¡Esclavitud sexual en discotecas de Cancún!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Mientras
la alcaldesa de Benito Juárez sólo está ocupada en buscar la gubernatura, con sobrada razón la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México impartió en
febrero, en Cancún, cinco talleres de sensibilización sobre la trata de
personas en los que participaron 256 integrantes del sector turístico, pues, en
pleno corazón de ese polo de desarrollo turístico, entre ‘resorts’ de lujo y
playas de color turquesa, se escondía infierno disfrazado de legalidad.
De
acuerdo con el portal de Milenio, durante más de 15 años, un ex agente de
inteligencia argentino, Raúl Luis Martins Coggiola, vivió cómodamente en ese
paraíso turístico, mientras dirigía una red de esclavitud sexual, oscuro
negocio que ocultó con la apariencia de empresario hotelero de respeto.
Preparado
en servicios de inteligencia de su país, en la Secretaría de Inteligencia, a la
que perteneció entre 1974 y 1987, tuvo como principal objetivo “desperonizar” al
país, es decir, participar en prohibir al peronismo de postularse en
elecciones, quemar sus libros y castigar a quienes tuvieran en casa una imagen
de Evita o Juan Domingo Perón.
En
2002, reinició su vida como cualquier extranjero en México en busca de una
nueva oportunidad. Pronto, su fachada de empresario le permitió camuflagear
actividades ilícitas, explotando a mujeres detrás de próspero negocio que ofertaba
como centro nocturno con diferentes nombres: The One, The Open o Divas Mix
Sky.
De
70 años de edad, arrestado en octubre de 2019, casi a la media noche, Martins fue
escoltado por siete agentes de la Policía Federal y funcionarios de migración.
El operativo fue en silencio, sin estridencias. Uno de los oficiales lo tomaba
del hombro con firmeza, pero sin esposas. La escena fue sobria, pero
reveladora: Su peluquín no fue suficiente. Su identidad fue sido descubierta y
su cabeza calva quedó a la vista como símbolo de una farsa que no resistió el
escrutinio de las autoridades.
El
caso es que lo que parecía una operación legítima, con permisos y registros en
orden, se convirtió en epicentro de una red internacional de trata de personas.
Su vida de lujo y su habilidad para lavar dinero hicieron que la estructura de
su negocio fuera casi invisible, hasta que la verdad salió a la luz. El
escándalo no estalló por el operativo, ni descubrimiento fortuito. Su propia
hija, Lorena Martins, denunció ante las autoridades argentinas los delitos de
su padre a kilómetros de su tierra.
El
ex espía operó impune durante años gracias a su poder financiero y conexiones
con la justicia. Aunque su extradición fue aprobada, un juez considera prisión
domiciliaria por violaciones a sus derechos humanos, esto mientras se resuelve
un amparo en su contra, bajo ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Su
caso evidencia que México no ha podido frenar la explotación sexual. Mientras
que, en Argentina, sus propiedades quedaron en manos del Estado.
Su
testimonio fue crucial para destapar una red oculta en las sombras. A pesar de
la denuncia de Lorena, instituciones mexicanas siguen sin explicar cómo logró
un imperio criminal en un país cuya policía y autoridades migratorias parecían
ajenas. ¿Cómo logró un imperio criminal, donde los grandes capos, empresarios y
hasta su familia se vio involucrada? El caso subraya cómo organizaciones
criminales de trata de personas han operado impunes.
La
estructura criminal que construyó Martins Coggiola no sólo era efectiva,
sino cuidadosamente enmascarada en una serie de trámites legales que le
permitieron operar durante más de una década.
Con
apoyo del notario público 13 de Cancún, Rubén Barahona López, Martins y pareja
sentimental, Estela Noemí Percival, constituyeron la empresa Turística Swing,
con capital de 50 mil pesos, repartidos en partes iguales. Fue la puerta de
entrada para legalizar una red de prostitución que operaba a la
sombra de una fachada de negocios legítimos, con folio mercantil 14331.
La
empresa se registró ante Hacienda con actividades aparentemente legales: Compra
y venta de fraccionamientos; remodelación, edificación de hoteles y moteles;
renta de restaurantes, e incluso administración de plazas comerciales. Pero,
detrás de ese nombre fiscal, Turística Swing, operaba una marca más conocida por
los cancunenses.
Por
su parte, The One ofrecía entretenimiento y bebidas en el bulevar Kukulcán,
asistían turistas y empresarios, pero en realidad era un lugar donde se
aprovechaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo que parecía simple
oferta de ocio, servía como un centro de captación y explotación de mujeres, un
esquema típico de trata de personas.
Lo
que ocurrió en The One (prostitución, lavado de dinero y venta de drogas) reflejaba
una cruel realidad. Las mujeres eran atraídas con promesas de empleo, pero quedaban
atrapadas en una red de explotación sexual. La operación era sofisticada,
enmascarada tras la facha de empresa legalmente registrada, con un sistema de
pagos que permitía justificar las ganancias como negocio legítimo.
Martins
Coggiola construyó una red que operó impune y clandestina. Según relatos,
cadenas de restaurantes y otros servicios servían de fachada para movilizar
mujeres privadas de su libertad.
