¡Protegido de Magistrado y Novelo!

                                       Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Adivine Usted quién es: Se pasea en autos de lujo, un Mercedes Benz y un Mustang, así como en camionetas Yukon y Fussion; posee casa en el Boulevard Bahía de Chetumal, frente a la Fuente del Pescador, además de ser vecino del ex gobernador Félix González, con dos mansiones en la exclusiva zona residencial “Andara”, en una de las cuales trabajaba personal del Departamento de Servicios Generales de la Secretaría Estatal de Salud.

Más aun, tiene un predio en la avenida Insurgentes, a un costado del Italian Coffe, y lujosa casa en la costera de Bacalar, en tanto adquirió cinco hectáreas que colindan con la laguna de Xul-Ha, en el Km. 26 de la carretera Chetumal-Bacalar, mientras que en la calle 16 de Septiembre de Chetumal posee un terreno donde resguarda un yate y dos motos acuáticas.

Sin duda alguna, de trata de lujos de magnate, pero, contra lo que se imagina Usted, no hablamos de Carlos Slim ni de otro empresario de la lista de “Forbes” o que se haya partido el alma toda la vida en el trabajo, sino de uno de los nuevos millonarios de esta desastrosa administración de Quintana Roo que encabeza el cuestionado Roberto Borge.

Conforme a extensa denuncia que llegó a manos de Irma Ayuso, mejor conocida en redes sociales como “Vani Chetumal”, misma que “subió” a Facebook, donde pasó prácticamente inadvertido, el nuevo millonario es el ex Director Administrativo de la mencionada Secretaría (SESA), Raúl Rolando Aguilar Laguardia.

 Nada nuevo se observa en esta “mancha del tigre”, pues las denuncias contra este funcionario, “protegido” del ex Auditor Superior del Estado, Emiliano Novelo Rivero, y hermano del Magistrado del Tribunal Superior de “Justicia” del Estado, Mario Aguilar Laguardia, han sido la constante durante el gris periodo de Juan Lorenzo Ortegón Pacheco al frente de SESA.

 Una de las más contundentes, lo dio a conocer Noticaribe hace más de dos años, el 11 de junio, cuando, con el título “Sangran a Salud”, señaló que “Un ‘influyente’ funcionario menor sería la punta de la madeja de la grave corrupción que permea a la Secretaría”, tras lo cual abundaría que Aguilar Laguardia era señalado por asignar millonarios contratos a empresas que operaría a través de amigos y prestanombres.

Pero eso no fue todo en esa desastrosa Secretaría, a la que aspiran por lo menos, una tercia de médicos ¡y un odontólogo!, ya que apenas en mayo último, durante las campañas electorales, con el título “Exhiben al ‘Mapache’ Ortegón”, Luces del Siglo publicó: “Presentan denuncia contra el secretario de Salud de Borge por ordenar a trabajadores estatales votar por Mauricio”.

En efecto, la Alianza PAN-PRD presentó ante la PGR la denuncia por incurrir en delitos electorales, al ordenar a los trabajadores de la Secretaría “votar a favor del candidato priísta, Mauricio Góngora Escalante”.

Conforme a la última información, Aguilar Laguardia habría perdido el estilo de ladrón de “cuello blanco”, ya que tras ser relevado por Daniel José López Souza para incorporarse el 21 de abril último a la Comisión para la Juventud y el Deporte -le dio posesión el Secretario de Gobierno, Román Quián Alcocer-, se llevó todos los muebles, cuadros y hasta expedientes.

Desde 2010, con la designación del cuestionado Novelo Rivero como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el ex gobernador Félix González maniobró para que el Congreso hiciera lo propio con Aguilar Laguardia como suplente, con lo que éste llegó cobijado y sostenido contra viento y marea por el primero en la Secretaría.

Así, Ortegón Pacheco era simple adorno de oficina, sin decisión, carácter, ni autoridad frente a ese funcionario, que desvió recursos en su beneficio, sin pensar en la salud de los niños con cáncer, en los abuelitos y los quintanarroenses en general, con una ambición sin límites, pero protegido por el gobernador mismo.

Para cualquiera con nociones más elementales de aritmética, su desmedido enriquecimiento no corresponde al salario que devengó en SESA, donde, de acuerdo al tabulador salarial, percibía un máximo de 27 mil 291 pesos mensuales, cantidad ridícula en comparación con lo que se embolsó con el manejo de licitaciones, su principal negocio.

El costo de este enriquecimiento inexplicable, que deberá investigar a fondo el gobierno de Carlos Joaquín González, lo paga la salud del pueblo, con desabasto de medicinas, químicos y material de laboratorio, así como con la vida de pacientes que, ante la falta de recursos, son usuarios de los Servicios Estatales de Salud, donde el daño provocado por el funcionario sin escrúpulos no tiene nombre, pues lastimó a su pueblo con la anuencia de Roberto Borge, Mauricio Góngora y Juan Pablo Guillermo.

Estos últimos, como titulares de Hacienda, transferían recursos a la Secretaría que, como recursos estatales, no los audita la Federación, sino la Contraloría del Estado, por lo que no había ningún problema, y Aguilar Laguardia realizaba compras ficticias de insumos no inventariables.

Para ese efecto, sus “colaboradores” en adquisiciones ficticias serían Raúl Mezquita Mayora (su compadre), Andrés Galván Madrid, Endira Candelario (pareja de Jorge Manuel Marzuca, funcionario de API encargado de la operación de barcos Caribe, propiedad de Borge Angulo), Rodolfo Velázquez Paz (ex prófugo por homicidio imprudencial), Carlos Vázquez y Marcos Gutiérrez Méndez, todos de Recursos Materiales.

