En
primera fila
Médicos,
¡al banquillo!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Poco más de dos años después
de haber irrumpido abruptamente y hacerse popular algunos meses más en el escenario
político -y antes de que algunos de sus dirigentes vendieran el movimiento a
Televisa-, hoy volvemos a recordar la enorme popularidad nacional que obtuvo el
llamado “YoSoy132” durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Dicho nombre se refería a la
autoafiliación y apoyo al movimiento como miembro número 13211, tras la
publicación de un vídeo en el que supuestamente 131 estudiantes contestan las
declaraciones de algunos funcionarios públicos que, encabezados por el
controvertido secretario de Energía, el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell,
defendían al ahora presidente de la República sobre una manifestación
estudiantil.
Entonces presidente nacional del
PRI, el ex gobernador de Quintana Roo atribuía esa inconformidad a un grupo supuestamente
“no representativo” de la Universidad Iberoamericana que, con silbidos, gritos
y abucheos, obligó al mandatario a abandonar el inmueble por la parte posterior
tras esconderse en el baño, aunque aquél repetía que sólo se trató de “un puñado
de jóvenes intolerantes con Peña Nieto”.
A
dos años del “YoSoy132”,
que se formó el día 132 del año -el 11 de mayo de 2012-, de donde
surgió su nombre, y no del número de los que abucheaban al priísta, brota el “Yo
soy médico #17, somos médicos, no dioses, no somos criminales", como medio
de solidaridad con 16 doctores de Jalisco que afrontan un proceso legal por
negligencia, para hacer reflexionar a la sociedad sobre la situación del sector
Salud en todo país.
Con
más de un millón de personas que saben de este movimiento en redes sociales, y
apoyado por 42 ciudades del país, incluso en Argentina y Canadá, otro objetivo
del movimiento es que todos los profesionales del sector exijan sus derechos y
detengan “el acoso” en su contra.
Tras
reciente manifestación por diversas entidades, que incluyó Quintana Roo, se
recuerda que el caso de Jalisco “concluyó” después de cuatro años, cuando un
juez de Distrito emitió el 20 de mayo 16 órdenes de aprehensión por homicidio
culposo por negligencia médica y formal prisión contra el equipo de médicos y
responsables de la Unidad de Terapia Intensiva del IMSS de Guadalajara.
El
caso es que en enero de 2010, el niño Roberto Gallardo Rodríguez murió tras
ingresar al área de urgencias de pediatría de la Unidad Médica de Alta
Especialidad el 15 de noviembre de 2009 con crisis asmática, por la que se le
realizaron cortes intestinales y siete intervenciones abdominales quirúrgicas (laparotomías
exploradoras), y se le colocaron dos catéteres subclavios que le perforaron los
pulmones.
Entre
dichos procedimientos, según la denuncia, no se le permitió una recuperación
adecuada y le provocaron una infección abdominal y posterior muerte, ya que,
conforme a la necropsia, ingresó por una tuberculosis intestinal que no se le
detectó desde un principio, misma que se le complicó, aunque el certificado de
defunción del IMSS sólo refiere una sepsis (infección) abdominal, pero omite su
origen.
Además
de los 16 procesos estaban pendientes las detenciones del director general del
IMSS, el director médico de la Unidad, la jefa de Terapia Intensiva de ésta y
de quien expidió el certificado médico, ya que, conforme al médico forense,
autoridades y médicos cometieron negligencia e impericia por falta de patólogo para
una revisión colegiada del paciente.
En
lo que sería uno de los casos por negligencia médica más grandes en la historia
del IMSS por tratarse de 16 trabajadores demandados, éstos se ampararon y
presentaron ante la autoridad, aunque no pisarán la cárcel por tratarse de delitos con derecho a fianza
o suspensión de cédulas, ante la intervención del Colegio de Abogados
Penalistas de Jalisco, el forense y el padre del occiso.
Sin
entrar en detalles en torno a la justicia o legalidad del proceso, es obvio
que, para una reacción nacional de protesta en serie necesariamente debió haber
intervenido el sindicato médico y, pese a su abierta filiación priísta,
presionado a todos sus seccionales a hacer lo propio, ya que, pese a que la
sociedad conoce a la perfección la problemática del sector, uno de sus
supuestos objetivos es hacerla reflexionar sobre ella.
No
se vale, como tampoco se vale que otro
de sus objetivos sea que todos los profesionales del sector exijan sus derechos
y detengan el supuesto acoso en su contra, ya que, si de exigir se trata, todos
los derechohabientes del IMSS harían lo propio para exigir la calidad y calidez
que siempre ofrece y nunca cumple ¿Pruebas? Pregúntele Usted a cualquier
derechohabiente sobre el servicio.
Ahora
bien, en término de formalidades, creemos que el legislador que procedió contra
los galenos simplemente actuó conforme a Derecho, es decir, actuó legalmente,
aunque dudamos que haya aplicado realmente la justicia en este inédito caso, ya
que, para ese efecto, necesariamente debería conocer de Medicina, y ese no es
el caso de los jueces, aunque precisamente para eso “operan” en algunos Estados
las comisiones de Arbitraje Médico. En Quintana Roo no existe aún.
Y
no existe no porque no haga falta o las autoridades se hayan encerrado en
creación, sino que, lamentablemente, contra lo que se supone, los galenos se
han vuelto más políticos que los políticos y están más aferrados a sus grupos
externos de apoyo que a su propia capacidad o desempeño. Si en alguna entidad
existen mayores grupos médicos, ese es Quintana Roo.
En
este sentido, todos quieren conformar y encabezar el gremio del sector,
particularmente en el caso de la cabeza de éste, es decir la Secretaría Estatal
de Salud, donde lo mismo funciona un sindicato federal, que uno estatal y otro
del área especial de Paludismo, en tanto operan Colegios Médicos que otros
organismos similares en Cancún y la capital Chetumal. ¿A quién conviene tanto
divisionismo? Lógico: A sus autoridades, por aquello del “divide y vencerás”.
Así,
el titular de la dependencia, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, está realmente en
la gloria, con sus “muchachitos” y demás incondicionales con doble o triple
plaza, o bien en cargos para los que no reúnen el perfil que impone la
normatividad federal, o les permite continuar en el cargo pese a “sospechosos”
manejos públicos para todo mundo… ¡excepto para él!
El
tema impone un mayor análisis, pero, en tanto, ¿Cuántas cosas más ignorará el
gobernador Roberto Borge?
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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