En primera
fila
¡Cero seguridad en Q.
Roo!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
El asesinato del regidor chetumaleño del Partido del
Trabajo, Marco Antonio May Molina, ocurrido el viernes 21 de marzo a las afueras
de su domicilio de la colonia Adolfo López Mateos de esta capital, tan sólo es
uno de los más sonados que, sin embargo, tras justos dos meses de ocurrido y al
igual que muchos, muchísimos otros delitos, seguramente pasará a formar parte de las
“frías” estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado.
En efecto, quien fuera uno de los políticos de la
escasa oposición, cuya posible expulsión había anunciado curiosamente días
antes el dirigente de este partido en el Estado, Hernán Villatoro Barrios, a
quien se señalaba como uno de los principales sospechosos de la autoría intelectual
del crimen, todo hace suponer que pasará a convertirse en un “número” más de
los casos no resueltos por esa dependencia que encabeza Gaspar Armando García
Torres.
Las últimas cosas que este funcionario había
anunciado sobre el caso, al igual que en las demás estadísticas, no han pasado
de ser promesas “alegres” como de las que habla cada vez que se refiere a
“cifras” de la Procuraduría, aunque de eso y de lengua, cualquiera se come un
kilo. Los hechos así lo demuestran.
En forma inevitable, siempre que los medios de
comunicación se refieren a él nos da la impresión de hablar del titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, otro oscuro personaje
junto con el cual ha convertido a Quintana Roo en uno de los paraísos de la
delincuencia de todo el país. Ah, pero eso sí, ellos y sus viviendas están
exageradamente protegidos, por “cortesía” de la sospechosa legislación que
promovió en su momento el ex gobernador Félix González.
Lo cierto es que, en parte, si por lo menos
existiera una vigilancia “decente” -olvídese de la corrupción y otras
“linduras” de la policía preventiva-, el trabajo de la Procuraduría sería más
intenso, aunque no por ello más decoroso, ya que, dada la manifiesta
incapacidad de la policía judicial, el resultado ha sido de lo peor.
Pero el caso del petista May Molina tan sólo es el
que propició que pisara fondo la Procuraduría, donde los únicos casos que puede
resolver son los de maridos desobligados o golpeadores, así como de borrachines
que delinquen en ese estado, o bien el cumplimiento fortuito de órdenes de
aprehensión, ya que, en materia de investigación “decente”, sin golpes y
amenazas, su calificación es de “cero”.
No son pocas las denuncias que han dormido el sueño
de los justos, inclusive contra los propios judiciales, que parecen tener más
suerte con la ley cuando se trata de castigarlos, y cada uno de nosotros lo ha
vivido en carne propia o ha sido testigo de alguno, primero causado por la
diaria inseguridad y luego por la impunidad ante la nula, pésima investigación,
y eso que se está gastando una millonada de pesos en capacitarlos ante la nueva
legislación penal con sus novedosos juicios orales.
Por citar dos casos que nos constan necesariamente
incluiremos el de un hijo nuestro, Ángel Felipe, quien, asaltado en la colonia
Emancipación de esta ciudad por cuatro sujetos armados y drogados en septiembre
último, sigue esperando que le “avise” el policía judicial que le asignaron
para “investigar” tras interponer su denuncia.
Algo similar ocurrió con el caso de una conocida
comerciante de la misma colonia -de apellido Navarro-, a la que asaltaron a
plena luz del día y atacaron con una navaja con la que la hirieron
peligrosamente. Hasta hoy, se supone, la Policía Judicial investiga los hechos,
ocurridos frente a un parque infantil.
“Curiosamente”, con la advertencia de que aumentan los
robos a transeúntes y tiendas de conveniencia, el director de la corporación en
la zona sur, Didier Vázquez Méndez, pidió hace unas semanas a legisladores locales
penas más severas contra los ladrones para impedirles recuperar su libertad tan
fácilmente, aunque mejor debió hacer un honesto “mea culpa” y tan-tan.
Al descubrir
“el hilo negro”, Vázquez Méndez, ex funcionario de la Secretaría, indicó que “se
ha registrado un aumento en los asaltos, sobre todo a comercios”, aunque luego
erró al asegurar “con un ligero descenso en los robos a casa habitación”, tras
el incremento de medidas de seguridad de la población que, en algunos casos, ya
cuenta con alarmas antirrobo y cámaras de vigilancia. Bueno, a eso obliga Villa
González.
Según dijo, recién sostuvieron una reunión donde se
valoraba y mostraba estadísticas que indican una baja en robos a casa-habitación
muy mínimo, pero un aumento en los asaltos a transeúntes, Oxxos y farmacias, y
aunque aseguró que, aunque se ha logrado detener delincuentes, existe
desencanto ciudadano porque al poco tiempo aquéllos estén de nueva cuenta en la
calle delinquiendo una y otra vez.
En este sentido, consideró necesario que los
legisladores locales se acercaran con las corporaciones policiales para modificar
las leyes y aumentar las sanciones para los ladrones, sobre todo los
reincidentes, y que las colonias Adolfo López Mateos, Nueva Creación, Las
Américas, Proterritorio y Fraccionamiento Caribe representan mayores índices
delictivos.
Lo más curioso es que “aclara” no ser de los que
trata de quedar bien pasando responsabilidades a otros” y que tanto Ministerio Públicos
como jueces tienen que cumplirlas las leyes, pero muchas veces éstas permiten
que una persona obtenga su libertad bajo caución o algún otro término legal, por
lo que sería bueno que los legisladores se sentaran con quienes están en las
calles para manifestarles a lo que se enfrentan.
Lo “curioso” de sus observaciones es que si bien es
cierto que tanto delincuentes primerizos como reincidentes salen rápidamente
libres, se debe en gran medida precisamente a que, por falta de capacidad de
investigación, la Policía Judicial les arranca confesiones y demás a base de
prácticas nada envidiables que, como es de esperarse, cualquier litigante con
un mínimo de conocimientos utiliza para liberar en horas a aquéllos.
En su afán
por salir a comer y evitar reclamos de afectados o la propia prensa, el
Ministerio Público comete es grave error de no integrar adecuadamente los
expedientes de los detenidos por la gente de Vázquez Méndez o de Villa Castillo
-generalmente ilegal o injustamente- y los consigna a los Juzgados con pura
“paja”. Obvio, a las horas o días el afectado ya está en las calles.
Bueno, esto es en el caso de los ladrones, a los que
se refería nuestro personaje, aunque por los demás habría qué remitirnos a la
inadecuada política de reinserción, rehabilitación, readaptación social o como
quiera Usted llamarle, que de nada han servido para evitar, prevenir, combatir
u lo que sea, que los ex presidiarios se conviertan realmente, totalmente, en
personas de bien para la sociedad.
Esto ocasiona que, tras obtener su libertad, se
dediquen a lo único que saben hacer, a lo que les enseñaron en el penal -sí,
leyó Usted bien- o a lo que les obliga una injusta sociedad que, por el simple
hecho de ser un presidiarios, los “retrata” y trata como tales,
independientemente de que hayan pagado su error o han sido finalmente
decretados inocentes por la propia ley.
El tema es extenso y conlleva demasiadas aristas
para abordarlo como simple comentario de telenovela. Hay que tener cuidado en
escupir hacia arriba como el empleado de García Torres, un Procurador que, a
diferencia Bibiano Villa, por lo menos, tiene la decencia de enfrentar a la
opinión pública y los medios para tratar de explicar lo perfectamente explicable,
aunque nunca lo suficientemente resuelto. A buen entendedor…
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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