¡Exhiben a Quintana Roo y Félix!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Conforme
a Transparencia México, los gobernadores de
Nuevo León, Colima, Guerrero, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y
Campeche se han sumado a sus homólogos de Baja California Sur y Querétaro al
proyecto de “Ley Tres de Tres”, con lo que suman nueve de los 32, cuyas
declaraciones patrimonial, fiscal y de interés dejaron de permanecer en la
opacidad.
El
tema vuelve nuevamente al caso ante la recién desenvuelta Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, donde, para desgracia
de todos los mexicanos, el Senado puso de manifiesto ayer ser el ejemplo más
claro de opacidad, al igual que la Cámara de Diputados.
En
efecto, además de la sentida despedida de los legisladores ante el
fallecimiento de su compañera Mónica Arriola Gordillo, hija de la ex dirigente
del SNTE, Elba Esther Gordillo, llama el supuesto interés del Senado en
transparentar el uso de recursos públicos a través de la nueva ley, cuando que
la propia Cámara fue caja de resonancia en materia de opacidad.
No
bien iniciaba sucesión del martes, cuando la secretaria Ana Gabriela Guevara anunció que, para
efectos de la Ley Orgánica del Congreso, se recibió de la Comisión de
Administración del Senado el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios,
sueldos y gastos de la Cámara para marzo.
En
teoría, se leyó e insertó, por lo que el
presidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, lo puso a consideración de
la Asamblea, pero NADIE hizo uso de la palabra, por lo que se sometió a
votación económica ¡Y así se aprobó! ¡Sólo ellos se enteraron del contenido!,
como ocurre mes con mes.
Ahora
bien, respecto a la Ley Disciplinaria, aprobada por 86 votos, 9 en contra y una
abstención, se trata, en resumidas cuentas, de un “borrón y cuenta nueva” sobre
los más de 500 mil millones de pesos que adeudan los Estados entre todos sus
habitantes, o sea 4 mil 160 pesos por cada uno. El más “endrogado”, Coahuila,
con 12 mil 183 pesos por paisano.
Como
suele ocurrir cuando se retoma el tema de las deudas, el nombre que salió a
colación fue del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y los 53 mil
millones de pesos que sospechosamente dejó de herencia antes de dirigir los
destinos del PRI, aunque también vino a la memoria de la oposición la
problemática de Quintana Roo con el mismo tema de deuda pública.
Así,
la perredista Dolores Padierna Luna
pidió ponerle nombre y apellido al problema para que pueda entenderse, y
enumeró las entidades con mayor endeudamiento, con proporción de los ingresos
como indicador de alto riesgo: Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua,
Sonora, Veracruz y Baja California, entre otros.
La
Secretaría de Hacienda publica esta tabla en su página de Internet, donde
menciona datos para entender la importancia de aprobar la Ley de Disciplina,
que regula, reglamenta las posibilidades de endeudamiento de las entidades y
municipios.
Según
explica, Coahuila tiene ya comprometido el 261.5% de sus participaciones
federales, y un 103.5% del total de sus ingresos, o sea, que está todo
comprometido, todo es deuda, aunque Quintana Roo está más grave, ya que tiene
comprometido el 269.5% de sus participaciones, y el 97.2% de sus ingresos
totales.
Nuevo
León tiene el 220% de participaciones comprometido y garantizado ante el
gobierno federal, mientras que el 93.8% de sus ingresos totales están comprometidos,
y siguen Chihuahua, Sonora, Veracruz, etc.
No
obstante, los datos de deudas estatales corresponden al 2014, por ejemplo de
Quintana Roo, donde aún se ignoran los datos de 2015, pero ese año se
destinaron 2 mil 276 millones de pesos al pago de la deuda, casi lo mismo que
el gasto de capital.
El
pago representó 8.4% del gasto total y 13% del gasto corriente, pero ese mismo
año se contrató nueva deuda, ahora por 3
mil 411 millones, lo que muestra que no se usó sólo para inversión, sino
también para gasto corriente, lo que viola la Ley General de Deuda, y significa
pedir prestado para cubrir gasto corriente, e implicará reducir su gasto
corriente hasta terminar con su deuda para no seguirse endeudando.
Preocupa
de sobremanera porque cada año se destinan más recursos al pago de deuda, y
cada vez menos para la población.
Nuevo
León está peor. En 2014 pagó 3 mil 751 millones a la deuda, y aunque sólo
representó al 4.4% del gasto total y el 5.6% de su gasto corriente, ese año
contrató 9 mil 268 millones más, pero sólo invirtió mil 462 millones, de lo que
se infiere que la mayor parte de este dinero se usó en gasto corriente y limitó
seriamente la disponibilidad de recursos para el gasto y progreso.
¡Vaya
paquete que heredó el priísta Rodrigo Medina al independiente Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco”!
