¡Exhiben a Quintana Roo y Félix!

                                    Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Conforme a Transparencia México, los gobernadores de  Nuevo León, Colima, Guerrero, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y Campeche se han sumado a sus homólogos de Baja California Sur y Querétaro al proyecto de “Ley Tres de Tres”, con lo que suman nueve de los 32, cuyas declaraciones patrimonial, fiscal y de interés dejaron de permanecer en la opacidad.

El tema vuelve nuevamente al caso ante la recién desenvuelta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde, para desgracia de todos los mexicanos, el Senado puso de manifiesto ayer ser el ejemplo más claro de opacidad, al igual que la Cámara de Diputados.

En efecto, además de la sentida despedida de los legisladores ante el fallecimiento de su compañera Mónica Arriola Gordillo, hija de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, llama el supuesto interés del Senado en transparentar el uso de recursos públicos a través de la nueva ley, cuando que la propia Cámara fue caja de resonancia en materia de opacidad.

No bien iniciaba sucesión del martes, cuando la secretaria Ana Gabriela Guevara anunció que, para efectos de la Ley Orgánica del Congreso, se recibió de la Comisión de Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara para marzo.

En teoría, se leyó e insertó, por lo que el presidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, lo puso a consideración de la Asamblea, pero NADIE hizo uso de la palabra, por lo que se sometió a votación económica ¡Y así se aprobó! ¡Sólo ellos se enteraron del contenido!, como ocurre mes con mes.

Ahora bien, respecto a la Ley Disciplinaria, aprobada por 86 votos, 9 en contra y una abstención, se trata, en resumidas cuentas, de un “borrón y cuenta nueva” sobre los más de 500 mil millones de pesos que adeudan los Estados entre todos sus habitantes, o sea 4 mil 160 pesos por cada uno. El más “endrogado”, Coahuila, con 12 mil 183 pesos por paisano.

Como suele ocurrir cuando se retoma el tema de las deudas, el nombre que salió a colación fue del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y los 53 mil millones de pesos que sospechosamente dejó de herencia antes de dirigir los destinos del PRI, aunque también vino a la memoria de la oposición la problemática de Quintana Roo con el mismo tema de deuda pública.

Así, la perredista Dolores Padierna Luna pidió ponerle nombre y apellido al problema para que pueda entenderse, y enumeró las entidades con mayor endeudamiento, con proporción de los ingresos como indicador de alto riesgo: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz y Baja California, entre otros.

La Secretaría de Hacienda publica esta tabla en su página de Internet, donde menciona datos para entender la importancia de aprobar la Ley de Disciplina, que regula, reglamenta las posibilidades de endeudamiento de las entidades y municipios.

Según explica, Coahuila tiene ya comprometido el 261.5% de sus participaciones federales, y un 103.5% del total de sus ingresos, o sea, que está todo comprometido, todo es deuda, aunque Quintana Roo está más grave, ya que tiene comprometido el 269.5% de sus participaciones, y el 97.2% de sus ingresos totales.

Nuevo León tiene el 220% de participaciones comprometido y garantizado ante el gobierno federal, mientras que el 93.8% de sus ingresos totales están comprometidos, y siguen Chihuahua, Sonora, Veracruz, etc.

No obstante, los datos de deudas estatales corresponden al 2014, por ejemplo de Quintana Roo, donde aún se ignoran los datos de 2015, pero ese año se destinaron 2 mil 276 millones de pesos al pago de la deuda, casi lo mismo que el gasto de capital. 

El pago representó 8.4% del gasto total y 13% del gasto corriente, pero ese mismo año se contrató nueva deuda, ahora  por 3 mil 411 millones, lo que muestra que no se usó sólo para inversión, sino también para gasto corriente, lo que viola la Ley General de Deuda, y significa pedir prestado para cubrir gasto corriente, e implicará reducir su gasto corriente hasta terminar con su deuda para no seguirse endeudando.

Preocupa de sobremanera porque cada año se destinan más recursos al pago de deuda, y cada vez menos para la población. 

Nuevo León está peor. En 2014 pagó 3 mil 751 millones a la deuda, y aunque sólo representó al 4.4% del gasto total y el 5.6% de su gasto corriente, ese año contrató 9 mil 268 millones más, pero sólo invirtió mil 462 millones, de lo que se infiere que la mayor parte de este dinero se usó en gasto corriente y limitó seriamente la disponibilidad de recursos para el gasto y progreso.

¡Vaya paquete que heredó el priísta Rodrigo Medina al independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”!