Lo cierto es que resulta “increíble” que Ortegón Pacheco y su área Jurídica no se hayan percatado, aunque se trata de expertos falsificadores de documentación, contratos, oficios, fianzas, firmas y sellos oficiales de todas las unidades administrativas de SESA, así como de la propia firma del Secretario y el “visto bueno” del Jurídico.

Como “consuelo” para Ortegón Pacheco, le dejaron operar la Dirección de Regulación Sanitaria, donde, no obstante, el funcionario también mostró el cobre de la moneda al cobrarle derecho de piso a los restauranteros.

Lo cierto es que su falta de control convirtió a SESA en un nido de corrupción que la sangró con contratos millonarios asignados a empresas sospechosamente vinculadas al responsable de administrar el presupuesto, protegido por personajes de primer nivel. Desde lo “oscurito”, Aguilar Laguardia habría desviado más de 100 millones de pesos.

Cuñado de la subsecretaria de Cultura, Lilián Villanueva Chan -también beneficiada ampliamente desde la anterior administración-, el funcionario otorgó a discreción millonarias licitaciones, muchas de ellas a empresas de su propiedad, pero a través de “prestanombres”.

Entre éstos se incluyen el ex futbolista Juan Parra Castro y el hermano de éste, Luis Alberto “Chino” Parra, así como Dominga Adriana Aguilera Torres, que crearon empresas asociados con Aguilar Laguardia para proveer a la Secretaría desde servicios de “coffee break”, papelería y cómputo, hasta uniformes y material médico.

Estructuradas con el único propósito de sangrar a la SESA, las empresas se adjudicaban directamente la mayor parte de las licitaciones, ya que el resto se veía obligado a pagar hasta el 20% del valor del contrato en efectivo para considerarse proveedor.

Las cantidades erogadas en esas licitaciones son enormes. Por ejemplo, en la EA923009999-N18-2012, para adquirir insecticidas contra  el dengue, se pagaron 70 millones de pesos, aunque nunca se recibió el material.

Otra más, a favor de “Cuatro del Golfo”, fue un sistema de generación de tableros de control de indicadores claves de todos los procesos financieros y fiscales, por el que se erogaron 149.6 millones de pesos.

También denunciado por Noticaribe, la licitación EA923009999-N35-2012, para adquirir un sistema de sondeo de servidores y otros servicios informáticos, fue por más de 68.8 millones de pesos, en favor de “Insersa Servicios Integrales”, que presumiblemente manejaba el buen Raúl.

Por el suministro de servidores de cómputo, SESA pagó más de 76 millones a otra empresa, mientras que por el diseño para gestionar y controlar tarjetas de salud, lanzó otra licitación, por 84.5 millones, en favor de la empresa “Beco Peninsular”.

Por tan sólo estas cinco licitaciones, con precios estratosféricos, muy por encima de los comunes, la Secretaría erogó más de 4 mil 461 millones de pesos, en todas las cuales Aguilar Laguardia operó para favorecer “cuates”.

Uno de los proveedores por excelencia de la Secretaría era Juan Parra, ex jugador de los Tecos, quien surte o surtía ropa hospitalaria, uniformes y ropa del personal de Vectores, a través de licitaciones que directamente le entregaba Aguilar Laguardia, con quien lo liga una íntima amistad.

Fanático del futbol, este llenó la nómina de la Secretaría con jugadores locales, a los que asignó puestos bien remunerados pese a  carecer del perfil necesario, entre éstos Mézquita Mayora (subdirector de Recursos Materiales), Jorge Uc Angulo (jefe del departamento de Tesorería), Rodolfo Velázquez Paz (incondicional del Departamento de Licitaciones, pese a no ser jefe), Javier Alcocer Betancourt (jefe de informática y sistemas) y otros más de plazas menores, la mayoría en Servicios Generales.

Curiosamente, todos ellos formaban parte del equipo de fútbol de la Auditoría Superior, multicampeón de la liga local y todos amigos y protegidos de Aguilar Laguardia.

Es evidente que Ortegón Pacheco sabía de todas las irregularidades, pero sólo habría dos razones para tolerarlas, o bien fue cómplice en las millonarias  asignaciones a empresas afines, o bien no tuvo más opción que hacerse de la “vista gorda”. Lo que no puede pretextar es ignorancia.

Otra “herencia maldita” de Emiliano Novelo, que permanece intocable en la Secretaría es también “administrador”, pero de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, es José Joaquín Calderón Guzmán, quien mantiene de cabeza, totalmente desabastecido al sector, y corriendo personal para colocar adeptos. 

Lo cierto es que, de haber ganado el PRI las elecciones de junio, no hubiera renunciado Emiliano Novelo, la autorización de las “cuentas” de la Secretaría de Salud hubieran resultado “pan comido”, y Aguilar Laguardia, a quien se llegó a mencionar como su sustituto por ser su suplente -¡la iglesia en manos de Lutero!- seguiría viviendo tranquilamente con sus millones.

Por si fuera poco, el funcionario es nada menos que presidente del club de fútbol de Tercera División, Tigrillos de Chetumal, que debió mendigarle liberar unos 130 mil pesos para el pago de inscripción y registro de jugadores y cuerpo técnico, mientras él nada entre una millonada de recursos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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