Por
ejemplo, a la periodista Adela Micha, la hija de Martins dijo que algunos
trabajadores, de la mano de Los Zetas, llevaron menores de edad “entregadas” a
sus manos para que él buscara “comprador”; en tanto, las retenía como meseras o
mozas. Gracias a ser nombrado administrador único de Turística Swing, Martins
tuvo el poder absoluto para dirigir operaciones criminales con licencia de
restaurante.
En
el documento de constitución, Estela Noemí Percival, su pareja y cofundadora, se
registró Comisaria de Vigilancia, pero su función era asegurar que las
operaciones de la empresa no fueran detectadas. Eva Silvia Guerrero García fue
designada apoderada legal con facultades limitadas, mientras José de Jesús
Liguori Barrios era otorgante del expediente de la sociedad mercantil. Los
socios no poseen más propiedades, ni se tiene registro de ser investigados.
Esta
estructura, permitía a Martins Coggiola tomar decisiones clave sin que sus
socios estuvieran involucrados -o enterados- en lo más arriesgado de la
operación. Estas funciones hicieron que la red fuera más difícil de rastrear.
El sistema estaba diseñado para proteger las involucrados y garantizar que no se
pudieran vincular fácilmente a las personas detrás de la empresa.
Durante
16 años, gracias a las licencias del centro nocturno, se garantizó que las
inspecciones constaran sólo procesos de verificación al inmueble y no a las
trabajadoras.
Su
caída comenzó por la valiente denuncia de su propia hija, Lorena Martins, quien
arriesgó su vida simulando entablar comunicaciones, y pese a haber señalado
operaciones de su padre anteriormente, rompió el silencio en redes sociales en
2019.
Así,
contó a profundidad lo ocurrido después de pedirle trabajo a su padre y
reconstruir la trama entrevistando a sus empleados. “Se acercó una chica
borracha y me comentó que no podía trabajar sobria debido a las condiciones.
Otra, se lanzó por la ventana para no sostener relaciones sexuales con un
integrante de los Zetas”, dijo.
En
redes sociales, denunció los negocios ilícitos con pruebas concretas ante las
autoridades argentinas, como testimonios de trabajadores, fotos, lista de
cuotas que cobraban a las mujeres explotadas, direcciones de los prostíbulos, actividades
y forma en las que despojó a su madre y tres hijas. Según dijo, Martins Coggiola
culpaba a los servicios de inteligencia argentina de la red de trata para
explotación sexual.
Su
denuncia fue crucial, pues permitió una causa judicial que escaló hasta la
Corte Suprema de Argentina. No sólo expuso a su padre, sino también ayudó a
desmantelar parte de la red que había establecido.
El
caso no sólo involucró al ex espía, sino también a su hijo Mariano Julio, acusado
de ingresar bienes no declarados en el mercado argentino, un paso más en el
esquema de lavado de dinero de la organización. Mariano, que residía en España,
también fue sometido a proceso para enfrentar extradición, proceso en curso.
Lorena
Martins se convirtió en voz que desafió la red de explotación sexual y lavado
de dinero que expuso a su familia como núcleo criminal. Su denuncia fue primer
paso para desmantelar la estructura internacional tejida a través de empresas
en México y Argentina.
Tras
la captura, el caso ocupó titulares en México, Estados Unidos y el Cono Sur,
dando como resultado una historia donde las autoridades argentinas resultaron
culpables de entrenar a quien terminó calificado uno de los principales “zares
de la prostitución en Argentina y Cancún”, según su propia hija y redactado por
Salvador Camarena en su columna de El País.
El
proceso de extradición sigue, pero las preguntas sobre la pasividad de las
instituciones mexicanas aún flotan en el aire. La fiscalía general de la República
no ha emitido respuesta sobre cómo Martins Coggiola pudo operar abiertamente,
sin ser detectado por los mecanismos de control y fiscalización.
Así,
que Martins Coggiola haya vivido más de 15 años en Cancún, una de las zonas más
vigiladas y turísticas de México, sin levantar sospechas, demuestra la debilidad
de los controles de migración y los mecanismos de vigilancia, donde el turismo
todo lo disimula.
El
caso es ejemplo claro de cómo las redes de trata de personas pueden operar con
éxito si aprovechan las fallas estructurales en las instituciones que mantienen
el orden y la legalidad.
A
disposición de un Juez de Distrito en el Reclusorio Norte, cayó no por el peso
de la justicia, sino por la voz de sangre que decidió no callar. Mientras su
extradición se define entre amparos y privilegios, su historia queda como
prueba de que, en México, hasta el infierno puede tener licencia de funcionamiento.
Su
historia es la de un criminal con conocimientos de inteligencia, recursos
económicos y una red de complicidades que le permitió disfrazar el crimen con
éxito empresarial, pero también la historia de una hija que derribó el muro de
silencio que protegía a su familia: En medio de la belleza de las playas, un
burdel se disfrazó de éxito turístico.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y
2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos;
y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios,
Talleres, Cursos y Conferencias.

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