¡Impune gobernador consentido!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El escándalo nacional e internacional en el caso de
Veracruz, no sólo se refiere a la gigantesca manifestación
pública por los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda el gobernado
priísta Javier Duarte a la Universidad de esa entidad .
No,
ese es sólo el tema que se discute y debate formalmente sobre la entidad, ya
que apenas a fines de febrero la Auditoria Superior de la Federación lo señaló
como el Estado con mayor número de anomalías en sus finanzas: Cerca de 14 mil
millones de pesos.
Así
las cosas, habría que preguntarse ¿Qué ha venido pasando en Veracruz a lo largo
de prácticamente todo un sexenio?
No
es sólo un tema de mal manejo de recursos, pues hace dos meses desaparecieron
cinco jóvenes en Tierra Blanca y el problema de mal manejo de recursos también
encuentra un terrible ejemplo de mal manejo de justicia, de la seguridad y todo
el contexto veracruzano.
Veracruz
fue donde hace algunos años Peña Nieto diría a la entonces titular de
Desarrollo Social, Rosario Robles: “No te preocupes, hay un proceso electoral”,
y hay voces grabadas de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno
federal involucrados en usar los recursos públicos para comprar votos para
ganar las elecciones, y entonces Peña Nieto le decía a Rosario Robles que no se
preocupara.
Sin
embargo, SÍ hay que preocuparse porque en estos cinco años no sólo ha existido
uso equivocado e ilícito de los recursos públicos en favor de candidatos, no sólo
mal manejo de recursos que no le llegan a una universidad donde se supone que
tendrían que apostarle al futuro de los jóvenes, sino un problema grave de mal
manejo de seguridad, de justicia y de lo que debería estar haciendo el
gobierno.
El
debate no debería ser pequeño, no sólo se debería estar hablando de Veracruz
por un tema complejo como el manejo de recursos de la universidad.
En
efecto, se debería estar hablando de Veracruz porque representa un serio
problema de seis años, en los que la mala administración de Duarte ha dejado a
la entidad en los peores lugares en materia de seguridad y pobreza. Según de
Coneval, Veracruz es el Estado que más pobres ha aportado al país, 500 mil de
los dos millones que engrosaron las filas de la pobreza.
En
el caso de la Casa de Estudios, sabemos que la universidad mexicana es un lugar
de sueños y esperanza, particularmente en cada entidad, cuya universidad
pública autónoma tiene una larga historia, tradición y prestigio.
Tal
es el caso de la Universidad Veracruzana, cuyo prestigio en todas las áreas del
conocimiento es nacional e internacionalmente reconocido.
Lamentablemente
sigue pendiente por legislar en materia de educación superior, cuya Ley de
Coordinación, vigente desde diciembre de 1978, prevé un acuerdo presupuestal entre
los gobiernos estatal y federal. Por ejemplo, la fórmula de Veracruz es 54%
federal y 46% local; Guadalajara, 52-48; y Guanajuato, 66-34, respectivamente.
Para
ello, anualmente se firma un convenio que, lamentablemente, en el caso del Ejecutivo
de Veracruz no se ha venido cumpliendo, a grado tal que al 31 de diciembre existía
un adeudo del gobierno estatal por 2 mil 176 millones de pesos sobre convenios
firmados.
Su
rectora, Sara Ladrón de Guevara, presentó el caso al Senado el 11 de noviembre
y se sugirió la mediación y conciliación. Días después Duarte se reunión con
ella, reconoció la deuda y ofreció estructurar un calendario de pagos, lo que
no ha cumplido.
El
artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el dinero para la
universidad es estrictamente para el motivo que se destina, pero el gobierno del
Estado dijo hacerlo asignado al fondos de pensiones.
La
Auditoría Superior de la Federación ha hecho auditorías, y encontrado faltas en
la relación de ese gobierno con la Universidad, por lo que ésta no puede seguir
siendo lugar social de la verdad y donde se cultiven arte, ciencia y
humanidades.
Frente
a este panorama, la Auditoria debe revisar a profundidad el uso de los recursos
públicos, particularmente los de la Universidad, aunque habría que agregar
falta de pago a proveedores, saqueo de recursos del erario, falta de pago a
jubilados y pensionados; secuestros, desapariciones forzadas, persecución a
activistas sociales y defensores de derechos humanos; asesinatos de
periodistas, graves violaciones a derechos humanos que se han vuelto cotidianos,
incluso ordinarios.
Y
nos preguntamos ¿Quién está “gobernando” Veracruz?
Entre
2011 y el 2016, justo en el periodo de Duarte, han sido asesinados al menos 19
periodistas -dos de ellos siguen desaparecidos-, lo que evidencia que ejercer
el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo en la que la vida
está de por medio.
Contra
las cifras que pregona el gobernador, la violencia tiene una escalada
incontrolable, y contra su frase de que “en Veracruz sólo se roban frutsis y
gansitos”, se han robado la tranquilidad y seguridad de millones de habitantes,
en seis años han visto cómo se deteriora su calidad de vida, y violentan los
derechos de una manera impune y descarada.
Tan
sólo en año 2015 se encontraron 13 fosas clandestinas con un número aún
indeterminado de cadáveres. La propia Fiscalía del Estado señaló que este mismo
año existía el reporte y denuncia de desaparición de 950 personas, 155 de ella
en desaparición forzada, es decir, que intervinieron servidores públicos en
complicidad con grupos criminales.
En
los últimos tres años, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a
disposición de la SEIDO de la PGR por sus posibles vínculos con estos grupos
delictivos que azotan Veracruz, donde parece ser que imponer su ley y control,
incluso en altas esferas del gobierno.
Desde
luego que el caso de Tierra Blanca pone en evidencia cómo actúan las fuerzas de
seguridad bajo las órdenes de criminales.
Sobre
la violencia feminicida, las organizaciones de la sociedad civil reportan que
tan sólo en 2014 desaparecieron 88 mujeres, y hubo 74 feminicidios, mientras
que en 2015 la cifra de mujeres asesinadas se elevó a 93, y la de desaparecidas,
a 156 mujeres.
Estas
cifras evidencian que Veracruz es uno de los Estados donde ser periodista,
mujer, niña o activista de derechos humanos coloca en alto riesgo que aumenta con
las redes de corrupción y complicidad criminal que se tejen a lo largo y ancho
de esa entidad.
Como
decía la senadora Dolores Padierna Luna, todo parece indicar que Duarte
cedió desde hace mucho el control del Estado a las fuerzas fácticas que, a
través de la violencia, controlan territorios y arrebatan cientos de vidas.
¿Cuántos
muertos más? ¿Cuántos desaparecidos más se deben contabilizar para poner alto a
esta pesadilla? ¿Cuántos miles de millones de pesos permitirán que desaparezcan
de las arcas públicas para que el gobernador explique dónde han ido?
El
Poder Legislativo no debería seguir siendo omiso. Duarte debe responder política
y jurídicamente, y el Congreso ocupar los cauces legales para terminar esta
pesadilla, pues es claro que el gobierno le ha fallado a su población, pero los
legisladores federales no deben fallarle también, pues Veracruz los necesita.
Por
fortuna, las elecciones para la gubernatura están a la vuelta de la esquina, y
el candidato del PRI, el senador con licencia Héctor Yunes Landa, no tendrá
ningún argumento para tratar de justificar a su correligionario Duarte, uno de
los gobernantes preferidos de Peña Nieto.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
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