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En primera fila
                            ¡Pendientes en nueva Ley!
                                                          Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sin más presencia de Quintana Roo en la Cámara de Diputados que la de la perredista Graciela Saldaña Fraire -nuestros demás representantes “populares” sólo parecen estar haciendo méritos para devengar su jugosa “dieta” quincenal-, hace unos días concluyó el periodo extraordinario de sesiones de los legisladores federales, en el que, por mucho, lo más trascendental fue el análisis y aprobación de la ley política electoral.
También trascendental resultó que los generalmente grupos rijosos alcanzaron inusitados acuerdos, entre ellos para la adopción de la nueva Ley General en materia de Delitos Electorales, sobre la que, quiérase o no, la generalmente criticada quintanarroense del PRD sostuvo destacada participación que -tenemos que decirlo- ya hubiera querido cualquier representante local del PRI
Entre tantos oradores, la funcionaria refirió su especial interés por detener las acciones oficialistas que se implementan contra la legalidad y la democracia, y la única forma fue la aprobación de la citada ley, ya que desde la reforma electoral de 1996 el tema de los delitos electorales había quedado prácticamente olvidado.
En ese entonces se acordó reformar el Código Penal Federal para incluir un título con los tipos penales en materia electoral, que contemplara una serie de conductas delictivas relacionadas con los procesos electorales, pero nunca se pensó que transcurrirían cerca de 18 años para ver renovadas dichas conductas y que se incluyeran otras.
En este sentido, su grupo parlamentario propuso tipos penales electorales abiertos, y no sólo los relacionados con sujetos específicos, a efecto de que la tipificación se relacionara con las conductas que motivaran la comisión de esos delitos, con el agravamiento de penas de ser cometidas por sujetos específicos, y que no se incluyó en la minuta.
Adicionalmente, incluyó una suerte de andamiaje institucional mínimo que diera soporte la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ahora dependiente de la nueva Fiscalía General de la República que, con sus respectivas aprobaciones, también se aprobó en el paquete de la reforma.
La nueva Ley debe contribuir a la protección del adecuado desarrollo de la función pública electoral, así como de los derechos políticos de los ciudadanos y los procesos de consulta popular, a efecto de consolidar el sistema jurídico penal-electoral, aunque, lamentablemente, muchos delitos en la materia no están tipificados y se dejaron pasar.
Por fortuna, otros más, inusitados, sí se consideraron y previeron, por ejemplo respecto a la sanción a los ministros de culto en cuyo desarrollo de los actos propio de su ministerio o en ejercicio de algún culto religioso, presionaran u orientaran el sentido del voto, induzcan expresamente al electorado a votar o a abstenerse de hacerlo, lo que constituye un avance producto de acuerdos políticos en el Senado de la República.
Con todo, entre los “huecos” pendientes, que necesariamente afectan los resultados y generaron millones de dudas en anteriores procesos federales se incluye, entre otros temas, la tipificación del financiamiento de las campañas electorales a través de estructuras paralelas, como fueron los casos de Monex (en 2012), los “Amigos de Fox” y del famoso “Pemexgate” (en el 2000), que no se tomaron en cuenta, pero se mencionan de manera indirecta en sus efectos perversos.
Otro tema que quedó pendiente fue la tipificación de la presión  ejercida de líderes a los agremiados sindicales para inducir y coaccionar el voto, como producto de las desviaciones que todavía aparecen en nuestro sistema político ante la negativa injerencia del corporativismo y del “clientelismo” del partido oficial.
Tal y como consideró la perredista Graciela Saldaña, con todo, la eficiencia de la nueva Ley y su vigencia plena dependerán de su cabal cumplimiento, no por parte de los ciudadanos, sino de las autoridades responsables de hacerla cumplir, particularmente a la nueva Fiscalía General, léase PGR y su Fiscalía Especializada.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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