávila Ruiz. No compitieron e
hicieron su tres de tres.
Otros
dos lo hicieron en competencia electoral, lo que es válido, mientras que cuatro
más hicieron su tres de tres ya como candidatas: Las senadoras panistas Luisa
María Calderón Hinojosa y Sonia Mendoza Díaz; la priísta Ivonne Álvarez García
y la campechana Layda Sansores San Román, de Morena
Otros
dos senadores panistas de los que los mexicanos debemos estar orgullosos son
ahora gobernadores y cumplieron su compromiso de publicar sus respectivas
declaraciones: Se trata de Francisco Domínguez (Querétaro) y Carlos Mendoza
David (Baja California)
Ahora
bien, de prosperar la mencionada iniciativa ciudadana, para lo cual deberán
aprobarla la Cámara de Diputados y el Senado, así como el propio Jefe del
Ejecutivo, obligará a funcionarios y legisladores a presentar sus respectivas declaraciones
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
A
distancia se observa empedrado el camino, más no imposible, y menos aun cuando
que los ojos de todo México estarán al pendiente de cuanto ocurra en torno a
este tema tan importante por lo dañino que implica para todo el país -los otros
son la impunidad y la inseguridad-, amén de que Peña Nieto pondrá en riesgo la
difícil permanencia del PRI en Los Piños.
Por
el momento, según el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, tras certificar
el Instituto Nacional Electoral (INE) las más de 120 mil firmas, la
propuesta se podrá incluir en las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción.
Debido
a la relevancia de este éxito, Robledo Aburto y Laura Rojas informaron que las discusiones sobre el Sistema en las
comisiones del Senado se transmitirán en tiempo real a través de redes sociales como “Periscope”, a efecto de que la
ciudanía atestigüe el proceso, estén disponibles los documentos base de la
negociación y los interesados entiendan la discusión.
Al
expedirse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el
19 de noviembre de 2015, con lo que desapareció la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el tres de tres aún puede ser
respuesta al 73% de los mexicanos que cree que todos o que la mayoría de la
clase política es corrupta, así como respuesta al 36% de los que ven la
corrupción como el problema más grave del país.
La
mayoría de los mexicanos no acepta la condición humana y cultural de la corrupción,
ya que la mayoría es honesta, y muchos trabajan para el gobierno, partidos o
sindicatos, por lo que será tarea de los legisladores protegerles cuando detecten
alguna información reservada de manera incorrecta, ya que la reserva tiene tintes
de opacidad para encubrir fraudes, corrupción o violaciones de derechos
humanos.
Si
estos mexicanos honestos tienen el valor de hacerlo público, por qué no darles las
herramientas, garantías y protección necesarias. No es locura, ni ocurrencia.
No hay que permitir ninguna negociación, sino investigar y castigar.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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