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¡Impune gobernador consentido!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El escándalo nacional e internacional en el caso de Veracruz, no sólo se refiere a la gigantesca manifestación pública por los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda el gobernado priísta Javier Duarte a la Universidad de esa entidad .
No, ese es sólo el tema que se discute y debate formalmente sobre la entidad, ya que apenas a fines de febrero la Auditoria Superior de la Federación lo señaló como el Estado con mayor número de anomalías en sus finanzas: Cerca de 14 mil millones de pesos.
Así las cosas, habría que preguntarse ¿Qué ha venido pasando en Veracruz a lo largo de prácticamente todo un sexenio?
No es sólo un tema de mal manejo de recursos, pues hace dos meses desaparecieron cinco jóvenes en Tierra Blanca y el problema de mal manejo de recursos también encuentra un terrible ejemplo de mal manejo de justicia, de la seguridad y todo el contexto veracruzano.
Veracruz fue donde hace algunos años Peña Nieto diría a la entonces titular de Desarrollo Social, Rosario Robles: “No te preocupes, hay un proceso electoral”, y hay voces grabadas de funcionarios del gobierno del estado y del gobierno federal involucrados en usar los recursos públicos para comprar votos para ganar las elecciones, y entonces Peña Nieto le decía a Rosario Robles que no se preocupara.
Sin embargo, SÍ hay que preocuparse porque en estos cinco años no sólo ha existido uso equivocado e ilícito de los recursos públicos en favor de candidatos, no sólo mal manejo de recursos que no le llegan a una universidad donde se supone que tendrían que apostarle al futuro de los jóvenes, sino un problema grave de mal manejo de seguridad, de justicia y de lo que debería estar haciendo el gobierno.
El debate no debería ser pequeño, no sólo se debería estar hablando de Veracruz por un tema complejo como el manejo de recursos de la universidad. 
En efecto, se debería estar  hablando de Veracruz porque representa un serio problema de seis años, en los que la mala administración de Duarte ha dejado a la entidad en los peores lugares en materia de seguridad y pobreza. Según de Coneval, Veracruz es el Estado que más pobres ha aportado al país, 500 mil de los dos millones que engrosaron las filas de la pobreza.
En el caso de la Casa de Estudios, sabemos que la universidad mexicana es un lugar de sueños y esperanza, particularmente en cada entidad, cuya universidad pública autónoma tiene una larga historia, tradición y prestigio.
Tal es el caso de la Universidad Veracruzana, cuyo prestigio en todas las áreas del conocimiento es nacional e internacionalmente reconocido.
Lamentablemente sigue pendiente por legislar en materia de educación superior, cuya Ley de Coordinación, vigente desde diciembre de 1978, prevé un acuerdo presupuestal entre los gobiernos estatal y federal. Por ejemplo, la fórmula de Veracruz es 54% federal y 46% local; Guadalajara, 52-48; y Guanajuato, 66-34, respectivamente.
Para ello, anualmente se firma un convenio que, lamentablemente, en el caso del Ejecutivo de Veracruz no se ha venido cumpliendo, a grado tal que al 31 de diciembre existía un adeudo del gobierno estatal por 2 mil 176 millones de pesos sobre convenios firmados.
Su rectora, Sara Ladrón de Guevara, presentó el caso al Senado el 11 de noviembre y se sugirió la mediación y conciliación. Días después Duarte se reunión con ella, reconoció la deuda y ofreció estructurar un calendario de pagos, lo que no ha cumplido.
El artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el dinero para la universidad es estrictamente para el motivo que se destina, pero el gobierno del Estado dijo hacerlo asignado al fondos de pensiones.
La Auditoría Superior de la Federación ha hecho auditorías, y encontrado faltas en la relación de ese gobierno con la Universidad, por lo que ésta no puede seguir siendo lugar social de la verdad y donde se cultiven arte, ciencia y humanidades.
Frente a este panorama, la Auditoria debe revisar a profundidad el uso de los recursos públicos, particularmente los de la Universidad, aunque habría que agregar falta de pago a proveedores, saqueo de recursos del erario, falta de pago a jubilados y pensionados; secuestros, desapariciones forzadas, persecución a activistas sociales y defensores de derechos humanos; asesinatos de periodistas, graves violaciones a derechos humanos que se han vuelto cotidianos, incluso ordinarios.
Y nos preguntamos ¿Quién está “gobernando” Veracruz?
Entre 2011 y el 2016, justo en el periodo de Duarte, han sido asesinados al menos 19 periodistas -dos de ellos siguen desaparecidos-, lo que evidencia que ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo en la que la vida está de por medio.
Contra las cifras que pregona el gobernador, la violencia tiene una escalada incontrolable, y contra su frase de que “en Veracruz sólo se roban frutsis y gansitos”, se han robado la tranquilidad y seguridad de millones de habitantes, en seis años han visto cómo se deteriora su calidad de vida, y violentan los derechos de una manera impune y descarada.
Tan sólo en año 2015 se encontraron 13 fosas clandestinas con un número aún indeterminado de cadáveres. La propia Fiscalía del Estado señaló que este mismo año existía el reporte y denuncia de desaparición de 950 personas, 155 de ella en desaparición forzada, es decir, que intervinieron servidores públicos en complicidad con grupos criminales.
En los últimos tres años, 186 policías municipales y estatales fueron puestos a disposición de la SEIDO de la PGR por sus posibles vínculos con estos grupos delictivos que azotan Veracruz, donde parece ser que imponer su ley y control, incluso en altas esferas del gobierno.
Desde luego que el caso de Tierra Blanca pone en evidencia cómo actúan las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de criminales.
Sobre la violencia feminicida, las organizaciones de la sociedad civil reportan que tan sólo en 2014 desaparecieron 88 mujeres, y hubo 74 feminicidios, mientras que en 2015 la cifra de mujeres asesinadas se elevó a 93, y la de desaparecidas, a 156 mujeres.
Estas cifras evidencian que Veracruz es uno de los Estados donde ser periodista, mujer, niña o activista de derechos humanos coloca en alto riesgo que aumenta con las redes de corrupción y complicidad criminal que se tejen a lo largo y ancho de esa entidad.
Como decía la senadora Dolores Padierna Luna, todo parece  indicar que Duarte cedió desde hace mucho el control del Estado a las fuerzas fácticas que, a través de la violencia, controlan territorios y arrebatan cientos de vidas.
¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos desaparecidos más se deben contabilizar para poner alto a esta pesadilla? ¿Cuántos miles de millones de pesos permitirán que desaparezcan de las arcas públicas para que el gobernador explique dónde han ido?
El Poder Legislativo no debería seguir siendo omiso. Duarte debe responder política y jurídicamente, y el Congreso ocupar los cauces legales para terminar esta pesadilla, pues es claro que el gobierno le ha fallado a su población, pero los legisladores federales no deben fallarle también, pues Veracruz los necesita.
Por fortuna, las elecciones para la gubernatura están a la vuelta de la esquina, y el candidato del PRI, el senador con licencia Héctor Yunes Landa, no tendrá ningún argumento para tratar de justificar a su correligionario Duarte, uno de los gobernantes preferidos de Peña Nieto.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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