¡Desnudan a protector de ex presidentes!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Durante su permanencia de más de 6 años frente la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, su “gestión” no brilla por resultados, sino por la ausencia de éstos, pese a haber llegado al cargo respaldo del Senado y del ex presidente López Obrador, quien asumió firme su promesa de combatir la corrupción, pero no ha logrado sentencias contra funcionarios clave en casos de alto perfil y él siempre culpa a otros.

Como señala el portal Sin Embargo, desde 2019, Gertz Manero tuvo investigaciones clave vinculadas al sexenio de Peña Nieto: La Estafa Maestra, el caso Odebrecht, los contratos con OHL y los casos de espionaje Pegasus y de Ayotzinapa, entre otros.

Con el tiempo, se sumaron otros expedientes a los que se atribuyó gran importancia, como la investigación del operativo “Rápido y Furioso”, que se proyectaba como camino a la judicialización de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pero todos se debilitaron o estancaron: La Fiscalía no ha concretado ninguna sentencia relevante contra funcionarios públicos de alto nivel.

Además, cuando se le cuestiona al fiscal sus pendientes opta por acusar a otros, principalmente al Poder Judicial, más reciente a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando Peña Nieto volvió a la escena pública tras que la prensa de Israel publicara un reportaje que reveló que los vendedores de Pegasus habrían sobornado con 25 millones de dólares al ex presidente para permitir la operación del software en el país, lo que, como era de esperarse, negó el ex mandatario.

Gertz Manero dijo que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero no se habían logrado corroborar con pruebas suficientes, aunque argumentó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Pero, además fue cuestionado respecto a las otras investigaciones, al menos tres, contra el priista, con años sin judicializarse carpetas de investigación por “lavado” de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de denuncias que incluyen a la empresa OHL por delitos patrimoniales y electorales, de las que, incluso, la FGR informó desde 2022.

Sobre éstas contra el priista, el Fiscal dijo que no se han judicializado porque no se han ratificado las denuncias y no le entregaron pruebas, además de que habían vuelto a exigir a todas las autoridades algún tipo de denuncia que ratificara los elementos para poderlo judicializar, pero no han ratificado.

Analistas y especialistas en derecho que siguen de cerca su gestión, coinciden en que su papel ha sido desafortunado. El Fiscal, que por años mantuvo un bajo perfil y evitó exposición pública -hasta la llegada de Claudia Sheinbaum- es descrito por sus críticos como funcionario dedicado a “administrar la impunidad”.

Abogado e investigador, Luis Eliud Tapia Olivares opina que ha sido pésima su función frente a la Fiscalía, y cuando ha impulsado reformas, han sido regresivas y nada transparentes respecto a la Fiscalía en los casos Odebrecht, Estafa Maestra, OHL y Ayotzinapa. El caso Rosario Robles es una derrota judicial. Sabemos que fue absuelta y la narrativa pública es que los jueces fueron corruptos, pero nunca se revisan los méritos de la Fiscalía para presentar el caso.

Por su lado, la abogada Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, dedicada al estudio del combate a la corrupción e impunidad, calificó preocupante la gestión de Gertz Manero, pues desde el inicio ha sido evidente la falta de acciones concretas y resultados en casos de alto impacto del país.

“Desde el inicio de su gestión y durante su curso, hemos manifestado que estos casos de alto perfil son prioridad nacional y, desafortunadamente, no se ven resultados y mucho menos acciones concretas para atenderlos”, dijo.

Gertz Manero dice ahora que la carta de Ismael “El Mayo” Zambada pide que México le asista en el proceso de extradición desde Estados Unidos, pero recordó que es una obligación del Estado mexicano acompañar a un detenido en el extranjero y solicitar ser enviado a territorio nacional si acá tiene pendientes con la justicia.

Uno de los ejemplos más claros, detallaron especialistas, es el caso Emilio Lozoya, con sanciones en EE.UU. y países de América Latina, “menos en México”. Pese a tratarse prioridad nacional, la FGR ha sido ineficiente: Es preocupante una Fiscalía completamente inactiva o inerte ante los casos que son de gran relevancia y trascendencia social para el país, destacan.

Luis Tapia coincide en que, desde el inicio de la gestión de Gertz Manero, la FGR ha caído de desacierto en desacierto: Cuando llega se plantea objetivos prioritarios. Dice, por ejemplo, que uno de sus temas importantes serían Ayotzinapa, la Estafa Maestra y el caso Odebrecht, pero, con los años, los casos que consideraba prioritarios se fueron cayendo.