Si
los involucrados no quieren seguirse endeudando, tendrán que recortar su gasto
corriente y programas, aunque su problema principal es que no es transparente
el destino de la deuda, y eso trata de evitar la nueva ley que, sin
embargo, prohibirá nuevas deudas a Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León,
Chihuahua, Sonora, Veracruz, Baja California, Nayarit, Zacatecas, Distrito
Federal, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco, Tamaulipas.
Los
que SÍ podrán contratar hasta el 15% de deuda serán Tlaxcala, Guerrero,
Querétaro, Campeche, Yucatán, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí, mientras
que otros, en término medio, podrán contratar 5% de deuda del total de sus
ingresos. Eso es lo que regulará la ley.
Hacienda
también publica plazos y tasas de interés en que los Estados contrataron sus
deudas, por ejemplo Quintana Roo, con el 10.7% de su ingreso total anual, es la
que más recursos destina a su pago. Le siguen Nuevo León (9.2%), Coahuila
(8.7%), Chihuahua (7.3%), Sonora (5.5%), Baja California (5%) y Zacatecas
(4.9%)
Los
que no destinan prácticamente nada al pago de la deuda, porque no debían hasta
2014, son Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí,
Tabasco, Puebla y Aguascalientes.
En
los dos últimos años han pasado cosas muy graves, porque esta ley debió
aprobarse desde el presupuesto anterior para evitar que algunos Estados
volvieran a cometerse los errores de sobreendeudarse.
Centro
“Espinosa Yglesias”, Fundar, Imco y México Evalúa entregaron al Senado una
carta, donde reflexionan que la ley permitirá al gobierno federal otorgar
garantías para refinanciar deudas estatales sin asegurarse que los
financiamientos adquiridos en enero de 2015, a los que se contraten en el
futuro, cumplan con la Constitución, la Ley General de Deuda Pública y otras.
En
caso contrario se pudiera estar legalizando actos ilegales, por lo que es
necesario un “candado” para que antes de tramitar una garantía se acredite la
legalidad de la deuda, es decir, que ésta se aplicó en gastos de inversión,
proyectos productivos que generan ingresos para su pago o refinanciamiento.
De
ahí que la propuesta sea que en caso de que solicitar una garantía para
refinanciar o reestructurar deudas adquiridas con anterioridad, el Estado o
municipio solicitante respalde su solicitud con una auditoría que verifique que
la contratación de deuda se haya realizado con disposiciones constitucionales y
legales aplicables.
Hasta
ahí las cosas, ¿Y sabe ante quien restregaban los senadores el sospechoso,
irresponsable sobreendeudamiento de Quintana Roo? Ante su compañero de Cámara,
el ex gobernador Félix González, quien fue incapaz de levantar la mano para
tratar de “justificar” la deuda superior a 10 mil 700 millones de pesos que
dejó en quiebra financiera técnica al Estado, tras iniciar el sexenio con mil
200 millones de pesos que heredó de Joaquín Hendricks.
Durante
su aún cuestionado periodo, Félix González tuvo un sobregiro de 25 mil millones
de pesos que manejó en forma discrecional, por lo que no existe comprobación,
aunque más de 10 mil millones de ellos se ejercieron sólo durante el periodo
fiscal 2010, cuya cuenta pública aprobó por adelantado la XII Legislatura del
Congreso local, que presidía su propio tío, Luis González Flores.
Algo
similar ocurre con la nueva ley, ya que todo quedó “en familia”, y los gobernantes
y ex gobernadores morosos serán cosa del pasado con el triunfo de la “doble P”
-Peña Nieto y el PRI-, habida cuenta es que el principal deudor del país es
precisamente el Gobierno Federal, al que, no obstante, no incluye regular la
nueva ley.
Otra prueba fue el trámite
diplomático-político con el que Peña Nieto logró la liberación de Rubén Moreira
de las autoridades de España y el “mutis” de la Procuraduría General de la
República, a la que la oposición del Senado intentó apelar, aunque ya hablaremos
del tema.
Lo
que hoy importa es el doloroso golpe político a los planes de los principales
contendientes por la gubernatura de Quintana Roo, el ex priísta Carlos Joaquín
González y el “fichado” priísta Mauricio Góngora Escalante, quienes, así las
cosas, tendrán las manos atadas para maniobrar con la deuda que les heredará
Roberto Borge y sin posibilidades de contratar algún nuevo empréstito.
Al
cierre de junio de 2015 se decía que la deuda, cuyo servicio rebasaba los mil
millones de pesos, ascendía a 22 mil 71.6 millones, lo que significaba un
endeudamiento de 897 millones de pesos en seis meses.
Ojalá
los simpatizantes de los candidatos obliguen a éstos a hablar del tema y sus
proyectos para administrar un Estado en quiebra, sobre todo en el caso del
priísta que, “casualmente”, prácticamente dejó Solidaridad en las mismas
condiciones.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de
Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres
libros.
http://facebook.com/luisangel.cabanas luisangel.cabanas@facebook.com
@legna2003 http://luisangelqroo.blogspot.mx
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