¡"Cloaca" en derechos humanos!

                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Ayer víctima del secuestro y desaparición de un hijo (2005) y hoy presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace movió a la controversia el 4 de marzo, al denunciar que el relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de la ONU, el argentino Juan Ernesto Méndez, apoya una red de corrupción que utiliza los derechos humanos para liberar criminales.   

 El marco para la denuncia, que levantó ámpula en la mayoría de los organismos de derechos humanos, fue una entrevista radiofónica con el no menos controvertido periodista Ciro Gómez Leyva.

Según la denunciante, en su momento candidata del PAN a jefa de Gobierno del DF, Méndez elabora recomendaciones de forma banal y sin metodología, mientras que otros, como José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, obtiene recomendaciones, libera criminales y hasta les consigue dinero a través de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Graves, muy graves resultaron las palabras de Isabel Miranda, a quien la periodista Anabel Hernández acusó en junio del 2014 de haber fingido el secuestro y asesinato de su propio hijo, Hugo Alberto Wallace, para obtener ganancias económicas, además de poder político.

Para ese efecto, involucró al ex presidente Felipe Calderón, sólo con cuya complicidad se podrían comprender los supuestos, pues habría utilizado la mentira de Isabel Miranda para justificar su “lucha” contra el crimen organizado, aunque también acusa a la prensa por hacer de ella una figura pública de mucha influencia, pese a sus antecedentes sospechosos (1998) como interna del Reclusorio Norte por tentativa de homicidio.

Ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos (2010), de manos de Calderón, la activista, pedagoga con estudios en desarrollo humano, programación neurolingüística, logoterapia, estudios de la pareja y análisis de sueño, dijo que “estamos amolados, no podemos tener esta clase de derechos humanos donde sólo se defiende a procesados, y las víctimas se quedan con un violín en la mano”

No obstante, explicó que Méndez no recibe dinero directamente, sino las organizaciones que tramitan, con las que funge en red de corrupción que se sirve de la tortura como negocio, y ejemplificó el caso Alfonso Martín del Campo Dodd, a quien pidieron cinco millones por reparación de daño.

El hombre fue declarado en 1993 culpable y sentenciado a 50 años de prisión -salió libre tras 23- por  los homicidios de su hermana Juana Patricia Martín del Campo y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, aunque durante el proceso penal fue torturado para obligarlo a confesar,

Sobre el informe de Méndez al frente de la institución, Isabel Miranda lamentó que basara la tortura tras visitar sólo cuatro Estados y entrevistar algunos penales, lo que no refleja el problema, pues “aparenta que todos los procesados e imputados son torturados, y lo utilizan como forma de evadir su responsabilidad”.

Poco difundida por la prensa, también refiere que Méndez es fundador de “Cejil”, una institución de derecho internacional y defensa de muchos de los casos de tortura presentados por la Comisión, que defiende a una banda de narcotraficantes, según ejemplificó con la averiguación previa relacionada con Santiago Meza Flores “El pozolero”.

Detenido en marzo del 2014, “El pozolero” se dedicaba a disolver los cadáveres de las víctimas del Cartel de Tijuana o de los Arellano-Félix, por medio de agua mezclada con sosa cáustica en tambores.

Isabel Miranda dijo estar contra la tortura y exigió castigo para los torturadores, ya que “las victimas pagan la pena por quedarse sin justicia”. Así, criticó a quienes exigen libertad automática por haber sido torturados: “Está bien sancionar a quien comete un ilícito, pero ser torturado no lo hace inocente, no deja de ser un secuestrador, homicida o narcotraficante”.

Como era de esperarse, la Comisión, a través de su director ejecutivo, José Antonio Guevara Bermúdez, calificó las denuncias de mala fe, la acusó de difundir información inexacta, y negó operar la red de corrupción para liberar criminales con pretexto de haber sido torturados.

Aseguró que la información genera una falsa apreciación de su persona, la organización y los casos, así como una afectación a su honra y reputación por señalamientos sin sustento.

En extensa aclaración a Ciro Gómez, dijo financiarse sus actividades a través de fondos que obtiene de instituciones filantrópicas y de cooperación internacional, todo comprobable con auditorias anuales independientes.

Agregó que en la Comisión nadie cobra ni recibe honorarios de las víctimas por su representación, ni se han beneficiado de algún porcentaje cuando el Estado cumple su obligación de reparar los daños tras acreditarse violaciones a los derechos humanos.

No es la primera vez que se cuestiona a organismos de derechos humanos. En septiembre de 2014 más de 85 personas y organismos de la sociedad civil presentaron en la Cámara de Diputados una denuncia contra el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, contra quien pidieron juicio político.

Entre sus argumentos incluyeron gravísimas omisiones frente a numerosas violaciones de derechos humanos en México, y usar la Comisión a “modo” y  para fines distintos a la defensa de éstos.

También señalaron, entre otros, que la CNDH había sido omisa contraviniendo la Constitución frente a los 70 mil asesinados entre diciembre del 2006 y diciembre del 2012, los miles de migrantes supuestamente secuestrados, pero desaparecidos forzosos, extorsionados, reclutados para trata por el crimen organizado o asesinados.

Asimismo, los 1.6 millones de víctimas de desplazamiento forzado a causa del crimen organizado, los cientos de miles de detenidos por el gobierno federal entre 2006 y 2012 como supuestos delincuentes sin haber comprobado su culpabilidad o inocencia; los 25 mil 276 desaparecidos entre diciembre del 2006 y diciembre del 2012, y los 23 mil 322, de diciembre del 2012 a junio del 2014.

Además denunciaron la tortura en México como práctica sistemática, la masacre de 72 personas en de San Fernando, Tamaulipas, la mayoría de ellos migrantes; la represión del 1º de diciembre del 2012 en la Ciudad de México; y las reformas a las constituciones de varios Estados que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres.

También mencionaron las restricciones a la libertad de expresión en la reglamentación de la protesta social; la nueva ley de Telecomunicaciones y las posibles violaciones a derechos humanos; la resolución adoptada por la SCJN en la contradicción de criterios 293/2011; y el incumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos para la emisión de recomendaciones.

Por otro lado, entre los casos manejados a “modo” para fines personales de Plascencia Villanueva, recordaron el caso de Tomás Ángeles Duahare y otros generales del Ejército acusados “de oídas” por “testigos protegidos”.

La detención ilegal y arbitraría, violación sexual y tortura en perjuicio de Miriam Isaura López Vargas; el caso de 4 personas civiles detenidos ilegalmente y torturados para confesar crímenes en Rosarito, Baja California; los casos de Florence Cassez e Israel Vallarta Cisneros y el daño irreparable al debido proceso que imposibilitó la justicia.

Finalmente, refirieron “Recomendaciones” para desacreditar personas e instituciones, como los casos de José Luis Luege Tamargo, entonces titular de la Comisión Nacional del Agua; Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, y Luis González Plascencia, su homólogo de la Comisión en la Ciudad de México, antes Distrito Federal.

Con todo, no hubo investigación ni juicio político contra Plascencia Villanueva, a quien sólo se le removió al concluir su periodo -y aun buscó su reelección-, en un proceso viciado del Senado, donde se impuso a un recomendado de Peña Nieto, en efecto, tal y como ha hecho con los nuevos miembros de la SCJN.

¿Y así cree Usted que procederá la denuncia contra Juan Méndez o que “alguien” caído del cielo investigará los hechos? ¡Ya nadie se está chupando los dedos! Por lo menos, ¡NO los que tienen al menos un gramo de cerebro!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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