El 25 de febrero, justo un año después de que Emilio Lozoya se fue a su casa bajo arresto domiciliario, Gertz Manero dijo que la causa seguía vigente, pero acusó que el proceso estaba detenido por trabas judiciales, donde enfrentaba "chicanadas" que impedían su resolución.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica, incluido México, donde el principal implicado es Emilio Lozoya, director de Pemex con Peña Nieto, quien habría recibido 4 millones de dólares para financiar su campaña presidencial a cambio de contratos con la empresa.

En declaración de Odebrecht ante tribunales estadounidenses mencionó a cinco funcionarios mexicanos, y el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, confirmó los pagos a Lozoya. En 2020, Lozoya acusó a políticos y ex presidentes, como Peña Nieto, Felipe Calderón y Salinas de Gortari, pero todos lo negaron y algunos presentaron denuncias contra él.

Pese a las acusaciones, ningún implicado ha sido sancionado. Lozoya fue el único en la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso. Sobre el tema, en febrero, Gertz Manero dijo que el caso Lozoya es ejemplo de las fallas del Poder Judicial, ya que el proceso está anquilosado por sus decisiones.

Está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos su aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos", declaró Gertz Manero, pero hasta hoy no ha vuelto a informar.

Precisamente, para Luis Tapia, uno de los rasgos que define a la gestión de Gertz es su resistencia a asumir su responsabilidad como Fiscal y argumenta no haberse entregado pruebas suficientes; postura que -consideró-retrata perfectamente los vicios de los Ministerios Públicos que no quieren trabajar y esperan que víctimas y denunciantes hagan su labor.

“Es un funcionario de vieja escuela, que no transparenta su función, que da un peso excesivo a quien presenta la denuncia y no asume que su deber es investigar delitos. Desde años ha declarado: “Preséntenme todas las pruebas o no inicio investigación”, natural para cualquier Fiscal. Eso lo recuerdo desde hace años, y retrata al Ministerio Público típico que no quiere trabajar, que quiere que le lleven las pruebas, que los testigos ya estén presentes y no mover un dedo para hacer su trabajo, investigar la comisión de delitos”, dijo Tapia.

Recalcó que esa postura, además, es errónea, ya que precisamente para eso la FGR tiene una policía investigadora, que debe investigar, buscar evidencias, llevar ante las autoridades judiciales los casos y judicializarlos cuando haya suficientes elementos.

Esta lógica, dice, se reprodujo en diversos casos, como Pegasus, el sistema de espionaje del Grupo NSO, cuya primera denuncia data de 2016, pero tuvo nuevas denuncias, ya bajo la gestión de Gertz, aunque el Fiscal continuó con evasivas. “Dijo ahora que va a pedir ratificar la denuncia a raíz de lo que publicó un medio israelí sobre Peña Nieto, pero solo es otra forma de evitar asumir su responsabilidad”.

Por su parte, Estefanía Medina coincide ser lamentable que Gertz Manero, cuando se le exigen cuentas, responsabilice a otros, como la Unidad de Inteligencia Financiera, señalando que las denuncias llegaban sin pruebas, postura criticable que revela un problema mucho más grave: Ni siquiera tiene conocimiento de lo que debe hacer la institución a su cargo.

-De entrada, hay un tema muy preocupante de concepto: Tener claro qué le corresponde a la FGR, y es investigar. Resulta grave porque parece que el fiscal piensa que debe recibir denuncias con los casos completamente investigados para llevarlos al juez, cuando esa es, precisamente, la labor que le compete”, explicó, y remató: “Estos pretextos solo evidencian o la falta de capacidad técnica para ejercer el cargo o falta de voluntad para hacerlo de mejor forma”.

Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, destacó que no se trata sólo de los casos prioritarios o de alto perfil, sino que los números también muestran la realidad de su gestión, con base en información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del Inegi que, desde que Gertz asumió la FGR, ese organismo ha recibido menos denuncias e iniciado menos carpetas de investigación.

“Todo está atorado en la Fiscalía. Para empezar, en este periodo Gertz recibió menos denuncias y de esas denuncias la mayoría se sigue quedando en la Fiscalía”, dijo.

Uno de los datos más significativos es en delitos del sector financiero: En 2018, por delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Crédito -que castiga prácticas ilícitas del sector bancario y financiero-, se abrieron 10 mil 221 carpetas. Para 2024, el número se desplomó a sólo 2 mil 175 casos, reducción que, señaló, más allá de ser estadística, refleja un abandono en la persecución de delitos de cuello blanco.

En tanto, para Luis Tapia otro indicador es el alto número de órdenes de aprehensión pendientes. De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2024, del INEGI, al cierre de 2023 la FGR tenía 9 mil 179 órdenes judiciales pendientes, lo que refleja la incapacidad de la institución para actuar incluso en sus funciones básicas.

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

        Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.