En primera fila
¡Pendientes en
nueva Ley!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sin más presencia de Quintana Roo en la Cámara de Diputados
que la de la perredista Graciela Saldaña Fraire -nuestros demás representantes “populares”
sólo parecen estar haciendo méritos para devengar su jugosa “dieta” quincenal-,
hace unos días concluyó el periodo extraordinario de sesiones de los legisladores
federales, en el que, por mucho, lo más trascendental fue el análisis y
aprobación de la ley política electoral.
También trascendental resultó que los generalmente grupos
rijosos alcanzaron inusitados acuerdos, entre ellos para la adopción de la
nueva Ley General en materia de Delitos Electorales, sobre la que, quiérase o
no, la generalmente criticada quintanarroense del PRD sostuvo destacada
participación que -tenemos que decirlo- ya hubiera querido cualquier
representante local del PRI
Entre tantos oradores, la funcionaria refirió su especial
interés por detener las acciones oficialistas que se implementan contra la
legalidad y la democracia, y la única forma fue la aprobación de la citada ley,
ya que desde la reforma electoral de 1996 el tema de los delitos electorales
había quedado prácticamente olvidado.
En ese entonces se acordó reformar el Código Penal
Federal para incluir un título con los tipos penales en materia electoral, que
contemplara una serie de conductas delictivas relacionadas con los procesos
electorales, pero nunca se pensó que transcurrirían cerca de 18 años para ver
renovadas dichas conductas y que se incluyeran otras.
En este sentido, su grupo parlamentario propuso tipos
penales electorales abiertos, y no sólo los relacionados con sujetos
específicos, a efecto de que la tipificación se relacionara con las conductas
que motivaran la comisión de esos delitos, con el agravamiento de penas de ser
cometidas por sujetos específicos, y que no se incluyó en la minuta.
Adicionalmente, incluyó una suerte de andamiaje
institucional mínimo que diera soporte la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, ahora dependiente de la nueva Fiscalía General de la República que,
con sus respectivas aprobaciones, también se aprobó en el paquete de la
reforma.
La nueva Ley debe contribuir a la protección del adecuado
desarrollo de la función pública electoral, así como de los derechos políticos
de los ciudadanos y los procesos de consulta popular, a efecto de consolidar el
sistema jurídico penal-electoral, aunque, lamentablemente, muchos delitos en la
materia no están tipificados y se dejaron pasar.
Por fortuna, otros más, inusitados, sí se consideraron y
previeron, por ejemplo respecto a la sanción a los ministros de culto en cuyo
desarrollo de los actos propio de su ministerio o en ejercicio de algún culto
religioso, presionaran u orientaran el sentido del voto, induzcan expresamente
al electorado a votar o a abstenerse de hacerlo, lo que constituye un avance
producto de acuerdos políticos en el Senado de la República.
Con todo, entre los “huecos” pendientes, que
necesariamente afectan los resultados y generaron millones de dudas en
anteriores procesos federales se incluye, entre otros temas, la tipificación
del financiamiento de las campañas electorales a través de estructuras
paralelas, como fueron los casos de Monex (en 2012), los “Amigos de Fox” y del famoso
“Pemexgate” (en el 2000), que no se tomaron en cuenta, pero se mencionan de
manera indirecta en sus efectos perversos.
Otro tema que quedó pendiente fue la tipificación de la
presión ejercida de líderes a los
agremiados sindicales para inducir y coaccionar el voto, como producto de las
desviaciones que todavía aparecen en nuestro sistema político ante la negativa
injerencia del corporativismo y del “clientelismo” del partido oficial.
Tal y como consideró la perredista Graciela Saldaña, con
todo, la eficiencia de la nueva Ley y su vigencia plena dependerán de su cabal
cumplimiento, no por parte de los ciudadanos, sino de las autoridades responsables
de hacerla cumplir, particularmente a la nueva Fiscalía General, léase PGR y su
Fiscalía Especializada.
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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