Si los involucrados no quieren seguirse endeudando, tendrán que recortar su gasto corriente y programas, aunque su problema principal es que no es transparente el destino de la deuda, y eso trata de evitar la nueva ley que, sin embargo, prohibirá nuevas deudas a Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit, Zacatecas, Distrito Federal, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco, Tamaulipas.

Los que SÍ podrán contratar hasta el 15% de deuda serán Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí, mientras que otros, en término medio, podrán contratar 5% de deuda del total de sus ingresos. Eso es lo que regulará la ley. 

Hacienda también publica plazos y tasas de interés en que los Estados contrataron sus deudas, por ejemplo Quintana Roo, con el 10.7% de su ingreso total anual, es la que más recursos destina a su pago. Le siguen Nuevo León (9.2%), Coahuila (8.7%), Chihuahua (7.3%), Sonora (5.5%), Baja California (5%) y Zacatecas (4.9%)

Los que no destinan prácticamente nada al pago de la deuda, porque no debían hasta 2014, son Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y Aguascalientes.

En los dos últimos años han pasado cosas muy graves, porque esta ley debió aprobarse desde el presupuesto anterior para evitar que algunos Estados volvieran a cometerse los errores de sobreendeudarse.

Centro “Espinosa Yglesias”, Fundar, Imco y México Evalúa entregaron al Senado una carta, donde reflexionan que la ley permitirá al gobierno federal otorgar garantías para refinanciar deudas estatales sin asegurarse que los financiamientos adquiridos en enero de 2015, a los que se contraten en el futuro, cumplan con la Constitución, la Ley General de Deuda Pública y otras.

En caso contrario se pudiera estar legalizando actos ilegales, por lo que es necesario un “candado” para que antes de tramitar una garantía se acredite la legalidad de la deuda, es decir, que ésta se aplicó en gastos de inversión, proyectos productivos que generan ingresos para su pago o refinanciamiento.

De ahí que la propuesta sea que en caso de que solicitar una garantía para refinanciar o reestructurar deudas adquiridas con anterioridad, el Estado o municipio solicitante respalde su solicitud con una auditoría que verifique que la contratación de deuda se haya realizado con disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Hasta ahí las cosas, ¿Y sabe ante quien restregaban los senadores el sospechoso, irresponsable sobreendeudamiento de Quintana Roo? Ante su compañero de Cámara, el ex gobernador Félix González, quien fue incapaz de levantar la mano para tratar de “justificar” la deuda superior a 10 mil 700 millones de pesos que dejó en quiebra financiera técnica al Estado, tras iniciar el sexenio con mil 200 millones de pesos que heredó de Joaquín Hendricks.

Durante su aún cuestionado periodo, Félix González tuvo un sobregiro de 25 mil millones de pesos que manejó en forma discrecional, por lo que no existe comprobación, aunque más de 10 mil millones de ellos se ejercieron sólo durante el periodo fiscal 2010, cuya cuenta pública aprobó por adelantado la XII Legislatura del Congreso local, que presidía su propio tío, Luis González Flores.

Algo similar ocurre con la nueva ley, ya que todo quedó “en familia”, y los gobernantes y ex gobernadores morosos serán cosa del pasado con el triunfo de la “doble P” -Peña Nieto y el PRI-, habida cuenta es que el principal deudor del país es precisamente el Gobierno Federal, al que, no obstante, no incluye regular la nueva ley.

  Otra prueba fue el trámite diplomático-político con el que Peña Nieto logró la liberación de Rubén Moreira de las autoridades de España y el “mutis” de la Procuraduría General de la República, a la que la oposición del Senado intentó apelar, aunque ya hablaremos del tema.

Lo que hoy importa es el doloroso golpe político a los planes de los principales contendientes por la gubernatura de Quintana Roo, el ex priísta Carlos Joaquín González y el “fichado” priísta Mauricio Góngora Escalante, quienes, así las cosas, tendrán las manos atadas para maniobrar con la deuda que les heredará Roberto Borge y sin posibilidades de contratar algún nuevo empréstito.

Al cierre de junio de 2015 se decía que la deuda, cuyo servicio rebasaba los mil millones de pesos, ascendía a 22 mil 71.6 millones, lo que significaba un endeudamiento de 897 millones de pesos en seis meses.

Ojalá los simpatizantes de los candidatos obliguen a éstos a hablar del tema y sus proyectos para administrar un Estado en quiebra, sobre todo en el caso del priísta que, “casualmente”, prácticamente dejó Solidaridad en las mismas condiciones.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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