¡Periodista “olvidado” en millonaria estafa!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En denuncia del colega Julián Santiesteban, reciente columna suya señalaba, acertadamente, que “la estafa maestra en Quintana Roo tuvo muchos partícipes, no uno” y agregó, con una serie de recortes periodísticos del tema, “que a algunos no se les mencione, no implica que no estén ahí”

Lo anterior, seguramente con ocasión de notas que difundieron ampliamente que se declaró José Luis Pech Jr. culpable de estafa y que siempre sí robó, por lo que se preguntaban ¿ahora qué va a decir su papá, el flamante diputado local y ex candidato a gobernador, en alusión al también ex senador José Luis Pech Várguez, ex priista, ex morenista y ahora militante de Movimiento Ciudadano.

En efecto, apenas ayer, en reproducción de Reforma, se publicó que, tras declararse culpable, una juez federal condenó a 8 meses con 29 días de prisión a José Luis Pech Galera, hijo de Pech Várguez, por la contratación ilegal de 20 millones de pesos en la llamada “estafa maestra”.

La jueza de control, Alejandra Domínguez Santos, también sentenció a Pech Galera, ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, al pago por la reparación del daño, pero decidió que “por ahora no debe resarcir los 20 millones de pesos del ilícito” porque aún hay otros procesados, aunque no pisaría la cárcel, ya que la pena es conmutable por trabajos para la comunidad.

Lo cierto es que ninguna de las notas “de actualidad” menciona que el ex director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y antes Vocero del opaco ex gobernador Félix González, Jorge Acevedo Marín, así como su director administrativo, Gerardo Vázquez Handall, habían sido vinculados a proceso, acusados del desempeño irregular de la función pública, por el presunto mal manejo de ¡743 millones de pesos!

Asimismo, ambos ex funcionarios del quinquenio del ex mandatario Roberto Borge, acudieron a una audiencia para responder por los expedientes que llevaba la Fiscalía General de Quintana Roo en su contra, con expedientes 413/2018 y 414/2018, ya que, tanto Acevedo Marín como Vázquez Handall tenían amparos vencidos, por lo que tenían órdenes de aprehensión en su contra, sin embargo, canceladas, al presentarse voluntariamente a la audiencia.

Cabe recordar que, según la Fiscalía, entre el enero de 2015 y diciembre de 2016, entre ambos autorizaron 84 contratos directos con 37 empresas proveedoras de servicios y productos, mismos que resultaron “fantasmas”, y sólo cuatro de ellas estaban inscritas con Oficialía Mayor.

Estas operaciones eran parte de la “Estafa Maestra”, mediante la cual se desviaban recursos de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), cuya ex titular, Rosario Robles, estaba tras las rejas.

         Ahora bien, en el caso concreto de Pech Galera, el fallo de la jueza Domínguez Santos, establece que contrató indebidamente servicios por 20.1 millones de pesos, utilizando empresas “fantasma” para subcontratar 100% de ellos, contra la Ley de Adquisiciones. El monto se desvió mediante la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, de la cual era apoderado legal, en tanto parte de los recursos fue para comprar vehículos y transferencias sospechosas.

La sentencia incluye la reparación del daño, aunque el monto no se cubrirá de inmediato, pues depende del avance de los procesos contra otros ex funcionarios de la Sedatu, como José Antolino Orozco Martínez y Martha Lidia Montoya Santos, por lo que exigir la devolución total del dinero en este momento podría derivar en beneficio indebido para las autoridades federales.

Así las cosas, Pech Galera evitó un juicio prolongado y recibió la pena mínima, que puede conmutarse por trabajos comunitarios, aunque el caso sigue abierto por responsabilidades adicionales y garantizar la recuperación de los recursos desviados, mientras la resolución ha generado reacciones mixtas en la opinión pública.

Retomando el caso de Acevedo Marín y Vázquez Handall, este último, por cierto, hermano, por cierto, del periodista Guillermo Vázquez Handall, un juez dictó sentencia absolutoria a su favor en octubre de 2023, al considerar insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo para declararlos responsables de los delitos que se les imputaron.

La vinculación de ambos a proceso fue en marzo de 2020 por desempeño irregular de la función pública y desvío de más de 743 millones de pesos, durante el sexenio de Roberto Borge, por triangulación y desvío de recursos públicos de la Sedatu para contratar empresas “fantasma” como proveedoras de servicios que no se brindaron, en una estafa Maestra.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, a cargo de la yucateca Rosaura Villanueva Arzápalo, los acusó de ese delito en la firma de 84 contratos con 37 proveedores para elaborar campañas de difusión y materiales institucionales, a través del SQCS, que no se elaboraron, pero se cobraron.

Según esa Fiscalía “anticorrupción”, a Acevedo Marín se le acusó de celebrar los contratos, mientras que su cómplice le dio visto bueno y autorizó 104 órdenes de pago a dichos proveedores, por lo que se determinó que todos los elementos probatorios de la Fiscalía eran idóneos y suficientes para emitir fallo en esa etapa procesal y existía acreditación para continuar el proceso. 

Así, en cuanto a las medidas cautelares, se consideró pertinente que los imputados se presentaran cada mes porque ambos estarían sujetos a localizadores electrónicos que le colocaría la Unidad de Medicas Cautelares, además de considerarse pertinente el embargo de bienes, a Jorge Acevedo cuatro predios del municipio Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta.

En cuanto a Vázquez Handall “N”, el embargo de siete predios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Mérida, Yucatán, así como tres vehículos en Quintana Roo y uno de lujo con placas de Yucatán.

Por su lado al hijo de Pech Várguez se le investigaba porque desde su llegada a la Universidad Politécnica de Quintana Roo, en 2013, operó diversos fraudes relacionados con la “Estafa Maestra” encabezada por Rosario Robles. Así, en su momento, se le observó la adquisición de varios vehículos de lujo, entre ellos un SUVs Mazda y un autobús, que hicieron sospechar desvíos.

 Con todo, ante la absolución de los dos primeros, se supone que existe cuando una sentencia judicial dictamina que una persona no es culpable del delito del que ha sido juzgado. El acusado es, por tanto, inocente, mientras que, por lo contrario de la sentencia absolutoria es la sentencia condenatoria, aunque, cabe señalar que, cuando las pruebas no son suficientes para demostrar una culpabilidad, no es porque las personas sean inocentes, sino simple y sencillamente, no se pudo demostrar lo contrario.

Lo único cierto es que en el caso de Pech Galera absolutamente nada tendría que ver su relación padre-hijo con el legislador Pech Várguez, salvo que éste no es afín al partido Verde que, en Quintana Roo, se mueve por todos los ámbitos -sobre todo el periodístico-, sobre todo por su vinculación directa con la gobernadora Mara Lezama.

Por el contrario, a Acevedo Marín ni siquiera se le menciona respecto a la “Estafa Maestra” de Quintana Roo, ante su gran “relación” con los medios de comunicación, particularmente como Vocero de Félix González, según hacemos referencia en la columna del 26 de enero 2017, titulada “¡Ilumina don Nacho camino a la prensa!”, cuando, con ocasión del fallecimiento del recordado colega Ignacio Herrera Muñoz, también hacíamos referencia al querido desaparecido José “Pimpo” Pereira:  

https://luisangelqroo.blogspot.com/2017/01/ilumina-don-nacho-camino-laprensa-por.html

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.